Precariedad laboral. El Salvador: servidumbre a US$ 0.57 la hora

Artículo publicado originalmente en alharaca.sv, se reproduce con la autorización de la autora y del medio digital.

Sandra Yanira es una mujer de 55 años que reside en una zona populosa del centro de San Salvador. También es una de las 200 mil personas que se quedaron sin trabajo durante el año 2020. Ella, en realidad, perdió dos empleos.

Antes de la cuarentena, Sandra Yanira cuidaba de una familia en una casa en la colonia Santa Lucía, Ilopango, tres días a la semana. Los otros dos días laborales trabajaba como ordenanza en una empresa de venta de celulares y accesorios ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. En este último trabajo la dejaron de llamar durante la pandemia. Así, sin más.

Al anunciarse el inicio de la cuarentena obligatoria, en la empresa donde era ordenanza le dijeron que cambiarían su local y que “la llamarían”. Eso nunca pasó. Sandra Yanira asegura que le quedaron debiendo salario e indemnización, a pesar de que el presidente Nayib Bukele ordenó que todas las empresas pagaran el salario a sus trabajadores. La exempleada prefiere que no se publique el nombre de la empresa para evitarse represalias.

El despido de un día para otro fue solo la última de una serie de irregularidades que enfrentó en esa empresa.

La primera práctica irregular que ella menciona fue que, aunque se trataba de una empresa formal, dice que no firmó ningún contrato. No se lo ofrecieron. Trabajaba ahí lunes, miércoles y viernes.

También cuenta que, algunos meses después de su contratación, sus patronos le redujeron su jornada de trabajo contra su voluntad, por haber solicitado un día libre para ir a una marcha.

El jueves 7 de marzo de 2019, Sandra Yanira pidió permiso para faltar el día siguiente y así poder asistir a la marcha del Día Internacional de la Mujer de ese año. Se lo concedieron. Aunque tenía permiso, ella decidió ir temprano el viernes 8 de marzo al trabajo, dejar hecho todo el oficio, y luego ir a la marcha. El lunes 11, cuando se presentó a su jornada habitual, su jefe le dijo que ya no llegara a trabajar los miércoles.

—¿Por qué me van a reducir la jornada? —preguntó ella.

—Para que así pueda ir a marchar todos los miércoles—, dice que le respondió con sarcasmo el jefe de la compañía, haciendo referencia al día “libre” que tendría.

Sandra Yanira trabajaba de 8 de la mañana a 12 del mediodía por diez dólares diarios ($11.11, menos renta), que le pagaban cada dos o tres días.

En su otro empleo, Sandra Yanira tampoco firmó ningún contrato. Pero, en este caso, la emisión de contrato escrito no es obligatoria por ley. Ese empleo consistía en limpiar casas, cuidar niñxs, lavar y planchar ropa, y cocinar. De hecho, ella ha realizado estos oficios por 38 años, desde que tenía 17.

Ella ha sido trabajadora del hogar remunerada.

Ha alternado entre trabajos formales e informales en varias ocasiones, para mantenerse a ella y a sus 5 hijxs. Vive en el barrio San Esteban, en el centro de San Salvador, y forma parte de la cooperativa ACOVIVAMSE, que a su vez pertenece a la red de cooperativas a las que FUNDASAL ha incorporado en sus proyectos de vivienda solidaria.

En su último empleo como trabajadora del hogar, que comenzó en 2019, dos días a la semana, cuidó de 4 niñxs en una casa en la colonia Santa Lucía, Ilopango. Dice que lo más difícil era soportar maltratos de esos niñxs que ni siquiera soportó de sus propios hijxs. La mamá era enfermera. El papá, trabajador en la Corte de Cuentas. Ella tenía que cuidarlos desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, por $10 dólares el día.

También perdió este trabajo debido al decreto de cuarentena estricta, el 14 de marzo de 2020. Si se hace caso a la clasificación de la Dirección de Estadísticas y Censos, Sandra Yanira ha sufrido prácticas irregulares en dos segmentos diferentes del mercado laboral: la inexistencia de la extensión de contratos escritos, reducción involuntaria de jornadas de trabajo y despidos injustificados sin pago de la indemnización correspondiente.

Según cifras oficiales públicas del Gobierno de El Salvador, en 2020, hubo al menos 1,327 personas fallecidas por covid-19. El gobierno emitió más de 50 decretos con el fin de administrar esta emergencia sanitaria. Estos decretos permitieron al Estado usar la fuerza policial y la violencia para restringir la circulación en las calles y la entrada a las fronteras del país.

Para el 49.11 % de la población económicamente activa, la cual trabaja en el sector informal —comercio callejero, servicios domésticos, faenas de temporada, etc.—, estas medidas resultaron en un fuerte golpe a su economía.

Las condiciones precarias del empleo del hogar remunerado empeoraron con la llegada de la pandemia de covid-19. La pandemia agudizó la vulnerabilidad de este sector debido a la falta de acceso a seguridad social, salario mínimo fijo establecido por la ley o contrato laboral físico que garantice la protección de sus empleadores.

Sin una fuente de ingresos estable y en un encierro que no tenía un fin claro, Sandra Yanira se endeudó con una vecina prestamista para tratar de hacer un emprendimiento y cubrir sus necesidades básicas. Prestó $50 a una tasa de interés del 20 %. Es decir, en 15 días, le tenía que pagar un total de 60 dólares a la prestamista, 50 para cubrir el capital que le prestó y 10 de ellos en intereses.

Con el préstamo compró 24 mascarillas a $2 cada una. Luego, en una semana, vendió las mascarillas a $3 cada una y obtuvo un ingreso total de $72, obteniendo 22 dólares de ganancia. De eso, pagó los $50 del préstamo y el porcentaje de interés correspondiente, es decir, $10. Al final de esa semana de trabajo solo le quedaron 12 dólares de ganancia.

Al inicio de la pandemia, en marzo de 2020, el precio de las mascarillas rondó los $2.67 por unidad. Por eso, Sandra Yanira las vendía a $3. Sacaba una ganancia de $1, que utilizaba para poder cubrir los intereses de la prestamista y los gastos de su hogar. Con el tiempo, la venta de mascarillas se volvió poco rentable y tuvo que recurrir a otras opciones, como la venta de cosméticos por catálogo.

Actualmente trabaja en otra empresa de tecnología en la capital. A diferencia de pasadas experiencias, acá está asegurada, por primera vez en mucho tiempo. «Ya fui a pasar mi primera consulta en el Seguro (ISSS)», cuenta con emoción. «Pasé a las 6 y media de la mañana, pero tenía miedo porque creí que ya por mi edad no me iban a dejar pasar consulta. Al final pasé por mi diabetes», agrega. La Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar sugiere a quienes emplean a trabajadoras del hogar remuneradas que paguen su seguridad social. Fue hasta el año 2010 que se creó en el país el Régimen Especial de Salud y Maternidad para los Trabajadores del Sector Doméstico.

Aunque la falta de un contrato formal y falta de reconocimiento como empleo es una constante en el país, existen pocos casos en los que los empleadores sí cumplen con formalidades legales e inscriben como cotizantes a lxs trabajadorxs del hogar.

De acuerdo con una solicitud de información pública, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) tenía a 1,818 personas inscritas bajo la categoría de Empleo Doméstico en junio de 2020 en todo el país. La proporción entre hombres y mujeres ronda el 1 a 9: por cada 9 mujeres trabajadoras del hogar hay un hombre, aunque las cifras varían mes a mes. A veces son 8 frente a uno. Otras, 10 a uno.

Las mismas cifras dan una idea -—mínima, al menos— de la pérdida de empleos en el sector. Para enero de 2020, las mujeres inscritas en el ISSS como cotizantes bajo la categoría de Empleo Doméstico eran 1,737 en todo el país. Para junio, después de cuatro meses de pandemia y cuarentena, habían pasado a ser 1,629, el número más bajo de todos esos meses.

Esos cien puestos de trabajo, aproximadamente, son los mismos que habían incrementado entre enero y diciembre de 2019 como cotizantes del sector de Empleo Doméstico en el ISSS. Ese año comenzó teniendo 1,634 mujeres inscritas, en enero, como cotizantes. El año finalizó con 1,730.

Los municipios en donde más se registró pago de cuota patronal del ISSS a empleadas del hogar en los primeros seis meses de 2020 fueron San Salvador, Mejicanos, Soyapango y Nuevo Cuscatlán. Los municipios, además, mantuvieron números bastante estables de pago de cuota, pese a la pandemia.

Servidumbre en el siglo XXI

“El trabajo doméstico es considerado en la actualidad como una moderna forma de esclavitud”, establece un informe del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), que trata sobre la visibilización del trabajo doméstico o del hogar remunerado. Coloquialmente se nombra a este tipo de trabajadoras —porque la mayoría son mujeres— como “muchachas”.

Como la del informe, pueden encontrarse este tipo de afirmaciones en diversos estudios, artículos periodísticos, columnas de opinión, documentales y en una amplia gama de registros informativos de la historia reciente.

El trabajo del hogar, de cuido o reproductivo es el sostén de toda la economía productiva, formal o asalariada, de acuerdo con autoras como Silvia Federici. Según el IDHUCA, representa un gran reto para los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, las trabajadoras del hogar remuneradas y, sobre todo, para las y los empleadores, hacer que el ejercicio de este trabajo asegure condiciones que no se asemejen a las de la esclavitud.

Ariadna Román, integrante de la Asociación de Mujeres Sindicalistas, conocidas como Las Febes, cuenta sobre uno de los casos más delicados que la entidad acompañó durante la pandemia de covid-19.

«Recibimos la llamada de una trabajadora que quedó encerrada en su lugar de trabajo, Celia. Enfermó de coronavirus y no pudo irse para su casa porque la empleadora no la dejó», cuenta.

Román cuenta que una de las hijas de la familia empleadora se contagió del virus en un viaje que realizó hacia Miami. Cuando regresó al país, en marzo de 2020, contagió a Celia. A pesar de eso, Román cuenta que la familia no dejó que Celia regresara a su casa. Celia explicó que la familia no quería que saliera de casa, porque no sabían cómo actuar: temían ser multados por no contener resguardado a alguien enfermo. Para esta fecha, el Gobierno ya había impuesto la cuarentena, después de la detección oficial del primer caso en el país.

A pesar de que Celia contrajo el virus en su lugar de trabajo y tuvo síntomas graves que requirieron utilizara un tanque de oxígeno, según Román, la familia empleadora no quiso asumir los gastos médicos de Celia. Por ello, fue el sindicato el que le consiguió un doctor y también un tanque de oxígeno, todo por medio de WhatsApp.

Román lamenta que Celia haya pasado por esta situación. Explica que, por miedo a molestar a sus empleadores, no exigió la atención adecuada para su salud. Así como ella, muchas trabajadoras temen hablar con sus empleadores sobre las vulneraciones a sus derechos, debido a que la ley no las protege ante despidos.

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María Teresa Aguilar es trabajadora del hogar remunerada desde que tiene 13 años. Proviene de una familia de diez hermanos. Dice que por eso tuvo que trabajar desde esa edad, para ayudar a su mamá con los ingresos del hogar. Desde entonces ha trabajado por temporadas cortas, de tres a seis meses, para diferentes empleadores.

El 23 de agosto de 2013 comenzó a trabajar en una casa en Vía del Mar, una residencial del Área Metropolitana de San Salvador en la que el valor de las casas asciende a un promedio de $255,000.

“La señora me apartaba los platos donde yo comía, me hacía limpiar el mismo lugar hasta tres veces. Me revisaba mis cosas antes de irme. Yo todavía siento miedo. Me hacía hacer otra vez el trabajo y por doscientos dólares”, cuenta María Teresa sobre ese trabajo.

Cuando ella quería negociar las horas laborales, su empleadora le sugería que se levantara más temprano para acabar con todo. Si pedía pago por horas extras, su empleadora espetaba frases sarcásticas: “está bueno para que seás abogada”, dice María Teresa que su empleadora respondía.

“Los jueves me tocaba levantarme a las 2 de la mañana, porque ella tenía un negocio de venta de chicharrones frente al Ministerio de Agricultura y Ganadería, y me tocaba ayudarle, pero solo me pagaba 5 dólares más por eso. Salíamos a la una de la tarde. Luego seguía mi jornada hasta las nueve de la noche”, relata.

Los jueves, María Teresa trabajaba 19 horas seguidas con descansos solo para los tiempos de comida. El resto de días, se despertaba a las 4 de la mañana, y trabajaba 17 horas diarias. Eso le dejaba un promedio de 6 horas de descanso por día, incluyendo sus horas de sueño, higiene, cambio de ropa y tiempos de comida: la mitad de las 12 horas mínimas de descanso que exige el Código de Trabajo en el artículo 80.

Semanal, hacen un total de 87 horas de trabajo, el doble de las 44 horas semanales máximas que debería tener la semana laboral, según establece este código en el artículo 89. El salario mínimo en el sector comercio y servicios es de 304 dólares mensuales y $1.25 dólares por hora. María Teresa ganaba 200 dólares mensuales. Por hora, 57 centavos, un poco menos de la mitad del salario mínimo por hora. Si su pago hubiera sido acorde a las horas trabajadas, María Teresa debía haber ganado incluso más de los $608 del salario mínimo: habría que incluir horas de nocturnidad y extras.

Dos años después de que la contrataran, el 13 de agosto de 2015, María Teresa cuenta que su empleadora la acusó robo, sin pruebas. La despidieron. Podría haber reaccionado como en otras ocasiones en las que fue víctima de algún abuso laboral: quedándose callada. Pero recientemente había escuchado del Sindicato de Trabajadoras Domésticas de El Salvador (Sitradomes), por medio de otras trabajadoras del hogar remuneradas sindicalizadas.

«En ese tiempo todavía estaba Vilmita en el sindicato», dice, refiriéndose a Vilma Vásquez, una de las fundadoras del sindicato y activista por los derechos de las trabajadoras del hogar remuneradas. Con ayuda de Vilma, acudió al Ministerio de Trabajo a interponer una demanda. En total, María Teresa pedía 1,300 dólares en concepto de reparación por despido injustificado. Pero en el proceso conciliatorio, aceptó recibir solo el 50 % de la indemnización por consejo de su abogado, dice. Aun así, ella considera haber recibido los 650 dólares como su gran victoria.

«Yo le pregunté a Vilmita que desde cuánto existía el Ministerio de Trabajo. ‘Huy, si el Ministerio de Trabajo lleva funcionando desde hace 70 años’, me contestó. Antes yo no defendía mis derechos porque no sabía cómo. Perdí mucho dinero por eso», añade María Teresa.

Según la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, «las medidas de aislamiento reducen la disponibilidad de contactos sociales y dificultan el acceso a la asistencia y el apoyo comunitarios». Por ello, la organización sindical resultó de ayuda vital para las trabajadoras del hogar remuneradas durante la pandemia por COVID-19.

En este periodo, María Teresa recibió apoyo del sindicato en víveres. También participó de reuniones de autocuidado que la organización llevó a cabo a través de llamadas telefónicas o de manera virtual.

Según la abogada Esther Rodríguez, con experiencia en derecho laboral, para poner una demanda contra un empleador del servicio doméstico es usual que el empleo se considere como de «tiempo indefinido», porque no existe un marco legal específico para las trabajadoras del hogar remuneradas. Para denunciar los malos tratos recibidos durante una jornada de trabajo, las trabajadoras pueden acudir a la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo.

«Si una demanda se interpone en los primeros 15 días seguidos al despido, el Código de Trabajo presume que la empleada no debe comprobar la existencia de una relación laboral; la da por hecha», añade Rodríguez. A pesar de ello, si una trabajadora del hogar remunerada demanda a su empleador por esta razón, su empleador puede negarse a reconocer la existencia de dicha relación laboral.

Ariadna Román, de la asociación Las Febes, cuenta que muchos empleadores desconocen a sus exempleadas cuando están frente a un juzgado. «Muchos patronos dicen en la cara de las mujeres que no las conocen, que nunca las han visto en sus vidas», explica Román.

A pesar de que el empleo doméstico remunerado es una práctica común en la sociedad salvadoreña, los números de denuncias reflejan que las personas que lo ejercen recurren muy poco a las autoridades para denunciar abusos o irregularidades:

La llegada de la pandemia dificultó la atención legal de parte del Estado en los casos de vulneración a derechos laborales de trabajadoras del hogar remuneradas.

Haydée Escobar, una trabajadora del hogar, cuenta que su exempleadora solo le pagó indemnización solamente por quince de los veintiocho años que trabajó para ella. Cuenta que decidió irse de la casa en la que trabajó por 28 años cuando su empleadora, la esposa del reconocido presentador de televisión Willie Maldonado, la hizo decidir entre conservar su trabajo o irse a cuidar a su hija y perder el trabajo.

La primera vez que Haydée pidió permiso para cuidar de su hija fue cuando la parió. Comenzó a trabajar para la familia Maldonado en 1992. Once años más tarde, en 2003, nació su hija. Tuvo que dejar de trabajar un tiempo para cuidarla. Meses después, le llamaron para preguntarle si podía regresar. Ella aceptó.

En 2018, quince años después, Haydée pidió permiso a su empleadora para ausentarse por unos días porque quien cuidaba de su hija en casa, su mamá, no podría hacerlo. «‘Los días que tu mamá no va a estar’, me dijo, ‘podés traerte a tu hija y tenerla aquí», cuenta Haydée que le propuso su jefa.

«Yo le dije que ella seguía estudiando, que no podía dejar de estudiar por venirse aquí. ‘Ah pues no sé qué vas a hacer. Entonces mejor andate’, me dijo», agregó Haydée.

Haydée decidió seguir trabajando, pero interpuso una demanda en el Ministerio de Trabajo. Dice que su exjefa se presentó solo a una de las citas que le hizo el Juzgado de lo Laboral de San Salvador que llevó su caso. «Ella siempre mandaba a su representante. Pero la vez que llegó, testificó. Dijo que ella había sido buena gente, que yo era una privilegiada», cuenta Haydée, quien desmiente esas afirmaciones.

Haydee dice que su horario laboral nunca fue uniforme. «Cuando comencé a trabajar, me dejaban salir al mes. Ya luego cada quince días. Cuando me le quise ir, me propuso salir cada semana, de lunes a viernes», asegura.

Ella tuvo que criar al menos a dos generaciones de niñes de la familia.

Cuando salíamos de la casa de paseo a la playa yo aguantaba hambre y sed, porque donde íbamos no permitían que una entrara bebidas. Yo tenía que andar con los niños, siempre», dice.

Según Haydée, su exempleadora solo reconoció la relación laboral desde el momento en que ella regresó a trabajar meses después del nacimiento de su hija, de 2003 a 2018. Los once años anteriores no fueron tomados en cuenta ya que la relación laboral no pudo comprobarse, al no existir un contrato formal. La ley establece que el contrato del servicio doméstico puede ser «verbal».

Haydée dice que al inicio le dijeron en la Procuraduría General de la República (PGR) que, por los 28 años trabajados, le correspondían 13 mil dólares. Sin embargo, debido a que su exempleadora logró reconocer nada más 15 de esos 28 años, debe de recalcularse el monto adeudado a Haydée como indemnización. Ella continúa visitando la PGR para darle continuidad a su caso que, debido a la pandemia, tuvo que alargarse aún más.

Alharaca intentó comunicarse con Willie Maldonado por medio de correo electrónico, sus redes sociales y compañerxs de trabajo, pero no respondió a ninguna solicitud para conocer su respuesta.

Al trabajo del hogar remunerado le falta mucho para ser reconocido por la ley

Existe una fórmula infalible que hace que el trabajo del hogar sea conveniente para quienes lo contratan. 

Según un informe de ONU Mujeres de 2016, las disposiciones que se ofrecen para el desempeño del trabajo del hogar tienen el objetivo de: 

• Abaratar el costo de la mano de obra; 

• Facilitar el despido; 

• Establecer ventajas desmedidas y desproporcionadas para quien emplea; 

• Inhibir al Estado en su deber de protección y garantía de los derechos sociales; y  

• Desigualdad en la protección social de esta población.

Ariadna Román, de Las Febes, aclara que el salario promedio mensual de una trabajadora del hogar ronda los 200 dólares (o menos), la duración de la jornada laboral es de 16 horas y, en el mejor de los casos, incluye dos días de descanso a la semana. Eso significa que ganan aproximadamente 63 centavos por una hora de trabajo.

El sector servicios a tiempo completo —como meserxs, cajerxs, empleadxs de call centers, etcétera— tiene un horario laboral de 8 horas diarias en el país y un salario mínimo de trescientos cuatro dólares mensuales, es decir, $1.25 dólares por una hora de trabajo, el doble del salario de la trabajadora remunerada del hogar.

Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo del hogar comprende tareas como limpiar, cocinar, hacer las compras, el servicio de lavandería, el cuidado de los niños, personas mayores o con discapacidad y de personas que necesiten atención. A pesar de esto, dice el informe, este trabajo está infravalorado. La percepción del trabajo del hogar como «improductivo» o «intrínseco a la naturaleza de las mujeres» invisibiliza el esfuerzo que requiere.

Según el único régimen especial que establece los requisitos mínimos regulatorios para el empleo doméstico en el Código de Trabajo, el contrato de servicio doméstico puede ser verbal. Eso hace mucho más difícil que a las trabajadoras se les respeten sus jornadas y sus salarios.

Un convenio estancado por 10 años

En El Salvador, la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo se encuentra estancado en la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior de la Asamblea Legislativa desde el año 2012, desde hace once años. Este convenio contiene una serie de artículos que regulan el trabajo del hogar remunerado o doméstico, como:

• Establecimiento de una edad mínima para contratar trabajadorxs domésticxs.

• Libertad sindical y regulación de condiciones de empleo en agencias de trabajadorxs domésticxs.

• Derecho a la privacidad, seguridad en el lugar de trabajo, protección contra cualquier tipo de abuso y horas de descanso mínimas.

• Todx empleadx del hogar debe conocer las condiciones de su trabajo y su relación laboral debe de estar debidamente establecida, de preferencia con contrato escrito.

• Establecimiento del régimen de salario mínimo para este sector.

David Reyes, exdiputado del partido Arena y miembro de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa durante el periodo 2018-2021, explicó que ha sido muy difícil poner en agenda el tema de las trabajadoras del hogar remuneradas. «Es falta de voluntad política», explicó. «A las compañeras, cuando vienen, nosotros las atendemos y se les ha acompañado en algunos procesos, pero estos temas son difíciles», añadió.

La ratificación de este convenio lleva en discusión desde 2011, 10 años. Su incorporación a la legislación salvadoreña sería un primer paso para garantizar las condiciones de una labor, según la OIT, que contribuye significativamente a la economía mundial.

Hasta entonces, y en tiempos de pandemia, las personas empleadas domésticas continuarán con menos protecciones que la mayoría de sectores laborales.

Edición: Suchit Chávez y Jimena Aguilar
Visualizaciones de datos y animaciones: Andrea Burgos