En medio de una América Latina convulsionada entre rebeliones populares (Ecuador, Chile, Colombia) y ataques reaccionarios (golpe en Bolivia y ajustes de Bolsonaro), nuestro país asistió a un recambio electoral donde el régimen burgués logró imponer la pasividad al movimiento de masas a pesar del fuerte ataque que implementó Macri contra el pueblo trabajador. La acción de los distintos sectores del peronismo fue central para evitar que volvieran a repetirse las jornadas de movilización de diciembre de 2017 contra la reforma previsional de Macri y los gobernadores, tras las cuales empezó la caída del apoyo político a Cambiemos.

Fue el Frente de Todos −una coalición del peronismo y otros sectores−, quien canalizó mayoritariamente el rechazo popular a cuatro años de ajuste, en base a la ilusión de que puede revertirse el desastre macrista sin ganar masivamente las calles y sin aplicar un programa para que la crisis la pague la clase dominante. Esto ocurrió a pesar de que sectores importantes del PJ apoyaron en el parlamento las leyes antipopulares de Cambiemos y la burocracia de la CGT fue clave para contener la fuerza de la clase trabajadora.

El gobierno de Alberto Fernández está tratando, a la vez, de crear la expectativa que puede lograrse una renegociación más o menos “indolora” de la deuda y de bajar las expectativas de las masas. Apunta a que el objetivo no sea recuperar lo perdido sino, para algunos, apenas no seguir perdiendo frente a la inflación y, para otros, seguir siendo ajustados, pero “solidariamente” con los que menos tienen.

La fracasada política del macrismo contó con el apoyo abierto de toda la clase dominante. Un planteo centrado en la idea de que “abriéndonos al mundo”, entregando el comando del Estado a representantes de los “dueños del país” y sometiéndonos de pies y manos al capital financiero internacional, se cortarían “setenta años de decadencia”, iniciando un sendero de progreso permanente. La realidad fue muy distinta. Macri se despidió con cinco millones de nuevos pobres; una duplicación en el nivel de inflación anual, que pasó del 25 a más del 50% (con un aumento neto de precios del 300% en cuatro años); más de un 10% de desocupados; miles de empresas y fábricas cerradas y una deuda fraudulenta e impagable que llega al 90% del PBI.

Más allá de la “urgencia” de la renegociación de la deuda, el nuevo gobierno peronista apuesta a un compromiso con la clase dominante donde los “motores” para dinamizar la economía no son muy diferentes de aquellos a los que apostaba el macrismo: extractivismo y más extractivismo, de la mano de la minería contaminante, la industria petrolera y gasífera convencional,de shale (Vaca Muerta), y el agro negocios. De allí saldrían los dólares para hacer frente “sustentablemente” a los compromisos del endeudamiento externo. La diferencia estaría en tomar medidas para favorecer a la burguesía no monopolista (golpeada por el macrismo con las tarifas y la caída del consumo), como moratorias impositivas y limitaciones a los aumentos tarifarios, junto con entregar algo de recursos a la población que cayó directamente en la indigencia. Esto último, incluso, con la perversidad de poner como parte de la “mesa contra el hambre” a empresarios responsables del mismo.

Es decir, ninguna estrategia que permita revertir la decadencia de las últimas décadas, profundizada en el gobierno macrista. Pero incluso este “plan”, con el limitado objetivo de administrar la miseria, está condicionado por cómo se desenvuelva la renegociación de una deuda que este gobierno ha resuelto asumir como propia, continuando el ciclo de gobiernos que se endeudan y otros que son (y se jactan de ser) “pagadores seriales”.

Bajo Macri, y con la complicidad de amplios sectores del peronismo, se reforzaron los rasgos semicoloniales del capitalismo dependiente argentino, que está en la raíz del atraso económico de nuestro país. Sin terminar con el sometimiento al capital financiero internacional y al Fondo Monetario Internacional (FMI), cortando con la estafa de una deuda ilegal e ilegítima mediante un desconocimiento soberano de la misma; sin romper los lazos de sumisión con las potencias imperialistas; sin frenar, mediante la nacionalización de la banca y el comercio exterior, el drenaje de riqueza persistente y sistemático que significa la transferencia de recursos de la clase dominante al exterior; sin una verdadera revolución en las relaciones de propiedad agrarias (empezando por la expropiación de los 4.000 principales propietarios que concentran casi la mitad de la tierra productiva) que permita terminar no solo con la gran propiedad en el sector sino que permita debatir qué y cómo se produce; sin terminar con el negociado de la privatización de las empresas de servicios públicos y de todo el sector energético; sin revertir la caída en las condiciones de vida de trabajadores y jubilados, empezando por acabar con la precarización laboral en todas sus formas; sin repartir el trabajo entre ocupados y desocupados sin afectar el salario y reduciendo la jornada laboral, con un mínimo que alcance para cubrir la canasta familiar; sin la preservación del ambiente; sin que los recursos estratégicos de la economía sean arrebatados a la propiedad capitalista para permitir una planificación democrática de la producción para poner todos los recursos en función de satisfacer las necesidades del pueblo trabajador; sin todo ello, no hay posibilidad de revertir el espiral de decadencia y atraso al que nos viene sometiendo la clase dominante. Esto implica la transformación de este régimen social y político y que el poder deje de estar en manos de la minoría de grandes capitalistas nativos y extranjeros que nos han llevado a esta situación para pasar a manos del conjunto del pueblo trabajador. Es decir, que de ninguna manera nuestra salida se limita a plantear el “no pago de la deuda” como una medida aislada y una suerte de panacea que todo lo resuelve, sino que este planteo es parte de un programa de conjunto para terminar con el poder de los capitalistas.

No estamos condenados a una decadencia infinita. Esta es resultado de la acción de la clase dominante y los gobiernos que la representan. Para torcer este destino se requiere un programa para que la crisis la paguen los capitalistas y una salida anticapitalista y socialista, que solo puede ser aplicada mediante la conquista del poder por la movilización revolucionaria de la clase trabajadora acaudillando al conjunto de los oprimidos y explotados.

Las primeras medidas del nuevo gobierno peronista

A poco de cumplir los tres meses de gobierno, Alberto Fernández envió al Parlamento y logró la aprobación de leyes que muestran que su prioridad es garantizar el pago de una deuda fraudulenta acrecentada a velocidad meteórica en el gobierno macrista. Mostró que su objetivo es que cada dólar que ingrese al país tenga como destino garantizar los pagos a los acreedores, ya sean privados u organismos internacionales como el FMI. Para ello no vaciló en congelar la ley de movilidad jubilatoria, justo cuando este año iba a permitir recuperar algo lo perdido en el gobierno anterior. Se les exige “solidaridad” a quienes apenas cobran $ 20 mil de jubilaciones, mientras en la misma ley se deroga el impuesto a la renta financiera y se bajan retenciones a mineras y petroleras.

El nuevo presidente ha declarado que hay que terminar con las “cláusulas gatillo” −que para ser efectivas deberían implementarse mensualmente−, un resguardo elemental de los salarios frente a los altos índices inflacionarios, y que espera que los sindicatos sean “moderados” en sus pedidos de aumentos salariales, cuando los trabajadores vienen de perder entre un 20% y un 38% (en estatales) de su poder adquisitivo en los cuatro últimos años. Además, ni bien asumido, el gobierno nacional dio apoyo por vía del peronismo mendocino a la ley impulsada por el gobernador radical de Mendoza que autorizaba el uso del cianuro y otras sustancias contaminantes en la minería. Una verdadera rebelión provincial los obligó en apenas una semana a volver atrás. Además, no vacila en dejar trascender que estaría dispuesto a elevar regresivamente la edad jubilatoria.

Renunciando a cualquier ataque fundamental a las ganancias de los capitalistas −incluso a quienes registraron subas de ingresos siderales en el macrismo, como los bancos−, la “doctrina” del nuevo gobierno es que sean los jubilados de $ 20 mil para arriba, los asalariados en blanco y sectores de las clases medias los que paguen los costos del ajuste en curso. El “achatamiento de la pirámide” de salarios y jubilaciones proclamado desde el gobierno “fernandista” implica que la leve mejora de los que “están muy mal” será a costa de quienes “están mal”, pero no de la ganancia de los que siempre “están muy bien”. Una lógica que reproduce, en forma ampliada, la justificación del incremento en el cobro de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias a los trabajadores bajo convenio en los gobiernos de Cristina Kirchner. Este planteo significa el abandono, hasta discursivo, de cualquier pretensión de redistribuir del capital hacia el trabajo, para hacerlo al interior de la propia clase trabajadora. Incluso en la disputa entre los bancos y los deudores hipotecarios y prendarios de los créditos UVA −un negocio que fue fomentado legalmente desde el Estado− la última medida beneficia claramente a los primeros, con el descongelamiento del pago de las cuotas.

La estrategia de renegociación de la deuda ha venido acompañada también de medidas de política exterior a gusto de la administración de Donald Trump. A pedido del presidente de los EE. UU., la Argentina se mantiene dentro del Grupo de Lima, conformado para apoyar un cambio favorable a los intereses norteamericanos en Venezuela. Ha mantenido la categoría de “organización terrorista” para Hezbollah, contrario a lo que había afirmado en campaña. La Cancillería emitió comunicados que fueron elogiados por Mike Pompeo, el Secretario de Estado de Trump, en los casos de Venezuela y del conflicto entre Irán y los Estados Unidos.

El primer viaje internacional de Alberto Fernández fue al Estado de Israel, donde se entrevistó con el ultra derechista primer ministro Benjamín Netanyahu, justo antes que este anunciara junto a Trump un plan de sometimiento absoluto para el pueblo palestino.

A esto debemos agregar la votación en el Congreso de la autorización para ejercicios militares con tropas extranjeras entre los que se cuenta el llamado “Gringo gaucho”, que implica más de 5.000 efectivos estadounidenses recorriendo la plataforma marítima continental argentina en un portaaviones y otras naves, junto a solo 130 militares argentinos, algo que les dejalas manos limpias para realizar inteligencia tanto de defensa como sobre los recursos naturales. Con estos “gestos” el nuevo gobierno peronista espera lograr un apoyo norteamericano en las negociaciones por estirar los plazos de pago con el FMI, lo mismo que dice haber conseguido con la gira por distintos países europeos, donde se reunió entre otros con Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron.

Lo que resulte de la renegociación de la deuda marcará en gran medida los contornos del gobierno de Alberto Fernández. Fin de marzo es en gran medida una fecha límite debido a los importantes vencimientos que se concentran en abril. El fracaso de Axel Kicillof para diferir pagos solo hasta mayo de vencimientos relativamente pequeños (USD 250 millones) de la Provincia de Buenos Aires, así como el traspié en la emisión del “bono dual” del gobierno nacional, adelantan que las negociaciones con los fondos de inversión tenedores de bonos no serán sencillas. Después de varias ofertas, Kicillof pagó al contado lo que pedían los “buitres”, mientras Guzmán solo logró colocar un 10% de los bonos ofertados y tuvo que “reperfilar” los pagos. No será fácil para el gobierno nacional conseguir el objetivo proclamado de postergar pagos a los bonistas privados por dos años o más y a la vez lograr quitas de capital e intereses.

Con el FMI no hay urgencia de vencimientos inmediatos. Su papel en estas negociaciones es centralmente político. Con la declaración acerca de que el pago de la deuda no es sustentable dio un primer gesto en sintonía con lo que esperaba el Gobierno, no “porque el FMI cambió”, como quieren hacernos creer, sino debido a que el gobierno manifestó su disposición a “hacer los deberes”: ajuste a los jubilados, congelamiento de la “cláusula gatillo”, descongelamiento de tarifas a partir de junio, política exterior acorde a los requisitos de Trump.

En la negociación con los acreedores privados se pueden prever tres escenarios centrales: a) una negociación sin “plazo de gracia” o uno mínimo, que solo consiga reestructurar algunos pagos y que implique que sigan destinándose gran parte de los recursos de la economía al pago de la deuda; b) que no se llegue a ningún acuerdo, el “default virtual” (Alberto Fernández dixit) se transforme en un “default real”, y ese sea el marco en el que se continúe una negociación posterior; y c) que se logre un aplazamiento de los plazos de pagos que le de al gobierno una sobrevida momentánea. Los escenarios “pesimistas” (a y b) podrían implicar una experiencia política acelerada con el Frente de Todos por parte de votantes que vean defraudadas sus expectativas. Pero aún el escenario “optimista” para el gobierno (el “c”) no garantiza que la economía pueda salir de su estancamiento ni que contará con recursos para mejorar significativamente la situación del pueblo trabajador. Esto debido a que, sin la posibilidad de acrecentar en forma relevante los ingresos del Estado y en el marco del compromiso de no incrementar el déficit fiscal, los fondos disponibles para obra pública o aumentar salarios que dependen del sector público son muy pocos.

Por ello la situación de esta negociación no es comparable a la del canje del 2005, como afirmó Alberto Fernández en campaña. Recordemos que los años de gracia con los que contó Néstor Kirchner al inicio de su mandato −sin pagos a los acreedores privados− fueron resultado del default previo. Estuvieron, además, acompañados del súper ciclo de las materias primas y de la devaluación duhaldista que implicó una suba del dólar del 300%, abaratando fuertemente el precio de la fuerza de trabajo. Hoy las condiciones externas son muy diferentes: el estancamiento virtual de la economía internacional se ve agravado por las consecuencias económicas del brote del coronavirus en China, provocando una caída en los precios de las materias primas. Además, la “quita” de la deuda privada negociada en los canjes de 2005 y 2010 terminó en realidad con los tenedores de los bonos cobrando prácticamente la totalidad del valor de los mismos. Ni hablar los “buitres” que no entraron al canje y obtuvieron fuertes ganancias cuando Macri les pagó al 100% de su valor más los intereses, luego de los fallos favorables del juez Griesa de Nueva York. Hoy los acreedores negocian desde una mejor posición de fuerza sabiendo qué es el gobierno el que está urgido por evitar el default. Por ello es difícil que lleguen a algún tipo de acuerdo que no signifique una recomposición importante en los precios de los bonos, o sea, un rescate de los mismos. Si la opción “optimista” no se da, cualquiera de los otros dos escenarios implicará un golpe político y económico importante e inmediato para el gobierno de Alberto Fernández, y abriría a la posibilidad de cambios bruscos en la situación política.

El fraude de la deuda

La miseria de las mayorías populares y el atraso estructural de la economía nacional no pueden explicarse sin considerar la deuda como lo que es: un mecanismo de dominación y saqueo de las potencias imperialistas. “Honrar” la fraudulenta deuda externa en beneficio de los buitres especuladores y del FMI llevó a catástrofes económicas y sociales permanentes, como la hiperinflación de 1989-1990 o la quiebra de 2001. Hoy el país enfrenta una nueva crisis causada por un nuevo acto de endeudamiento fraudulento. Desde la dictadura hasta 2019 se pagaron más de USD 600 mil millones y la deuda no paró de crecer: pasó de ser USD 8 mil millones antes de Videla a USD 324 mil millones en diciembre de 2019, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Economía.

En la actualidad, casi el 65% de la deuda está en manos de acreedores privados y organismos multilaterales (como el FMI) y bilaterales. El 35% restante está en manos de agencias del sector público: como la Anses, el Banco Nación y otros. En 2020 los compromisos totales de pago de capital e intereses de la deuda suman USD 64 mil millones. Considerando solo la proporción en manos privadas (un eufemismo para referirse a grandes fondos de inversión radicados en EE.UU., como Fidelity, Franklin Templeton, BlackRock y Pimco, que concentran gran parte de los bonos) y de organismos multilaterales y bilaterales, los vencimientos del año en curso suman USD 40 mil millones.

Resultan sumas imposibles de pagar si se compara con los USD 76 mil millones efectivamente pagados por servicios de deuda en el período 2016-2019. Esa sangría de recursos durante la era Macri equivale a que en esos cuatro años se hubieran construido 141 mil jardines de infantes; o 923 hospitales de 200 camas; o 2,1 millones de viviendas individuales de dos dormitorios. Cada año de la gestión de Cambiemos, los servicios de deuda pagados en promedio fueron USD 19 mil millones, lo que equivaldría hoy a un aumento mensual (aguinaldo incluido) de $ 14 mil a cada trabajador registrado; o de $ 11 mil a cada uno de los 8,1 millones de jubilados, pensionados y quienes perciben pensiones no contributivas; o 8 años de pagos de $ 3.102 a los casi 4 millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

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Hace pocas semanas, en un trámite exprés, el Congreso de la Nación votó la Ley de Restauración de Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa. En diputados contó con 224 votos a favor. No hubo grieta: el Frente de Todos, Cambiemos y el resto de los bloques minoritarios votaron una ley a medida de los fondos buitre. Los únicos votos en contra, naturalmente, fueron de los diputados del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad: Nicolás Del Caño y Romina del Plá. La ley constituye un apoyo político a la negociación para reestructurar la deuda externa y contiene una concesión grave: se habilita la prórroga de jurisdicción, un acto de lesa soberanía, donde se otorga atribución a tribunales extranjeros para fallar sobre cualquier litigio sobre la deuda pública.

A lo largo de los años el capital financiero fue imponiendo que toda contratación de deuda por parte de un Estado, no es una cuestión soberana, sino un acto comercial, que puede ser ejecutado en cualquier jurisdicción y donde la inmunidad inherente a la condición de un país soberano desaparece. La prórroga de jurisdicción es incluso considerada inconstitucional por muchos especialistas, lo que da cuenta como el capital también en este terreno violenta su propia ley. No es casualidad que la posibilidad que se establezca la jurisdicción extranjera fuera introducida bajo las dictaduras de Onganía y Videla. Los fondos buitres pudieron litigar en Nueva York e imponer la enésima crisis de deuda gracias a que en el megacanje de 2005 se estableció la prórroga de jurisdicción en favor de tribunales judiciales de las potencias imperialistas.

Hoy, como señalamos, el gobierno de Alberto Fernandez conduce la renegociación en sus dos frentes más importantes generando la ilusión que esta vez será distinto: por un lado, alienta la idea que podrá obtener un acuerdo de “buena fe” con fondos especulativos que son estafadores profesionales, concentran gran parte de las tenencias de la deuda argentina y administran volúmenes de recursos que superan en 30 veces el tamaño de la economía local; por el otro, que el FMI aceptará la idea de crecer primero y pagar después sin pedir nada a cambio, cuando en su naturaleza está desplegar los intereses de EE.UU. y las grandes potencias en los países dependientes y en realidad el gobierno ya está tomando parte de las medidas que habitualmente reclama para las reestructuraciones de deuda.

El programa del PTS en el Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad rechaza el pago de la deuda, es decir, propone su desconocimiento soberano. Plantea expulsar al FMI de la Argentina: es la única forma de poner fin a un aspecto estructural central de la dominación que las potencias imperialistas ejercen sobre el país. Durante todo el año pasado, basada en la experiencia histórica y en las estadísticas fundamentales de la deuda, la izquierda advirtió algo que los economistas de los partidos del régimen capitalista negaban: que era imposible sostener los pagos de deuda sin atacar al pueblo trabajador y que una nueva crisis de deuda estaba golpeando la puerta. Todo esto hoy se ha corroborado, mientras el kirchnerismo ha transformado en papel mojado las denuncias que hacía sobre la ilegalidad de la deuda cuando estaba en la oposición. El desconocimiento soberano que sostenemos no es lo mismo que el default al que puede llevarnos un gobierno capitalista, como ocurrió con Rodríguez Saá en diciembre de 2001. Cuando la suspensión de los pagos de la deuda no se acompaña con medidas que impidan la fuga de capitales (como la nacionalización de la banca y el comercio exterior) las consecuencias son una devaluación y una recesión que se descarga sobre los hombros del pueblo trabajador. Por eso nuestro planteo va acompañado de un programa de conjunto, para que la crisis la paguen los capitalistas, cuyos puntos centrales señalamos en este texto.

Alberto quiere cristalizar la miseria salarial de la era Macri

La aceptación de la deuda macrista va de la mano de limitar cualquier recuperación de la pérdida salarial ocurrida en el ciclo anterior. Desde el gobierno se plantea la “moderación salarial” y la eliminación de la “cláusula gatillo” como clave para “desindexar la economía”. Este “argumento” asume como propia la teoría que son los aumentos salariales los que provocan la inflación cuando hay multitud de ejemplos de que esto es una mentira de las patronales y sus economistas para limitar las mejoras en los ingresos de la clase trabajadora. El caso argentino ilustra claramente. Por un lado las subas salariales ocurridas superando la inflación en los primeros años de gobiernos kirchneristas (cierto que limitadas ya que apenas llegaron a los niveles de finales del menemismo) no tuvieron como correlato el crecimiento inflacionario. A la inversa, mientras bajo Macri los salarios reales (es decir, en su poder de compra) cayeron entre un 20% y un 30% la inflación acumulada fue de 300% respecto de diciembre de 2015. En realidad, esta fundamentación tiene como finalidad bajar las expectativas de los trabajadores y aceptar como un hecho la reducción salarial operada bajo el macrismo, aspirando a lo sumo a no seguir perdiendo frente a la inflación.

Durante el tercer trimestre (julio-septiembre) de 2019, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la mitad de los asalariados (ya sean registrados o no registrados) en las áreas urbanas relevadas por el Indec percibía menos de $ 22.000. Con esos ingresos, solo alcanza para vivir 12 días al mes, según el costo de la canasta de consumos mínimos estimada por ATE Indec. Esa organización gremial indica que “un Hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos (de 6 y 9 años) necesitó, en septiembre de 2019” $ 55.500 para “satisfacer sus necesidades”. Solo una parte del 10 % de los asalariados de mayores ingresos logró cubrir el costo de la canasta.

Para diciembre, esa canasta aumentó unos $ 6.500, por lo cual el costo se ubicó en $ 62.000. El aumento por decreto del Gobierno de Alberto Fernández no cubre ni el aumento del costo de vida de los últimos tres meses de gestión macrista: para el sector privado registrado comprende un incremento de suma fija en el sueldo de enero (que se cobró en febrero) de $ 3.000, que luego de los descuentos se reducen a $ 2.490 en mano. Con el salario de febrero (se cobra en marzo) el aumento se eleva a $ 4.000 que, descuentos mediante, significan $ 3.320 en mano.

El salario promedio de bolsillo del sector privado registrado (el comprendido en el aumento por Decreto de Alberto Fernández) era de $ 39.484 en el mes de septiembre, con lo cual alcanzaba para vivir 21 días del mes, siguiendo el costo de la canasta de consumos mínimos que estima ATE Indec. Con el aumento de $ 3.320 en mano, el promedio de remuneraciones pasará a ser $ 42.804. Mientras en la era Macri la caída del poder de compra del salario en el sector privado registrado fue del 20%, el aumento salarial es del 8% para la remuneración promedio: permitirá vivir 23 días del mes en lugar de los 21 días previo del aumento. Casi el 90% de los trabajadores del sector privado registrado seguirá sin llegar a fin de mes.

Por el momento, del sector privado fueron excluidos del aumento el trabajo doméstico y el trabajo rural. Los trabajadores no registrados, que aportan un tercio de la fuerza laboral del país, están fuera de cualquier protección gremial frente a las patronales y, por ende, tampoco recibirán el aumento. Existen situaciones más graves: el salario social complementario para trabajadores de la economía popular es de $ 8.500 desde noviembre; y el seguro de desempleo tiene un tope miserable de $ 6.280.

Los trabajadores del sector público nacional (lo mismo que otros segmentos del empleo público provincial y municipal) experimentaron una de las mayores pérdidas salariales en la era Macri: un 38% retrocedió el poder de compra. Percibirán el aumento Decretado por Alberto Fernández con un mes de retraso: una categoría testigo del Convenio Colectivo SINEP, el mayoritario en el empleo público nacional, percibirá en marzo unos $ 26.500 en mano: el salario les alcanzará para cubrir 13 días el costo de la canasta estimada por ATE Indec. Otros trabajadores estatales dependen del arbitrio de cada gobierno provincial y municipal, mientras quedaron fuera los docentes universitarios.

Alberto Fernández quiere instalar el régimen de los aumentos de suma fija decididos por el Poder Ejecutivo con el objetivo de preservar la ventaja que la clase empresaria sacó a los trabajadores en los últimos años de aumentos de precios desbocados. A eso se suma el ataque que señalamos a la “cláusula gatillo”, la única forma que tiene la clase obrera, si se aplica mensualmente, de preservar el poder de compra del salario frente a la remarcación permanente de los grandes grupos empresarios supermercadistas, industriales y agroindustriales que abastecen los consumos cotidianos.

Es necesario pelear por paritarias libres y sin techos para recuperar el salario: deberían comprender un aumento extraordinario del 20% (mayor en el caso de estatales) para compensar lo perdido en la era Macri, atender la inflación del año en curso, que se estima de mínima en el 40%, con cláusula gatillo mensual, y establecer que nadie cobre menos que la canasta familiar estimada por ATE Indec en $ 62.000 para diciembre de 2019.

Una doble expropiación a los haberes jubilatorios

Los jubilados sufrieron durante el macrismo la expropiación de sus ingresos con un cambio en la movilidad jubilatoria votada en el Congreso. Ese cambio recibió el apoyo del peronismo en medio de la represión a las movilizaciones de diciembre de 2017 que rechazaron el robo de los haberes jubilatorios. A los adultos mayores no solo se les impidió recuperar poder de compra durante 2018, sino que la nueva movilidad implicó un retroceso.

La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva votada en diciembre de 2019 volvió a ejecutar una expropiación: se interrumpe por seis meses la movilidad jubilatoria, afectando el primer semestre de 2020, cuando en este período correspondía un aumento del 25% para todos los jubilados. Las sumas fijas solo por dos meses (diciembre y enero) anunciadas por el Gobierno alcanzaron a 3,3 millones de jubilados que cobran la mínima o menos de $ 19.068 y a 1,5 millones de beneficiarios de pensiones no contributivas. Quedaron excluidos 2,3 millones de jubilados. La mayoría de ellos con ingresos que apenas superan los $ 19.068, pero fueron considerados “privilegiados” por el perverso criterio de “solidaridad” que aplica el oficialismo.

El reciente anuncio de aumento de los haberes jubilatorios −que se aplicará desde marzo− confirmó que la suspensión de la movilidad implicará un ahorro fiscal anual que podría ubicarse entre $ 50 y $ 100 mil millones, dependiendo de cuál sea el aumento en junio y la nueva fórmula de movilidad que proponga el Gobierno. En lo inmediato, todos los que perciben haberes mayores a $ 16.200 desde marzo tendrán un aumento menor al previsto en la ya mala fórmula macrista. Es cierto que los adultos mayores que perciben el haber mínimo tendrán un incremento mayor, pero al observar la masa total de haberes jubilatorios se obtiene que aumentará un 9% desde marzo mientras con la movilidad suspendida tendría que incrementarse 11,56%.

De un universo que supera los 8,1 millones de jubilados, pensionados y quienes perciben pensiones no contributivas, el 70% no alcanza a cubrir la ya de por sí limitada canasta de jubilados, estimada por la Defensoría de la Tercera Edad en $ 37.800 en el mes de octubre pasado. Las jubiladas y jubilados que perciben la mínima tienen ingresos que sólo les permite vivir 12 días al mes.

Mientras se expropió el aumento jubilatorio para generar un ahorro fiscal como señal al FMI y los buitres acreedores, el artículo 57 de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva amplía el uso de recursos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la ANSES (que deberían utilizarse para los jubilados) para atender los pagos de deuda. Las restricciones que aplican para mejorar los haberes jubilatorios, el dogma que reza que todos tienen que poner el hombro frente a las adversidades, es olvidado al momento de echar mano a los recursos de los adultos mayores para beneficiar a los bonistas. La cosa no queda ahí. El artículo 61 de esa ley autoriza al Gobierno a colocar letras por USD 4.571 millones en el Banco Central para hacerse de reservas con destino a los buitres acreedores. Estos recursos superan en seis veces el monto del bono a los jubilados de enero y febrero.

El argumento de que no hay recursos y que se “gasta” mucho en jubilaciones encubre una política de desfinanciamiento planificada. La falta de recursos es la contracara de las rebajas fiscales a las grandes empresas, de la disminución de las contribuciones patronales que se viene aplicando al menos desde la época de Menem y Cavallo, pero cuyo último episodio fue la reforma tributaria macrista. Pero también la falta de recursos está explicada por los salarios de miseria que se paga a los trabajadores activos, lo cual redunda en menor recaudación previsional: para que los adultos mayores tengan buenas jubilaciones es vital que la clase obrera activa recupere el salario. El mismo efecto tienen el trabajo no registrado (mal llamado “en negro”) y la precarización laboral (que el propio Estado ejecuta ampliamente), una práctica que agrava las condiciones de explotación a cielo abierto y destruye los recursos de la seguridad social. Junto con la finalización del fraude laboral, la efectivización del 82% móvil del salario en actividad y que ningún adulto mayor cobre menos que la canasta de jubilados, son demandas inescindibles de la recomposición de las contribuciones patronales al menos al 33% que tenían en la década del noventa.

Nacionalización de la banca y el comercio exterior

Una salida integral a la crisis argentina debería comprender el no pago de la deuda junto con la nacionalización de la banca para, en primer lugar, repeler las maniobras que puedan establecer los buitres que quieren seguir vaciando el país, pero también para orientar todos los recursos en la perspectiva de una reorganización integral de la economía que atienda en primer lugar la "sostenibilidad" de todas las necesidades sociales. Esto debería ir acompañado por la nacionalización del comercio exterior.

Los bancos están entre los grandes ganadores de la era Macri: “bicicleta financiera”, negocios con Lebac, Leliq, tasas de interés por las nubes que ahogó a las familias trabajadoras con el endeudamiento a través de tarjetas de crédito y préstamos personales. Desde diciembre de 2015, cuando asumió Mauricio Macri, hasta diciembre de 2019, las ganancias de los bancos suman USD 22 mil millones. El mes récord de las ganancias se observa en agosto de 2018 cuando un nuevo episodio de corrida cambiaria elevó la cotización del dólar: ese mes ganaron USD 871 millones. La contracara de la suba de dólar, se sabe, es la devaluación del salario. Durante la transición de diciembre de 2019, momento en que los salarios seguían deteriorándose, los bancos obtuvieron las ganancias récord del año pasado: USD 773 millones, el equivalente al salario promedio de más de 1,2 millones de trabajadores del sector registrado.

Además, el sistema bancario es el gran organizador de la evasión de impuestos y de la fuga de capitales de los grandes empresarios.

Durante la campaña, Alberto Fernández afirmó “me preguntan de dónde voy a sacar la plata y yo digo que voy a sacar la plata de dejar de pagar la usura que se llevan los bancos”. Eso no pasó: el negocio de los bancos sigue vigoroso.

El sistema financiero de conjunto realiza una punción de plusvalía (cuya fuente es el trabajo no remunerado al trabajador) de otras ramas de la producción. No hay dudas que el macrismo profundizó ese negocio. Pero aún en la “década ganada” kirchnerista los bancos hicieron negocios fabulosos. De hecho, en el siglo XXI, la ganancia en dólares del sistema financiero alcanzó un récord en 2015, el último año de Cristina Fernández en el poder: obtuvieron resultados positivos por USD 6.475 millones, algo que no lograron repetir con el macrismo.

Sobran los motivos para establecer una banca íntegramente pública que sea gestionada por sus propios trabajadores y que expropie sin indemnización a los bancos privados que todos los días expropian a las mayorías, garantizando el empleo y mejorando las condiciones de los trabajadores de esos bancos. Además, es la única forma de proteger el ahorro nacional, particularmente del pequeño ahorrista, que en cada crisis es el que paga el pato de la boda, ya sea con “corralito” o con confiscaciones, como la que les practicó Carlos Menem con el Plan Bonex; de establecer crédito barato para la compra de la vivienda única, la mejora de las condiciones de los hogares, la recreación vacacional, para el pequeño comerciante ahogado por la crisis y atender todas las necesidades sociales.
En lo que hace al comercio exterior su nacionalización también es una necesidad imperiosa, en un país donde se han privatizado hasta los puertos. Cincuenta grandes empresas dominan el sector y ejercen una suerte de oligopolio privado del mismo, no solo de las mercancías sino de los dólares que el país necesita para atender las necesidades sociales. Una y otra vez los agroexportadores especulan con la liquidación de los dólares de las exportaciones del sector. Hay que terminar con este chantaje.

La estafa de las privatizadas y el saqueo de las petroleras

Las tarifas de los servicios públicos subieron más del 2.000% en la era Macri. Las principales privatizadas ganaron USD 3,2 millones por día en los últimos años. Entre los ganadores se encuentran Marcelo Mindlin y Nicolás Caputo, amigos del expresidente. Las privatizaciones son una herencia de los 90 que el kichnerismo mantuvo.

El Gobierno dispuso en la ley de Solidaridad la suspensión de aumentos de tarifas por 180 días hasta negociar una forma de incremento con las empresas. Seguirán ganando: el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anticipó a la misión del FMI que descongelarán las tarifas.

La situación energética argentina en los últimos años registró una pérdida del autoabastecimiento y del suministro de recursos hidrocarburíferos. Se calcula que las petroleras embolsan una renta extraordinaria de USD 6.400 millones al año solo por la explotación petrolera.

Las empresas como Tecpetrol (Techint), Pan American Energy (PAE), Pluspetrol, ExxonMobil y Shell negocian un proyecto de ley con el Gobierno que permita garantizar los negocios petroleros y seguir fracturando Vaca Muerta. Los pulpos petroleros exigen garantías sobre el acceso a las divisas para su remisión al exterior y un horizonte de precios que se mantenga. Fernández ya les concedió la reducción de las retenciones a las exportaciones de petróleo de 12% a 8% en la ley de Solidaridad.

Los servicios públicos no pueden seguir siendo un negocio, son un derecho. Hay que terminar con la estafa de las privatizadas y anular los tarifazos de los últimos años. Es necesaria la creación de una empresa pública única que gestione todo el sistema energético nacional, es decir de todas las etapas productivas, desde la extracción de los recursos, la generación eléctrica, el transporte y distribución a los usuarios, que sea administrada por los propios trabajadores y que sea controlada por usuarios populares. Que elimine inmediatamente métodos de extracción de los combustibles fósiles como el fracking, dentro de un programa progresivo de reestructuración general de la matriz energética a favor de las energías renovables y que generen menor daño ambiental.

Expropiación de los principales terratenientes y del gran capital agrario

El gran proyecto de Macri fue convertir al país en el “supermercado del mundo”: para ello quitó retenciones a toda la producción agropecuaria y sostuvo un régimen de desgravación progresiva para la soja. La emergencia económica lo obligó a reponer cierto nivel de retenciones con topes de $ 3 y $ 4, según el nivel de valor agregado. La devaluaciones sucesivas desde 2018 aumentaron significativamente los ingresos de los agroexportadores y desdibujaron las retenciones. La ley de “solidaridad” de Alberto Fernández actualizó las tasas de retenciones que estableció Macri al principio de la emergencia, pero no las repuso a los niveles vigentes en 2015.

En las últimas décadas, los negocios agrarios han sido los más dinámicos. Grandes sociedades agropecuarias y el núcleo tradicional de grandes propietarios concentran la gestión de las tierras más fértiles y han expandido la frontera agraria, fundamentalmente con el cultivo de soja, en desmedro de una producción más diversificada. Muchos propietarios medios o pequeños pasaron a ser rentistas o directamente desaparecieron como tales. Distintos estudios indican que unos pocos grandes terratenientes concentran cerca de la mitad de las tierras cultivables: unos 1.500 en la Provincia de Buenos Aires y unos 4.000 a nivel nacional. La renta y la ganancia agraria son su principal fuente de ingresos. Las retenciones para apropiarse de una parte menor de la renta sin afectar la propiedad dejan en pie el poder social del “agropower” y contribuyen a perpetuar las condiciones de dependencia y atraso. La apropiación social integral de esa renta agraria mediante la expropiación de la gran propiedad agropecuaria es central para cualquier proyecto de transformación radical. Las tierras expropiadas podrían explotarse en base a un plan de producción agropecuaria racional, atendiendo el cuidado del medio ambiente, fundado en las necesidades de las grandes mayorías populares, con arrendamiento barato para campesinos pobres y pequeños chacareros que no exploten fuerza de trabajo.

Preparando la intervención de la clase trabajadora

Es evidente que medidas de este tipo solo pueden ser conquistadas con la movilización generalizada de la clase trabajadora y del conjunto de los explotados y oprimidos, algo que parece contrastar con la pasividad hoy predominante, reforzada por la actitud de la burocracia sindical, alineada en forma generalizada con el nuevo gobierno al igual que gran parte de los llamados “movimientos sociales”. Pero si hasta el momento el gobierno ha logrado “anestesiar” en parte al movimiento de masas, no “enamora”. Las negociaciones paritarias a partir de marzo serán un primer test respecto de si la clase trabajadora acepta pasivamente resignar sus demandas de recuperar lo perdido en la era Macri. Más en perspectiva, estamos en un mundo signado por las tendencias a la intervención de las masas en la definición de su propio destino, como muestran Chile, Ecuador y Colombia en nuestra región y Francia, con la huelga contra la reforma previsional de Macrón, y Cataluña en Europa. Al FMI y a los “fondos buitre” tenedores de la deuda argentina no se los va a derrotar con negociaciones apelando a su “buena fe” sino con la movilización antimperialista del conjunto del pueblo trabajador. Sin esto, de una u otra forma se cederá a sus imposiciones y esto implicará la continuidad de los padecimientos populares. Un desconocimiento soberano de la deuda basado en la movilización podría generar una gran simpatía en los pueblos oprimidos de América Latina y el mundo, un punto de apoyo para para desarrollar el planteo de expulsar al imperialismo de la región.

A pesar de su fragmentación la clase trabajadora argentina cuenta con una fuerza social superlativa, concentrada en la industria, los transportes, el comercio y el sector público. Posee grandes sindicatos con gran poder de fuego, pero cuya fuerza se anula por la acción de una burocracia sindical privilegiada y estatizada. Ante un gobierno con una política de cooptación generalizada, la lucha por la independencia respecto del gobierno y el estado en las organizaciones del movimiento de masas, empezando por los sindicatos pero también en el movimiento estudiantil, el movimiento de mujeres y los llamados “movimientos sociales”, es una pelea de primer orden en este período. Más en general, aspiramos a que la clase trabajadora conquiste su independencia política y pueda actuar como clase hegemónica sobre el conjunto de los oprimidos y explotados, para acaudillar su lucha por terminar con la dominación imperialista y la explotación capitalista.

Una transformación del régimen político y social

Los puntos que hemos desarrollado son parte de los aspectos centrales de un programa para terminar con la decadencia nacional, la dependencia y el atraso. Una decadencia que en los últimos cuarenta años agravó las condiciones del atraso general presentes desde la constitución misma del estado nacional, que ni la “república oligárquica” ni la “sustitución de importaciones” habían logrado superar. Es un programa que solo puede ser aplicado mediante la transferencia del poder de la clase dominante responsable de esta situación hacia la clase trabajadora, que constituye la gran mayoría nacional. Este es el objetivo por el que luchamos desde el PTS y el Frente de Izquierda y que sabemos que solo puede lograrse con la movilización de millones y terminando con el aparato represivo y burocrático del Estado en el que se sostiene el poder de la clase capitalista para reemplazarlo por una democracia de los trabajadores basada en su auto organización. Mediante la “expropiación de los expropiadores”, con los medios de producción de las áreas estratégicas de la economía transformados en propiedad pública, el conjunto de la población trabajadora participará en la planificación democrática de la economía, estableciendo una escala de prioridades de utilización de los recursos con los que cuenta el país que permita superar las irracionalidades del capitalismo. Contaríamos con los recursos que hoy se destinan a pago de deuda, los que se van por fuga de capitales, con la renta y la ganancia que se apropian un puñado de grandes propietarios agrarios, con lo que nos saquean las multinacionales y la gran burguesía local, para utilizarlo en salud, educación, vivienda, protección del medio ambiente y obra pública. A la vez, esto permitiría implementar una reducción progresiva de la jornada de trabajo (empezando por bajarla a seis horas) y repartir el trabajo entre ocupados y desocupados, eliminando toda forma de trabajo precario y estableciendo que nadie cobre menos que una canasta familiar. Así los adelantos de la ciencia y la técnica aplicados a la producción no significarán millones expulsados al desempleo, como ocurre hoy, sino mejores condiciones de trabajo y más tiempo libre para dedicar a la ciencia, al arte y la cultura y al esparcimiento. Y permitirían superar el atraso nacional, alentando el más alto desarrollo científico y teconológico.

Este conjunto de medidas nos posibilitarían atacar las causas estructurales de las crisis recurrentes de la economía nacional expresada en la llamada “restricción externa” (mayor necesidad de dólares de los que se generan), que se manifiesta cada vez que se logra cierto crecimiento. La juventud dejaría de ver su destino inexorable en los empleos “basura” y la falta de futuro. Haríamos realidad el derecho a la vivienda y el fin del hacinamiento en barrios completamente precarios y sin acceso a los servicios fundamentales. Un derecho que las constituciones burguesas proclaman pero los gobiernos y Estados transforman en papel mojado.

Estas medidas implicarían el comienzo de la construcción de una sociedad socialista, lo que sería visto con simpatía por millones en todo el mundo, y en primer lugar en América Latina. Nuestra apuesta es a la integración real de la región −de la que cada tanto hablan los gobiernos pero nada hacen− a partir de gobiernos de trabajadores que permitan hacer realidad los Estados Unidos Socialistas de América Latina y el Caribe, alentando la lucha por terminar con el imperialismo capitalista en todo el mundo.

Gráfica: Rebel Rebel y Jose Dome.