Coronavirus. El Gobierno del Estado español quiere declarar el estado de alarma para imponer un toque de queda

Este martes, el Gobierno del Estado español ha anunciado a través del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que está estudiando la aplicación de un toque de queda en todo el Estado, para lo cual necesitaría que se decretase previamente el estado de alarma. “Es una medida que debería tener un horizonte temporal más allá de 15 días y deberíamos comunicársela al PP para que dé su consentimiento” ha añadido Illa en su comparecencia tras el Consejo de Ministros. Poco antes el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid anunciaba que pediría al Gobierno central que decrete el toque de queda en la Comunidad. Se vienen más medidas represivas para enfrentar la segunda ola de la pandemia.

Illa ha explicado en rueda de prensa que están “abiertos a todos los escenarios” y que "el toque de queda ya se está utilizando en países europeos con incidencias similares. Requiere del estado de alarma. Lo vamos a analizar con Madrid y otras comunidades que están planteando escenarios similares". Y ha remarcado la gravedad de la situación: "La segunda ola no es una amenaza, es una realidad. Tanto en nuestro país como en toda Europa".

La instauración de un toque de queda implicaría la restricción a cualquier persona de permanecer o circular por las calles de manera libre y sin una justificación considerada válida por el Gobierno central. Con esta medida drástica el Gobierno dice querer reducir la movilidad y los contactos sociales. El medio para hacerlo: mayor control policial.

De este modo, el Gobierno de Pedro Sánchez se alinea una vez más con el PP y la derecha que gobierna en la Comunidad de Madrid que, por medio del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, esta misma mañana pedía que se impusiera el toque de queda en toda la región.

Más allá de los roces entre administraciones, lo que queda claro es que las recetas son las mismas: la imposición de restricciones y medidas represivas en lugar fortalecer la sanidad pública que se encuentra diezmado tras décadas de políticas neoliberales. Sánchez y Ayuso se pusieron de acuerdo en confinar y reprimir de forma clasista los barrios obreros de Madrid, reforzando los medios policiales e incluso militares. Y esta la lógica es la que va a continuar.

La misma política es la que están implementando otros gobiernos europeos, como el Gobierno de Emmanuel Macron en Francia, que la semana pasada impuso el toque de queda -que entró en vigor el sábado- y anunció que 12.000 agentes de policía serán desplegados cada noche para vigilar su cumplimiento.

Esta verdadera “gestión militarizada” de la pandemia no es una medida sanitaria, sino una medida preventiva contra el potencial desarrollo de la lucha de clases como respuesta a la catástrofe que sufren las mayorías policiales. Los confinamientos selectivos y clasistas, el despliegue masivo de fuerzas represivas y los toques de queda se imponen esencialmente sobre los barrios obreros y las poblaciones pobres, es decir, de aquellos que cada día deben ir a trabajad en condiciones inseguras y precarias, sin elementos de protección personal y en transportes abarrotados donde se arriesgan diariamente al contagio.

El toque de queda que pretende imponer el gobierno “más progresista de la historia” es una medida autoritaria que pretende ocultar el fracaso de una gestión sanitaria errática. Una estrategia que, en la misma medida que no sacó ninguna conclusión de la primera oleada, no asume ninguna responsabilidad por el descontrol de una segunda ola que es resultado de anteponer los intereses económicos de los capitalistas antes que los intereses sanitarios y sociales de la mayoría del pueblo trabajador.

La curva de contagios de la Covid, que se ha disparado tanto en el Estado español como en otros países de Europa, es el resultado directo de una política unificada de la Europa del capital contra la clase trabajadora y los sectores populares: la negativa de los gobiernos a fortalecer los sistemas de salud diezmados tras décadas de políticas neoliberales, mientras se destinan miles de millones de dólares en rescates a los grandes empresarios y se especula con la posibilidad de tener una vacuna rápida que les permita no tener que invertir en la sanidad pública o expropiar la sanidad privada que se ha lucrado durante décadas de políticas privatizadoras. El resultado directo de esta política es el crecimiento actual de los contagios, los ingresos en las UCIS y las muertes.