El ejecutivo finalmente conquistó las facultades lo que le permitirá tener carta libre bajo el eufemismo de "destrabar la inversión" para avanzar en sus políticas neoliberales.
Joe Zapata @JoeAndreZB
Sábado 1ro de octubre de 2016
El 8 de septiembre pasado el gobierno peruano pidió al Parlamento facultades legislativas por un periodo de 120 días para aplicar reformas económicas, de seguridad, lucha contra la corrupción, agua y reorganizar PetroPerú.
En respuesta, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General rechazó la petición el 21 de septiembre, al argumentar que existían limitaciones constitucionales a la propuesta de reforma constitucional y dejando la decisión en manos de la Comisión de Constitución.
Tras un debate de más de 6 horas, el legislativo votó cada uno de los temas por separado y dirimió las pugnas en el pleno del Congreso. Con 117 votos a favor, el Congreso aprobó que el plazo para las facultades legislativas del Ejecutivo sea 90 días a la vez que se realizaron más de 20 modificaciones en comparación con el proyecto inicial enviado por el gobierno.
La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el miércoles otorgar las facultades, aunque incluyó modificaciones en el plazo y estableció que el Ejecutivo deberá prepublicar los decretos que vaya a emitir con siete días de anticipación.
La propuesta para legislar en reactivación económica y formalización fue aprobada con 99 votos a favor, 17 en contra y 1 abstención, mientras que las referidas a seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción por unanimidad de 117 votos de los congresistas presentes.
El pedido para legislar en materia de agua y saneamiento fue aprobado por mayoría, con 115 votos a favor y 2 en contra, y la reorganización de Petroperú también por la unanimidad de 117 votos.
El ejecutivo finalmente conquistó las facultades, lo que le permitirá tener carta libre bajo el eufemismo de "destrabar la inversión", como dicen algunos sectores ligados a los grupos de poder económico relanzar "reformas estructurales", principalmente recortando derechos laborales como se ha visto con el polémico fallo de la Corte Suprema de Lima que por medio de la Casación Laboral N° 00489-2015, determinó que una empresa pueda reducir el sueldo de sus trabajadores con o sin su consentimiento, siempre y cuando pruebe que sea justificada dicha medida atentando la estabilidad laboral de los trabajadores o avanzando en los recortes a los derechos de los campesinos e indígenas.
En tal sentido no se puede confiar en este gobierno de Kucyznski quien tiene una larga trayectoria y se sabe muy bien a quiénes sirve, a los grandes grupos de poder económico nacionales e internacionales.
Por eso nada bueno se puede esperar de este gobierno. Es necesario preparar la resistencia en los centros de estudio y de trabajo en los barrios populares y comunidades campesinas e indígenas, en las fábricas, es decir, construir una verdadera alternativa política de los trabajadores, que defienda la independencia de clase e impulse un programa de acción para que la crisis la paguen los capitalistas y por un gobierno de los trabajadores.
