Luego de dos semanas, el Ministerio de Ambiente confirmó la presencia de un pigmento orgánico conocido como ACID RED y descartó la presencia de cianobacterias y bacterias. Los rubros que podrían estar implicados incluyen curtiembres, industrias alimenticias, textiles y farmacéuticas, que utilizan este tipo de pigmentos en sus procesos productivos.
Jueves 20 de febrero 14:02
Hace dos semanas, el arroyo Sarandí, ubicado en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, sorprendió a todos al amanecer teñido de un intenso color rojo. Este inusual fenómeno no tardó en hacerse viral, generando una ola de indignación y la exigencia de que se investigue la causa de esta contaminación. Así, Daniela Vila, ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, presentó una denuncia formal ante la Unidad Funcional de Investigación N°1 de Avellaneda, y el Ministerio de Ambiente mandó a realizar análisis del agua.
Tras dos semanas, este jueves 20 se dieron a conocer los resultados preliminares de la investigación, difundidos por el medio La Nación. Según estos informes, el color rojo del agua se debió a la presencia de un pigmento orgánico conocido como ACID RED, un compuesto utilizado comúnmente por empresas y laboratorios. Sin embargo, no se menciona la concentración y aún queda por esclarecer cómo este pigmento llegó al arroyo y qué medidas se tomarán para evitar que algo similar vuelva a ocurrir.
El Ministerio de Ambiente de la Provincia llevó a cabo un análisis detallado mediante técnicas avanzadas de cromatografía gaseosa GC MS y cromatografía líquida HPLC MS/MS. Este estudio permitió identificar un total de 19 tonalidades distintas del pigmento orgánico rojo conocido como ACID RED presentes en la muestra analizada.
Con estos resultados preliminares, se inicia la búsqueda de los responsables del vertido, enfocándose en sectores industriales específicos. Según el informe, los rubros que podrían estar implicados incluyen curtiembres, industrias alimenticias, textiles y farmacéuticas, que utilizan este tipo de pigmentos en sus procesos productivos.
El informe preliminar del Ministerio de Ambiente, realizado en conjunto con la Autoridad del Agua y la Municipalidad de Avellaneda, señaló que los análisis iniciales no detectaron la presencia de cianobacterias tóxicas ni bacterias en el arroyo Sarandí.
Este curso de agua se convirtió en noticia el pasado 6 de febrero cuando su superficie adquirió un intenso color rojo, generando un impacto visual que rápidamente se viralizó en redes sociales y recorrió el mundo. Muchos también recordaron las palabras el presidente Javier Milei, que en campaña defendía el derecho de las empresas a contaminar todo lo que quieran. Algo que sucede desde hace rato, aún siendo ilegal.
Desde el principio, los vecinos señalaron a las industrias de la zona como responsables, ya que no es la primera vez que estas arrojan residuos al arroyo, lo que no solo afecta el color del agua, sino que también genera olores desagradables. Otra veces ha aparecido de color rosa, verde, violeta, con grasa o aceite arriba.
Una vecina de Villa Inflamable relata las precarias condiciones de quienes viven rodeados de contaminación: "no tenemos agua potable, en su momento nos daba agua envasada el ACUMAR y la Municipalidad de Avellaneda pero en febrero del año pasado nos la cortaron. Ahora compramos el agua envasada o la traigo desde lo de mi hermana agua en bidones".
El arroyo Sarandí, que forma parte de la continuidad del arroyo Las Perdices en el partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, posee una cuenca de algo más de 50 kilómetros cuadrados. Villa Inflamable es un barrio que limita con este arroyo, con el Río Matanza-Riachuelo, el Río de la Plata y el Canal Dock Sud. Es una de las zonas más contaminadas del Gran Buenos Aires, con estudios que señalan que la mitad de los niños tienen niveles de plomo en sangre mucho más altos de los aceptables.
Para poner fin la contaminación ambiental de los miles de establecimientos industriales de la zona hay que terminar con la trama de complicidades entre las grandes empresas y los gobiernos. Son los grandes grupos económicos quienes se benefician a costa de la salud, la vida y los ecosistemas.
Se vuelve cada vez más necesario prohibir el total del vertido de contaminantes químicos y metales pesados, dando un plaza de no más de 12 meses para la reconversión tecnológica de las empresas contaminantes. Aquellas empresas que no cumplan deben ser expropiadas y estatizadas bajo control de los trabajadores para su reconversión. Son los propios trabajadores y las poblaciones que sufren las consecuencias de esta contaminación quienes pueden llevar adelante un cambio real de esta situación.
