Juan Manuel Ibáñez es el policía acusado. El juicio es fruto de una pelea contra la impunidad que duró una década.
Viernes 29 de abril de 2016
Un día de abril de 2006, en la provincia de Santiago del Estero, el joven Ezequiel Melián de 17 años se dirigía hacia la cancha del Club Sarmiento de la ciudad de La Banda para presenciar el partido contra Unión Santiago, otro de los equipos de la provincia. Faltaban unos pocos minutos para dar por finalizado el encuentro cuando el árbitro decidió suspender el partido por el clima de tensión que había comenzado a generarse dentro de la cancha.
El encuentro determinaba una victoria clara de Unión Santiago por sobre su rival bandeño, sin embargo, luego de la suspensión del encuentro hinchas de ambos equipos se cruzaron y hubo corridas dentro del campo de juego y afuera de la cancha. Mientras la confusión dominaba la escena, los efectivos de la policía llegaban armados a reprimir a los dos bandos. A las once de la noche, el saldo fue de más una decena de heridos y un muerto, Ezequiel.
De una familia humilde, Ezequiel era el octavo hijo y vivía junto a su madre, Gina Ferreyra, y sus hermanos en un barrio ubicado a unos pocos kilómetros de la ciudad capital. La bala que lo mató era de plomo y fue gatillada “dentro del campo”, en medio de los gases lacrimógenos, las corridas y la confusión que se había generado luego de aquel partido. El día de su muerte fue un 3 de abril, Gina lo recuerda en forma exacta y no deja pasar un dato por lo perverso de algunas coincidencias. Mientras habla, remarca este domingo 3 de abril de 2016, donde también se llevó adelante el mismo partido de hace diez años, en el mismo lugar donde mataron a su hijo.
“A Ezequiel lo mató la policía” dice su madre mientras aguarda el inicio de la primera audiencia del lunes 18 de abril por el crimen de su hijo junto a familiares, organizaciones sociales y la abogada Liliana Alaniz. Gina, reafirma la responsabilidad del estado en su muerte, “ellos son responsables por encubrir el crimen, pasaron diez años, fue una lucha tremenda con mucha desigualdad de poder porque ellos son los poderosos”. Durante la última década, la madre de Ezequiel remarca la dificultad del avance de la causa, “durante tres años nos cajonearon los expedientes, nos hemos tenido que mover de un lado a otro” y sostiene que en la última década se hicieron más de 136 marchas pidiendo justicia por su hijo.
“Ezequiel fue el primer muerto dentro de una cancha de futbol en todo el país” sentencia en forma contundente su madre. El único imputado que llegó a juicio por el crimen (en un principio se apuntó a 11 efectivos) es el policía Juan Manuel Ibáñez a quién Gina califica como responsable de haber apretado el gatillo, “quiero un juicio digno y merecedor, que el que mató a Ezequiel vaya a cárcel común”.
En los últimos días de audiencias, Ibáñez, dos policías que participaron del operativo, una mujer policía y dos víctimas que sobrevivieron a la balacera de parte de la policía, prestaron declaración en el marco de la causa. Ibáñez, negó la utilización de balas de plomo dentro del accionar represivo de esa noche y afirmó que solo se habían usado balas de goma. Para Gina, los medios trataron de “ensuciar” mucho a Ezequiel en los últimos años, “decían que era parte de una barra que había hecho lío”. Durante el accionar represivo de los efectivos de seguridad, el saldo de heridos también dejó a chicos con secuelas, “uno perdió la movilidad del brazo izquierdo, lo tuvieron que operar en Tucumán para sacarle el proyectil” afirma Gina y recordó también a un joven que perdió su pierna a causa de las heridas provocadas. Junto a estos casos, también está presente la situación de uno de los heridos que tiene tres proyectiles en su clavícula y desde hace diez años vive en este estado, ante la imposibilidad de extraerlos. Otro chico, Silva, recibió también el impacto de los proyectiles y “tiene los órganos comprometidos” desde ese entonces.
El caso de Ezequiel y su causa, es particular porque su familia decidió iniciar una acción penal mientras las demás familias de jóvenes heridos que optaron por la demanda civil. En el transcurso de las audiencias, los tiempos se estiraron y si en un principio desde la defensa de la familia Melián se tenía previsto que se tome testimonio a 5 o 7 testigos por día de los 30 que deben hacerlo, la situación puede llegar a demorar unas semanas más de lo previsto.
Para la familia y las organizaciones sociales que acompañan, el día clave tendrá lugar cuando deban declarar los peritos de gendarmería, que deberán determinar si el arma utilizada por Ibáñez efectivamente estaba cargada con balas de plomo, o no. En las audiencias, no se le permite a la familia de Ezequiel estar presente, pese a que Gina se encuentra como querellante. Las mismas se realizan en la sala donde se realizó el juicio por la masacre del Penal – otro caso emblemático de violencia institucional – que fue la segunda tragedia a nivel nacional en la historia penitenciaria argentina.
Ezequiel, fue otra de las víctimas de la violencia institucional en la provincia de Santiago del Estero, donde los jóvenes de los barrios más humildes siguen siendo víctimas de los vestigios represivos que aún mantiene un amplio sector de las fuerzas policiales desde la dictadura cívico militar, bajo la mirada del poder político de turno. Diez años pasaron y su familia todavía busca justicia.
