Tierra para vivir. Corrientes: a 6 seis meses del desalojo en Paso Vallejos, continúa la lucha por vivienda

Se cumplieron seis meses del brutal desalojo en Paso Vallejos, Corrientes. En esa ocasión, el gobierno provincial desplegó un fuerte operativo para reprimir a la familia y a los militantes de DD HH que se solidarizaban.

La familia desalojada continua en su lucha por vivienda digna. En ese sentido solicitó una audiencia con la jueza López a los fines de obtener explicaciones sobre la violencia e irregularidades del procedimiento, en el cual se hicieron desalojos sobre lotes para los cuales no había orden judicial. Además la policía les robó pertenencias a la familia afectada. Esta petición a la justicia se revalidó en las calles este 3J con un fuerte reclamo de Ni Una Menos sin Vivienda.

Desde este hecho en Paso Vallejos, pasando por los desalojos que realizó el Fideicomiso Santa Catalina en el Barrio La Tosquera de Corrientes Capital, hasta lo sucedido hace unos días en el Barrio Toba de Rosario, la “solución al problema habitacional” para los distintos gobiernos patronales” sigue siendo represión y desalojos.

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Lejos de resolver el problema habitacional, se impulsan construcciones de barrios privados sobre humedales como en Santa Ana Corrientes o Torres como las de la Costanera Sur, donde cada lote o unidad se vende en dólares y a valores impagables para los trabajadores. En estos lugares los capitalistas mantienen inmuebles ociosos como reserva de valor, encareciendo así el precio de la vivienda.

A nivel nacional La Izquierda Diario denunció que el gobierno de Fernández en el presupuesto 2021 destinaba para las fuerzas armadas el doble de recursos que a políticas de vivienda, mientras que para el pago de la deuda externa destinaba 4 veces más.

El ajuste y los desalojos no pasan sin represión y criminalización de la protesta

El gobierno de Gustavo Valdés en el marco del desalojo en Paso Vallejos persiguió y encarceló durante 21 días a Guillermo Galantini -militante de la Coordinadora por los Derechos y la Justicia- y demoró a tres personas más por ejercer el derecho a la protesta contra el desalojo.

Esta avanzada represiva no es exclusiva de Corrientes, hace unos meses Gerardo Morales en Jujuy encarceló a los luchadores Juan Chorolque y Sebastián Copello. Aunque luego recibió un duro golpe cuando por medio de la movilización y solidaridad que se hizo sentir en todo el país, se conquistó la libertad de los militantes.

También gobernadores ligados al peronismo son parte de esta avanzada represiva. Omar Perotti reprimió ferozmente en el barrio toba de Rosario y en Catamarca Raúl Alejandro Jalil hizo lo propio con los ambientalistas que luchaban contra las mineras.

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Como vemos los ensayos represivos, la persecución contra dirigentes sociales, la criminalización de la protesta, no son exclusividad de los partidos provinciales u opositores de derecha. Lo vemos en todo el país; “la guerra contra la inflación” apunta sus cañones hacia los que resisten las políticas del ajuste que se profundizó a partir de la firma del acuerdo con el FMI.

Las posiciones más reaccionarias de los representantes de Espert o Milei, quienes han propuesto lanzar un Movimiento Antipiquetero Argentino encuentran eco en funcionarios y gobernadores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. Permitiendo así que se imponga en la agenda pública un discurso que justifica y habilita la represión.

En esta cruzada cuentan con la mano de obra de jueces, fiscales, policía, funcionarios, periodistas y grandes medios de comunicación. En el caso de Guillermo Galantini hasta su propio abogado –ligado al Frente de Todos- aportó con graves omisiones e irregularidades hacia su defendido, según denunció el propio Galantini y su familia. Siendo un ensayo de lo que luego fue el comunicado del Frente De Todos destinado a justificar la avanzada de la megaminería en la provincia de Catamarca.

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Para poder pararles la mano es necesario avanzar en organizar una gran fuerza social que permita luchar contra los desalojos y el ajuste en curso, logrando la más amplia unidad de la clase trabajadora ocupada y desocupada para rodear de solidaridad a todas las familias que deciden luchar en una provincia que tiene uno de los niveles más altos de crisis habitacional.

La vivienda es un derecho, reclamarlo no es delito

En ese sentido el Partido de Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda Unidad además de haber puesto el cuerpo en las calles y las bancas de diputados para exigir la libertad y absolución de los detenidos en desalojos, plantea una propuesta de avanzada, que es abrazada por referentes de luchas por vivienda en todo el país: