Debate. ¿Dualidad de poderes con la Convención Constitucional chilena?

La Convención y el Estado

Lo primero que llama la atención en el artículo, firmado por Diego Zepeda Acevedo en la revista Jacobin, es la omisión de un hecho de público conocimiento: el diseño de la Convención Constitucional es fruto del acuerdo del 15N de 2019 entre el actual gobierno de Sebastián Piñera y la mayoría de los partidos con representación parlamentaria -desde Chile Vamos hasta el Frente Amplio y está normado en la actual Constitución Política de la República (capítulo XV). Zepeda, al contrario, es optimista respecto a la Convención: “Hoy en Chile se inicia el funeral del Estado de Pinochet y el fracaso de la propuesta Concertacionista, y comienza el pueblo a parir la Sexta República”.

Pero la Convención es un órgano perteneciente al Estado. Es cierto que no estaba en el cálculo del gobierno de Piñera la redacción de una nueva Constitución. Pero la Convención Constitucional misma se puso en pie con el objetivo de desviar y diluir las demandas de la rebelión de octubre y en sustitución de una Asamblea Constituyente, demanda de la rebelión. Está regulada en la actual Constitución y las y los convencionales perciben ingresos y reciben asignaciones provenientes de las arcas fiscales como cualquier funcionario público de nivel alto.

Los intereses de la Convención

El autor de Jacobin, sin embargo, elige otro camino con el cual queremos debatir en este artículo. Señala que mientras que el Estado -en crisis- “está a cargo de seguir administrando la legalidad vigente”, la Convención, en cambio, “se prepara para discutir las nuevas reglas del juego que regirán el devenir del país”. Llega a afirmar que hay una “dualidad de poderes” entre el Estado y la Convención que “se seguirá agudizando cada día más en la medida que el avance de las fuerzas antineoliberales y democráticas al interior de la Convención comiencen a chocar cada vez más frontalmente con las propuestas políticas y programáticas de la reacción interna y todos sus secuaces”.

Según la argumentación del autor, la Convención no sólo “es percibida por las mayorías como un instrumento llegado para terminar con la fiesta que unos pocos comenzaron el día 11 de septiembre de 1973”, sino que además ésta, realmente expresa intereses contrapuestos a los que expresa el Estado. Para Zepeda, el “Estado responde directamente a los intereses de las grandes transnacionales estadounidenses, europeas y de la burguesía parasitaria nacional”, mientras que la “Convención responde a intereses diversos, no tiene una dirección única, está compuesta por partidos políticos y personas independientes, en su gran mayoría voceros y representantes de las demandas expresadas en la revuelta de octubre de 2019”. La instancia, para el autor de Jacobin, también sería “consecuencia de un cambio en la subjetividad de los y las chilenas, impulsado con sangre, sudor y lágrimas por parte de distintos movimientos sociales y partidos políticos de la clase trabajadora, y gracias al aporte de generaciones de luchadoras y luchadores, que encuentran su mayor confluencia el 18 de octubre de 2019”. Por esta razón encuentra su fuerza en el pueblo. Un pueblo que para el autor está “compuesto por mujeres, hombres, niños y niñas, personas mayores, disidencias y naciones ancestrales dispuestos a entregarse por entero para que se cumplan en su totalidad las demandas que se dejaron escuchar aquel 18 de octubre”. En este contexto, para Zepeda la respuesta del Estado no se hace esperar: “hará todo lo que esté en sus manos para torpedear el trabajo de la Convención”. El autor también alerta de la atención que la casta militar le ha puesto al proceso y del manejo comunicacional desde la tele.

Ante estas fuerzas ¿qué se necesita según este autor de Jacobin para el triunfo de la Convención? Lo responde así:

“De la unidad de las fuerzas transformadoras y de la capacidad de despliegue que tenga la Convención en los territorios, es decir, de la auténtica y coherente canalización del sentir popular, dependerá el éxito de su cometido final; dependerá la superación del neoliberalismo y el avance a una democracia profunda de nuevo tipo”.

En esta idea el autor resume sus enormes expectativas en la Convención Constitucional. Crea una narrativa en la cual la Convención es la representación directa de los intereses del pueblo al mismo tiempo que un poder paralelo al Estado. Pero no sólo es el origen de la Convención lo que demiente esta tesis. No es sólo el hecho de que sus miembros reciben ingresos desde el Estado que son más elevados que los del común de las y los trabajadores (dos millones y medio de pesos sin contar las asignaciones) -nosotros planteamos que no deberían ganar más que una profesora. También es la actuación concreta que ha tenido la Convención durante lo que lleva sesionando, su actitud frente a los otros poderes del Estado: más que mantener una relación de antagonismo y poder paralelo con el Estado, es un engranaje del Estado. ¿De qué manera se ha expresado esto?

Respeto por el poder constituido

Por ejemplo, en la declaración que la Convención emitió la primera semana, a favor de la liberación de los presos políticos chilenos y mapuche que era solicitada a las instituciones pertinentes a través de una ley de indulto. Allí leíamos que la Convención no pretende “interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado”. Eso es explícito. ¿De qué manera pretende Zepeda que esto vaya en el sentido de agudizar una dualidad de poderes entre la Convención y el Estado? Eso no ocurre y son los propios sectores dirigentes de la Convención los que lo saben: por eso le piden a las otras instituciones que tomen la decisión de liberar a los presos y no se atribuyen a sí mismos la “soberanía” para tomar una decisión así. Además, la elección del ex ministro y ex diputado UDI, Rodrigo Álvarez, como uno de los vicepresidentes de la Convención, gracias a los mecanismos eleccionarios propuestos por el Frente Amplio, Vamos por Chile, es una muestra más que contundente de que el devenir concreto de la Convención está lejos del de una dinámica de “doble poder” como grandilocuentemente dice Zepeda. La derecha que es minoritaria tiene acceso a la mesa, gracias al hecho de que bastan patrocinios y no una votación en pleno para llegar a ésta, una propuesta impulsada por Elisa Loncón y Jaime Bassa.

¿Pero acaso no hay medios como El Mercurio que se han empeñado semanalmente en demonizar a la Convención Constitucional acusando intentonas jacobinas y radicales que afectarían el “estado de derecho”? Zepeda advertía que “la Convención sabe lo que hará el Estado. Es valiente y goza de una gran confianza y respaldo. Sin embargo, carece de milicia, iglesia y televisión”. En este contexto, podría parecer “prudente” no desarrollar una estrategia confrontacional que podría generar la reacción de los “poderes constituidos”, las fuerzas represivas, los capitalistas. Pero lo que ha ocurrido en la realidad demuestra que mientras más moderación hay, más golpes políticos busca propinar la derecha al interior de la misma Convención y fuera de ella. Más vocifera El Mercurio. Y eso genera más moderación al punto que un ex ministro de Piñera como Rodrigo Álvarez es de la mesa de la Convención.

El doble poder

La convención no es ningún doble poder. La dualidad de poderes, a decir del marxista revolucionario León Trotsky:

“no sólo presupone, sino que, en general, excluye la división del poder en dos segmentos y todo equilibrio formal de poderes. No es un hecho constitucional, sino revolucionario, que atestigua que la ruptura del equilibrio social ha roto ya la superestructura del Estado. La dualidad de poderes surge allí donde las clases adversas se apoyan ya en organizaciones estables substancialmente incompatibles entre sí y que a cada paso se eliminan mutuamente en la dirección del país. La parte del poder correspondiente a cada una de las dos clases combatientes responde a la proporción de fuerzas sociales y al curso de la lucha” (Historia de la revolución rusa).

En Chile, durante la rebelión de 2019 vimos algunos elementos muy inicipientes que podrían haberse desarrollado en el sentido de una dualidad de poderes, pero que no llegaron a hacerlo, producto del desvío que significó precisamente el acuerdo por la Paz del 15N que dió luz al actual proceso constitucional. A nuestro entender el ejemplo más notorio de una institución basada en una contraposición de intereses con los intereses de los grupos capitalistas locales y trasnacionales, es el Comité de Emergencia y Resguardo que surgió en Antofagasta. Este comité reunió a sindicatos industriales y a trabajadores portuarios, a estudiantes, a profesoras, trabajadoras de la educación y a pobladores y coordinó la lucha contra la represión de carabineros, la atención de las heridas y heridos de la represión, garantizó la elaboración de material de autodefensa, coordinó los tiempos de la lucha en las calles de Antofagasta, en el centro y en áreas periféricas como “la Bonilla”, en los álgidos días del 12 de noviembre de 2019 cuando estaba en curso una huelga general y jornadas revolucionarias en todo el país. Si ejemplos como este se hubiesen extendido a otros lugares, se podría haber desarrollado una dualidad de poderes en el sentido que señala Trotsky: como “hecho revolucionario” y disputa por la dirección del país de la clase trabajadora y los sectores populares contra los capitalistas. Eso exigía que las organizaciones de la clase trabajadora y los pobres tomaran en sus manos la convocatoria a una Asamblea Constituyente Libre y Soberana sobre las ruinas del régimen, e implicaba desarrollar el potencial de la huelga general del 12N y la autodefensa y no renunciar a la lucha como hizo el PC a la cabeza de la CUT en ese momento.

Ese camino es el que no se desarrolló, y la actual Convención es producto de esa interrupción. Por eso llamarla “dualidad de poderes” como hace el autor de Jacobin, no sólo es funcional al ocultamiento de un balance serio que muestra el papel de algunas figuras como el actual candidato presidencial Gabriel Boric que fue uno de los firmantes del pacto por la paz, sino que también es funcional a mantener las expectativas en la Convención, un terreno que resulta pantanoso si se trata de luchar por los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares. La Convención no sólo ha evitado explícitamente tomar decisiones que vayan en contra del rayado de cancha del pacto por la paz. Además de esto, tampoco reaccionó a la altura cuando asesinaron al weichafe Pablo Marchant. Está bien rechazar la represión. Pero la Convención puede tomar decisiones: podría emitir un decreto de devolución inmediata de las tierras mapuche usurpadas en dictadura, por ejemplo. ¿No es legal? Existe la fuerza de la clase trabajadora y los sectores populares. Es a través de la movilización que podremos imponer medidas como la expropiación a las forestales y terratenientes usurpadores de Wallmapu. O todas las medidas que sean necesarias para realizar el programa de la rebelión. En este proceso la clase trabajadora podrá desarrollar sus propios organismos de autoorganización, una dualidad de poderes, preparando las condiciones para un gobierno de trabajadores de ruptura con el capitalismo.