Polémica. ¿Cuál es el “modelo YPF” que defiende Grabois?

"Una compañía privada como nosotros, preferiría que no haya derechos de exportación”.
Alejandro Lew, gerente financiero de YPF Sociedad Anónima, 4/7/23.

En la campaña “por una Argentina justa, humana y soberana” de Juan Grabois, ocupa un lugar destacado la propuesta alrededor de los “tesoros, recursos estratégicos para el siglo XXI”, como denomina a los bienes comunes naturales. La explotación del litio en la actualidad constituye “un robo”, que reproduce el “modelo extractivo” que se vivió con los hidrocarburos en los ‘90: “se la llevaron toda y nos quedamos con pueblos fantasmas, maldesarrollo, desocupación, contaminación”. No podríamos estar en desacuerdo con esa afirmación.

¿Cuál es la alternativa a este modelo? Según el precandidato de Unión por la Patria, esa alternativa ya existe, y la encarna la petrolera con mayoría estatal: “Para cada uno de nuestros recursos fundamentales tenemos que expandir el modelo de YPF: 51% de la propiedad, como mínimo, es pública”. Esta misma formulación, escrita en su plataforma electoral [1], la repite una [2]y otra [3] vez, omitiendo cuestionar el andamiaje legal, político y financiero que más bien perpetúa el extractivismo. Veamos, entonces, qué papel jugó y juega YPF S.A. en Vaca Muerta, y cuál sería una verdadera alternativa al saqueo.

Soberanía off shore

El 3 de mayo de 2012 el Congreso aprobó, a propuesta del gobierno de Cristina Fernández, la ley 26.741, que declaró de utilidad pública sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. La medida fue tomada después de permitir durante años que la multinacional española Repsol explotara y exportara sin sostener la exploración de nuevos pozos, mientras las reservas de hidrocarburos caían, y solo cuando el déficit energético implicó un drenaje de dólares insostenible.

En ese entonces, muchos se entusiasmaron con la épica soberana. A la derecha no le gustó nada. Macri mandó a sus diputados a votar en contra. Alberto Fernández, se paseaba por la televisión como “lobbysta a sueldo” de la Repsol (678 dixit), y denunciaba la supuesta “confiscación” a los pobres accionistas de la empresa. Sergio Massa propuso “dialogar” con la vaciadora Repsol.

La retórica soberana envejeció un año después, cuando la mayoría accionaria de YPF fue utilizada por el gobierno para sellar un acuerdo con la multinacional norteamericana Chevron para explotar Loma Campana. La empresa cargaba con un fallo judicial en su contra por contaminar miles de hectáreas de la Amazonía ecuatoriana afectando al pueblo Sarayaku. Estaba obligada a la remediación ambiental. En Argentina, la multinacional tenía un embargo por USD 19.022 millones, solicitado por la justicia de Ecuador, y confirmado en dos instancias por la justicia argentina.

Como condición para invertir en el país, Chevron exigió a CFK que hiciera lo necesario para levantar el embargo. La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó en mayo de 2013 eso era lo que correspondía. En junio, los jueces de la Corte Suprema, Lorenzetti, Zaffaroni, Petracchi, Maqueda, Argibay y Highton de Nolasco, levantaron el embargo definitivamente. Todo en tiempo récord. No hubo grieta.

En julio CFK firmó un decreto por encargo de Chevron. Se trató del Decreto 929, que habilitó la exportación de parte de su producción sin pagar un peso y con libre disponibilidad de divisas.

El acuerdo entre YPF S.A. y Chevron lo avaló la Legislatura neuquina en agosto de ese año, tras ocho horas de represión. El pacto se aprobó con cláusulas secretas que, entre otras cosas, pretendían ocultar el entramado de empresas offshore creadas tanto por YPF como por Chevron para facilitar el flujo de capitales en una y otra dirección. El economista Gustavo García Zanotti, explicó este mecanismo. Las empresas se radicaron en Uruguay, Bermudas y Delaware (EE. UU.), y el pacto habilitó para Chevron un importante negocio financiero.

“La inyección de capitales fue realizada a través de préstamos desde una de sus estructuras en las Islas Bermudas. La multinacional estableció una tasa de interés del 7 % sobre el capital prestado a las empresas offshore de YPF. Sin embargo, esta tasa de interés podría ser mayor: en caso que el proyecto productivo arroje beneficios, la estructura offshore de Chevron en las Islas Bermudas obtendría el 50 % de las ganancias del mismo. De este modo, Chevron logró asegurarse un piso en su ganancia financiera del 7 % sobre el capital prestado, aunque, esta ganancia no tendría techo en caso que la extracción de hidrocarburos fuera rentable”.

En septiembre de 2022, se cerró el círculo. Tras una gira de Sergio Massa por los Estados Unidos, la Secretaría de Energía le concedió a Chevron, por primera vez, el beneficio previsto en el mencionado decreto 929 de CFK: exportar un 20% de su producción sin pagar retenciones y disponiendo libremente de las divisas. ¿Cómo? En nombre de la Compañía de Hidrocarburo No Convencional (CHNC), controlada por dos empresas radicadas en Delaware por YPF. Si bien CHCN fue creada por subsidiarias de YPF [4], sólo Chevron se beneficiará con la exención de retenciones por la producción de Loma Campana. Esto es así porque YPF le concedió su parte del beneficio, como “compensación” frente a la negativa de llevar la exención de retenciones al 50% (y no al 20%) de la producción.

“Una compañía privada como nosotros”

La cita con la que inicia este artículo corresponde a las declaraciones del gerente financiero de YPF durante la Reunión Conjunta de las Comisiones de Energía y Combustibles, y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, para debatir el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL), el pasado 4 de julio. Allí, los representantes de la petrolera fueron quienes explicaron la iniciativa, que apunta a exportar el gas de Vaca Muerta. Los beneficios que contempla la ley son inéditos, de mayores proporciones que los otorgados desde 2013 a la actualidad, y tendrían una vigencia de 30 años: retenciones 0% para la totalidad de las exportaciones de GNL; libre aplicación del 50% de las divisas “al pago de capital e intereses de pasivos comerciales, pasivos financieros con el exterior, y/o utilidades y dividendos que correspondan a balances cerrados y auditados y/o a la repatriación de inversiones directas de no residentes”; eximición de derechos de importación; devolución del IVA; deducciones, amortizaciones aceleradas y tope al impuesto a las ganancias. Una vez más, YPF S.A. se ubica como promotora de la entrega y la pérdida (si es que existe) de la soberanía.

“El desafío es monetizar esa reserva de gas”, resumió Pablo González, presidente de YPF Sociedad Anónima. Con ese norte (“monetizar”) se manejó durante toda la última década la petrolera que cuenta con un 51% de participación estatal, pero un 49% de privados, que cotiza en la bolsa de Nueva York, reparte dividendos y funciona en los hechos como una corporación más. “La transición energética (...) es posible que no nos dé tiempo para sacar todos los recursos del subsuelo. Con lo cual, en la medida que tengamos la posibilidad de ampliar mercados (...) entendemos que maximizamos la posibilidad de generar ese valor, para beneficio de nuestros accionistas, para beneficio de la población argentina, y también para las provincias”, agregó Alejandro Lew en el debate.

Hablar del “modelo YPF” como aquel en que “un 51% de la propiedad, como mínimo, es estatal”, es al menos engañoso. La participación estatal en la explotación de Vaca Muerta es, en todo caso, el 51% de la proporción que representa YPF S.A. en la producción de gas (33%) y petróleo (38,2%) no convencional. Es decir que el estado participa, a través de YPF, en un 17% y 19% de la producción de gas y petróleo de Vaca Muerta, respectivamente.

La asociación con Chevron para explotar Loma Campana, no es una excepción. En solo 5 de las áreas en las que YPF S.A. opera concesiones de explotación no convencional, lo hace con el 100% de participación. En las otras 13, lo hace en sociedad con otras empresas, incluyendo grandes multinacionales [5].

En términos de exportaciones, YPF ocupa el séptimo lugar, y es la primera en el ranking cuya casa matriz se encuentra en el país. El dato es de febrero de este año y surge del informe de coyuntura que confecciona el Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental. EJES apunta a la pérdida de soberanía respecto al comercio exterior energético como “uno de los factores que explica por qué a pesar del incremento de las exportaciones de petróleo el balance cambiario de la actividad continúa siendo deficitario. En el primer trimestre el sector utilizó casi 750 millones de dólares para pagar préstamos e intereses con el exterior cerrando el período con una marca neta negativa de divisas por 1.102 millones de dólares.”

YPF opera en la industria como vocera del resto de las empresas: fue a través de YPF que en 2020 las petroleras impusieron el “Acuerdo para la Sustentabilidad y el Empleo”, un nuevo salto en la flexibilización laboral que ratificó explícitamente la vigencia de la adenda impulsada por el macrismo en 2017 y presentada como ejemplo de reforma laboral “por sector”.

Lejos del “buen vivir” del que habla Grabois, fue también YPF la que en 2017 ingresó al territorio mapuche del Lof Campo Maripe y violentó a la comunidad con el auxilio de la Gendarmería de Bullrich. Bajo este gobierno también, continuó ingresando a los territorios de manera inconsulta. YPF es la accionista mayoritaria de Oleoductos del Valle S.A. (Oldelval), la empresa responsable del desastre ambiental de 2021 en Catriel, que derramó más de 3 millones de litros de crudo a metros de un refugio de vida silvestre. También es la petrolera de mayoría estatal quien batió el récord, meses atrás, en consumo y contaminación de agua por pozo. Tal como lo informó el geógrafo del Observatorio de Sismicidad Inducida, Javier Grosso, un solo pozo en Rincón del Mangrullo contaminó 133 millones de litros de agua. Es el equivalente a 16.636 pelopinchos llenas hasta el borde. Y es agua que nunca más será apta para volver al ciclo hidrológico. La petrolera con mayoría estatal es también la que, ante la falta de licencia social para avanzar en la explotación off shore en aguas profundas, organizó una campaña de difamación para "desvirtuar y ridiculizar" a las luchas en defensa del ambiente con el mote de "guerrilla ambiental".

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Nada tiene que ver el “modelo YPF” con la pretendida “transición energética justa”, ni la “ecología integral” a las que suele aludir el precandidato de Unión por la Patria.

Cuestionar el saqueo, pero en serio

El protagonismo de YPF en la industria petrolera bajo los gobiernos de CFK y Alberto Fernández no implicó superar la dependencia, la destrucción ambiental y el modelo extractivista. Al marco regulatorio heredado del neoliberalismo, que convirtió a Argentina en el país de América Latina y el Caribe con el régimen fiscal más concesivo, se adicionaron una serie de beneficios a las empresas que, en general, apuntaron a la disponibilidad de divisas y baja de retenciones.

Para terminar con el saqueo es necesario estatizar toda la industria energética, bajo control de sus trabajadores y trabajadoras, las comunidades afectadas, profesionales y organizaciones ambientales. Esa es la única manera, corriendo la ganancia capitalista de la ecuación, de cuestionar un sistema energético tan irracional, dependiente, con una matriz fósil, donde la mayor parte de la energía eléctrica se produce en base a la quema de gas, y el único norte es la exportación.

Una estatización de ese tipo no es condición suficiente, pero sí condición necesaria, para iniciar una verdadera transición energética y ecológica “justa”, desde abajo, que no reproduzca la lógica extractivista. Es necesario sustituir la importación de combustibles fósiles diversificando la matriz, y avanzando en la eficiencia energética. Esto incluye medidas en los hogares, en el transporte y en la industria, que hemos planteado en otras oportunidades. Y también incluye una combinación entre financiamiento centralizado, dejando de pagar la deuda fraudulenta, dejando de subsidiar a las petroleras, y una planificación multiescalar. Solo el Frente de Izquierda, y en particular la lista “Unir y fortalecer”, encabezada por Myriam Bregman y Nico del Caño, sostiene este programa.