Ante el cambio de Gobierno que nadie votó. Crisis en Argentina: por una salida de la clase trabajadora y una Asamblea Constituyente Libre y Soberana

Publicamos la declaración del Partido de Trabajadores Socialistas (PTS), integrante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad de Argentina.

Sergio Massa acaba de ser convertido en superministro de Economía. Bajo su control quedarán las áreas de producción, agricultura y la relación con los organismos internacionales de crédito, como el FMI. Sin que nadie lo vote, se convirtió en la figura clave del Poder Ejecutivo nacional. [El presidente] Alberto Fernández, completamente desprestigiado, queda casi como una figura decorativa.

Con ese enorme poder, Massa va a poder decidir sobre una amplia gama de temas que tienen que ver con la vida de las grandes mayorías: tarifas de los servicios públicos, salarios, precios, inflación, jubilaciones, ayuda social, exportaciones e importaciones. Al mismo tiempo, dada la relación con los organismos internacionales de crédito, será el encargado de intentar avanzar en aplicar los planes de ajuste y profundizar la entrega nacional, tal como se lo exigen.

Por todo esto, su designación no es solo un cambio de gabinete, sino directamente un cambio de gobierno. Es una decisión que se tomó sin el consentimiento ni el apoyo de la mayoría de la población. Fue el resultado de las negociaciones entre Alberto Fernández, Cristina Kirchner [expresidenta y actual vicepresidenta] y el propio Massa. Lo hicieron cediendo ante la presión de los grandes especuladores capitalistas del campo, las finanzas, el comercio y la industria, que pugnaban por una devaluación y le dieron todo el poder a un funcionario político que tiene fuertes relaciones con los grandes empresarios y la Embajada de Estados Unidos. Los poderes económicos deciden todos los días contra las mayorías con sus golpes de mercado, fuga de divisas o remarcación de precios. Y ahora también imponen quién tiene que controlar los principales resortes de la economía dentro del Gobierno.

Más allá de lo que pueda decir, Massa apoya políticas de ajuste al servicio de los poderosos. Su pasado sirve para entender cómo será su gestión: se inició en la derecha liberal de Álvaro Alsogaray, fue menemista (el expresidente peronista Carlos Menem inauguró la etapa neoliberal en Argentina), duhaldista, kirchnerista y fundó el Frente Renovador. Uno de sus aliados en las provincias es, por ejemplo, Mariano Arcioni, gobernador de Chubut, impulsor de la megaminería contaminante y también responsable de múltiples represiones.

Durante el Gobierno de Cambiemos, Massa y el Frente Renovador fueron activos garantes de la gobernabilidad de Macri. El ajuste y el endeudamiento no hubieran pasado sin su apoyo en el Congreso Nacional.

Con el Frente de Todos ya en el poder y como presidente de la Cámara de Diputados, Massa fue el encargado de hacer votar todas las leyes de ajuste que allanaron el camino hacia el nuevo acuerdo con el FMI. Acuerdo que legitimó la estafa de la deuda ilegal de Macri y que no hizo más que profundizar la desastrosa crisis que vivimos actualmente.

Poner a Massa como superministro tiene un objetivo: intentar evitar el abismo de un vaciamiento de las reservas del Banco Central y un salto de la crisis económica que, retroalimentada con debilidad política y crisis social, amenazaba con llevarse puesto a su gobierno y a su espacio. Buscan lograr la fuerza política para seguir impulsando el ajuste acordado con el FMI. Un ajuste que no pudo seguir impulsando el exministro de Economía Martín Guzmán por la debilidad política en la que se encontraba y que no podía llevar a cabo Silvina Batakis (reemplazante de Guzmán que duró una semana en el cargo) porque no tenía un respaldo claro y suficiente. Ese ajuste es el que piden también los grandes empresarios y, en lo esencial, va en el mismo sentido de lo que promueven la oposición de derecha de Juntos por el Cambio y los ultraliberales de Milei-Espert. El espacio de Macri, Larreta y Bullrich quiere volver a ser gobierno después de que el peronismo le deje allanado el camino haciendo el trabajo sucio de ajustar.

Massa se convierte en superministro para imponer orden, como él mismo dijo. Para imponer lo que llaman “equilibrio fiscal”: una forma de decir recorte del gasto en salud, educación, salarios o jubilaciones en función de garantizar el acuerdo con el FMI. Ese acuerdo fue votado en el Congreso por gran parte del Frente de Todos y por la oposición de derecha de Juntos por el Cambio. También será el encargado de aplicar la devaluación por la cual presionan el FMI y las grandes patronales del campo. Ésta, si se impone, aumentará las presiones inflacionarias (por el traslado a precios del encarecimiento de los insumos importados) y hundirá más los salarios, las jubilaciones y los planes sociales. Al mismo tiempo, seguirá con las concesiones al gran empresariado, como las subas de tasas de interés que garantizan los negocios especulativos de los bancos, a costa de generar tendencias recesivas en la economía. O beneficios como la quita de impuestos a sectores patronales. O la concesión de un dólar diferencial, como se anunció hacia las patronales del campo.

Por todo esto, no es casualidad que los “mercados” hayan recibido entusiastas la llegada de Massa, aunque habrá que ver cómo se desarrolla la situación en el tiempo. Los problemas estructurales de la economía argentina son muy profundos y se profundizarán aún más continuando por el camino del FMI. La crisis internacional y nacional puede terminar haciendo fracasar el intento de Massa. Al mismo tiempo, esa situación amplificará el descontento social y dará nuevos episodios de lucha de clases, así como la oportunidad de derrotar sus planes de ajuste y entrega.

El capitalismo dependiente y el acuerdo con el FMI son los que siguen hundiendo al país. El que trae cada vez más caos económico: con inflación, remarcación de precios y caída del poder adquisitivo; con suba del dólar paralelo y descontrol económico; con mayor pobreza para las familias trabajadoras mientras los grandes empresarios hacen ganancias. En un escenario internacional signado por la pandemia primero y las consecuencias de la guerra en Ucrania más tarde, este esquema no hizo más que agudizarse.

Por eso la clase trabajadora, el pueblo pobre y la juventud no podemos confiar ni un momento en que Sergio Massa traerá una solución. Él fue uno de los mayores impulsores de ese acuerdo. Su política general será la de continuar por el mismo camino.

El peronismo y el kirchnerismo ante la crisis

Los dirigentes de la CGT y casi toda la CTA salieron a aplaudir la designación de Massa. Estos mismos dirigentes sindicales son los que vienen en una tregua desde hace más de cuatro años, primero con Macri y después con Alberto, permitiendo que avance el ajuste sin convocar a medidas de lucha. Esos mismos dirigentes son los que, en la enorme mayoría de los casos, persiguen a la oposición combativa al interior de las organizaciones obreras, impidiendo una organización democrática de los trabajadores para defender sus derechos y luchar por sus reclamos.

Los gobernadores peronistas también dieron su apoyo a Massa. Ellos son los que defienden las políticas extractivistas que destruyen el medio ambiente con la finalidad de pagarle la deuda al FMI.

El kirchnerismo promovió el ascenso de Massa. Cristina Kirchner de momento dejó de hablar en público, mientras participa de todas las negociaciones que hicieron posible que se le dé “todo el poder” a Sergio Massa. Luego de la renuncia de Guzmán quedó claro que nada avanza en el gobierno sin su consentimiento. El silencio de la vicepresidenta es la forma de avalar todo lo que se haga y a la vez intentar resguardar lo más que pueda de su capital político, ante la aplicación de una impopular política de ajuste y entrega.

Por una salida de la clase trabajadora y una Asamblea Constituyente Libre y Soberana

El poder en el gobierno fue entregado a Sergio Massa sin que el pueblo lo elija ni decida nada. Fue elegido en la cumbre del Frente de Todos por sus vínculos con el poder económico. Los llamados “mercados” lo terminaron imponiendo.

Este es un nuevo ataque a la voluntad popular, que ya viene siendo pisoteada desde hace tiempo. El gobierno de Macri prometió pobreza cero y dejó un país con récord de inflación, más pobreza y la deuda fraudulenta con el FMI, que tampoco decidió nadie más que Macri. Un acuerdo que, aunque no fue refrendado en el Congreso, dio las pautas de ajuste para el Presupuesto 2019, votado por buena parte del peronismo, empezando por el propio massismo. En esa lista de engaños a la voluntad popular hay que sumar al Frente de Todos, que hizo campaña prometiendo revertir la herencia macrista, llenar la heladera y hablando contra la deuda del FMI, pero hizo todo lo contrario.

Esto muestra el carácter absolutamente limitado de esta democracia capitalista. En este régimen político, el pueblo trabajador puede votar una vez cada dos o cuatro años. Pero el poder económico decide todos los días.

Las decisiones económicas y políticas que determinan la vida de millones de familias no pueden quedar en manos de un superministro elegido para garantizar el acuerdo de ajuste con el FMI. Tampoco puede quedar en manos del Congreso, donde el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se imponen con sus acuerdos para votar leyes contra el pueblo. Ni atarse a la extorsión permanente de los grandes poderes económicos que se enriquecen a costa de los padecimientos de las mayorías. Menos todavía pueden confiarse a jueces y fiscales, que integran un Poder Judicial lleno de privilegios y atado por mil vínculos al gran empresariado. Es necesario que sea la población la que discuta y decida adónde va el país.
Ante este escenario, es necesario que la clase trabajadora, junto a la juventud combativa y el movimiento de mujeres, intervenga en la crisis. Nuestra perspectiva general es que la clase trabajadora intervenga en la crisis nacional con un programa propio, actuando como clase dirigente del conjunto de la población pobre y de las clases medias arruinadas por la crisis.

Desde el PTS en el Frente de Izquierda Unidad venimos denunciando la tregua de las burocracias de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA). Frente a eso, proponemos asambleas en todos los lugares de trabajo para organizarnos e imponerles a los burócratas un paro nacional y plan de lucha, en la perspectiva de la huelga general, por nuestras demandas inmediatas ante la crisis y para derrotar el plan de ajuste. Proponemos la coordinación de todos los sectores combativos y en lucha para dar esta batalla.

Junto con esto, venimos realizando una masiva campaña de agitación en lugares de trabajo, estudio y barrios, por 6 medidas urgentes frente a la crisis: por aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales. Actualización automática: suben los precios, suben los ingresos; por la nacionalización del comercio exterior y las grandes empresas del agronegocio bajo administración de los trabajadores, para terminar con la especulación de las grandes empresas que empuja la suba de los alimentos y hace sufrir hambre a millones: por trabajo genuino para todos y todas: reducción de la jornada laboral: 6 horas, 5 días a la semana, sin afectar el salario. Plan nacional de obras públicas al servicio de las necesidades populares; contra los tarifazos y por nacionalizar los servicios públicos bajo control de sus trabajadores, ya que solo así se pueden garantizar tarifas accesibles para el pueblo trabajador y que mejore el servicio garantizando el cuidado del medioambiente; por fuera el FMI, por el desconocimiento soberano de la deuda; y por nacionalizar el sistema bancario bajo control de sus trabajadores y trabajadoras, creando un sistema bancario estatal único que garantice crédito barato para la vivienda, microemprendimientos y pequeños comerciantes (una nacionalización así cuidaría los depósitos de pequeños y medianos ahorristas).

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El conjunto de nuestro planteo, en última instancia, implica que junto con las luchas y demandas urgentes e inmediatas frente a los ataques, pongamos en discusión otra salida a la crisis, a la cual hemos llegado por responsabilidad de los sucesivos gobiernos capitalistas.

Los socialistas revolucionarios del PTS peleamos por un Gobierno de los trabajadores y el pueblo pobre, basado en consejos de delegados/as electos en los lugares de trabajo y en los barrios . Donde los trabajadores gobiernen en el sentido más amplio del término, definiendo el rumbo político cotidiano de la sociedad. Un Gobierno que socialice los medios de producción y de cambio, atacando la propiedad de los capitalistas, única forma de planificar democrática y racionalmente la economía en función de las necesidades sociales. Esto implica iniciar la transición al socialismo, una sociedad sin explotación ni opresión, cuya realización solo puede darse plenamente a nivel internacional.

Sin embargo, sabemos que hoy esta perspectiva no es compartida por la mayoría de la clase trabajadora y los sectores populares, que ven en los mecanismos de la democracia representativa -aunque cada vez con mayor desencanto- la forma de hacer pesar su voluntad sobre los destinos del país. Por eso y ante la crisis, proponemos luchar por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana , la institución más democrática que existe dentro de los regímenes basados en el sufragio universal, donde nosotros plantearíamos nuestro programa de salida a la crisis para ser discutido democráticamente.

Una Asamblea que ponga en discusión las leyes y las instituciones que hoy sirven para garantizar el predominio capitalista sobre la sociedad y las políticas de ajuste. Pero que también ponga en discusión los derechos sociales y económicos de la mayoría trabajadora, así como cuáles son las medidas que tiene que tomar el país frente a la crisis. O en manos de quién tienen que estar los sectores estratégicos de la economía como la energía, los bancos, los puertos, el transporte, los alimentos. Que discuta a dónde destinar los recursos: si al FMI o a crear trabajo, viviendas, salud, salarios, jubilaciones. O qué hacer con los privilegios de la casta política y judicial. Que se proponga terminar con todos los lazos de dependencia que nos someten a las potencias imperialistas.

Esa Asamblea Constituyente tiene que ser realmente Libre y Soberana: no puede tener límites lo que se discuta y decida. Hace muy poco vimos los límites que se le pueden poner a una instancia así. La Convención Constituyente de Chile fue convocada luego de la enorme rebelión popular de octubre de 2019. Una rebelión que había cuestionado muchos de los pilares de la vieja y neoliberal Constitución del represor Pinochet. Sin embargo, ese proceso fue desviado. Por acuerdos entre los distintos partidos políticos defensores del régimen capitalista, la Convención Constituyente nació limitada, tanto en lo que hace a los temas que podía abordar como a la forma de funcionamiento y resolución de los debates. Aunque la derecha propone rechazar la nueva constitución que nació de esa Convención en el plebiscito que se hará en setiembre, la nueva Constitución deja múltiples problemas sin resolver. La propuesta que planteamos busca evitar repetir esa experiencia: nada puede limitar la voluntad popular para decidir sobre los destinos del país.

Planteamos una Asamblea Constituyente libre y soberana, que sea capaz expresar verdaderamente la voluntad popular. Que esté conformada por un diputado o diputada cada 20 mil habitantes; que sus miembros no formen una casta privilegiada como las que pueblan el Congreso actual, sino que sean revocables y cobren lo mismo que un docente o un trabajador. Una Constituyente que tenga plenos poderes para abordar todos los grandes problemas nacionales sin restricciones, que no esté limitada por ningún supuesto “contrapeso” y que ninguna de las instituciones del actual régimen tenga el derecho de suspender o vetar las medidas que esta vote.

Sabemos que la lucha por una Asamblea Constituyente de estas características provocará la resistencia de los grandes empresarios y representantes de la política tradicional, que quieren seguir decidiendo a espaldas de las mayorías para imponer una salida por derecha a la crisis actual. Por eso esta pelea está unida a la perspectiva de desarrollar la movilización y coordinación obrera y popular más amplia, apostando al desarrollo de la autoorganización en cada empresa, barrio o lugar de estudio. Esta es la única garantía para evitar las maniobras y enfrentar los intentos represivos que alentará la clase dominante responsable de la crisis y la decadencia nacional.