Opinión. Cuarentena y ajuste a trabajadores estatales en Córdoba

En más de 70 días de cuarentena, el gobierno provincial aprovechó el encierro obligatorio para cerrar paritarias a la baja, recortar las jubilaciones más altas, desdoblar del pago de salarios y, la frutilla del postre, la reforma jubilatoria más brutal de la historia provincial.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio, que en tanto medida sanitaria es muy valorada, es aprovechado por el gobernador Schiaretti y el PJ para policializar las calles y los puentes, pretendiendo desalentar toda movilización de los trabajadores.

En las movilizaciones realizadas con todos los cuidados sanitarios el hostigamiento policial mostró que el interés del gobierno no era proteger la salud sino amordazar la protesta social. Las conducciones de los sindicatos han colaborado para evitar la unidad en la lucha. Los gobiernos nacional, provincial y municipal ajustan a los trabajadores, mientras otorgan subsidios y exenciones impositivas a grandes corporaciones como Techint, Clarín, AGD, las patronales agrarias, etc.

Hay trabajadores de la educación precarizados, suspendidos, despedidos, sin cargo y sin la posibilidad de tomar alguno. Hay estudiantes sin docentes y docentes sin trabajo. Y en esta incertidumbre, surgen miles de preguntas: ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con las y los jóvenes estudiantes y sus familias? ¿Y con el personal de limpieza y cocina? ¿Qué va a pasar con quienes sufrieron recorte de salario? ¿Y el boleto educativo gratuito? ¿Y la comida de PAICOR? ¿Y el Plan Fines? ¿Y el contexto de encierro? ¿Y el presupuesto de educación? ¿Y las escuelas que se caen a pedazos? ¿Y lo que le robaron a los jubilados? ¿Y los precarizados e informales? ¿Y los nuevos pobres? ¿Y los pobres de siempre?

La unidad en el ajuste

Frente al apagón virtual convocado por UEPC (Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba) el pasado martes 26 de mayo, el Ministerio de Educación provincial llegó a presionar a los directores para que presenten el listado de ausentismos, aun sabiendo que no está reglamentado el teletrabajo (homeoffice) para los docentes y cuando los medios tecnológicos, la conexión a la red y los recursos económicos es aportada íntegramente por nuestros bolsillos. ¡No tienen vergüenza!

Un nuevo ataque a la educación se vio el 21 de mayo, cuando peronistas, radicales y macristas, sin consulta a los sectores involucrados en el sistema educativo, avanzaron en la modificación del artículo 109 de la LEN en el Congreso. El cambio consiste en extender la educación virtual a menores de 18 años en “casos excepcionales”, habilitando la posibilidad de que cualquier gobierno decida cuales son las condiciones "excepcionales" en las que se pueden dar clases online, lo que podría incluir el intento de quebrar huelgas. Los únicos votos en contra fueron de los diputados Romina Del Pla y Nicolás Del Caño del Frente de Izquierda.

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Aprovechan la pandemia para quitar conquistas históricas de los trabajadores, anticipando la política de flexibilización para todos que quieren imponer a la salida de la cuarentena. En torno a esta política se galvaniza la unidad de las entidades empresariales, los gobiernos nacional, provincial y municipal, los legisladores macristas y radicales…y la infaltable complicidad de las direcciones sindicales.

La respuesta desde abajo

La avanzada del gobierno empieza a encontrar límites en la movilización de los trabajadores de la salud, los municipales, la Red de Precarizados e Informales y otros sectores que salen a ganar la calle. Esta semana hubo una nueva jornada de movilización de obreros y empleados de la Municipalidad de Córdoba, que gobierna el peronista de San Francisco, Martín Llaryora, con miles de personas en las calles céntricas de la ciudad.

Esa ruidosa respuesta callejera tiene hasta ahora una tarea pendiente: la unidad que tanto teme el gobierno. Incluso en un sector como la educación, las demandas deben articularse para derrotar el ajuste estatal.

Las situaciones son variadas: estudiantes sin acceso a la ayuda alimentaria, otros que han accedido pero hace más de un mes no reciben ningún módulo alimentario (que debería alcanzar, según la versión oficial del PAICOR para 15 días), centenares de docentes que se han quedado sin trabajo al haberse suspendido las convocatorias para cubrir cargos y horas cátedra (otro “ahorro” que deja niños sin docentes y docentes sin trabajo), compañeras de limpieza (tercerizadas por el gobierno del PJ provincial) que han sido suspendidas, trabajadoras del PAICOR que se han quedado sin trabajo, y un largo etc. Hoy se discute en qué condiciones volver a las escuelas, mientras el gobierno sigue preocupado por ahorrar incluso en la provisión de elementos sanitarios.

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En esta situación Docentes D-Base, en la Corriente Nacional 9 de abril, han planteado la necesidad de exigir una IFE de emergencia de $30mil que salga de un impuesto a las grandes fortunas y de poner en pie Comisiones de Higiene y Seguridad en cada escuela, para controlar que el gobierno garantice las condiciones necesarias para llevar adelante las tareas educativas a la vuelta de la cuarentena, acompañando a los miles que ven caer sus condiciones de vida y son parte de la comunidad educativa.

También señalaron que es necesario que UEPC convoque a asambleas escolares para votar un plan de lucha de conjunto, que CTERA unifique la pelea a nivel nacional y la CGT Córdoba llame a un paro provincial. Al ataque lo frenamos entre todos.