Opinión. Editorial de editoriales: la extorsión más escuchada

Modelo para desarmar

“No hay motivos para marchar” dijo sin sonrojarse Héctor Daer, titular de la CGT. A una semana del 1º de Mayo, Día Internacional de las y los Trabajadores, la central obrera juega a las escondidas y le cede el protagonismo de la calle a los tractores de la abundancia.

El tractorazo del campo de este sábado, puso en escena a los dirigentes de Juntos por el Cambio. De Patricia Bullirch a Horacio Rodríguez Larreta, incluyendo a Lopez Muprhy y José Luis Espert. En primer plano, la premisa de su programa: al poder económico más concentrado no se lo toca. Si hay crisis y la bota del FMI manda el ajuste, que la paguen los trabajadores y sectores populares.

Una protesta para marcar la cancha frente a cualquier intento de cuestionar su rentabilidad. Un “por las dudas” si al gobierno se le ocurre aplicar un impuesto a la llamada “renta inesperada” por la suba de precios internacionales que desató la guerra en Ucrania y se descarga con más inflación sobre los ya golpeados bolsillos populares. Aunque el ministro de Agricultura, Julián Dominguez, y la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, se encargaron de llevar tranquilidad al agropower. El campo “no captó la renta inesperada” aseguró Domínguez, al mismo tiempo que se mostró muy sensible al sector: “si hay un reclamo se lo escuchará”. Cerruti sumó que no habrá suba de retenciones. Como ironizó Myriam Bregman, “Julián Domínguez al único que le dio "volumen político" es al agronegocio, ¿no?”.

Un nuevo capítulo de la docilidad con la que se mueve el Frente de Todos ante la abundancia de los más poderosos. La firmeza en reprimir y criminalizar la protesta, solo aparece contra trabajadores y sectores populares. La “doble vara de clase” compartida que señaló Nicolás del Caño del Frente de Izquierda. Al igual que Juntos por el Cambio, el gobierno viene de tildar de “extorsión” a las protestas de los movimientos sociales y desocupados que no cubren ni el salario mínimo. Pelean por trabajo genuino y alimentos que escasean en los barrios y escuelas.

En el despliegue del programa económico del campo, Juntos por el Cambio y los liberales, buscan instalar que “no pueden más de impuestos”. En la respuesta del oficialismo, muestran la falsedad de esta premisa liberal. Pero en el mismo acto se auto incriminan.

Alejandro Rebossio en El DiarioAr, aporta a desarmar el mito citando informes y a varios especialistas. “En la Argentina, el impuesto que más se paga es el IVA, impuesto regresivo que pagamos todos sin distinción de ingresos y el que menos se paga es Bienes Personales, impuesto progresivo que apunta a los que más tienen” dice uno de ellos. Agrega la conclusión del reporte de CEPA: “el 36,7% de la recaudación nacional proviene del IVA, seguido por Ganancias (26,6%) y las retenciones a la exportación y los aranceles a la importación (que en total suman el 15,1%)”.

Otro análisis de Sebastián Premici en El Cohete a la Luna, agrega luz sobre otro aspecto: “las grandes compañías del país pagan cada vez menos contribuciones patronales, al mismo tiempo que acrecientan las ventas y ganancias netas”. En los casos de Arcor, Molinos Río de la Plata, Aluar, entre otras, “pasaron de pagar un promedio del 18,9% entre cargas sociales y salarios en 2016 al 12,2% en 2021”.

También pone el ejemplo de los productores trigueros con campo propio de la zona centro norte de Córdoba: en los tres primeros meses del 2022 “incrementaron sus ganancias en un 279%”. En el sector agropecuario además, pica en punta la desigualdad y super explotación: “el sector asalariado, es decir lxs peones rurales, participan solamente con el 17,1% del valor agregado bruto frente al 66,9% del capital privado”.

La contrapartida de la abundancia empresarial y rentística del país, se refleja en la realidad de las y los trabajadores. Diego Genoud en La Política Online, pone en juego otro dato “el salario real solo recuperó 2 de los 20 puntos de poder adquisitivo perdidos entre 2018 y 2019”. Es el cálculo que surge de un estudio de IDAES de la UNSAM.

El ultimo informe del Observatorio de les trabajadores de La Izquierda Diario analiza los datos al 2021 que explican esta tendencia y un problema estructural: la precariedad en el mercado laboral que incluye a un 42% (entre sub-ocupados, ocupados demandantes e informales) presiona a la caída del valor de la fuerza de trabajo que afecta a la totalidad de las y los trabajadores. La flexibilización laboral de la herencia neoliberal que nadie revirtió. Y fundamento de la necesidad urgente de unir ocupados y desocupados, formales e informales, en todas sus peleas, sea por salario, trabajo genuino, reducir la jornada laboral o para desarmar un modelo y un régimen social que no resiste el mínimo archivo de racionalidad.

Esa unidad es la que pelea la izquierda, y es la única que va a expresarla el próximo fin de semana en nuevo aniversario del 1º de Mayo. Organizando el sábado asambleas abiertas en todo el país con la participación de Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Alejandro Vilca entre otros referentes de las y los trabajadores. También disputando la calle el domingo con actos del Frente de Izquierda, que también protagonizarán en unidad organizaciones sindicales, de desocupados, estudiantiles. Es una agenda que propone una alternativa a la crisis social que se agrava, frente al inmovilismo y la división funcional al poder económico de las centrales sindicales y las organizaciones sociales oficialistas.

Pablo Anino, en el Semanario Ideas de Izquierda, a propósito de una fecha que nació de la lucha por la jornada de 8 horas en 1886, retoma los fundamentos de una alternativa: reducir la jornada laboral a 6 horas, sin rebaja salarial, y el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados orientada a mejorar las condiciones de vida del conjunto de la clase trabajadora. Una medida que podría aplicarse en las 12.000 grandes empresas del país y crear en lo inmediato más de un millón de puestos de trabajo.

Otra agenda: entre Washington y la rosca judicial

El Frente de Todos sigue sumergido en otras agendas. Entre las que ordenan el ajuste, la administración de la escasez y la pobreza. Y las que están tan arriba de la rosca de palacios, que son inaudibles para las mayorías.

Martín Guzmán en Washington, la verdadera sede del ministerio de Economía. Allí se reunió con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. El Fondo es a quien más decidió escuchar el gobierno. Sus extorsiones tienen prioridad. Si alguien tenía alguna expectativa de “recalibración” de las metas con el organismo por el contexto de la guerra, Marcelo Di Bari en Tiempo Argentino se encarga de pulverizarlas. “A contramano de lo que se esperaba, los objetivos en cuanto a déficit fiscal, inflación y emisión monetaria seguirán siendo los mismos incluidos en el plan formalizado a principios de marzo”, cuenta que confirmó el propio Guzmán. Incluso orgulloso de un “sobrecumplimiento” del “sendero fiscal” hasta el momento. Aclara que los números finos del programa serán revisados en la primera auditoría del FMI en pocas semanas. Van a mirar, especialmente, “en cuánto se incrementará la factura de subsidios a la energía, una vez que se apliquen los incrementos de tarifas”.

Di Bari dice que, como “compensación”, Guzmán consiguió que el FMI le de permiso para destinar partidas para solventar los bonos extraordinarios a jubilados, trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas. El anuncio del bono de $9.000 por solo dos meses, lo hicieron juntos Alberto Fernández y Martín Guzmán este lunes. Se encargaron de poner en primera fila a la plana mayor de funcionarios cristinistas. Pero en palabras del propio Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna, los anuncios “no pasan de ser un paliativo, que apenas modera durante un mes la verticalidad de la pendiente por la que se desliza el ingreso popular". En su interpretación, la iniciativa se explica por vericuetos de la interna. Cita un diálogo que difundió Clarin entre Guzmán y el de CEO de una poderosa cerealera. “—Vos sabés que ese proyecto no pasa el Congreso— habría dicho el hombre de negocios”, por el vago anuncio de un impuesto a la “renta inesperada”. “—No se va a aprobar. Pero nosotros primereamos y le sacamos la bandera a Cristina— habría sido la respuesta ministerial”.

La otra agenda que copó la semana fue la de las maniobras a tres puntas por el botín del antidemocrático Consejo de la Magistratura: Rosatti y sus supremos de la Corte, Juntos por el Cambio, y el Frente de Todos. Diego Genoud lo resume este domingo en La Política Online como “una pelea endogámica, donde los jueces tienen pésima imagen y los partidos políticos pelean por sobrevivir y reproducirse a años luz de la realidad social marcada por la inflación del 6,7% en marzo”. De paso, recuerda que “la Corte vuelve a la ley de los años noventa que votaron entusiastas de todas las épocas como el entonces senador Leopoldo Moreau”. Uno de los actuales fieles a la vicepresidenta.

Eduardo Van Der Kooy en Clarin, interpreta en la movida lo que varios perciben: “Cristina parece privilegiar ahora la táctica sobre la estrategia. ¿Qué significa? . Está en una fase de resistencia contra los cambios en el Poder Judicial que pudieran complicarla”. Movimientos preventivos que se basan en dos elementos: el antecedente de judicialización de la política en el 2015, y en los malos pronósticos que tiene el cristinismo para las presidenciales del 2023.

La fractura artificial en el Senado por una silla más en el Consejo de la Magistratura, expone prioridades. Repiten una maniobra de la “pequeña política”, que ya había implementado Juntos por el Cambio en 2015 para ubicar a Pablo Tonelli. No hay lugar para que posen escandalizados en la oposición.

Las urgencias sociales siguen ahí. Mientras algunos se entretienen con maniobras políticas, las decisiones que importan se toman otro lado.

Un carajo

“El que quiera hacerme creer que el 2023 está perdido, un carajo. Un carajo estamos perdidos”, dijo esta semana Alberto Fernández en José C. Paz al lado de Mario Ishii. Se interpretó como un mensaje a los malos presagios electorales de Cristina Fernández. Aunque Horacio Verbitsky lo relativiza, poniendo como destinatarios a los impacientes gobernadores e intendentes por los malos presagios de la alta inflación y el temor por sus partidas presupuestarias.

Las apuestas para el 2023 se abrieron hace rato. Explican buena parte de las movidas y cambios discursivos en las dos principales coaliciones.

Juntos por el Cambio se mueve entre la radicalización presionado por los liberales extremos, y la colaboración para la gobernabilidad. No quieren ningún desmadre que pueda empañar sus planes de retornar a la Casa Rosada.

En el Frente de Todos, el cristinismo y La Campora tienen un dilema parecido. Gabriela Pepe en Letra P cita el diagnóstico de un hombre de extrema confianza de Axel Kicillof: “las posibilidades electorales del cristinismo están atadas a la suerte del presidente Alberto Fernández y a que su mandato culmine de manera exitosa”.

Pablo Ibáñez en El DiarioAr aporta dos definiciones interesantes. “Cristina y Máximo son las usinas del diagnóstico” dice. Se refiere a los malos pronósticos electorales. Pero podría extenderse a todo lo demás. Diagnósticos sin un modelo ni propuestas alternativas. Que se liga a la segunda definición: “En el cristinismo se vindica aquello de dar batallas aunque, de antemano, luzcan condenadas a perderse. Es un reproche habitual sobre los modos de Alberto”.

Es algo de lo que ocurre en el debate sobre el aumento de tarifas. Como dijimos el domingo pasado, el kirchnerismo adopta la misma ubicación que con el acuerdo con el FMI: critica pero ayuda y deja correr. No por nada La Cámpora optó por “poner toda la carne al asador” movilizando el 24 de marzo, y no flamear ni una bandera cuando se votó el acuerdo con el FMI en el Congreso.

Es lo que pasa también con la iniciativa que llevaron al Senado de un “fondo para pagarle al Fondo”. Saben que la derrota del proyecto está asegurada. Sin ir más lejos ya parece condenada al naufragio antes de llegar a la sesión de la Cámara Alta. Débora de Urieta en El Cronista cuenta que “el proyecto que levanta el secreto fiscal, bursátil y bancario para detectar divisas no declaradas en el exterior y así generar un fondo en dólares para afrontar la deuda con el FMI quedó frenado hasta nuevo aviso en el Senado”. Por objeciones de funcionarios del propio gobierno (Banco Central y AFIP), se frenó el proyecto que le iba a dar sustento al del fondo para el Fondo (que sí se dictaminó). Habrá sesión igualmente, aparentemente el próximo miércoles, aunque la iniciativa ya llega renga.

Lo que sigue avanzando es la relación más estrecha del gobierno con Estados Unidos. Un salto desde que se firmó el acuerdo con el FMI. Como el del 7 de abril, cuando Argentina votó a pedido de Biden por la suspensión de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Si bien esa decisión se la adjudicaron al albertismo, Cristina Fernández también arma su “agenda yanqui”. Como contó Diego Genoud este viernes, luego de reunirse en marzo con el embajador de Estados Unidos, la vicepresidenta ahora planea un encuentro con la Jefa del Comando Sur de ese país. Es la generala Laura Richardson, que tiene a su cargo alrededor de 1.200 operativos civiles y militares (incluyendo los de países como Colombia o Panamá, con gran presencia militar norteamericana).

De concretarse, sería una nuevo guiño al norte imperial. En el país ordenado por el FMI, valen más los hechos que mil palabras.