Ediciones IPS recomienda. Cuando el disciplinamiento social difumina las grietas

Cada año la Marcha Nacional del Gatillo Fácil y sus réplicas provinciales visibilizan la persistencia de este accionar de la policía y de otras formas de violencia policial de los gobiernos, aún de aquellos que intentan presentarse como defensores de los derechos humanos. Algo similar ocurre con la criminalización de la protesta, azuzada actualmente tanto desde la derecha de Juntos por el Cambio como por las distintas alas del gobierno del Frente de Todos. El libro La disciplina de las balas, de Carla Lacorte, intenta indagar en estas continuidades, aparentemente tan contradictorias.

La muerte de Daiana Abregú en la Comisaría de Laprida (escandalosa e infructuosamente disfrazada de suicidio por los peritos de la Policía Federal), la aparición del cuerpo sin vida de un joven peruano en el bosque de La Plata, las amenazas sufridas por un grupo de adolescentes por parte de policías de civil en plena calle de la misma ciudad, son solo algunas muestras de una práctica criminal del Estado ya habitual en la Argentina y en el mundo. El Informe Anual de la Comisión Provincial por la Memoria bonaerense sostiene que “en 2021 se registraron 120 muertes producidas por policías en el territorio provincial, de las cuales 25 víctimas eran menores de edad”. A nivel nacional en la llamada “cuarentena blindada” de 2020 hubo 411 asesinatos en manos de las distintas fuerzas de seguridad, según el archivo de la CORREPI.

Si bien hay una diferencia relativa con las 483 muertes registradas en las mismas circunstancias a nivel nacional en 2018, es decir, durante el gobierno de Mauricio Macri, siguen siendo un número alarmante y no hay una abrumadora diferencia numérica aunque, en un caso, se trate de una gestión que se postula como “defensora de los derechos humanos” y, en el otro, de los que intentaron convertir en ley la llamada “Doctrina Chocobar”.

Algo similar ocurre, aunque con consecuencias menos letales, al menos por ahora, con la criminalización de los movimientos de trabajadores desocupados por parte del Poder Judicial alentada no solo por libertarios y macristas, sino también por el albertista ministro Zabaleta y la propia vicepresidenta Cristina Fernández. A esto se suma el proyecto de ley de un grupo de diputados de Juntos para condenar con penas de cárcel a los obreros que protagonicen bloqueos de portones de fábrica. Y no debemos olvidar que fue el actual gobierno provincial de Kicillof el que llevó adelante el brutal desalojo de las familias que ocupaban terrenos en Guernica de la mano del carapintada Sergio Berni.

¿Cómo se explican estos rasgos comunes en gobiernos y sectores políticos tan diferentes al menos en lo discursivo? En La disciplina de las balas Carla Lacorte intenta una respuesta a este y otros interrogantes.

La disciplina de las balas

En su libro Lacorte, militante del CeProDH y del PTS que vivió en carne propia el gatillo fácil policial, plantea que la brutalidad policial y el gatillo fácil son fenómenos que tienen dimensión no solo nacional sino mundial y que han existido durante todo el siglo XX, pero que pegaron un salto desde mediados de los años 80 por la crisis del Estado del Bienestar y el surgimiento del llamado Estado Neoliberal, en el que se multiplicaron la precariedad laboral y la desocupación en un sector cada vez más grande de la clase trabajadora, integrado mayoritariamente por jóvenes y mujeres, al que el Estado considera potencialmente peligrosos, y al que le ofrece, en el mejor de los casos, asistencia social y, en el peor, represión. De esta manera, mientras se recorta presupuesto en áreas ligadas a salud, educación y otras necesidades sociales, se aumentan enormemente las partidas destinadas a las fuerzas represivas y las cárceles.

A este esquema más general, presente desde los Estados Unidos hasta la “democrática” Francia, tenemos que agregar que en la Argentina no solo debido al crecimiento de la pobreza “a niveles latinoamericanos”, sino también por el descrédito en el que habían quedado los militares como principales ejecutores del genocidio a la salida de la dictadura, la policía incrementó enormemente su rol en las tareas de seguridad interna y su número. Solo por dar un ejemplo la policía bonaerense pasó de tener 52.000 efectivos en los 90 (ya un verdadero ejército de ocupación) a casi 100.000 miembros en la actualidad, tras la implementación del llamado Programa de Fortalecimiento de la Seguridad de 2020 por parte de los gobiernos de Fernández y Kicillof. De esta manera la saturación de los barrios del pueblo trabajador con fuerzas de seguridad se convirtió en un rasgo común tanto de los gobiernos kirchneristas, conviviendo con el discurso de “defensa de los derechos humanos”, como del gobierno de Vidal, con una prédica y una política abiertamente de mano dura.

Para Lacorte, el incremento sostenido de los casos de gatillo fácil y muertes en comisarías de los últimos años es la consecuencia de estas políticas de saturación policial y del otorgamiento de mayores atribuciones a las fuerzas represivas.

La autora sostiene que los sucesivos gobiernos, más allá de su signo político, mantienen solo con pequeñas diferencias los rasgos esenciales del llamado Estado Neoliberal y justifican el constante incremento de efectivos y equipamiento represivo con el argumento de la “lucha contra la inseguridad”, tarea en la que son auxiliados por los medios masivos de comunicación que magnifican los delitos y plantean como única salida a “la inseguridad” el aumento del número de policías en las calles. En esta faena, además, se omite deliberadamente que, justamente, el “gran delito”, que conlleva los hechos de sangre más aberrantes, no podría existir sin la convivencia, o la participación directa, de estas fuerzas represivas.

En este marco destaca que estas “campañas por seguridad” se hicieron más fuertes en momentos de crisis y mayor conflictividad social como en el año 2001 (cuando se produjo el caso de gatillo fácil del que Lacorte fue víctima), en 2008 y en 2017-2018.

A su vez, esta ubicación temporal de las campañas la lleva a plantear que el objetivo de las mismas no solo es aumentar el control social sobre la juventud de las barriadas, sino también la represión de los trabajadores ocupados, desocupados y sectores populares que salen a pelear por sus derechos durante las crisis mencionadas.

Sin embargo, Lacorte pone énfasis en que luego de las más de 30 muertes registradas en las jornadas de diciembre de 2001 y la Masacre del Puente Pueyrredón de 2002 se estableció una correlación de fuerzas en la que el Estado se encuentra profundamente cuestionado para legitimar la represión de la protesta.

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La represión en la argentina del FMI

Justamente en las últimas páginas del libro, editado en septiembre de 2019, la autora alertaba que el gobierno que surgiera de las elecciones de octubre de ese año tendría que reprimir (con los límites para legitimar tal acción ya citados) si tomaba la decisión política de pagar la deuda con los organismos financieros internacionales, ya que el ajuste iba a encontrar una respuesta obrera y popular.

Si bien las políticas de ajuste comenzaron casi en simultáneo con el gobierno de los Fernández, la pandemia postergó más de dos años el acuerdo con el FMI, con lo que el paquete “más duro” recién comienza a aplicarse ahora, por lo cual estas conclusiones del libro tendrán que ser puestas a prueba por la realidad. No obstante el ya nombrado desalojo de la las familias de Guernica y de otras tomas similares así como la estigmatización y la criminalización de los movimientos sociales de los últimos meses parecen dar la razón, al menos como adelanto, al razonamiento de Lacorte.
Otra de las conclusiones de La disciplina de las balas que se ha visto totalmente corroborada la constituyen los más de cuatrocientos muertos en 2020 como consecuencia de la saturación de fuerza represivas, con plenos poderes, en las barriadas populares.

A su vez, la continuidad de la problemática en estos años también ratifica la necesidad planteada por Lacorte de que los trabajadores, la juventud y la izquierda revolucionaria tomen en sus manos la pelea por las libertades democráticas, no solo como autodefensa, sino también como parte de su lucha por la hegemonía sobre los explotados y oprimidos, condición indispensable para conquistar una sociedad sin clases, única posibilidad de que desaparezca toda forma de violencia estatal hacia las mayorías.

Ponemos a disposición de los lectores el capítulo 7, donde se analiza el accionar de las fuerzas de seguridad durante los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, en los que comienza a observarse un giro en la represión de la protesta de los sectores más precarizados de la clase trabajadora, como los tercerizados del Roca y las familias sin tierra que ocuparon el Parque Indoamericano.

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