Durante las últimas décadas los diferentes gobiernos llevaron adelante un vaciamiento sistemático en los hospitales, cuyos testigos son los trabajadores de la salud. Sumado a eso, los retrocesos en las condiciones laborales que se dieron en los ’90 se profundizaron hasta la actualidad, tal y como quedó plasmado en la primera entrega y la segunda entrega de estas notas.
Martes 18 de noviembre de 2014
En el año 2012 José Manuel De la Sota volvió a asumir como gobernador de Córdoba con el peronismo local ayudando en "un esfuerzo por lograr una transición ordenada". En la entrega anterior, se estableció que para Schiaretti fue estratégico derrotar la lucha de la salud, con el fin de preparar el escenario para un ajuste, sobre todo económico, ante el impacto de la crisis económica, ajuste que quedó en manos de De la Sota.
La continuidad de la lucha de las bases de los trabajadores de la salud se manifiesta con la Asamblea Interhospitalaria. Ante la negativa de reabrir paritarias por parte de Schiaretti, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) llamó a un estado de asamblea permanente en los hospitales por tiempo indeterminado. El SEP aparentó legitimar las protestas pero, en realidad, apuntó a desmovilizar las bases mientras se sentaba en la mesa de negociaciones. Por otro lado, la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) –surgida en esos años- definió otras medidas por su cuenta, causando división y desconcierto.
En ese escenario, la Asamblea será la única fuerza que lucha por unificar la pelea desde todos los hospitales mientras la UTS sigue con una línea divisionista y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), aunque presente, no aportó a ninguna medida que fortalezca la pelea en el marco de la fuerza que tiene a nivel nacional.
De la Sota profundiza el ajuste
En el marco de la crisis internacional, que impacta en Argentina y particularmente en las provincias con la tercerización del ajuste por parte de la Nación, se dará el vaciamiento de la Caja de Jubilaciones. Esto implicará un nuevo ataque a los trabajadores estatales con la Ley de Reforma Previsional que se impulsa en el 2008. El gobierno la pasó por la ventana a medianoche y constituirá un brutal ataque a las futuras jubilaciones de los 200 mil trabajadores estatales de Córdoba y 92 mil jubilados de la Caja Previsional de Córdoba.
Esto se da en medio de una disputa política entre De la Sota y la presidenta Cristina Fernández por quién paga el costo político del ajuste producto de la crisis. Así, Fernández empuja al gobernador a completar las obras de gestiones anteriores tanto peronistas como radicales, y terminar con el 82% móvil para los jubilados en la provincia para armonizarla con el régimen “nacional y popular”.
Son miles los trabajadores estatales que salen a las calles. La bronca es contra el gobierno y contra las burocracias sindicales que buscan enfriar la lucha negociando algunos puntos de la reforma. Todos saben que después de este ajuste vendrán otros que serán descargados también sobre los trabajadores. La gran disposición de lucha de los trabajadores estatales puede ser nuevamente traicionada por las burocracias sindicales que pactan una tregua con De la Sota que consiste en no realizar medidas hasta la audiencia que se define en la Corte Suprema con función de saldar la legalidad o no de la reforma impulsada.
Motín y después
En el año 2013 los trabajadores de la Salud volvieron a la lucha inmediatamente después del acuartelamiento de la narco-policía del gobernador. El gobernador supo que se enfrentaría a la fuerte lucha de los estatales luego de que el gobierno cediera ante los policías. Por eso De la Sota arregló con los dirigentes sindicales para cerrar cualquier proceso. Así, el SEP, con el delasotista Pihen a la cabeza, acordó un bono de $1.000 que ni siquiera, por asomo, llega al básico. El rechazo se extendió por los hospitales impulsando a seguir con la lucha. Con los hospitales tomados y asambleas cotidianas, los trabajadores discutirán los pasos a seguir, luchando contra las divisiones que intentan las burocracias sindicales de SEP y de ATE.
Los trabajadores y trabajadoras de la salud pasaron varios meses luchando por aumento salarial y mejoras en las condiciones de trabajo. El gobierno -que no tarda ni 36 hs en aceptar el reclamo extorsivo de la policía-, se niega a aceptar las demandas. En Córdoba, la salud pública importa menos que los reclamos de los que están implicados en el narcotráfico y las redes de trata. Además, el gobierno amenaza con cesantías y sanciones a la vez que monta un discurso para poner a la población en contra de los trabajadores de la salud. Finalmente el Ministro de Salud, Francisco Fortuna, llamó “al diálogo” a ATE, proponiendo a los trabajadores levantar las medidas de lucha como una señal que permita “abrir una reflexión” entre todos.
De este modo, ATE se vuelve un “interlocutor” en la mesa de diálogo con el gobierno, generando un gran descontento en las bases que continúan exigiendo mejoras salariales, pase a planta y, entre otras cosas, la nacionalización de conflicto con ATE a la cabeza.
Ya terminando el 2014 los bolsillos de los trabajadores, que sufre cada día más por la creciente inflación, son embestidos nuevamente. Recientemente, el SEP pactó con De la Sota un bono de $1.400 que no cubre las necesidades reales. Los trabajadores del Hospital Misericordia en asamblea, decidieron repudiar esto y con lo único que se encontraron fue con palos y piedras por parte de la patota sindical del gremio. Mostrando una solida alianza, el ministro de salud Fortuna, en continuidad con los ataques, decretó la suspensión e imputación por agresión a los 4 trabajadores que fueron detenidos en la movilización.
Como ya se señaló en este medio, la actitud de ATE fue repudiada por los delegados y trabajadores en cada hospital: en lugar de defender a los trabajadores del Misericordia, la conducción se apuró en "despegarse" de los “violentos”, favoreciendo la legitimación del discurso del SEP.
Como hemos podido ver, en el desarrollo de esta historia Pihen aparece siempre. ¿De qué lado? Del lado del gobierno provincial, pactando y negociando en contra de la salud púbica. Este modelo sindical, donde los secretarios generales ocupan, además, puestos en el gobierno, lo vemos también con Omar Dragún, quien fue Ministro de Trabajo y es actualmente conducción del Sindicato de Mecánico y Afines al Transporte Automotor (SMATA), donde los despidos y suspensiones son moneda corriente. Lo vemos con Adrian Brito (Canillitas), hoy actual Ministro de trabajo o Walter Grahovac (Educación) así como una larga lista de burócratas sindicales que no responden en absolutamente nada a las necesidades de los trabajadores pero sí a las del gobierno provincial. Por eso, la perspectiva tiene que ser luchar por recuperar las organizaciones y ponerlas al servicio de la clase trabajadora.
