Salud CABA. El Gobierno reconoce el posible colapso del sistema sanitario

14.8% del personal de salud infectado, muertes evitables, contagios masivos en los barrios precarios, pero recién ahora el Ministro Ginés González García en un ataque de sinceridad, parece haber caído en la cuenta de la necesidad de los testeos, ¡después de 80 días de cuarentena!

El 20 de marzo se decreta la cuarentena total y en los hospitales todo era incertidumbre, no había protocolos de procedimientos claros, ni elementos de protección personal, rápidamente empezaron a escasear todo tipo de insumos.

El 1 de abril, Ministro de salud, Ginés González García, adelantó que el Gobierno estaba analizando emitir un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para declarar de interés público todos los recursos sanitarios de Argentina, independientemente de que sean públicos o privados. Sin embargo, días después se dio marcha atrás con esa intención, cuando los empresarios de la salud pusieron el grito en el cielo.

Mientras tanto, Ginés acusaba a los propios trabajadores de salud de ser los responsables de los contagios por el mal uso de los elementos de protección o la “omnipotencia”. Un cinismo que no tiene asidero con la realidad. No existe omnipotencia, existe la doble jornada laboral para llegar a fin de mes, la falta de elementos básicos de protección y testeos al personal, esa y no otra, son las causas de que el 14.8% del personal de salud este contagiado y que se ocurran aislamientos masivos por falta de protocolos, como ocurrió en el hospital Rivadavia.

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Los insumos empezaron a llegar antes que del estado, de la mano de donaciones de diferentes sectores, fabricas recuperadas como Madygraf que reconvirtió su producción para asistir al personal de la salud en medio de esta crisis.

Por esta falta de prioridades en el Gobierno, ya lamentamos 12 muertes de profesionales de la salud. El caso de María Ester Ledesma, trabajaba en el Hospital Interzonal de Agudos Gandulfo se hizo noticia, ella era grupo de riesgo y había presentado seis veces el pedido de licencia por enfermedades que tenía y las seis veces se lo rechazaron. Se contagio de covid y murió. El Estado decidió abandonarla. Esto es un crimen de estado, del cual Axel Kichilof es responsable.

Ayer también nos enteramos del fallecimiento de Julio Gutiérrez, enfermero de pediatría y neonatología del hospital Durand. Él pertenecía al grupo de riesgo de coronavirus y fue licenciado en forma tardía.

Así tratan a los trabajadores de la salud, les dicen esenciales pero los tratan como descartables, mientras a los funcionarios públicos les garantizan el aislamiento preventivo como fue el caso de Daniel Arroyo.
También en este periodo fueron anunciando la incorporación de nuevas camas, respiradores y personal para los hospitales. Sin embargo hoy en día los hospitales se ven con las salas llenas, cada vez son menos las camas disponibles, como reflejamos en esta nota.

Esta es una realidad que empieza a vivirse en todos los hospitales, los que reciben día a día familias enteras que llegan desde los barrios vulnerables, donde el hacinamiento y el hambre son moneda corriente y la cuarentena es imposible de cumplir.

Actualmente, investigadores del CONICET estudian cuando podría generarse el colapso del sistema de salud, y estiman que a este ritmo de contagios podría darse a fines de junio.

Es por todo esto que hoy en día, frente a los dichos del Gobierno sobre que ganaron tiempo, nos preguntamos, ¿tiempo para qué? ¿Cómo podríamos haber evitado llegar a esta instancia después de más de 80 días de cuarentena? ¿Cuántas muertes y contagios podríamos haber evitado con implementando los testeos en el personal de salud?

Una salida a la altura del problema

Frente a la crisis actual no se puede ser tibios. La respuesta debe ser económica, sanitaria y social.
Desde la izquierda dijimos desde el día uno de pandemia, que los testeos a todo el personal de salud son una necesidad de primer orden, al igual que en todos los sectores que se encuentran en funciones y en los barrios vulnerables, donde siguen dándose a conocer nuevos casos.
Resolver el problema del hacinamiento, falta de agua y hambre que se vive en estos sectores también es una de las medidas esenciales para frenar los contagios. Ningún gobierno ha puesto interés en resolver el problema habitacional que se vive en las villas y es así que los pacientes son amontonados en las salas de los hospitales que no dan abasto para atender familias enteras.

El estado debe repartir masivamente elementos de higiene básica como jabón, alcohol y barbijos en estos barrios, para garantizar las medidas mínimas de cuidado, ya que estos sectores atraviesan una grave situación económica.
El sistema de salud espera su colapso, mientras tanto las prepagas siguen cobrando cuotas siderales. Por eso es necesaria la centralización estatal del sistema sanitario, para que el estado, con estricto control de los trabajadores y la comunidad, pueda disponer de todos los recursos existentes mientras dure la emergencia, para poder planificar y garantizar que el derecho a la salud no sea un negocio o beneficio de unos pocos, sino verdaderamente universal.

Declarar de utilidad pública los laboratorios y empresas que fabrican respiradores, batas, barbijos y todo lo indispensable para atender la pandemia, puestas a producir al máximo de su capacidad, y si es necesario, incorporando más personal.
Plantear una reconversión de la industria no esencial, para producir los elementos necesarios para equipar hospitales y distribuir en los barrios.

En todos estos meses de pandemia se podría haber empezado con un plan de construcción de hospitales que puedan dar respuesta a las necesidades de la crisis sanitaria, ya que los actuales tienen un límite estructural para incorporar más camas.
Implementar un impuesto a las grandes fortunas, como propuso Nicolás del Caño y el Frente de Izquierda Unidad y que aún no fue tratado, que permitiría cobrar un impuesto extraordinario a los sectores más ricos del país, recaudando aproximadamente U$D15.000 millones. Con ese presupuesto se podría empezar un plan de 100.000 viviendas y dar un ingreso familiar de emergencia de $30.000 a las familias que están sin trabajo o con descuentos, que no pueden sobrevivir con los míseros $10.000 que el Estado ofrece y ni siquiera todos puede acceder.

Todas estas son algunas de las medidas urgentes para dar una respuesta profunda a la crisis sanitaria.

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