El domingo pasado, las elecciones brasileñas sellaron la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva para su tercer mandato. El margen de diferencia con Bolsonaro, que había sido de 6 millones de votos en la primera vuelta, se redujo a 2 millones. En la elección con menor diferencia de votos de la llamada Nueva República, Lula obtuvo el 50,9 % de los votos válidos, mientras que Bolsonaro alcanzó el 49,1 %. En este artículo, Danilo Paris, dirigente del Movimento Revolucionário de Trabalhadores (MRT) y analista político de Esquerda Diário de Brasil, indaga sobre cuáles son las razones sociales y políticas que explican esta polarización y, en particular, cómo entender al Brasil que ha elegido por quinta vez a un presidente del PT tras cuatro años de gobierno de extrema derecha.

Tras confirmarse la derrota electoral de Bolsonaro, miles de personas salieron a las calles a celebrar la victoria de Lula, interpretada por diversos sectores como un alivio después de tantos años del gobierno reaccionario y odioso de Bolsonaro. La elección de Lula expresa la expectativa de una vuelta a las condiciones de vida de sus gobiernos anteriores, aunque en condiciones económicas muy diferentes, así como el rechazo a una extrema derecha que pretendía atacar derechos democráticos básicos. El choque entre las expectativas y la realidad de lo que será el gobierno de Lula, tarde o temprano, puede dar lugar a nuevos fenómenos sociales, políticos y de lucha de clases.

La candidatura Lula-Alckmin contaba con el apoyo de poderosas fracciones del capital financiero e industrial, incluida la propia administración Biden. Viejos y nuevos neoliberales, federaciones de industriales y banqueros, varios de los cuales apoyaron el golpe institucional de 2016, se sumaron en estas elecciones al Frente Amplio de Lula-Alckmin bajo el supuesto argumento de defender la democracia contra la barbarie.

Por otro lado, el pasado domingo por la noche, las carreteras empezaron a ser bloqueadas por los bolsonaristas, con el apoyo de sectores patronales y con el respaldo –y en algunos casos el aliento– de algunos sectores policiales. El miércoles hubo actos en los que se cuestionó la legitimidad de las elecciones y se pidió la intervención de los militares. Aunque no había condiciones para ello, en particular porque ninguna fracción burguesa relevante lo tenía como objetivo, el bolsonarismo enseñó los dientes, alimentado por su propio jefe, que tardó dos días en pronunciarse sobre los resultados electorales. Cuando se pronunció, lo hizo de forma ambigua, alegando “injusticias del proceso electoral”, mientras declaraba, a través de sus aliados, que habría una transición hacia el nuevo gobierno de Lula.

El punto es que después de cuatro años de una administración que atacó a los trabajadores, con una pésima política de salud y con indicadores económicos insatisfactorios, muchos esperaban que Bolsonaro y el bolsonarismo se hundieran por su propio peso. Esta era la apuesta del PT, que preveía volver al timón del gobierno como salvador indiscutible de un país en ruinas. Sin embargo, la política no es como la ley de la gravedad, que actúa independientemente de los sujetos políticos, y la elección fue mucho más ajustada de lo que muchos preveían, además de las reacciones de sus bases, que se mostraron movilizadas y activas.

Ya la primera vuelta fue una elección en la que los sectores alineados con el actual presidente, así como él mismo, obtuvieron importantes resultados. El apoyo que obtuvo de importantes alas del Centrão [Coalición parlamentaria brasilera que concentra los partidos de orientación conservadora, que se inclinan por el ala política gobernante de turno] y también de los militares fue decisivo para que el gobierno se recuperara de sus crisis y lograra buenos resultados electorales. Desde el Poder Legislativo hasta los gobiernos estaduales, muchos de los candidatos electos apoyaron a Bolsonaro. En sentido inverso, los partidos del llamado “centro-derecha” obtuvieron resultados catastróficos, incluido el PSDB, símbolo de su decadencia y fragmentación. Parte de su base electoral histórica migró hacia Bolsonaro, ya sea porque lo consideraba más consecuente contra el PT o porque era el único que podía impedir el regreso de Lula al poder.

Sin embargo, esto no lo explica todo. Hay factores estructurales que son importantes para conformar este complejo rompecabezas del actual régimen político brasileño y, en particular, una de sus caras más macabras: el ascenso, permanencia e institucionalización de una extrema derecha que no desaparecerá después de las elecciones. Sin pretender encajar todas las piezas de este rompecabezas, presentamos algunas que son relevantes para su interpretación. En particular, ¿cómo entender un país que eligió al PT por cuatro veces consecutivas, experimentó el ascenso de una extrema derecha, y luego coronó el regreso de Lula para su tercer mandato, incluso después de haber sido encarcelado y de que se le revocaran sus derechos políticos?

La cloaca bolsonarista no surgió por generación espontánea, ni fue un rayo en el cielo sereno de una “sociedad democrática”. Su génesis es anterior; se desarrolló y ganó fuerza durante los gobiernos del PT y, posteriormente, asumiendo un proyecto propio a partir del gobierno de Bolsonaro.

El ascenso de Bolsonaro

A principios de la década de 1990 y hasta 2016, el régimen político brasileño pasó por un período marcado por las sucesiones entre el PSDB y el PT al frente del país. Sin embargo, después hay una escisión: la llegada de Bolsonaro al poder. Para interpretarlo, es necesario buscar factores externos e internos. Volvamos entonces al preludio de su ascenso.

En su libro Lulismo em crise: Um quebra-cabeça do período Dilma (2011-2016), publicado en 2018, André Singer define que Dilma buscó promover un “ensayo desarrollista”. Aunque no es el objetivo de este artículo, cabe señalar cierta exageración en esta definición: por ser medidas tímidas y parciales, merecerían más bien otra categoría que dé cuenta de que se trata de una versión light, lo que se dio en llamar “neodesarrollismo”. Solo para situar los límites de la política económica a la que nos referimos, podemos ir a la definición dada por el economista Plínio de Arruda Sampaio Jr. Según él, la caracterización de “desarrollismo”, además de ser una denominación con fines políticos, es decir, un intento de diferenciar el gobierno de Lula del de Cardoso (este último solo fue un gobierno “neoliberal”), en la práctica, era una ideología que proponía el reto de

… conciliar los aspectos ‘positivos’ del neoliberalismo –el compromiso incondicional con la estabilidad monetaria, austeridad fiscal, búsqueda de competitividad internacional, ausencia de cualquier tipo de discriminación frente al capital internacional– con los aspectos “positivos” del viejo desarrollismo –apuesta por el crecimiento económico, industrialización, papel regulador del Estado, sensibilidad social–.

Retomando, entonces, el argumento de Singer, este señala que basado en la devaluación del tipo de cambio, la reducción de las tasas de interés, las exenciones, los incentivos fiscales y algunas inversiones estatales, Dilma Rousseff proponía una política económica para favorecer a los sectores industriales. Sin embargo, afirma que, paradójicamente, esta fracción de clase a la que pretendía favorecer se fue distanciando cada vez más, hasta ser uno de los sectores que lideró la movilización política para su destitución.

¿Qué ocurrió entonces? Dilma asumió la presidencia tras un crecimiento del 7,5 % del PBI, con una tasa de desempleo del 5,3 %. Cinco años después, fue destituida con un PBI que había caído un 3,8 % y con un desempleo que volvía a los dos dígitos. La sentencia económica también fue política y la ex presidenta sufrió un 70 % de rechazo.

La enorme crisis económica que comenzó en 2008 cambió profundamente el panorama político y social. La abrupta caída de la tasa de ganancia llevó a una radicalización de las facciones burguesas internacionales, que comenzaron a apoyar variantes de la extrema derecha en diversos países del mundo, aunque con importantes particularidades nacionales.

Volviendo a Brasil, antes de los efectos políticos, la crisis económica también fue un factor para el surgimiento de nuevos fenómenos sociales, los más importantes desde las movilizaciones masivas de las Jornadas de junio de 2013. El discurso del PT pretendió atribuir a estas movilizaciones un carácter inmanentemente de derecha, el “nido de la serpiente”, como afirman algunos de sus ideólogos. Sin embargo, esta teorización sirve a fines políticos y está lejos de la verdad de las cosas.

En primer lugar, lo que no explican estos ideólogos es por qué, en el periodo previo a 2013, se produjeron numerosas revueltas obreras, protagonizadas principalmente por trabajadores negros y por los sectores más precarios de la clase trabajadora. Limitémonos a dos de ellas para ilustrarlas. En 2011, en la mayor obra de infraestructura del país, situada en Jirau, en la ciudad de Porto Velho, en Rondônia, tuvo lugar la rebelión de 22.000 trabajadores que construían la central hidroeléctrica del complejo de Madeira. Al año siguiente, también debido a la construcción de una presa hidroeléctrica, 15.000 trabajadores repitieron las mismas escenas vistas un año antes, ahora en el estado de Pará. Revueltas que fueron llamadas “salvajes”, ya que se produjeron contra las burocracias sindicales que pretendían frenar el descontento de los trabajadores, que soportaban terribles condiciones de trabajo. Incluso la Fuerza de Seguridad Nacional fue enviada por el gobierno para contener los incendios en instalaciones, dormitorios y maquinaria provocados por los trabajadores, que no pudieron ser contenidos por las fuerzas de represión locales.

Lo que demuestran estos hechos es que la búsqueda de Dilma de una política “neodesarrollista”, que tenía entre sus pilares la construcción de obras de infraestructura, como en Jirau y Belo Monte, llevó a enfrentamientos violentos contra su propia base, incluso antes de 2013. La expansión de la subcontratación y la precariedad laboral también fueron un sello de su programa económico, que tuvo como efecto colateral el surgimiento de procesos de lucha de clases, que incluso se expresaron en los años siguientes, como la histórica huelga de los basureros de Río de Janeiro en 2014.

Este fue el caldo de cultivo social, “olvidado” por los teóricos del PT, que demuestra que las jornadas de junio de 2013 no cayeron del cielo. En ese año estallaron legítimas reivindicaciones sociales, en primer lugar de la juventud, que expresaban el choque entre las expectativas de mejora gradual de la vida, que el propio lulismo había alentado, y los límites de esas expectativas, es decir, los límites de una política de conciliación de clases, en un momento de crisis económica, con el PT gestionando el Estado y la política de preservación de los beneficios capitalistas. Después de esto, Dilma ganó su segunda elección prometiendo que no tendría políticas de ajuste “ni aunque la vaca tosa”, lo que le permitió contar incluso con los votos de la juventud de junio contra la política neoliberal del PSDB. Al final, la vaca tosió tanto que hasta el neoliberal Joaquim Levy fue nombrado al frente del Ministerio de Hacienda, el mismo que integraría, años después, el equipo de Paulo Guedes, al frente del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) durante el gobierno de Bolsonaro. Esto fue parte fundamental de lo que abrió el espacio para que la derecha capitalizara el descontento con el PT, apoyándose en la operación Lava-Jato y en la inmensa campaña mediática que lo rodeó.

Incluso después de todo esto vimos la mayor huelga nacional de los últimos 30 años ante las reformas antiobreras de Temer en 2017, lo que demuestra lo falso de la explicación del PT de que “el pueblo es de derechas”, culpando a los trabajadores. Ese año, de nuevo, fue el PT el que, al frente de las principales centrales sindicales, abortó la segunda huelga nacional y dejó pasar la reforma laboral en nombre de un acuerdo para la financiación de los sindicatos que ni siquiera llegó a concretarse. Incluso después de eso, en 2018, Lula era favorito y tuvo que ser detenido y proscripto. Aun así, el PT nunca apostó por la movilización de los trabajadores para revertir esta situación, sino en la esperanza en el cambio de actitud del Superior Tribunal Federal y que este restaurase los derechos políticos de Lula.

Todo esto tuvo que ocurrir antes de que Bolsonaro ganara las elecciones y el PT pudiera declamar triunfalmente su “ya te lo dije” en referencia a que las jornadas de movilización de 2013 habían sido el supuesto puntapié para el avance de la derecha. Así presumía de su profecía autocumplida sobre el carácter derechista de aquellas manifestaciones populares y, ahora, justifica las alianzas cada vez más a la derecha como supuesta “única forma de enfrentar la derechización del pueblo” expresada en las urnas, en el contexto de una conciencia de masas en la que la lucha de clases aparece como si no estuviera en el horizonte.

Además de Levy, varias otras figuras de la cloaca bolsonarista germinaron en el jardín de los gobiernos de Lula y Dilma. El general Heleno dirigió las tropas brasileñas en Haití durante los gobiernos del PT, en las que también participó Tarcísio de Freitas. Marcelo Crivella, poderoso obispo de la Iglesia Universal, fue ministro de Pesca de Dilma Rousseff. El pastor fundamentalista Marco Feliciano presidió la Comisión de Derechos Humanos con el apoyo del PT. Ciro Nogueira, poderoso ministro del gabinete de Bolsonaro, estuvo con Haddad en 2018 e incluso llamó fascista a su ahora candidato. Todo este arco de alianzas fueron piezas clave para la campaña de Bolsonaro; ganaron musculatura y poder político antes de la llegada de su mandatario al poder.

Varias de las que hoy son figuras fuertes de Bolsonaro emergieron bajo los mandatos del PT y, cuando vieron una ventana de oportunidad, se pasaron a la oposición y formaron parte de los que encabezaron el golpe. Pero Bolsonaro no fue el líder de este proceso. El plan inicial de quienes urdieron el golpe institucional era elegir a Alckmin como presidente en 2018 tras los buenos servicios prestados por Michel Temer, para inaugurar así una nueva era de representantes legítimos del neoliberalismo. Para ello se dedicaron a difundir el antipetismo y el lavajatismo, gobernando bajo la batuta del Superior Tribunal Federal (STF) que promovió las mayores arbitrariedades judiciales para que no hubiera un nuevo gobierno del PT. Si no fuera por la monstruosa actuación de la justicia brasileña, toda la historia sería diferente. Toda esta operación contó con el apoyo estrecho del imperialismo norteamericano, incluso durante el gobierno del Partido Demócrata, entrenando a Sergio Moro y sus fiscales en el Departamento de Estado, en un contexto que buscaba influir en varios países de América Latina para poner en marcha gobiernos que propugnaban una política económica de ataques y devastación de los derechos sociales.

Sin embargo, no contaban con la máxima clausewitziana según la cual los planes de guerra en el papel nunca son idénticos a lo que sucede en la propia guerra. Quien mejor encarnó esta radicalización burguesa fue el grotesco Bolsonaro y no el insípido Geraldo Alckmin. El hechicero ya no controlaba la magia que producía y, a pesar de los pesares, la burguesía brasileña actuó casi totalmente unificada para elegir al capitán Bolsonaro que, unos años antes, había elogiado al sanguinario y torturador Brilhante Ustra.

Por lo tanto, la paradoja no explicada por André Singer en realidad no es tal, sino que consiste en la elección de un proyecto económico mucho más violento que el que Dilma podría aplicar. El autor da una importancia excesiva a la política errática de Dilma, devaluando los cambios de clase producidos por la crisis capitalista internacional, el choque de sus planes económicos con su base social y, en particular, el agotamiento de la política de conciliación de clases producto de las nuevas condiciones económicas. Siguiendo este movimiento, la FIESP (Federación de Industrias del Estado de São Paulo) y los industriales brasileños preferirían la tercerización irrestricta, la reforma de la seguridad social, el techo de gastos fiscales, entre tantos otros ataques, que disminuyeron los beneficios que podrían generar los “ensayos rooseveltianos”, como los define Singer. Una vez más, la ilusión desarrollista en un país como Brasil se desmoronó como el polvo y la extrema derecha presentó sus credenciales para el servicio que la burguesía deseaba.

El agronegocio

Durante años, Bolsonaro se mantuvo como un diputado del bajo clero con poca relevancia política. Su base política estaba en Río de Janeiro, apoyada por sectores de la policía y de la milicia, representando un estrato lumpen-militar con acción localizada en algunas regiones. Al alzarse como representante del antipetismo en 2018, fue abrazado, al menos momentáneamente, por sectores del capital de mayor relevancia, y amplió su apoyo de clase. Aunque una parte de la burguesía –la fracción mayoritaria del gran capital financiero– se ha desplazado hacia la candidatura Lula-Alckmin, una parte permanece apoyándolo. Entre otros, se destaca gran parte de la agroindustria que sustentó la campaña de Bolsonaro. Basta ver que entre los 50 mayores donantes de la campaña de Bolsonaro, nada menos que 33 provienen del agronegocio.

Un estudio realizado por Esalq-USP con la Cepea muestra la fuerza que ha ido adquiriendo este sector. Considerando toda la cadena de producción, es decir, sumando los insumos, la producción primaria, la agroindustria y los agroservicios, la agroindustria brasileña emplea a 19 millones de personas, lo que incluye la producción de alimentos y la agricultura familiar, que por sí sola emplea a 11,5 millones de este contingente. Considerando este sector, la agroindustria absorbe casi 1 de cada 3 trabajadores brasileños. Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (PNAD), el 32,3 % (30,5 millones) del total de 94,4 millones de trabajadores brasileños eran trabajadores de la agroindustria en 2015. De estos 30,5 millones, 13 millones (42,7 %) realizan actividades en la agricultura, 6,43 millones (21,1 %) en el agrocomercio, 6,4 millones (21 %) en los agroservicios y 4,64 (15,2 %) en la agroindustria. Una enorme capilaridad de un sector que se extiende por diferentes ramas de la agroindustria.

En los últimos años, este sector ha adquirido un peso cada vez mayor en la producción nacional. En 2021, la suma de bienes y servicios generados por la agroindustria alcanzará el 27,4 % del PIB brasileño [1]. El auge del agronegocio se produjo durante los mandatos del gobierno del PT. Aprovechando el superciclo internacional de las materias primas, Lula y Dilma realizaron enormes inversiones que apalancaron este sector. Según el propio Instituto Lula, la financiación estatal aumentó más de un 335 % entre 2002 y 2016, lo que generó un aumento del 98 % en la producción de granos y un crecimiento del 34 % en el PIB de la agroindustria. Fueron años en los que el agronegocio creció, logrando un importante protagonismo, incluso dentro del régimen político brasileño.

Además de su importancia económica, este sector cuenta con las mayores bancadas en la Cámara de Diputados y en el Senado. Sus confederaciones son poderosas, articuladas y con una fuerte acción política. Además, controlan periódicos, emisoras de radio y otros medios de comunicación en innumerables municipios de todo el país. Es decir, su influencia económica es también política y cultural, en varios municipios brasileños.

Aun con todas las ventajas que se le otorgaron bajo los gobiernos del PT, este sector vio a Bolsonaro como el portador de un proyecto de sociedad más cercano al suyo. De ahí todo el énfasis en el armamento, la defensa de la propiedad privada, el ataque al MST (Movimiento sin Tierra), a los pueblos indígenas y a los quilombolas, la desregulación ambiental y la explotación de las reservas ambientales. Un programa ultrarreaccionario que suena como música para los oídos de gran parte del agronegocio, que seduce a empresarios mineros, madereros y a todos los extractivistas, legales e ilegales, que también se benefician económicamente de estas medidas. Sin embargo, al igual que hizo durante sus mandatos, Lula no dejará de ofrecer enormes recursos al agronegocio, buscando restablecer relaciones con varios de los que ahora estaban con Bolsonaro, y para ello ya ha contado con algunos de sus representantes durante las elecciones, como Simone Tebet y Kátia Abreu.

Los militares

Tras la transición democrática de los 80, la acción política de los militares y su proyecto de sociedad permanecieron en estado de latencia durante la mayor parte del llamado periodo democrático. En ese lapso, los militares no dejaron de ser un factor político, pero actuaron entre los bastidores del régimen. El enorme cuestionamiento de la dictadura, iniciado por el mayor levantamiento obrero de la historia del país, no les permitió tener un papel destacado en la política brasileña.

Es importante destacar que la preservación del aparato militar en la transición de la dictadura fue posible gracias al desvío y traición de las direcciones del movimiento obrero durante el gran auge de las huelgas y movilizaciones que se produjeron de 1978 a 1981. Con Lula a la cabeza de los sindicatos metalúrgicos, junto con varios otros sectores que fundaron el PT en 1981, el levantamiento obrero fue derrotado por una dirección que se opuso a la consigna “abajo la dictadura” y buscó contener toda la radicalización que entonces se expresaba. La redemocratización, que preservó a los torturadores y a los generales, aunque produjo el efecto de retirar a los militares de la arena pública de las disputas políticas, lo hizo preservando su fuerza en el régimen político.

En innumerables declaraciones, a Lula le gusta recordar que fue él quien aumentó los recursos para las fuerzas armadas durante sus mandatos. Además, los militares empezaron a alcanzar un mayor papel político, a nivel nacional e internacional, tras la ocupación militar de Haití, cuando Brasil dirigía las fuerzas de intervención de la ONU. Para reprimir a las masas explotadas y trabajadoras de Haití, el ejército brasileño utilizó la experiencia militar, que más tarde se aplicaría en las favelas brasileñas, como ocurrió entonces en los preparativos del Mundial de Fútbol y las Olimpíadas que tuvieron lugar en el país [2]. Sirviendo bien al imperialismo, varios generales y comandantes de estas fuerzas fueron destacados partidarios de Bolsonaro, como ya hemos señalado.

La convivencia entre los militares y los gobiernos del PT comienza a cambiar después de la segunda elección de Dilma, un contexto en el que hay un cambio de clase y una política del imperialismo para alimentar el golpe institucional, como ya hemos descripto. La mayor discreción, por así decirlo, que marcó el momento anterior, comenzó a ser suplantada por entrevistas y declaraciones públicas de importantes generales. Las declaraciones y acciones políticas de generales como Villas Boas, Etchegoyen y Mourão, se hicieron más frecuentes y fueron naturalizadas por gran parte de los medios de comunicación. En el gobierno de Temer, los militares volvieron al protagonismo político, ocupando dos cargos que antes eran de civiles: el Ministerio de Defensa y el Gabinete de Seguridad Institucional. Las manifestaciones políticas coordinadas por el Alto Mando comenzaron a influir y constreñir directamente a otros poderes.

Como hemos señalado, los generales e incluso el Alto Mando fueron fundamentales para el ascenso de Bolsonaro y sostuvieron su gobierno en varios momentos críticos. Sin embargo, vale la pena considerar que no hay una unidad completa entre el Alto Mando y Bolsonaro. Hay muchas razones para ello, entre las que podemos destacar el papel de influencia histórica que el imperialismo estadounidense ejerce sobre los cuarteles brasileños. En última instancia, en los momentos más críticos, la última palabra siempre ha sido la de Washington. En todo el gobierno hubo varias señales de advertencia desde la Casa Blanca contra la línea política de Bolsonaro. Representantes de la CIA y del ejército estuvieron en el país, la Casa Blanca y el Senado publicaron notas de advertencia contra las declaraciones golpistas que sembraron la desconfianza en el proceso electoral brasileño. Obviamente, esto no respondía a valores democráticos, sino a un imperialismo que promovió y sostuvo dictaduras militares en América Latina. Más bien, esta posición se explica por no querer mayores inestabilidades en el país más grande de América Latina y por la política del Partido Demócrata, que buscaba minar las fuerzas de un aliado de Trump en el Cono Sur.

En los últimos años, los militares han participado activamente en las políticas públicas, en una medida sin precedentes desde la Asamblea Constituyente de 1988. Algunos generales se convirtieron en articuladores y garantes, incluso dentro de las academias y cuarteles militares, de la candidatura de Bolsonaro, quien devolvió los favores tras ser elegido, creando y manteniendo el gobierno con más militares desde la dictadura. Los datos publicados por el Tribunal Federal de Cuentas (TCU) muestran que, en el primer año de gobierno de Bolsonaro, 3.500 militares ocuparon cargos en el gobierno. En 2020, la cifra se duplicó con creces, alcanzando los 6.175 mil. Y las ventajas y privilegios no acaban ahí. Mientras cientos de brasileños se agolpaban en filas para revolver huesos y basura, el Ministerio de Defensa duplicaba las comidas hechas con filete mignon y picaña para las Fuerzas Armadas, según datos del mismo TCU. La grotesca usurpación de recursos públicos tuvo episodios aún más extravagantes, como la compra de Viagra y prótesis de pene, y los súper salarios a los generales. Además de estos, los enormes recursos recibidos por el Ministerio de Defensa y la preservación de los militares de la reforma de las pensiones son otros ejemplos de los innumerables beneficios que han recibido del gobierno de Bolsonaro.

Y los militares no tienen intención de retirarse de estas posiciones conquistadas. El documento Proyecto de Nación presentado por los militares a través del Instituto Villas Bôas, fue sintomático. Con casi 100 páginas, el plan expresa el proyecto de los generales para el país, trazando objetivos hasta 2035 y lleno de propuestas privatistas como el cobro de matrículas en las universidades públicas. Es la arquitectura social que se quiere configurar, con una fuerza bonapartista que pretende postularse como “poder moderador”, resucitando esta prerrogativa del Brasil imperial.

Este proyecto se basa en una plantilla militar y policial de grandes proporciones. Según el 15.° Anuario Brasileño de Seguridad Pública, en marzo de 2021, el país contaba con 555.000 policías militares, policías civiles y bomberos militares. Según datos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas contaban en 2021 con 356.000 militares en activo, de los cuales 215.000 pertenecían al Ejército de Tierra, 76.000 a la Armada y 65.000 al Ejército del Aire. Si se añaden los reservistas y los jubilados, la “familia militar” supera sin duda el millón de individuos repartidos por todo el territorio nacional. La inmensa mayoría son partidarios de Bolsonaro, con inclinaciones ideológicas que se sitúan en la extrema derecha de su base social. En los recientes cierres de carreteras, se puede ver la sintonía de varios sectores de la policía con su base de extrema derecha, con grotescas escenas de colaboración entre ellos.

En el régimen político brasileño, los militares actúan, por tanto, como una fuerza reaccionaria bonapartista, que ha prestado apoyo al gobierno de Bolsonaro y que seguirá actuando durante el gobierno de Lula. La enorme crisis de hegemonía, la ausencia de partidos orgánicos fuertes opuestos al PT, y en particular el Lava-Jato, que ha tenido una gran capacidad destructiva en el sistema partidario brasileño, ha producido el surgimiento, y la necesidad, de un “partido militar” en el que sectores de las clases dominantes pudieran apoyarse para organizarse y promover sus intereses.

Las iglesias evangélicas

Otro factor destacado en las elecciones fue la acción del sector evangélico, en particular el llamado neopentecostalismo. Una vez más demuestran fuerza política, dejando fuertes marcas en el proceso electoral, particularmente en el apoyo de sectores mayoritarios a Bolsonaro. Lula volvió a buscar apoyo en este sector, declarándose en contra del derecho al aborto y lanzando una carta al pueblo evangélico, que hoy es alrededor del 27 % del electorado.

Esto no es nada nuevo en la política del PT. En la segunda elección de Dilma también vimos una carta dirigida a los mismos sectores, en la que se comprometía a no legalizar el aborto. Además, fue en los gobiernos del PT que las iglesias avanzaron en su entrelazamiento con el Estado, como el acuerdo Brasil-Vaticano, así como las exenciones fiscales para que varias otras iglesias pudieran aumentar sus enormes beneficios.

Sin querer entrar en todos los detalles de un tema complejo, señalaremos algunos factores que son importantes para entender la posterior identificación entre la mayoría de los sectores evangélicos con el bolsonarismo. Las agendas morales y las costumbres son un ingrediente fundamental para esta química. La oposición al derecho al aborto, a los derechos de la población LGBTQIAP+, a los debates sobre género y sexualidad en las escuelas, son algunos de los temas catalogados como de primer orden por este público. Sin embargo, hay otro componente más intrincado para explicar la conexión entre Bolsonaro y este sector.

Podemos señalar, en este sentido, que una de las raíces que dio robustez al odio contra las mujeres, los negros, los indígenas y las personas LGBTQIAP+, fue el fuerte movimiento, especialmente el de mujeres, que estalló a nivel internacional en la última década. Las demandas de igualdad, aunque sean parte de un movimiento policlasista, tomaron las calles e incluso impusieron agendas, y de alguna manera obligaron a las empresas a adaptar su discurso a lo “políticamente correcto”, que aparecía como una enorme amenaza precisamente para todos estos valores familiares tradicionales brasileños. Así, podemos decir que el bolsonarismo fue también una reacción a este movimiento feminista y de todos los sectores oprimidos en defensa de una política conservadora de perpetuación del machismo, el racismo y la LGTBfobia. Dentro de este movimiento se mezclan todas las agendas, como si fueran imposiciones de las mal llamadas “minorías” al conjunto de la sociedad. Pretenden invertir la lógica de la opresión y así levantar la bandera de la defensa de la familia, cuando en realidad lo que hay detrás es precisamente mantener a los sectores oprimidos en su lugar de opresión en esta sociedad capitalista.

En un interesante artículo del antropólogo Ronaldo de Almeida, titulado “Evangélicos a la derecha”, se presenta una articulación entre el discurso evangélico y el neoliberal que es importante para entender esta relación. Destacando los límites de la fuerza electoral de este programa, el autor relaciona la dimensión de las costumbres con la economía, especialmente para el neopentecostalismo. El artículo presenta una reflexión desarrollada por Wendy Brown afirmando que la premisa para esta relación “no es solo la protección de la familia tradicional frente al avance de la moral liberal, sino que sus valores deben referirse al orden público y ser la institución social de apoyo a las políticas económicas que disminuyen la protección social que relaciona la agenda neoliberal con el tema de la corrupción”.

Estos fueron dos temas clave de la campaña de Bolsonaro, y su articulación con una retórica religiosa fue sorprendente. Es difícil imaginar que las marchas reaccionarias del 7 de septiembre pasado hubieran podido tener el peso que tuvieron sin el apoyo orgánico de las iglesias evangélicas. A su manera, y a falta de tener un partido propio en su sentido tradicional, Bolsonaro también se apoyó en las estructuras y el arraigo de las iglesias para cumplir este papel.

Una vez pasadas las elecciones, varios de estos sectores comenzaron a reubicarse, para restablecer su relación con Lula. El caso más emblemático fue el del multimillonario pastor Edir Macedo, jefe de la Iglesia Universal, del canal de televisión Record. En un video dirigido a sus fieles, les pide que perdonen a Lula y les dice que la elección expresó la voluntad de Dios.

La polarización asimétrica y las perspectivas del nuevo gobierno Lula-Alckmin

La victoria de la candidatura Lula-Alckmin agradó a diferentes sectores internacionales y al capital financiero. No es por nada que el neoliberal Alckmin es el protagonista de las negociaciones de la transición, y se especula con numerosos nombres que agradan a este sector entre los nuevos ocupantes de ministerios y secretarías. No por casualidad el mercado financiero reaccionó positivamente a la elección de Lula, con una fuerte apreciación del real y una subida de la bolsa. Desde Biden hasta Xi Jinping, varios gobiernos no solo declararon su felicitación por la elección de Lula, sino que reafirmaron su deseo de cooperar y establecer nuevos negocios con Brasil. Es posible que importantes fracciones burguesas, incluidas las internacionales, ofrezcan un mayor margen fiscal al nuevo gobierno, para evitar una rápida erosión y nuevas crisis políticas.

Las negociaciones para la transición entre gobiernos suponen los primeros cambios importantes entre los bloques políticos formados antes de las elecciones. Los representantes de las grandes iglesias evangélicas han dado las primeras señales de un nuevo acercamiento, entre otros sectores políticos del bloque bolsonarista. Entre varios otros, Luciano Bivar, actual presidente de União Brasil, resultado de una fusión de partidos que incluía al antiguo PSL, el partido por el cual Bolsonaro fue elegido en 2018, declaró que no se opondrá a Lula, y que “lo más importante es el fortalecimiento de la democracia”.

En su discurso como ganador en la Avenida Paulista, Lula subrayó que este no será un gobierno del PT, sino de todos los que le apoyaron. Este fue un mensaje claro, bien recibido por los medios de comunicación, sobre el lugar que tendrán en su gobierno nombres y partidos de la derecha y neoliberales.

Son señales que podrían indicar una mayor unidad burguesa en el inicio del gobierno de Lula, apuntando a una mayor estabilización del régimen político brasileño. Al mismo tiempo, pueden abrirse disputas mayores entre el antiguo bloque bolsonarista, en busca de quién será el jefe de la oposición en los próximos años. Bolsonaro también tendrá que lidiar con un ala que lo apoyó y está presente en el régimen político, es decir, una fuerza de extrema derecha más institucionalizada, y su base más radicalizada, que tuvo entre sus expresiones más grotescas los saludos nazis en el estado de Santa Catarina. Son sectores con propósitos diferentes, aunque con muchos otros en común, pero que pueden no actuar con los mismos métodos, y pueden generar mayores contradicciones para que el bloque bolsonarista se mantenga cohesionado.

El poder judicial seguirá actuando como una fuerza bonapartista, que en su momento fue decisiva para la llegada de Bolsonaro al gobierno, actuando ahora para contener estas expresiones más radicalizadas del bolsonarismo, pero cuyas fuerzas también han actuado contra los trabajadores y sectores populares que quieren luchar por sus intereses. De la misma manera, el bonapartismo militar no querrá retroceder en las posiciones conquistadas, tanto económicas como políticas, y aunque sin esquemas claros, no tendrá una relación sin fricciones con el futuro gobierno de Lula.

Dentro de este régimen, atravesado por el bonapartismo y la existencia de una base social de extrema derecha, el papel que juegan los dos polos en la reciente disputa electoral da lugar a correlaciones de fuerzas que aún están por establecerse, pero que ya muestran sus primeros signos.

Mientras que en 2018, después de que Lula fuera detenido e impedido de presentarse a las elecciones, el entonces candidato del PT, Fernando Haddad, felicitó a Bolsonaro por las elecciones, ahora el actual presidente ha esperado dos días para pronunciarse, dando señales de cuestionamiento a las elecciones junto con señales de que habrá una transición entre gobiernos. Al mismo tiempo, sus bases más reaccionarias promovieron acciones callejeras demostrando que siguen siendo fuertes y activas. En contraste con esto, en su momento el PT no solo aceptó el impeachment de Dilma, el encarcelamiento de Lula, sino que se mantuvo como “oposición de buenos modales” durante todo el gobierno de Bolsonaro, controlando e impidiendo, a través de sus sindicatos, cualquier posibilidad de desarrollo de procesos de lucha. Ahora, de nuevo, ante los cierres de carreteras promovidos por Bolsonaro, la CUT lanzó una nota en la que pide a los trabajadores que confíen en una respuesta institucional y republicana, y Gleisi Hoffmann, presidenta del PT, dijo estar en desacuerdo con que los movimientos sociales se organicen para enfrentar los bloqueos, porque eso es un asunto del Estado.

Se trata de una expresión de la polarización asimétrica que atraviesa el régimen político brasileño, con efectos perjudiciales para la clase trabajadora. Mientras el bolsonarismo actúa para empujar la correlación de fuerzas más a la derecha, el PT actúa para impedir y bloquear las acciones de lucha y organización contra la extrema derecha. Como decía Clausewitz, las fuerzas morales son factores que pueden ser definitorios en un conflicto. En el contexto brasileño, el polo de extrema derecha actúa para mantenerla en alto, incluso ante la derrota electoral, mientras que el PT actúa para contener y desmoralizar cualquier intento de movilización de los trabajadores.

En esta situación, la mayoría de los sectores de la izquierda siguen su completa disolución en el lulismo, y se preparan para entrar y apoyar al nuevo gobierno que estará lleno de neoliberales de todos los colores. Valério Arcary, en un artículo titulado “Una gigantesca victoria política”, además de llamar a la izquierda a apoyarse en el bonapartismo del Poder Judicial para combatir a la extrema derecha, sin la menor mención a que debe ser la clase obrera la que impulse esta lucha, sostiene que “el desafío político estratégico será la ruptura con el neoliberalismo y la búsqueda de la gobernabilidad en la movilización obrera y popular”.

Así, declara no solo que su política será garantizar la gobernabilidad a Lula-Alckmin, y para ello quiere que la clase obrera y los sectores populares sean garantes de este gobierno. Sino que también afirma sin tapujos que sus objetivos estratégicos se resumen en romper con el neoliberalismo, un programa defendido por varios sectores del propio PT. Tal vez un “sueño rooseveltiano”, como defendía Singer, sea el nuevo horizonte estratégico planteado por Arcary, sellando una ruptura total con el marxismo que no empieza hoy.

Por el contrario, el desafío planteado es construir una alternativa de independencia de clase, que se proponga enfrentar a la extrema derecha, pero también a la herencia de las reformas y privatizaciones que mantendrá, en lo esencial, el nuevo gobierno Lula-Alckmin. Como ha demostrado toda la historia reciente del país, la conciliación de clases ha servido para abrir espacios a ataques cada vez más duros, fortalecer a diversos sectores reaccionarios y desmoralizar la lucha de la clase obrera. Sin una independencia total de este gobierno y su burocracia sindical, buscando construir una fuerza que pueda imponer medidas de movilización que pongan en movimiento la fuerza de la clase trabajadora, junto con los movimientos populares y sociales, la dinámica que llevó a Bolsonaro al poder podría retornar ante los nuevos desarrollos de la crisis económica internacional.