El gobierno madrileño ha decidido restringir las reuniones de personas no convivientes por la noche y cerrar, otra vez, los barrios obreros y populares más afectados por la pandemia y la crisis social.
Viernes 23 de octubre de 2020 13:35
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado este viernes las nuevas medidas de restricción de la movilidad que tomará desde el fin de semana. No aplicará un “toque de queda”, pero prohibirá las reuniones entre personas no convivientes entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Esta medida entrará en vigor el sábado, una vez que caiga el estado de alarma. Y a partir del lunes, volverán los cierres por “zonas de salud”, lo que se conoció como “confinamiento de clase” y que generó un fuerte rechazo en los barrios populares de Madrid.
Después de varios días de acusaciones cruzadas entre el Gobierno central y el gobierno de Madrid, este votó en contra del plan propuesto por el ministerio de Sanidad a las Comunidades Autónomas. El consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruíz Escudero, había asegurado primero que hacía falta un toque de queda en varias regiones, pero finalmente no lo aplicarán de este modo. La fórmula madrileña será restringir las reuniones nocturnas, reducir el aforo de actividades culturales, hostelería y comercios, y volver a los cierres selectivos por barrios.
El Gobierno de Isabel Ayuso, la conservadora presidenta de la Comunidad de Madrid, vuelve a convertir los barrios populares en guetos donde a casi un millón de trabajadores y trabajadoras sólo se les permite viajar en metros o buses repletos para ir a currar, para después tener que quedarse en los límites del barrio, como si fueran apestosos.
Son medidas que culpabilizan y hacer recaer la crisis en los barrios de la clase trabajadora, los más afectados por la pandemia porque son los más afectados por la precariedad, el desempleo, la falta de viviendas dignas y el desfinanciamiento de los servicios públicos.
Como denunció hace unas semanas Flora, una enfermera del barrio popular de Vallecas, en un video que se hizo viral, es fácil deducir por qué los contagios de coronavirus se están produciendo en estos barrios: “Hay que ver quien trabaja, la clase obrera; quien se traslada, la clase obrera; quien no teletrabaja, la clase obrera; ¿Quién vive en 45 metros, seis, ocho personas o más?, la clase que vive en Vallecas, en Carabanchel o en Usera”. Sólo “hay que saber muy poquito de salud pública”, apuntaba la sanitaria.
Flora, enfermera de Vallecas, deja claro quien son los responsables y quienes pagamos la #crisissanitaria. "¿Quién trabaja?, la clase obrera; ¿quién se traslada?, la clase obrera; ¿quién vive en 45 metros?, la clase obrera que vive en Vallecas, en Carabanchel o en Usera”. pic.twitter.com/AhPzmcIePG
— IzquierdaDiario.es (@iDiarioES) September 17, 2020
Sin embargo, el Gobierno autonómico de Ayuso no es el único responsable de toda la crisis que se vive en los barrios populares de Madrid. El Gobierno del Estado español de la coalición entre el PSOE de Pedro Sánchez y Unidas Podemos de Pablo Iglesias, no ha tomado ninguna de las medidas de fondo que hacen falta para enfrentar la pandemia, como expropiar la sanidad privada y las residencias, imponer impuestos a las grandes fortunas y contratar masivamente a personal sanitario. Además de esto, una y otra vez han puesto a disposición las fuerzas policiales para controlar y hacer efectivas las medidas de Ayuso en los barrios de Madrid.
Sobran los motivos para luchar contra estas medidas segregacionistas, y también para decir que “gobierne quien gobierne”, hay que luchar por medidas de emergencia ante la crisis sanitaria y social. Empezando por una renta de emergencia para todos los afectados por la crisis de la Covid, la contratación masiva de personal sanitario, la expropiación de los recursos de la sanidad privada y las residencias de mayores, para que la salud deje de ser un negocio; junto con la prohibición de desahucios, la expropiación de las viviendas vacías en manos de la banca, fondos buitre y especuladores, la regularización permanente de todas las personas migrantes que residen en territorio español, y el aumento de los presupuestos de sanidad, educación y servicios sociales, en base a impuestos extraordinarios a las grandes fortunas, entre otras.
Sobran los motivos para luchar por un programa de urgencia de este tipo, y para eso hace falta desarrollar la más amplia unidad entre los trabajadores y trabajadoras, con el movimiento de mujeres, la juventud, los colectivos migrantes y las asambleas barriales. Hace falta un plan de lucha y preparar una verdadera huelga general que paralice Madrid.
La manifestación unitaria entre varias organizaciones este 25 de octubre, así como la jornada de huelga y movilización convocada por la CGT para el 11 de noviembre, pueden ser pasos en este sentido, en tanto se ponga el eje en desarrollar la movilización desde abajo y construir espacios asamblearios y de coordinación democráticos.