Tribuna Abierta. Corea del Sur: Enfrentar al gobierno derechista con una huelga general

El gobierno derechista de Corea del Sur, dirigido por el presidente Yoon Suk-yeol, ha incrementado los ataques contra los derechos de los trabajadores y los sindicatos en los últimos meses. Esto es así desde que asumió el poder el pasado mes de mayo, y el presidente Yoon ha insistido con frecuencia en que su administración "respondería estrictamente a cualquier actividad [laboral] ilegal". Pero estos rasgos se han hecho patentes desde la salvaje represión a la segunda huelga de camioneros entre noviembre y diciembre pasados, que exigía la ampliación de un sistema de tarifas estándar que supone un salario mínimo para los camioneros autónomos. Los implacables ataques del gobierno hicieron que la organización de una poderosa huelga general sea una tarea urgente para los trabajadores.

Los ataques del gobierno derechista contra los derechos de los trabajadores y los sindicatos

En diciembre, el gobierno anunció su intención de introducir una reforma laboral reaccionaria, que incluye una medida para permitir la ampliación de la jornada laboral. Según la ley actual, la semana laboral no puede superar las 40 horas. Pero si hay acuerdo entre el empleado y el empresario, puede ampliarse a 52 horas con 12 horas extra. Y la ley permite un sistema de trabajo flexible en un plazo de seis meses, en el que la semana laboral puede ampliarse a 52 horas o 64 si se añaden las horas extra, siempre que el promedio no supere las 40 horas en todo el periodo.

Este gobierno planea elevar el tope de la semana laboral en un nuevo sistema de trabajo flexible. Según un proyecto de ley anunciado el 6 de marzo, se puede obligar a los empleados a trabajar hasta 64 o incluso 80,5 horas si se ofrecen 11 horas consecutivas de descanso entre jornadas laborales. El gobierno tiene previsto presentar su proyecto a la Asamblea Nacional este verano (boreal), mientras que el Partido Democrático de centro-derecha, que constituye la mayoría del parlamento como antiguo partido gobernante, aún no expresó su acuerdo.

Además, el gobierno ataca constantemente a los sindicatos. El gobierno quiere obligarlos a hacer públicas sus finanzas. Esta exigencia se basa en una vaga cláusula de la ley laboral sobre el derecho de supervisión de los sindicatos por parte del gobierno en situaciones críticas, que no había sido utilizada durante mucho tiempo por los gobiernos anteriores.

En Corea del Sur hay dos grandes centrales sindicales. La Confederación Coreana de Sindicatos (KCTU por sus siglas en inglés), se construyó en 1995 mediante la unidad nacional de los sindicatos democráticos, que nacieron como sindicatos de empresa como resultado de la Gran Lucha de 1987, que fue una oleada de huelgas masivas compuesta por más de 3.000 huelgas ilegales con 1,2 millones de participantes en tres meses. A pesar de su burocratización, la KCTU conserva algunos rasgos básicos como sindicato democrático. La transparencia fiscal es uno de ellos. Las finanzas de la KCTU y sus sindicatos afiliados se comparten de forma transparente con sus miembros. Pero no es el caso de la Federación de Sindicatos Coreanos (FKTU por sus siglas en inglés), formada desde 1946 por sindicatos totalmente burocratizados y corruptos. El gobierno utiliza la corrupción de la FKTU para atacar a todos los sindicatos, principalmente a la KCTU. Contra la intención del gobierno de socavar la independencia fiscal de los sindicatos, la KCTU y sus sindicatos afiliados están rechazando la exigencia de presentar sus registros financieros a la autoridad.

El gobierno también está tratando de demonizar y reprimir a la Unión Coreana de Trabajadores de la Construcción (KCWU por sus siglas en inglés). Es un sindicato afiliado al KCTU y organiza a unos 80.000 trabajadores del sector de la construcción, que suelen trabajar en condiciones laborales extremadamente inestables y peligrosas. En sus más de 20 años de existencia, este sindicato logró imponer una cláusula para que las empresas constructoras contraten un mínimo de trabajadores afiliados, además de elevar los niveles de seguridad en obra. Sin embargo, este gobierno define las demandas de la KCWU como amenazas ilegales y compara sus luchas con la violencia de las organizaciones mafiosas. El presidente Yoon calificó a la KCWU de "gánsteres del sector de la construcción" y ordenó a su gobierno que erradicara al sindicato del sector de la construcción el 21 de febrero. Frente a ello, la KCWU celebró el 28 de febrero en Seúl, junto con la KCTU, una concentración nacional con más de 40.000 participantes.

El ataque del gobierno se centra en la KCWU por dos razones. En primer lugar, parece una represalia contra el sindicato, que intentó organizar huelgas en solidaridad con los camioneros en diciembre. En segundo lugar, puede ser una medida preventiva para hacer frente a una posible quiebra masiva de empresas constructoras debido a la caída de los precios de la vivienda por el alza de las tasas de interés, haciendo que los trabajadores carguen con la crisis capitalista sin su sindicato.

El gobierno también ha reprimido al KCTU y a sus sindicatos afiliados utilizando la tristemente célebre Ley de Seguridad Nacional (LSN). El 18 de enero, el Servicio Nacional de Inteligencia (SNI) y la policía allanaron las oficinas del KCTU y de su sindicato afiliado KHMU, el Sindicato Coreano de Trabajadores de la Salud y la Medicina, basándose en la supuesta infracción de la NSL por parte de algunos cuadros sindicales. Y el 23 de febrero, registraron las oficinas de la sección de Gyeong-Nam y de la rama de trabajadores subcontratados de la construcción naval de Daewoo del KMWU, el Sindicato Coreano de Trabajadores del Metal, afiliado al KCTU, utilizando igualmente la LNS. Los registros forzosos del KCTU y sus afiliados son los primeros desde 2015. Pero los registros forzosos usando el LNS por parte del SNI no habían ocurrido desde la poderosa huelga general de 1996-97 contra la reforma laboral y la enmienda legal para aumentar el poder del antiguo SNI.

Antecedentes de los ataques del gobierno

El presidente Yoon ganó la elección principalmente gracias al fracaso del anterior gobierno. El gobierno anterior, encabezado por Moon Jae-in, inició en 2017 con grandes expectativas y esperanzas de la población después de las enormes protestas contra su predecesora, Park Geun-hye, que llevaron a su destitución. La administración de Moon se pintó a sí misma como progresista, pero sirvió claramente a los intereses de la clase capitalista. Su principal promesa de campaña fue un aumento significativo del salario mínimo, pero el aumento total durante su gobierno fue menor que durante los gobiernos anteriores, más derechistas. También cambió la forma de cálculo, reduciendo de hecho el salario real de muchos trabajadores.

El gobierno de Moon intentó ser un mediador entre Estados Unidos y Corea del Norte, pero no hizo nada, salvo reunirse con ambas partes sin ningún intento de escapar de la influencia de Estados Unidos, lo que provocó las furiosas y agresivas respuestas de Corea del Norte. Ante la escalada de los precios de la vivienda, la administración de Moon anunció decenas de medidas contra la especulación inmobiliaria, pero fracasó rotundamente, lo que provocó la perdida de apoyo del gobierno.

El presidente Yoon también consiguió ser elegido incitando y apelando a los sentimientos antinorcoreanos y antichinos y a la reacción contra el movimiento feminista. Fue elegido con el menor margen de la historia de las elecciones presidenciales, y su partido sólo representa un tercio de la Asamblea Nacional. Para superar estas vulnerabilidades, como ex fiscal general, ha estado utilizando amenazas directas o indirectas basadas en el poder judicial contra sus rivales políticos.

También busca movilizar a las fuerzas de derecha, por ejemplo, reforzando la alianza militar entre el imperialismo estadounidense y Corea del Sur. Y el 6 de marzo anunció una medida para exonerar a las empresas japonesas de su responsabilidad histórica por los trabajos forzados durante la dominación imperial japonesa de la península coreana. Esta medida para excusar de hecho los crímenes de guerra fue elogiada inmediatamente no sólo por Japón, sino también por Estados Unidos e incluso la UE, como un paso hacia la construcción de relaciones sólidas entre aliados. Esta serie de flagrantes ataques contra los derechos de los trabajadores y los sindicatos también tienen como objetivo movilizar un fuerte apoyo de las fuerzas de derecha y especialmente de la clase capitalista, que necesita una intensificación de la explotación, dado que el capitalismo coreano y mundial se dirige hacia una crisis cada vez más profunda.

¡Es urgente construir una poderosa huelga general!

Los ataques del gobierno derechista de Yoon generaron bronca en sectores de trabajadores. El KCTU llama a una huelga general de dos semanas a principios de julio. Pero dado que el gobierno sigue acelerando sus ataques, julio puede ser demasiado tarde para que los trabajadores contraataquen. La KCTU debe organizar lo antes posible una huelga general con reivindicaciones urgentes que incluyan el retiro de la reaccionaria reforma laboral, el fin de la represión contra los sindicatos y la reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales, redistribuyendo todos los puestos de trabajo a todos los trabajadores, incluidos los desempleados y subempleados. El KCTU también debe exigir la abolición de la Ley de Seguridad Nacional, la justa reparación de las empresas japonesas por los trabajos forzados durante la ocupación colonial y la nacionalización de las empresas energéticas para el control de los precios de la energía y la lucha contra el cambio climático.

Para lograr esto, los trabajadores combativos y los revolucionarios deben organizar campañas activas desde abajo para llamar a la construcción de una huelga general lo antes posible. Dado que los dirigentes burocratizados del KCTU son reacios a enfrentarse frontalmente al gobierno, la única forma de realizar una huelga general potente es movilizando la ira de los trabajadores de a pie y convirtiéndola en un fuerte deseo de contraatacar.

Superar la estrechez sindical es muy importante para construir una huelga general fuerte. En los últimos meses, el índice de aprobación del presidente ha tendido a subir cada vez que su administración intensificaba sus ataques a los sindicatos. Esto no sólo se debe a la movilización de las fuerzas de derechas, sino también a que una parte no menor de los trabajadores es sensible a la propaganda del gobierno debido a desconfianza por los sindicatos. En 2021, la tasa de sindicación de los trabajadores en Corea del Sur era del 14,2 por ciento. La cifra era del 46,3 por ciento en los lugares de trabajo con 300 o más trabajadores, pero sólo era del 0,2 por ciento en los lugares de trabajo con menos de 30 empleados, donde trabaja alrededor del 60 por ciento del total de trabajadores del país.

Sin embargo, durante los últimos 20 años, el enfoque de la mayoría de los sindicatos ante esta situación ha sido el sindicalismo rampante, en el que se han centrado únicamente en los intereses de sus propios miembros, ampliando en gran medida la brecha en salarios, condiciones laborales y seguridad en el empleo entre los trabajadores de las grandes empresas y los demás trabajadores. Esta amplia brecha permite que la campaña antisindical del gobierno llegue a los trabajadores menos favorecidos. Por lo tanto, es crucial superar el sindicalismo estrecho y restaurar el sindicalismo clasista, que considera a los sindicatos de trabajadores como armas de la clase obrera en su lucha contra la clase capitalista y que fue una fuerte tendencia en los sindicatos democráticos durante diez años después de 1987.

Para hacer de esta huelga general un punto de inflexión, se deben plantear en primer lugar las reivindicaciones de los trabajadores más relegados: el aumento del salario mínimo en un 30%, el reconocimiento de los derechos tanto de los trabajadores subcontratados así como el de los llamados autónomos o de plataforma, a negociar con su empleador real y a declararse en huelga contra él. Conseguir que estas reivindicaciones se conviertan en reivindicaciones de todos los sindicatos es también tarea de los trabajadores combativos y de los revolucionarios.

Los trabajadores de Corea del Sur tienen una tradición histórica de resistencia y contraataque contra las duras represiones de los gobiernos. Esta fue la forma de construir y defender la unidad regional y nacional de los sindicatos democráticos tras la Gran Lucha de 1987. También puede ser el caso en este momento. En particular, un pasaje a la ofensiva este año puede ayudar a reactivar el movimiento obrero, debilitado en los últimos años por la ilusión en el anterior gobierno y las restricciones por el COVID-19. En otros aspectos, dado que la mayor parte de la vieja generación de la Gran Lucha de 1987 se ha ido jubilando, esta lucha puede ser una buena oportunidad para que los nuevos miembros del sindicato, organizados en gran medida desde 2016 y que constituyen alrededor del 36% de los 1,1 millones de miembros del KCTU, crezcan como nuevo protagonista del movimiento obrero coreano. Será de gran importancia para preparar a la clase obrera coreana para las grandes luchas, y cuandose lleve adelante un salto en los ataques contra los trabajadores, en la profunda crisis capitalista que se avecina en Corea y en todo el mundo.