Lejos de propiciar un retorno a la estabilidad, la estrepitosa derrota del Apruebo por 38,1% a 61,9 % en el plebiscito del pasado 4 de septiembre abrió un nuevo momento de interrogantes en el país símbolo del neoliberalismo en Latinoamérica. El gobierno, debilitado, recurrió a la vieja centroizquierda neoliberal de la Concertación entregándole la conducción política y económica. Todo en el marco de una profunda crisis económica que se prolongará al menos hasta inicios de 2024. La derecha y el gran empresariado, encandilados por la inesperada distancia obtenida en el resultado, quieren ir por todo. Toman fuerza las voces que descartan la elección de una nueva Convención Constitucional y que prefieren imponer un “comité de expertos” para reformar la constitución de la dictadura, buscando, además, limitar al máximo el programa de reformas de Boric. Mientras, la juventud universitaria y secundaria convocó a las primeras movilizaciones esta semana. Luego de tres años de espera desde la rebelión de 2019, aún no se han resuelto las profundas contradicciones que detonaron el estallido de la lucha de clases en el país trasandino.

Ya ha transcurrido casi una semana desde el triunfo del rechazo a la nueva constitución en Chile en el plebiscito de salida provocando una dura derrota para el gobierno de Boric y su coalición Apruebo Dignidad (integrada por el Partido Comunista y el Frente Amplio). La jornada estuvo marcada por la participación récord de más de 13 millones de personas y 85,8 % del padrón, siendo la votación más concurrida desde 1989. El triunfo de más de 20 puntos del Rechazo (61,9 %) por sobre el Apruebo (38,1 %) provocó un terremoto político en el país y una derechización del escenario. El gobierno de Boric rápidamente realizó un cambio de gabinete entregando ministerios clave a la ex Concertación. La derecha de Chile Vamos, que tiene la mitad del Senado y controla el 41 % de la Cámara de Diputados, junto al Partido Republicano, tiene poder de veto tanto para la agenda de reformas del gobierno como para la continuidad o no del proceso constituyente. Y así lo ha hecho saber, exigiendo moderación en las reformas de parte del gobierno, al mismo tiempo que se fortalecen las voces que descartan la elección de una nueva Convención Constitucional y prefieren un comité de expertos para proponer una nueva Constitución. En respuesta, figuras de la Concertación que fueron por el rechazo le exigen a la derecha que cumpla con su promesa. Todo mientras la situación de crisis económica y social se agrava (Chile tiene una de las inflaciones más altas de la región, por fuera de Argentina y Venezuela, y se prevé una recesión hasta 2024 al menos).

En síntesis, tras el resultado del plebiscito se abre una nueva situación política marcada por el intento de un nuevo proceso constituyente dirigido por arriba, y por otro lado de profundizar el ajuste por la crisis económica. Sin embargo, no se logran resolver las contradicciones que originaron la rebelión de 2019, quedando sin resolución la crisis orgánica abierta en el país. Pese a la derechización y fortalecimiento de la derecha, tienen la contradicción que lo hicieron sobre la base de impulsar una nueva Constitución con la promesa de “rechazar para reformar”, y hay un amplio sector que opina que no va más la Constitución de la dictadura. Las tensiones de estos primeros días a partir de la idea de comité de expertos refleja esa presión interna y las dificultades que tendrá la clase dominante para imponer la salida de una nueva cocina constituyente. Los próximos meses de este año y todo el próximo, mientras la situación económica y social se agravará, pondrán un marco de mayor dificultad para retomar una agenda de estabilidad por parte del gobierno para conducir la crisis. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para nuevos escenarios de crisis en las alturas, como también de nuevos fenómenos de la lucha de clases que tendrán de fondo mayor polarización.

En ese marco hay que desarrollar la movilización para enfrentar y derrotar este nuevo proceso constituyente amañado peleando por una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana en el camino del gobierno de las y los trabajadores. Esta pelea tiene que estar unida a los reclamos que ya se comienzan a desarrollar de forma incipiente en sectores del movimiento estudiantil y obrero debido al empeoramiento de la situación económica y social, con un programa para que la crisis la paguen los capitalistas.

Desde la misma noche del 4 de septiembre se instaló una fuerte discusión en relación al balance de la elección marcada por el triunfalismo de la derecha, los empresarios y la centroizquierda que optó por el rechazo. Mientras, en los distintos comandos del Apruebo se instaló la decepción y el echarle la culpa al pueblo. “No estábamos preparados para tener una Constitución ecológica, regionalista, feminista, con el enfoque en derecho social”, dijeron algunos apruebistas en redes. En su discurso de ese día, Boric respaldó el balance de la derecha y la ex Concertación: “el maximalismo, la violencia y la intolerancia con quien piensa distinto deben quedar definitivamente a un lado”, dijo. El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), el principal gremio empresarial del país, señaló que había un “cambio de eje político”.

En el caso de las direcciones de la CUT, que tras el paro nacional del 12 de noviembre de 2019 no volvieron a llamar nunca más a movilizaciones, siendo parte activa del desvío constitucional, ahora con el triunfo del Rechazo plantean continuar con esta línea de subordinación al gobierno, llegando al absurdo de limitarse a exigir que la derecha cumpla su palabra de una nueva Constitución. “Todos han dicho que se debe avanzar. Y esperamos que eso se concrete”, señaló su presidente David Acuña. Una línea similar planteó la Confech mediante un comunicado: “Exigimos a aquellos sectores políticos que hicieron promesas de nuevos procesos a que las cumplan”.

Otros, como Movimientos Sociales Constituyentes, aseguran que se trató solo de una “derrota electoral”. Si fue un tema meramente electoral, ¿el problema es que no todos hicieron campaña como se debía? Realmente absurdo. Ahora, según ellos, de lo que se trata es de seguir defendiendo el proyecto de nueva Constitución y luchar por ella. Llegan al extremo de asumir como programa político una Constitución burguesa.

¿Qué pasó en las elecciones? Primeros análisis de los comicios

Del total de 346 comunas (o municipios) existentes en el país, el Rechazo se impuso en 338, ganando en todas las regiones por porcentajes que varían desde 74,3 % en Ñuble hasta el 55,3 % en la Región Metropolitana. Solo en 8 comunas se impuso el Apruebo: 5 de la Región Metropolitana en donde se encuentran las dos comunas más grandes del país (Puente Alto y Maipú), y 3 de la V Región de Valparaíso. Según los diversos estudios de los resultados, el Rechazo tuvo mejores resultados entre los sectores populares y los más golpeados por la crisis (entre ellos, las mujeres). Prácticamente todos los nuevos votantes se inclinaron al Rechazo, incluyendo a sectores que participaron de la rebelión de comunas populares. ¿Cómo se explica este resultado?

Una primera consideración tiene relación al volumen total de votos de cada opción. Si en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de finales de 2021 Boric obtuvo 4,6 millones de votos, en esta oportunidad el Apruebo mantuvo ese caudal, subiendo alrededor de 200 mil votos. Entonces fue el Rechazo la opción que capturó la mayoría del voto nuevo. Desde 2012 hasta esta elección, en Chile se estableció el voto voluntario, registrándose una participación electoral nunca superior al 55 % en las 10 elecciones que hubo desde esa fecha.

Desde el punto de vista geográfico fue en las regiones más extremas donde el Rechazo marcó más distancia con el Apruebo. En el caso del sur el desempeño del Rechazo promedió 69 %, en el norte 62 %, mientras que en las regiones del centro del país la distancia fue menor y el Rechazo promedió 56 %. Según un análisis de Decide Chile, el Apruebo obtuvo su mejor desempeño en la población de menos de 34 años. En el caso del Rechazo, su mejor votación la obtuvo en el segmento de 34 a 54 años. En términos de distritos electorales, el Apruebo tuvo su mejor desempeño en algunos distritos populares de la zona sur de la Región Metropolitana (12 y 13), el Rechazo sacó sus mayores ventajas en el distrito 11 del barrio alto de Santiago y el 23 de La Araucanía.

Un reportaje realizado por el Centro de Investigación Periodística CIPER analizó las razones de 120 votantes del Rechazo en 12 comunas populares de Santiago. Los resultados, si bien no tienen validez estadística, revelan en parte la lógica tras el resultado. Del total de las respuestas, como factor aparecen críticas al gobierno de Boric por no cumplir sus promesas.

Los primeros meses del gobierno de Boric, o por qué caló el discurso de la derecha

Pero para explicar en qué contexto avanzó el discurso de la derecha hay que retroceder hasta las primeras semanas de la instalación del gobierno y su posterior desarrollo. En el mes de abril, a poco andar, se instaló la discusión de los retiros de fondos de pensiones. El gobierno y sus partidos, que durante la administración de Piñera habían empujado esa política, la rechazaron, cuidando los fondos que administran las odiadas AFP. Se trataba de cuidar el mercado de capitales chileno que tiene como base ese enorme ahorro alimentado mes a mes por millones de trabajadores. Desde ese momento, la tendencia en las encuestas cambió a favor del Rechazo. No sería la primera ocasión en que el gobierno haría exactamente lo contrario a lo que hizo antes o prometió en campaña.

Estos primeros meses también estuvieron marcados por el empeoramiento de la situación social y económica. Chile ha sido uno de los países con mayor inflación de la región, registrando para septiembre un IPC anual de 14,1 %, la cifra más alta en 30 años. Combinado con la desaceleración de la economía y una recesión, que según el Banco Central durará por lo menos hasta inicios de 2024, con un decrecimiento promedio en 2023 de entre -0,5 % y -1,5 %. Existe un consenso burgués para enfriar la economía, aplicando un fuerte ajuste fiscal con un recorte de más del 20% del presupuesto nacional entre 2021 y 2022, y un alza sostenida de la política monetaria por parte del Banco Central que ya elevó a 10,75 % su tasa de interés. Todo esto sumado a una especie de “huelga del capital” por parte del gran empresariado, que tiene congelada la inversión y empuja aún más al marco recesivo.

Así, el Ministro de Hacienda Mario Marcel, uno de los principales funcionarios del neoliberalismo en Chile, negó toda posibilidad de otorgar algún ingreso de emergencia a los sectores populares. Apenas hubo un bono miserable de invierno de unos $120 mil pesos para tres meses (Una Canasta Básica de Alimentos para una familia de 4 personas cuesta alrededor de $650 mil mensuales).

Sumado a lo anterior, en el terreno político el gobierno venía preparando hace semanas un acuerdo con la derecha del Rechazo para cualquiera de los dos escenarios. Un retorno a la política noventista de los acuerdos que fue la base de los “30 años” de neoliberalismo que fueron impugnados en la rebelión de 2019. Esa política se desenvuelve en tres niveles. Por un lado, se trataba de recomponer la autoridad de las fuerzas represivas del Estado poniendo en el centro de la agenda pública el problema de la “seguridad”, y por esa vía golpear al pueblo mapuche y criminalizar al movimiento secundario, todo para legitimar a la odiada policía. Un segundo nivel tiene que ver con los acuerdos políticos con la derecha para el proceso constituyente (que como veremos abajo se encuentra en entredicho). Por último, se trata de limitar el paquete de reformas del programa de gobierno (tributaria, laboral y de salud) para hacerlas digeribles para el empresariado, a cambio de impulsar una serie de incentivos neoliberales para normalizar la economía. La última noticia a este respecto es la urgencia que anunció este viernes el gobierno al proyecto de ley para ratificar el TPP-11 (tratado de libre comercio entre 11 países de Asia, Oceanía y América cuestionado por propiciar la dependencia económica respecto a otras potencias) que en un principio no sería aprobado. Un nuevo giro en su política comercial que da cuenta del viraje hacia la derecha con el cambio de gabinete de esta semana.

Gabriel Boric en cada disyuntiva política fundamental ha buscado encauzar el descontento popular hacia la institucionalidad burguesa, subordinando el malestar a las recetas de los dueños de Chile. Lo hizo como protagonista del “Acuerdo por la Paz”, lo hizo respetando celosamente el ajuste fiscal, enterrando los retiros previsionales, etc. Pero también lo hizo en el plano represivo.

En el caso de los presos políticos de la rebelión (todavía siguen encarcelados muchos de ellos), a poco andar el gobierno desistió de la idea de liberarlos y escondió bajo la alfombra ese tema, manteniendo en sus cargos a los principales generales que comandaron la represión durante la rebelión, partiendo por Ricardo Yáñez, el General Director de Carabineros que ahora se encuentra enfrentando un juicio por violaciones a los derechos humanos en calidad de imputado. El gobierno lo ha defendido abiertamente. En el caso del Wallmapu, lejos de responder a la ancestral demanda de los pueblos originarios y el pueblo mapuche por territorio, Boric optó por la misma receta de Piñera: la militarización de la zona, que ya está pronto a cumplir 4 meses de vigencia.

Además, a pocas semanas del plebiscito, impulsó la detención del dirigente mapuche Héctor Llaitul de la CAM (Coordinadora Arauco Malleco) utilizando la antidemocrática Ley de Seguridad del Estado (LSE), norma que tiene su origen en la conocida Ley Maldita que proscribió al Partido Comunista en los años ‘50. El juicio se basó en declaraciones de prensa de Llaitul, y como reconoció el abogado del gobierno, se le perseguía por su “doctrina política”. Como veremos más abajo, las políticas represivas también se aplican a la juventud secundaria que se ha movilizado por las precarias condiciones de la educación pública.

Apruebo Dignidad (Frente Amplio y Partido Comunista) apoyaron cada una de estas medidas con el argumento de que esto permitía disputar el centro y asegurar el triunfo del Apruebo. Pasó exactamente lo contrario. Terminaron dándole validez a las exigencias insaciables de la derecha, lo que ayudó a legitimar su discurso y campaña derechista en contra de los “privilegios” de mapuche, inmigrantes y delincuentes ante amplias masas.

El desembarco de la ex Concertación en el corazón del gobierno y las primeras exigencias de la derecha y los empresarios

Tras los resultados del plebiscito, el gobierno inició un pronunciado giro hacia el centro político. El día martes realizó un marcado cambio de gabinete, entregando a los partidos de la ex Concertación 3 de 6 puestos del Comité Político. En interior, el ministerio más importante, nombró a Carolina Tohá, una histórica figura del PPD, el partido de Ricardo Lagos, que se sitúa a la derecha de la coalición de gobierno. Además, nombró a Ana Lya Uriarte del PS como ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), el ministerio a cargo de las relaciones con el Congreso. Uriarte fue la jefa de asesores del segundo gobierno de Bachelet y es una figura tradicional de la Concertación. Así, sumada a la conducción en Hacienda de Mario Marcel, le entrega los 3 principales ministerios a la ex Concertación, sumado a Relaciones Exteriores y Defensa a cargo del PS. Como “compensación” a este mayor peso de la Concertación, integró al Comité Político a la Ministra del Trabajo del Partido Comunista, Jeanette Jara, por su rol en lograr acuerdos con el empresariado.

Cómo señaló el propio Boric: “Este cambio de gabinete no es protocolar ni para una foto. Aquí cambia también el Comité Político, que es la conducción de nuestro gobierno”. Así, el gobierno ha desarrollado los primeros anuncios de su giro político. En primer lugar, entregó la negociación del proceso constituyente al Congreso. En segundo lugar, se encuentra preparando una serie de indicaciones para la reforma tributaria, una de las principales medidas de su administración. Entre los anuncios están la rebaja de impuestos, revisión del royalty minero, entre otras. Para los próximos días también se anunció el impulso de una agenda “pro inversión” que fue negociada esta semana con la CPC y los principales gremios empresariales. El Ministro de Economía, Nicolás Grau, anunció que tomarán “al menos dos tercios” de las medidas solicitadas por los empresarios.

Parte de las exigencias del gran empresariado son la aprobación del TPP-11, la rebaja de impuestos en la reforma tributaria, rebaja en el royalty minero, bajar las exigencias para nuevos proyectos de inversión, entre otras. De todas formas, la presión empresarial y de la derecha ya se ha hecho sentir y “van por todo”. En el caso de las reformas del programa de gobierno, la derecha ha declarado que tal como están estas no pasarán. Un agente del mercado de capitales muestra un poco el estado de ánimo de este importante sector burgués: "La victoria del Rechazo no significa necesariamente que los capitales y la inversión comenzarán a volver a Chile".

Del resto de las reformas centrales del programa de gobierno (pensiones y salud) todavía no se saben detalles, pero el gobierno ya había adelantado antes del plebiscito que estaba porque las AFP pudieran mantener los fondos que administran actualmente (el 10 % de las cotizaciones), mientras que de la nueva cotización del 6 % que se incorporará igualmente podrían entrar a esa administración de forma indirecta, esto tras la reunión que tuvo Marcel con las AFP de propiedad norteamericana (3 de las 7 existentes) hace algunos meses. En el caso de la reforma de salud todavía no hay detalles claros, pero se discute que el resultado electoral del plebiscito empujará al gobierno a mantener el rol de las Isapres, las compañías privadas de administración de los seguros de salud, que actualmente tienen alrededor de 3 millones de afiliados (el resto de la población está afiliada al ente estatal Fonasa).

El incierto panorama de un segundo proceso constituyente

Uno de los puntos más relevantes de la nueva situación política es qué sucederá con la discusión constitucional. La mayoría de los partidos de derecha y figuras de la centro izquierda que apoyaron el Rechazo lo hicieron bajo la promesa explícita de cambiar la Constitución de la dictadura. Los partidos de Chile Vamos firmaron el documento “Una Nueva Constitución para Chile”. Pero ahora, con la amplitud del resultado en la mano, se comienza a imponer la idea de una Comisión de Expertos que redacte la nueva Constitución. Si ya el proceso constituyente firmado por los partidos del régimen el 15 de noviembre de 2019 era amañado y tenía una serie de cerrojos, ahora ni siquiera habrá algo como una Convención. El ex presidente Lagos también se declaró partidario de esta idea e incluso se ofreció para ser parte de esa Comisión.

Por ahora, los escenarios son inciertos y este lunes se espera que continúen las negociaciones en el desprestigiado Congreso. Toda una señal a este respecto fue que las negociaciones se desarrollaron en la Sala Jaime Guzmán de la Comisión de Constitución del Senado: Guzmán fue el principal ideólogo de la Constitución de Pinochet. La apuesta del gobierno y sus partidos era firmar un acuerdo rápido que permitiera tener elecciones antes de fin de año y una segunda Convención más reducida y controlada, que funcionara durante 6 meses en 2023, cosa de impulsar un plebiscito de salida antes del 11 de septiembre del próximo año, cuando se cumplan 50 años del golpe militar de Pinochet. Por ahora, esa propuesta fracasó rápidamente y los partidos de derecha quieren estirar lo más que se pueda los plazos.

Reagruparnos frente a un nuevo proceso constituyente fraudulento de manera independiente al gobierno

Pese a lo agitado de la agenda política de esta semana en el gobierno y el congreso, también en la coyuntura han aparecido incipientes movilizaciones del movimiento estudiantil, que comienzan a complicar al gobierno que ha respondido con represión. Esta semana volvieron a verse estudiantes realizando evasiones masivas y protestas al interior del metro.

Si bien el gobierno se juega con todo a desactivar la movilización mediante la represión y ofrecimientos de mesas de diálogo, aún está por verse si las movilizaciones logran extenderse y se profundiza un fenómeno de organización en la juventud. Las direcciones de la Confech, presionadas por este fenómeno, han convocado a una movilización nacional para la próxima semana, aunque con un programa pro gobierno de “retomar el proceso constituyente”, lo que contrasta con la política de Asamblea Constituyente que plantearon las y los estudiantes que se movilizaron desde la Usach y otras casas de estudio. Junto a las movilizaciones se han desarrollado una serie de asambleas y discusiones por abajo para discutir qué hacer ante esta nueva coyuntura política.

Además de este proceso, se han desarrollado movilizaciones del movimiento obrero en el sector portuario, un llamado a huelga por condiciones de seguridad (es decir, por fuera de la limitada huelga que permite la legislación chilena) en La Escondida (la mina de cobre más grande del país) y movilizaciones en el sector público, como en la atención primaria en algunos lugares de Santiago. Se trata de primeras muestras de mayor actividad en el movimiento obrero, aunque de conjunto está por verse si marcarán la tónica de la situación.

Es muy probable que en Chile se abra un nuevo proceso constituyente fraudulento. Hoy, la clase dominante apuesta por una nueva Constitución que reconozca derechos sociales, mantenga los pilares del régimen político y económico de la transición, sin los “excesos” de la Convención Constitucional.

En este momento, será fundamental luchar contra la ofensiva de la derecha que buscará enterrar definitivamente todas las demandas de la rebelión, y denunciar fuertemente el nuevo pacto de unidad nacional que impulsa el gobierno con todos los partidos oficialistas y de oposición y su nuevo proceso constituyente fraudulento y antidemocrático. Será fundamental ligar la pelea contra la nueva “cocina” y por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, con un programa para que la crisis la paguen los grandes empresarios y no el pueblo trabajador.

Es necesario plantearnos claramente la tarea de preparar las condiciones para retomar las calles y las demandas de octubre, luchando por acabar definitivamente con toda la herencia de la dictadura, en la perspectiva de huelga general hacia una Asamblea Constituyente Libre y Soberana en el camino de un gobierno de las y los trabajadores. Pero para esto es insustituible impulsar la lucha por un programa de emergencia frente a la crisis económica y social. Partiendo por demandas fundamentales, como un aumento general e inmediato de los salarios acorde a la inflación de los alimentos, y un salario y pensión mínimos de $650.000; por la rebaja de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y cesantes sin rebaja salarial alguna; por detener el aumento de los servicios básicos de agua, luz, combustibles planteando la expropiación sin indemnización y bajo gestión de sus trabajadores de todas las empresas de servicios básicos que especulen con los precios como ha ocurrido con el caso de Metrogas. Por impuestos progresivos a las grandes fortunas, la nacionalización de la banca y el monopolio del comercio exterior para terminar con la fuga de capitales récord de los últimos dos años. Así también luchar por el juicio y castigo a los represores, la libertad a las y los presos políticos de la rebelión y del pueblo mapuche. Luchar por el fin de la militarización del Wallmapu y por el derecho a la autodeterminación del Pueblo Mapuche.

Es fundamental reagrupar a las distintas organizaciones sindicales y sociales para esta perspectiva. Las dirigencias sindicales y sociales deben poner fin a su tregua con el gobierno y dejar de esperar a que se logren las demandas con sus maniobras institucionales, para lo cual debemos luchar por la independencia del gobierno y los empresarios.