Como era previsible el TC suspendió la ley de referéndum y la convocatoria del 1O. Se convocan concentraciones en los barrios y una manifestación para este viernes por la tarde.
Viernes 8 de septiembre de 2017
En una reunión de urgencia el Tribunal Constitucional el TC ha suspendido este jueves de forma cautelar la ley de referéndum aprobada el miércoles por el Parlament de Catalunya, así como el Decreto de convocatoria del 1-O.
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Los magistrados han admitido a trámite los cuatro recursos presentados por el Gobierno de Mariano Rajoy tras un Consejo de Ministros también de urgencia: contra la ley de referéndum, la convocatoria para el 1-O, el decreto de medidas para llevar a cabo la consulta y la elección de la sindicatura electoral.
Si bien el TC aún no ha determinado el fallo por los cuatro recursos, la suspensión tiene carácter inmediato y el Gobierno ha pedido la nulidad de todas las decisiones adptadas ayer en el Parlament de Catalunya por 71 votos a favor y 10 abstenciones, y las posteriores del Govern de Catalunya (Generalitat).
Además, la sentencia señala también que se apercibirá personalmente a todos los alcaldes catalanes, a 62 altos cargos de la Generalitat y a los mandos superiores de los Mossos d’Esquadra (policía del gobierno catalán) sobre la suspensión cautelar del referéndum y su deber de obedecerla. De no ser así podrían estar expuestos a responsabilidades penales.
Por otra parte, la misma mañana del jueves el Constitucional, modificando el orden del día de su sesión ordinaria, rechazaba también por unanimidad la recurso presentado por Carme Forcadell a todos los magistrados. La presidenta del Parlament, ante el incidente de ejecución de sentencia interpuesto por el Gobierno central, que personifica en su persona, por los acuerdos votados el miércoles por la Mesa de la cámara catalana para admitir a trámite la ley del 1-O había recusado a los doce magistrados en bloque.
Horas antes de la decisión de suspender la ley de referéndum era Mariano Rajoy el que comparecía en rueda de prensa. El presidente del Gobierno ha declarado por enésima vez que "la consulta no se va a celebrar. No habrá referéndum de autodeterminación”. Y tras cargar duramente contra los dirigentes soberanistas, ha vuelto a hacer referencia al artículo 155 de la Constitución, que obliga al cumplimiento forzoso de las obligaciones y el interés general y ha señalado con tono amenazador que "soy muy consciente de lo que está en juego. Sé lo que se espera de mí y sé cuáles son mis obligaciones, y les puedo asegurar que no he dedicado tantos años a mi país y al interés general como para permitir ahora que se pueda liquidar de un plumazo nuestro modelo de convivencia. Eso no va a suceder y haré todo lo necesario, sin renunciar a nada, para evitarlo".
A pocas semanas del 1-O la ofensiva españolista promete una escalada sin precedentes. La primera en disparar ha sido la Fiscalía General, que ha interpuesto demandas penales contra la Mesa y el Govern al completo, y dado instrucciones a la Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d’Escuadra para que investiguen cualquier acto encaminado a hacer posible el 1-O.
El Gobierno del PP, junto a PSOE y C’s y las instituciones, con el TC a la cabeza, no van a poner límites para desbaratar cualquier paso hacia la votación convocada el 1-O, tal y como se ha visto durante los últimos cinco años. El Régimen del 78 al completo y al unísono van a hacer todo lo posible para atentar contra las aspiraciones y reivindicaciones democráticas de cientos de miles de catalanes.
Ante este enésimo ataque, como el de la Fiscalía o las operaciones en curso de la Guardia Civil, la izquierda independentista y otras entidades soberanistas llaman a una gran movilización para este viernes en Barcelona. A las 19h se han convocado concentraciones en distintos barrios, como Sants o Nou Barris, para confluir a las 20h en la Plaza Sant Jaume.
Una buen primer paso para poder levantar un movimiento en las calles independiente de la hoja de ruta del Govern, que sigue esperando que todos estos obstáculos caigan con la mera desobediencia institucional, y hacer frente de forma efectiva a los ataques del Gobierno central.
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