Facundo Maggio adquirió notoriedad a raíz de la muerte del cura Juan Viroche pero ya acumula una trayectoria como defensor de represores en los juicios por delitos de lesa humanidad.
Maximiliano Olivera @maxiolivera77
Sábado 8 de octubre de 2016
La muerte del cura Juan Viroche y las versiones que circulan sobre su deceso –murió por sus denuncias al narcotráfico, es el comentario más repetido– abrieron un cuestionamiento a la cúpula eclesiástica, personificado en la provincia por el monseñor Alfredo Zecca. Además del propio Zecca quien oficia de vocero del Arzobispado es el abogado Facundo Maggio.
Aunque en su CV resumido prefiere resaltar que sus clientes “provienen en su mayoría del ámbito corporativo” –“bancos, entidades financieras, empresas petroleras, empresas de servicios y productos de consumos masivo”, enumera– Maggio es parte del elenco de abogados que defiende a los genocidas en los diferentes juicios por delitos de lesa humanidad que se realizaron en Tucumán.
Actualmente Maggio participa de la defensa de los represores Camilo Orce, Enrique Bonifacino, Cayetano Fiorini y Miguel Linares en el juicio por el Operativo Independencia. Alternando la verborragia con la altanería, suele interrogar a los testigos para recrear un “escenario de guerra” que justifiquen las torturas, desapariciones y fusilamientos.
Linaje
Facundo Maggio es hijo de Pablo Maggio, quien tuvo una dudosa notoriedad al ser “el abogado argentino que escribió a favor de los fondos buitres” como perito de NML, del magnate Paul Singer. Su labor para los fondos buitres no le impidió trabajar en el sector público, como asesor del Banco Nación. Maggio padre firmó declaraciones de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, enemigos declarados de los juicios por delitos de lesa humanidad. En su estudio, Maggio padre es socio de Ricardo y Daniel Saint Jean, hijo y hermano de Ibérico Saint Jean, ex gobernador de Buenos Aires durante la dictadura.
Un paso fallido en la Fiscalía del Estado
En noviembre 2012 Maggio ocupaba un cargo como fiscal Estado cuando debió renunciar ya que al mismo tiempo ejercía la defensa de tres represores. Se trataba del general retirado Ernesto Arturo Alais, el coronel retirado Carlos Eduardo Trucco y el capellán José Mijalchyk, en el marco de la megacausa “Arsenal Miguel de Azcuénaga y ex Jefatura de Policía II”.
En aquella oportunidad, Maggio recibió los esperables apoyos de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y de Ricardo Bussi. Pero también el Colegio de Abogados provincial emitió un comunicado respaldando a Maggio lo que motivó el repudio de los abogados querellantes de la causa “Arsenal-Jefatura II”. Los letrados señalaron en una carta la “preocupante similitud” con las valoraciones de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia.
“Nunca sentimos apoyo por parte del Colegio en los numerosos actos de hostigamiento y amenazas a las que fuimos sometidos los abogados querellantes a lo largo de estos años, y esto a pesar de que muchos de esos hechos tomaron estado público y fueron puestos en conocimiento de la justicia tanto federal como provincial”, replicaba la carta firmada por Laura Figueroa, Inés Lugones de Bader, Daniel Weisemberg, Daniel Mendivil, Emilio Guagnini, Julia Albarracín y Julia Vitar.
Iglesia y Dictadura
Desde que se conoció su procesamiento, el capellán Mijalchyk contó con el apoyo del Arzobispado tucumano. El cura de El Colmenar estaba señalado por su participación en el centro clandestino que funcionó en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. Además de testigos que aseguraron haber visto “al padre Pepe” existía una nómina que lo incluía como informante del “Servicio de Informaciones Confidenciales” utilizado para recabar información de quienes serían secuestrados. En la víspera del juicio Mijalchyk no ocultó su relación con genocidas, admitió seguir dando “atención espiritual” a Luciano Benjamín Menéndez y Domingo Antonio Bussi, entre otros.
Aunque el juez Bejas no había dictado una prisión preventiva cuando lo procesó, si dictó una caución real de $150.000. A principios de enero de 2011, Mijalchyk presentó como parte del pago una camioneta Ford Ranger modelo 99, valuada en $35.000. El resto de la fianza, $115.000, fueron pagados por el Arzobispado.
Además, desde el Arzobispado –en ese momento el arzobispo era Luis Villalba, ahora nombrado cardenal en la era Bergoglio– se organizaban las movilizaciones de apoyo durante el juicio. En el largo tramo que va desde las primeras denuncias, su procesamiento y el juicio, el cura siguió dando misas. Finalmente, Mijalchyk fue absuelto y murió impune.
La coyuntura abierta por la muerte del cura Juan Viroche permite revisitar un capítulo entre la responsabilidad de la Iglesia en el genocidio y las vinculaciones hasta el día de hoy en búsqueda de la impunidad.
Maximiliano Olivera
Nació en Mosconi, Salta en 1989. Militante del Partido de los Trabajadores por el Socialismo (PTS). Miembro del comité editorial del suplemento Armas de la Crítica.
