Crisis habitacional. Derecho a la vivienda: los perjudicados por el ajuste de Jorge Macri

Estuvimos recorriendo la Villa 20 en el barrio de Lugano en la zona sur de CABA, donde la precarización de la vida es moneda corriente, para conocer la situación de familias que reclaman hace años una solución para sus problemas de vivienda. Nos recibió Leila, promotora de salud de la Villa 20. Nos acercamos hasta la vivienda de Mariana y su familia, quienes desde hace más de 40 años viven en el terreno sobre el cual su padre edificó el sueño de un techo para sus hijos. Hace dos años, una demolición llevada a cabo por el gobierno de Larreta en un terreno lindero, produjo la rotura de un caño de agua. Desde ese momento la casa de su hermana Elisa comenzó a inundarse frecuentemente.

En vano fueron las denuncias y pedidos para que solucionen el problema. En agosto pasado, la inundación se volvió permanente. Ya no bastó la bomba que tuvieron que comprar por su cuenta. La solución que ofrecieron desde el gobierno de la Ciudad fue trasladar a Elisa y su hija por diferentes hoteles y hogares durante un tiempo. Jamás tuvieron en cuenta que la niña tiene diagnosticado autismo, motivo por el cual sufre especialmente cualquier cambio brusco en su rutina y su lugar de residencia. En este marco la pequeña comenzó a sufrir crisis cada vez más recurrentes. Y no es el único caso que se da en el barrio de falta de soluciones habitacionales, por los mismos problemas que derivan de la implementación del proyecto de urbanización, para los que tampoco tienen respuestas ni soluciones.

Elisa tuvo que terminar mudándose a San Francisco Solano, conurbano profundo, para poder costear un alquiler en búsqueda de algo de estabilidad para su hija. Desde entonces dedica 5 horas diarias viajando para presentarse a trabajar en su empleo en la CABA. Sumado a eso, garantizar el tratamiento que la niña realiza en capital. La última promesa que recibió Elisa por parte de las autoridades fue el acceso a un departamento en el barrio Papa Francisco de Lugano. Su casa permanece al día de hoy con agua hasta la altura de las rodillas, riesgo sanitario incluido, pudriéndose las paredes.

Pero esa es una parte de la historia. Hace dos meses también comenzó a subir el agua en casa de su hermano, Eduardo, lindera con la suya. Luego de mil vueltas (incluida la delirante propuesta de tirar la casa abajo para que construya una nueva por su cuenta), la solución que le propuso el gobierno fue ofrecerle un préstamo de apenas $300 mil para realizar obras. ¿Qué se puede construir con 300 mil pesos y una inflación galopante? El nudo del problema es la pérdida de agua del caño que rompieron dos años atrás. Cualquier obra que no incluya esa reparación, es en vano.

Ante la lógica negativa de Eduardo a recibir una limosna como ayuda, comenzaron las idas y vueltas, intentos de enfrentarlos con los vecinos de los terrenos linderos y hasta extorsiones por parte del gobierno porteño. Fue por eso que la familia no tuvo más remedio que impedir que se continúen las obras de demolición de las casas vecinas. A partir de aquí, las amenazas de detención fueron la única respuesta que tuvieron. ¿Y el departamento que le ofrecieron a Elisa? Se lo terminaron negando aduciendo como motivo la negativa de su hermano Eduardo a aceptar las “soluciones” ofrecidas.

Es histórica la crisis habitacional que recorre la CABA gobernada por Pro-Cambiemos desde hace casi dos décadas, en la que ni los trabajadores registrados pueden acceder fácilmente a alquilar una vivienda, o destinan más de la mitad de su sueldo en un alquiler.

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En el marco del brutal ajuste llevado adelante por el gobierno de Milei con el DNU y la derogación de la ley de alquileres, proliferan los Airbnb. Para los barrios populares, Jorge Macri decidió avanzar con recortes en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) con sesenta trabajadores despedidos que urbanizan los barrios de la ciudad. Esto incluye la Villa 20, donde mayor cantidad de despedidos hubo del área técnica, y que son quienes podrían, junto con los recursos necesarios, dar soluciones a estos casos e implementar las políticas públicas.

No fue el único caso, siendo que hubo más de 7 mil despidos en la ciudad. La motosierra también pasó en el resto de los barrios que tienen proyectos de urbanización; como Playón de Chacarita, Rodrigo Bueno, y en la Villa 31. Además afectó a otras áreas sensibles de la ciudad y de nación que permitirían abordar las problemáticas sociales complejas de manera integral, desde la salud mental, adicciones y en la línea 144, los CIM de mujer, que atienden casos de violencia de género de los barrios donde también hubo recortes. Es un desguace de la política habitacional, de salud y de género.

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En el marco de la guerra contra las y los trabajadores llevada adelante por el gobierno de Milei, Macri en medio de una interna con Larreta, no quiere ser menos y pretende avanzar con su propio plan contra los trabajadores estatales porteños, que son quienes deben poner la cara en los barrios frente a los vecinos que reclaman soluciones para sus problemas de vivienda y sólo reciben indiferencia y desprecio por parte de los gobiernos. Esta política de motosierra redundará en una peor atención para dar respuesta a las problemáticas que padecen familias trabajadoras de barrios humildes como Mariana, Elisa y Eduardo.

Por eso se vuelve urgente construir la mayor unidad desde abajo, organizándonos en los lugares de trabajo, en las asambleas barriales y lugares de estudio. El paro y movilización del 24 de enero es el primer paso para mostrar la fuerza de esa unidad en las calles. Ocupados, desocupados, estatales y privados, estudiantes, vecinas y vecinos. No hay otra forma de pararles la mano e imponer proyectos de urbanización que contemplen y tengan como protagonistas a los vecinos y sus trabajadores, los verdaderos interesados en que se urbanicen los barrios para vivir y trabajar dignamente.