Salta. Doble discurso: mientras prometen el “milagro del litio”, echan trabajadores mineros

El diputado, Roque Cornejo, de La Libertad Avanza ya presentó el proyecto para que la provincia adhiera al RIGI, un Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, que profundiza y refuerza la legislación nacional y provincial en materia de inversiones vigente, otorgando todo tipo de beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros a las multinacionales extractivistas. Estos beneficios se suman al capítulo fiscal y laboral a favor de las empresas que integran la Ley Bases.

Diputado de LLA @RoqueCornejoAv1 apellido casta si los hay, presentó la adhesión a la LB y al RIGI.En la legislatura el bloque de @GustavoSaenzOK será su mejor aliado.Ya votaron así los diputados en el Congreso. Esta ley beneficia a las patronales y perjudica al pueblo trabajador pic.twitter.com/VRGne7E2kg

— Daniela PlanesS (@DaniPlanesS) July 24, 2024

En Salta, se conoce que hay 17 proyectos de litio en distintas fases y una planta, en Centenario Ratones, que en septiembre empezará a producir con la sociedad entre Eramet (la controlante de Eramine Sudamérica, que posee el 50,9% de las acciones) y la china Tsingshan (49,1%). Es el primer proyecto salteño en producir carbonato de litio para exportar. La producción anual, a partir de 2025, se estima en 24.000 toneladas anuales, con una vida útil de 40 años.

En la provincia, ya empezaron a invertir capitales chinos, coreanos, británicos y uno de los empresarios más poderosos del país, Paolo Roca. Este último, quien apoyó a Milei y aportó ejecutivos al gobierno libertario, compró en Salta la operación de Alpha Lithium Corporation.

El gobierno promete una tierra de oportunidades. La realidad es que el esquema provincial está ajustado al 3% de regalías, lo que genera que estas mineras dejen poco de lo que producen en la provincia. Sumado al RIGI, que blinda toda la estructura fiscal local a medida de las grandes empresas exportadoras, no podrá tener cambios durante 30 años. Es decir, si se plantea que las mineras de litio paguen ingresos brutos (como paga un panadero, monotributista o un médico), no podrá plantearse la derogación de la Ley N° 5290 (que habilita este beneficio), dado que la Legislatura, adhiriendo al RIGI, pierde esta facultad.

Una oportunidad en el salto del saqueo de los bienes comunes naturales queda en evidencia por las intenciones del gran capital y la complicidad política del régimen provincial.

La realidad sobre la promesa

La semana pasada se daba a conocer que Puna Mining despidió a 140 trabajadores mineros. El proyecto de producción corresponde al carbonato de litio grado batería, ubicado en el Salar del Rincón y operado por Puna Mining en unión con la empresa australiana Argosy Minerals, justificando los despidos por la baja del precio de la tonelada de litio. El discurso del chantaje son mineras que ganan siempre.

En el Parque Industrial de San Martín de Güemes, 1500 operarios en la obra civil de la empresa minera Posco quedaron sin trabajo luego de que se finalizara la obra. Es una situación que se repite la de trabajadores de las mineras que tienen trabajo temporal.

La evidencia que deja la provincia de Jujuy es la que tiende el capital minero en Salta. Con las inversiones en litio, el empleo minero creció en 608 puestos. El total de empleo en el departamento de Susques, donde se encuentran las litieras, lo hizo en 2044 puestos privados registrados. En esta localidad, expuesta a bajas temperaturas extremas, solo el 3% de las viviendas tienen techo de losa y el 38% de la población no accede a cobertura de salud (Censo 2022). Este es el “desarrollo” que dejan las multinacionales que los gobiernos defienden.

Estos son antecedentes sobre los que pensar el modelo productivo sobre los 17 proyectos de extracción de litio en Salta, sumado a la promesa de más proyectos. Poco significa para la provincia, que enfrenta altos índices de pobreza y precarización. Entre los jóvenes, la precarización laboral afecta al 92% de las mujeres y al 89% de los hombres.

Salta, libertarios y Sáenz unidos por el litio

Frente a este modelo, la alianza de Sáenz, gran amigo de Massa, con Milei es más que evidente, con su adhesión al RIGI y la Ley Bases, sumando su firma al pacto de mayo. Las oportunidades, o mejor dicho, los miles de millones de dólares, se los llevarán sus amigos empresarios como Paolo Roca o el capital internacional.

Sectores del PJ que rechazan el RIGI sostienen la Ley de Inversiones Provinciales y todo el andamiaje legal en la materia, apostando, a lo sumo, a un fallido esquema de regulaciones estatales sobre el gran capital. Esto ha sido incapaz de sacar al país del atraso y la dependencia. Es más, todo esto asume como imposible la salida del FMI. Y cuestionan el RIGI porque puede interferir en la acumulación de dólares para pagar la deuda, cuando ya se demostró durante los gobiernos kirchneristas que pagarles seriamente a los acreedores no impide que la deuda siga creciendo.

No muy distinto es el esquema de asociación con las mineras de litio a través de YPF como propone el sector de Grabois. Se presenta la ilusión de que si YPF, una sociedad privada con mayoría estatal, se asocia con las mineras de litio, se puede lograr cierta regulación en el sentido que se le da a la actividad, hacerla menos extractivista y generar algún agregado de valor local y desarrollo de las comunidades. Se olvida, Grabois, que YPF tiene socios accionistas como BlackRock, Vanguard o Citicorp, que son también dueños de las mineras de litio (grupo Arcadhium Lithium). El capital financiero (en este caso, fondos de inversión) está de los dos lados del mostrador. Regular desde YPF es otra utopía.

Un plan de salida a la crisis a favor de las mayorías

Desde el PTS en el Frente de Izquierda presentan una oposición a estos modelos extractivistas en favor de las necesidades de las mayorías. En oposición al modelo de oportunidades para unos pocos, solo una gran fuerza política de izquierda y desde abajo puede lograr una salida favorable frente al deterioro del trabajo y la pobreza en la crisis.

Respecto a los bienes comunes naturales como el litio, entre otros, deben estar bajo control de los trabajadores y comunidades indígenas que habitan en territorios donde se encuentran. Sobre esta base, serán las mayorías trabajadoras las que definan qué plan productivo llevar adelante en la provincia para responder a las demandas de alimento, viviendas, infraestructura. Ellos deben decidir los criterios sobre qué, cómo, cuánto y dónde se produce en esos territorios, el destino del excedente, contemplando las necesidades de las mayorías sociales, respetando derechos sociales, de las comunidades indígenas y buscando un equilibrio con la naturaleza.

Conquistar el control de los bienes comunes por las mayorías es parte de una pelea de fondo por reorganizar la economía de la provincia y del país. A partir de que la clase trabajadora se ponga de pie, y en alianza con las comunidades y el pueblo pobre, podrá disponer así de todas las medidas soberanas necesarias para revertir la decadencia del país en manos del FMI, las grandes corporaciones y sus gobiernos.