Este jueves se ha realizado la rueda de prensa del Ministro de Universidades, Manuel Castells. Sus declaraciones han puesto de manifiesto que su prioridad es cerrar el curso y las evaluaciones por encima de cualquier otra consideración sobre la situación social, familiar y personal de decenas de miles de estudiantes.
Jaime Castán @JaimeCastanCRT
Viernes 24 de abril de 2020
Este 23 de abril Manuel Castells ha aparecido públicamente haciendo unas declaraciones sobre las medidas que se van a tomar en las universidades para la finalización del presente curso, así como las perspectivas del siguiente. De entrada, podemos resumir que todavía falta por concretarse la forma en la que se van a realizar las evaluaciones y el ministro se posiciona en contra del “aprobado general” en la universidad, así como en contra de la devolución de las tasas y de que no cuenten las convocatorias este cuatrimestre académico.
Tras semanas públicamente desaparecido y con protestas cada día en las redes de las estudiantes de las distintas universidades de todo el Estado, Castells ha aportado más bien poco para aclarar la incertidumbre académica que se vive. Ha señalado que, si bien el curso se acabará en los plazos establecidos, tanto de docencia y como de evaluaciones, queda pendiente la forma concreta en la que se van a realizar las evaluaciones.
El ministro ha valorado positivamente la adaptación del estudiantado como del profesorado a los medios telemáticos que se han tenido que improvisar. Curioso porque justamente una de las principales denuncias de estos días de las estudiantes ha sido el cuestionar esa adaptación de la docencia: asignaturas cuyos contenidos no se están dando, problemas con los medios telemáticos, sobrecargas de trabajo académico, etc.
Por otra parte. la evaluación se prevé de tres formas: 1) exámenes online 2) evaluación continua 3) posibilidad abierta de exámenes presenciales. La evaluación presencial en junio sería supuestamente la situación “ideal” para Castells, pero como no hay garantías de poderla realizar considera preciso concretar alternativas no presenciales que se deberían cerrar, según el ministro, en los próximos quince días. Sin embargo, no es una cuestión de forma, si no de que tiene que haber garantías para las estudiantes.
¿Cómo se concreta la forma de evaluación? Según Castells, las universidades deben tomar las medidas en función de la comunidad universitaria y sobre todo de las estudiantes: “las universidades son para los estudiantes”, ha señalado. Ahora bien, más allá de estas bonitas palabras no ha aclarado cuál va a ser el procedimiento para consultar al estudiantado, tan sólo que tiene que ser una consulta “breve” y que tiene límites ya que “no van a decidir ellos solos, porque además muchos aprovechan para hacer propuestas demagógicas”.
Por lo tanto, no podemos esperar una participación real del estudiantado en la toma de decisiones. Algo que muestra también el hecho de que Castells haya considerado consultar a los estudiantes la reunión virtual que mantuvo hace unos días con la burocracia estudiantil del CREUP y del CEUNE, instituciones que dicen representar al conjunto del estudiantado pero que son totalmente desconocidas para la inmensa mayoría.
En cuanto a las prácticas universitarias que, lógicamente no se pueden resolver telemáticamente, se plantea pasarlas al curso siguiente. Las prácticas de las que depende finalizar una carrera este curso no se posponen al próximo, sino que se van a homologar de alguna forma complementaria o ser realizadas en un plazo que se alarga hasta julio si hay posibilidad.
Sobre el “aprobado general”, las tasas y las becas…
Castells ha sostenido que las evaluaciones han de ser adaptadas a cada estudiante, pero dejando claro que esto no quiere decir “aprobado general”, ya que “sería injusto” para las estudiantes que están implicadas en el estudio.
Así, se da prioridad a que unas estudiantes tengan la posibilidad de sacar buenas notas, frente a que no se de ningún suspenso en estas condiciones de pandemia. Cuando, además, la consigna no del aprobado, sino del apto general que están proponiendo muchas estudiantes, implicaría conceder los créditos correspondientes a las asignaturas pendientes este curso sin que cuenten para nota. Lo que no es incompatible con habilitar la posibilidad de ser evaluado de una forma consensuada con el profesorado para aquellas que así lo deseen.
Tampoco se prevén ayudas económicas en opinión del ministro, como podría ser la devolución de las tasas académicas o que no cuenten las convocatorias para evitar el aumento del coste de volver a matricularse en las mismas asignaturas en el próximo curso. Tan sólo casos concretos en los que la estudiante justifique con antelación la indisposición, se podrá valorar medidas de ayuda económica, pero en función de cada universidad concreta. Con este posicionamiento de Castells, queda claro que no va a haber ningún tipo de seguridad para un estudiantado cuyas situaciones familiares se han complicado o que no sabe si va a mantener el empleo.
De esta manera, la lógica del ministro es “salvar” el curso académico y las evaluaciones sin importar que la crisis social abierta por el Covid-19 ha supuesto una alteración dramática de la situación de las estudiantes y de sus familias. Frente a esa consideración, tendría que garantizarse que ninguna estudiante va a ser suspendida, así como la devolución de las tasas.
De lo contrario, en los próximos meses la situación va a ser de una nueva expulsión masiva de la Universidad de los hijos e hijas de familias obreras y populares igual que tras la subida de tasas del 2012, de la que Castells fue un firme defensor y que supuso la exclusión de alrededor de 150.000 estudiantes por no poder hacer frente al pago de la matrícula.
De hecho, Castells ha restado importancia al problema de la brecha digital afirmando que “los estudiantes tienen más problemas psicológicos y pedagógicos que técnicos”. Estas palabras no reflejan empatía del ministro hacia los problemas de ansiedad, agobio y depresión que afectan a muchos estudiantes, sino su total falta de consideración hacia la situación de decenas de miles de estudiantes que tienen dificultades materiales para acceder a la docencia. En concreto, 36.000 estudiantes según los estrechos criterios de la CRUE cuando solo se están repartiendo algunos cientos de ordenadores y tarjetas de internet.
Al final de la rueda de prensa, el ministro subordinaba las becas y la reducción de las tasas a los pactos presupuestarios y a la situación de Hacienda, por lo tanto, a la situación económica del país. Anunciando que en este contexto donde se baraja una caída aproximada del PIB de entre el 6-13%, no va a haber margen para mucho. Para lo que sí hay recursos, miles de millones, es para los ERTES a los que se han acogido grandes multinacionales y para el rescate a las grandes empresas.
Esta es la gestión “progresista” de la universidad que defiende Castells que sigue la misma lógica de su Gobierno de no cuestionar los beneficios capitalistas, aunque eso suponga pasar por encima de cientos de miles de estudiantes. Como estamos en crisis no hay recursos y como no hay recursos, mejor no hablemos de becas ni de reducción de tasas.
La lógica social-liberal de siempre: cuando hay crecimiento económico hay margen para repartir “migajas”, pero en tiempos de crisis la prioridad es pagar la deuda y garantizar las ganancias empresariales antes que la sanidad o la educación, justamente cuando más necesidad de inversión se precisa. Extraer recursos de las grandes fortunas, que solo el año pasado incrementaron su patrimonio en 35.000 millones, y multinacionales para financiar una educación gratuita, pública y de calidad a todos los niveles, quizá sean “propuestas demagógicas” para Castells, pero se tornan de primera necesidad para dar una salida alternativa que responda a las necesidades que genera la crisis que golpea a las estudiantes.