En los últimos días se aprobó en ambas cámaras del Congreso el “Proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública emitida bajo Ley Extranjera”, presentado por el gobierno de Alberto Fernández. La polémica entre quienes consideran que hay que pagar la deuda y quienes consideramos que debe ser desconocida, auditada e investigada, nuevamente pasó al centro de la escena.
Sábado 8 de febrero de 2020 17:38
Tanto el oficialismo, como la oposición macrista y los medios de comunicación tradicionales, intentan imponer a las mayorías la peligrosa idea de que “las deudas se pagan”, sin importar quién ni cómo se contrajo o a dónde fue a parar, si por eso la deuda se convierte en ilegítima, odiosa y fraudulenta, lo único que importa es cumplir con el pago, y si es necesario, que sea “con la sangre, el sudor y las lágrimas de los argentinos”, como sentenció el presidente conservador Nicolás Avellaneda y reivindicó recientemente el diario La Nación.
Esta posición quedó claramente reflejada tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, cuando el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el resto de los partidos tradicionales, votaron sin ninguna grieta de por medio a favor del pago de la deuda. Los únicos que votaron en contra del escandaloso proyecto fueron los diputados del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño (PTS) y Romina Del Plá (PO), ya que desde nuestro espacio político nos oponemos a cualquier proyecto que tenga por objetivo hacer que los trabajadores paguen la timba financiera de los amigos de Macri.
No obstante, luego de estas sesiones, desde el gobierno se buscó instalar la idea de que la postergación de los pagos al FMI hasta el año 2024 era una condición necesaria para normalizar la economía argentina. Los mismos que el año pasado se pasearon por los canales de televisión, parloteando que era posible pagar la deuda externa sin ajustar tomando medidas económicas similares a las que tomó Portugal en el 2015, pero sin mencionar que la fórmula portuguesa se basaba en una profunda precarización de la vida de la juventud, hoy cambian el discurso, cuando empieza a quedar evidenciado lo que desde Frente de Izquierda venimos señalando: Que no se puede pagar esa deuda si no es a costa de profundizar el empeoramiento de nuestras condiciones de vida.
Como denunció Del Caño de cara al tratamiento del “Proyecto de Sostenibilidad”, el peronismo -con Alberto Fernández a la cabeza- junto a los partidos tradicionales avanzaron en su aprobación sin siquiera convocar a la Comisión de Seguimiento de la Deuda. Se trata de un salvataje no sólo a los bonistas, sino también un salvataje político a Macri y Cambiemos que fueron quienes llevaron adelante este proceso de endeudamiento en un ritmo mayor al de la dictadura genocida.
Desde nuestro espacio político nos oponemos al pago de la misma, porque esta deuda es ilegítima, fraudulenta, pero por sobre todas las cosas odiosa. Ahora bien ¿a qué nos referimos cuando decimos que una deuda es odiosa?
El concepto de deuda odiosa fue elaborado por el jurista ruso Alexander Sack en el año 1927, después de haber analizado más de un siglo y medio de litigios de deudas soberanas, en los que se destacan los casos de Cuba de 1898, Rusia en 1918 y Costa Rica en 1919. A partir de todas esas jurisprudencias elaboró una doctrina que sostiene que cuando el pueblo no se beneficia con los fondos de una deuda y quienes se benefician son los dirigentes que están en el gobierno o un sector privado cercano al poder, la deuda debe ser catalogada como odiosa.
Por otro lado, Sack sostenía que cuando existiese complicidad por parte de los acreedores, es decir, cuando se presta dinero a gobiernos ilegítimos para que estos consoliden su régimen o se presta dinero a sabiendas de que, para devolver dicho empréstito, los gobiernos deberán someter a la población a condiciones de vida paupérrima, la deuda también debe ser considerada como odiosa para el pueblo. Las deudas odiosas no se pagan, se desconocen porque no se puede ni debe someter a la población, al pago de una deuda que no trajo ningún tipo de beneficio para el pueblo.
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Dicha doctrina sirve para evitar una estafa muy común que se da en la economía capitalista, en la cual los gobiernos de turno piden dinero prestado para favorecer a los grupos más concentrados del poder económico y luego pretenden que la clase trabajadora pague dicha deuda. Desde esta perspectiva, la deuda que contrajo Macri con el FMI y la deuda que contrajo con los acreedores privados de los bonos cumple con todos los requisitos para ser catalogada como odiosa.
La deuda actual
En primer lugar, gran parte de la deuda actual fue contraída durante el gobierno ilegítimo de la última dictadura militar. El Banco Mundial en aquel momento registró que el 40% de dicha deuda fue utilizada para financiar la fuga de capitales, otro 30% fue usado para pagar los intereses de una deuda anterior, mientras que el último 30% fue utilizado para comprar armamento e importaciones no declaradas. Por otro lado, sobre el final de la dictadura, Domingo Cavallo estatizó ilícitamente las deudas de empresas privadas como Ford, Techint, Renault, Pérez Companc y el grupo SOCMA de la familia Macri.
Volviendo a la actualidad el mismo Alberto Fernández en el 2019, señalo el carácter fraudulento del acuerdo con el FMI cuando denunció que el organismo internacional estaba violando su propio estatuto, que en el artículo 4 de su acta constitutiva sostiene que “ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”.
En mayo del año pasado nuestro país recibió por parte del fondo, una suma de 39.000 millones de dólares, de los cuales más de 30.000 millones se fueron en la fuga de capitales. Cabe mencionar que para el final del mandato de Mauricio Macri, la fuga de capitales aumentó a 88.000 millones de dólares.
Por último se encuentra la escandalosa deuda con los acreedores privados de los bonos. El exministro de finanzas y ex presidente del Banco Central Luis Caputo emitió bonos de deuda a 100 años, por el valor de 2.570 millones de dólares, con una tasa de interés del 7,9% anual. Lo más llamativo de la operación es que una de las empresas offshore que administraba el mismo Caputo adquirió bonos de deuda al valor de 5 millones de dólares. Es decir que Caputo hizo contraer una deuda al Estado Argentino de la cual el mismo se benefició.
A finales del año pasado el INDEC calculó que la cifra actual de la deuda externa es de 283.567 millones de dólares. Es decir, nos encontramos ante una deuda odiosa, que fue originada por un gobierno ilegítimo y que parte de ella está compuesta de deudas privadas y otra parte fue utilizada para fugar capitales con la complicidad de los mismos acreedores.
¿Utopía irrealizable?
Lejos de ser una utopía irrealizable, la doctrina de la deuda odiosa ha sido utilizado en varias ocasiones a lo largo de los últimos 100 años. Uno de los casos más emblemáticos es el de Ecuador en el año 2007, cuando el Gobierno de Rafael Correa creó la comisión para la auditoría integral del crédito público. Esta institución se encargó de revisar e identificar todas las deudas ilegítimas, tanto para los acreedores bilaterales como para los acreedores multilaterales. Y en base al resultado de dichas auditorías, Ecuador renegociaría el pago de su deuda externa. Cabe mencionar que no se pagarían deudas que no hayan beneficiado al pueblo, o que hayan sido contraídas de forma fraudulenta. Es decir, Ecuador no se responsabilizará del pago de las deudas odiosas e ilegítimas.
Un ejemplo de ello fue la decisión del gobierno de anular una deuda con Noruega, por un préstamo de 30 millones de dólares que había sido contraído por una empresa privada ecuatoriana, pero que en 1985 se estatizó ilícitamente. Luego de varias negociaciones, Noruega le condonó el pago de la deuda a Ecuador, es decir reconoció la legalidad del no pago.
Sin embargo, en el caso argentino el gobierno de Alberto Fernández, lejos de auditar e investigar las irregularidades de nuestra deuda, pretende que los trabajadores hagamos un esfuerzo y la paguemos, mientras que los bancos privados y los especuladores financieros que se beneficiaron con su fuga mantendrán sus ganancias intactas.
Éric Toussaint, un historiador belga, doctor en ciencias políticas y fundador del comité para la abolición de deudas ilegítimas, en una entrevista en La Izquierda Diario sostuvo que es fundamental que la deuda argentina sea auditada e investigada. El mismo formó parte de la comisión que investigó el endeudamiento ilegítimo de Ecuador y comentó que la política llevado a cabo por el gobierno de Correa en aquel momento fue un éxito. A partir de ello hubo recomposición económica aumentando el gasto social para la salud y la educación, sin embargo, luego de dicha recomposición, hubo viraje moderado por parte del gobierno, que se expresa ahora en la crisis social que se encuentra dicho país.
Toussaint sostiene que el desconocimiento de la deuda, es una condición necesaria, pero insuficiente si realmente se quiere cambiar las cosas. Es decir, se deben tomar medidas estructurales que organicen a la economía en función de las necesidades de los trabajadores y no en función de las ganancias de los grupos más concentrados del poder económico.
Sin ir en contra de los sectores que endeudan ilícitamente a los trabajadores para financiar la fuga de capitales, se corre el riesgo de terminar nuevamente endeudado y bajo la misma problemática, como sucede actualmente en Ecuador bajo el gobierno de Lenin Moreno.
Por este motivo el repudio a la deuda debe ir acompañada de medidas anticapitalistas, es decir, medidas estructurales radicales como la socialización del sistema financiero, la expropiación a la banca privada y la transformación del sector bancario en un servicio público.
La nacionalización de la banca bajo gestión de los trabajadores no sólo quitaría una herramienta que el gran capital utiliza para la fuga, también permitiría evitar la confiscación a los pequeños ahorristas y permitiría ofrecer crédito barato para la vivienda popular o para el pequeño comerciante ahogado por la crisis. El monopolio del comercio exterior, por su parte, es necesario para cortar de raíz la fuga de capitales y el fraude fiscal. Actualmente es dominado por menos de cien empresas que detentan una “posición estratégica” de peso que utilizan para condicionar la economía, generar golpes de mercado o escasez de divisas. Su monopolio permitiría administrar las divisas provenientes de las exportaciones en función de las necesidades del pueblo trabajador y no en función de las ganancias de unos pocos.
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Esta semana empezó a demostrarse a quienes nos toca hacer el esfuerzo para financiar el pago. En la Provincia de Buenos Aires, Kicillof anunció el pago a los buitres mientras que a los docentes se les postergó el pago retroactivo correspondiente a la cláusula gatillo.
Contra la idea de sembrar la resignación frente a las deudas y que el esfuerzo tiene que ser de “todos” para salir adelante -a pesar de que solo unos pocos se hayan enriquecido con la timba financiera- creemos que no solo hay que rechazar esta estafa sino enfrentarla.
Ante una nueva visita de representantes del FMI al país, desde el PTS y el Frente de Izquierda, este 12 de febrero, convocamos a movilizar de forma unitaria en rechazo a la llegada de la comitiva y el pacto para pagar la deuda. La cita es en Avenida de Mayo y 9 de Julio a las 17:30, para dirigirse luego a Plaza de Mayo.
