Este artículo desarrolla un análisis de la situación política, económica y social de Brasil, y formula una serie de hipótesis para el próximo período. Publicado por el Movimento Revolucionário de Trabalhadores (MRT) originalmente en Esquerda Diario, parte de la Red Internacional de La Izquierda Diario, lo presentamos aquí traducido para lxs lectorxs de Ideas de Izquierda.

1.0 Escenario económico, social y político

La economía brasileña presenta características de lo que los analistas llaman estanflación. El crecimiento del PBI brasileño debería ser del 1,1 %, según el IPEA (Instituto de Investigación Económica Aplicada). Se trata de un crecimiento muy bajo, teniendo en cuenta un país que venía de tendencias recesivas en el contexto internacional de la pandemia. Algunos países han tenido una recuperación acelerada con la vuelta a la apertura de los sectores de servicios, e incluso en el caso de Brasil, estas tendencias a la recuperación en 2021 tienden a mantener un crecimiento previsto del 1,8 %, pero van acompañadas de malos números en otros sectores: la industria, donde se prevén tasas de crecimiento negativas, y de la agricultura y la ganadería, con un bajo crecimiento.

El bajo crecimiento no viene de hoy, y todo indica que seguirá siendo una tendencia en los próximos años. En el período de 2019 a 2022, el Producto Interno Bruto (PBI) brasileño mostró un crecimiento promedio del 0,5 % anual (si se confirman las proyecciones de este año). Este desempeño solo será mejor que el verificado en el período del gobierno de Temer, entre 2016 y 2018, en el que la economía retrocedió 0,13 % por año, en promedio.

En este escenario, existe la posibilidad de que se produzcan cambios rápidos, e incluso bruscos, derivados de la guerra en Ucrania y de los efectos a largo plazo de las sanciones económicas a Rusia. Sin embargo, la tendencia es a una situación macroeconómica con presiones inflacionarias, sobre todo teniendo en alimentos y derivados del petróleo, sin que se produzca, al menos este año, ningún efecto de crisis económica importante o de marcada inestabilidad. La cuestión es hasta qué punto esta tendencia puede combinarse con efectos económicos más dramáticos sobre la población más pobre, lo que podría llevar a explosiones sociales, que por ahora están contenidas por las acciones del propio gobierno, así como por las grandes expectativas de que el regreso de Lula a la presidencia mejore las condiciones de vida.

En el promedio de las encuestas electorales de octubre de 2022, Lula sigue apareciendo en primer lugar, ganando en la segunda vuelta en todas ellas, con un margen de votos más amplio que en la primera. Bolsonaro consiguió reducir la distancia con Lula a través de una serie de medidas económicas, como Auxílio Brasil (programa de subsidios económicos a las familias en situación de pobreza extrema), el lanzamiento del FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) y el pago del 13º bono a jubilados y pensionados, y también concentrando los votos contra Lula, sobre todo tras la salida del ex-juez Moro, animador de la operación Lava jato, de la carrera presidencial.

La oposición de la derecha neoliberal, llamada “tercera vía”, está marcada por una fuerte crisis y por disputas fratricidas. El PSDB ya no es ni la sombra del partido que gobernó el país durante ocho años.

Frente a esto, la lista Lula-Alckmin busca disputar la orfandad de aquella “tercera vía”, no solo de su electorado, sino también de los sectores burgueses que la apoyaron. Este llamamiento fue explícito en la presentación de la candidatura presidencial. Alckmin es una figura fuerte del neoliberalismo, y con su nombre busca el apoyo de fracciones de la clase dominante y del capital financiero, en particular la simpatía del imperialismo estadounidense liderado por Joe Biden.

El escenario estratégico del país no presenta condiciones para que Bolsonaro y los militares implementen un golpe militar, o medidas de fuerza suficientes para impedir que se reconozca el resultado electoral. En comparación con 2018, una elección marcada por la amplia intromisión bonapartista que proscribió a Lula, las diferencias del escenario actual son enormes. Después de cuatro años de gobierno de Bolsonaro, las divisiones que se han expresado en las clases dominantes, mostraron sectores burgueses que prefieren una alternativa que no traiga tanta inestabilidad como Bolsonaro. No hay unidad burguesa en torno a uno de los campos en disputa. Hay fragmentación entre las alas burguesas nacionales e internacionales, que hacen más complejo el escenario actual.

En otros momentos del actual gobierno, cuando Bolsonaro estaba más fuerte y a la ofensiva, grandes sectores burgueses (la federación de bancos Febraban, la de industriales Fiesp) se posicionaron fuertemente contra las amenazas golpistas de Bolsonaro –como el 7 de septiembre–. Además, se reiteraron los mensajes transmitidos por el imperialismo estadounidense, a través de sus agencias de seguridad, espionaje y diplomacia, en contra de cualquier medida de este tipo. Con una mayor debilidad en la situación económica, y con un mayor desgaste producto de casi cuatro años de gobierno, Bolsonaro no tiene la fuerza para una empresa de esta magnitud.

Sin embargo, no se descarta que se produzcan acciones que movilicen a sus bases, con focos de perturbación, en vísperas de las elecciones, o después de sus resultados. En la prensa, es habitual vislumbrar una edición nacional de lo sucedido en el Capitolio durante la transición de mandatos en Estados Unidos. Es posible que medidas con esta inspiración ocurran en Brasil, con la salvedad de que no se trató de un intento de golpe, sino de una acción de impacto promovida por el trumpismo para deslegitimar las instituciones tradicionales del bipartidismo imperialista y mantener la fuerza de su proyecto incluso fuera del gobierno, moralizando a sus tropas reaccionarias.

Bolsonaro apuesta a elevar el tono de su retórica golpista, tanto para mantener cohesionada su base social como para continuar con su proyecto, incluso fuera del Gobierno. Por ello, está difundiendo sospechas sobre el recuento de votos y ha vuelto a desafiar a los ministros del STF (Supremo Tribunal Federal) y del TSE (Tribunal Superior Electoral). Hasta octubre, la tendencia es a la profundización de la polarización en el país. Que Bolsonaro eleve su retórica golpista tiene el efecto de alentar acciones violentas de su base más dura, como ha comenzado a ocurrir en algunos eventos, y que puede aumentar. Aunque la victoria electoral de Bolsonaro es un escenario minoritario, la recomposición de votos que tuvo en el último período contribuye a alentar a su base, que se siente libre de hacer todo tipo de ataques bolsonaristas, al tiempo que aumenta el miedo social a la posibilidad de su reelección.

En este contexto, la policía bolsonarista protagonizó dos hechos brutales. Una masacre, con 26 muertos en dos comunidades de Río de Janeiro, y el brutal asesinato de Genivaldo, un trabajador negro, en una cámara de gas improvisada dentro de un auto de policía. Estas escenas circularon por el mundo, y son expresiones de lo que la base de Bolsonaro puede hacer de aquí a octubre. Hay un clamor evidente de amplios sectores de la sociedad por justicia para Genivaldo, sin embargo, las principales centrales sindicales (lideradas por el PT y el PCdoB) han mantenido hasta ahora su pacto de paz social con el gobierno, y están completamente paralizadas para no perturbar los planes electorales de Lula y el PT. En el caso de la masacre en Río, la acción fue claramente política, con el comandante de la policía declarando que los responsables por los muertos de la operación fueron los ministros del STF –debido a una decisión demagógica que prohibía las acciones policiales en las favelas durante la pandemia– lo que, según la declaración del comandante, había llevado a un aumento de los “delincuentes” en estas regiones. Nada más cínico, dado el papel estructural de masacre, represión y asesinatos que la policía comete contra la población negra y trabajadora todos los días. En realidad, estas declaraciones muestran claramente un sector de la base de Bolsonaro que utiliza una acción ultrareaccionaria para ubicarse en contra a los opositores del gobierno dentro del régimen político brasileño.

Una cuestión decisiva para el análisis de las tendencias político-electorales es si existe la percepción de un amplio sector de la población de que sus condiciones de vida empeoraron durante el gobierno de Bolsonaro. Todos los indicadores del costo de vida apuntan a un claro empeoramiento de esta situación. Por primera vez desde el Plan Real (1994), un presidente terminará su mandato con un salario mínimo que vale menos que cuando asumió. Además, la inflación es histórica, la más alta desde 1996. Aparte de la inflación oficial, la economía real apunta a una subida mucho mayor de los precios de los artículos más consumidos por las clases bajas. Para algunos sectores, la culpa del empeoramiento de la situación no es atribuible automáticamente a Bolsonaro, y creen en su relato que la situación ha empeorado con la pandemia debido a la responsabilidad de los gobernadores y al “quedarse en casa”.

Esta situación de empeoramiento de las condiciones de vida se ve alimentada por las elevadas tasas de desempleo y precariedad laboral, que afectan toda la vida de la clase trabajadora, no limitándose únicamente al problema del hambre. Desde el punto de vista de la problemática urbana y de la vivienda, es significativo que en São Paulo haya aumentado en más de un 230 % el número de personas que viven en la calle.

Esta situación social es el terreno en el que se asienta la tendencia para las elecciones de octubre, en las que el escenario electoral más probable, hasta ahora, es la victoria de Lula. La intención de voto a Lula se alimenta de la búsqueda de un retorno a las condiciones de vida y los derechos que se perdieron durante el gobierno de Bolsonaro. Por lo tanto, si no se produce un cambio brusco, el escenario estratégico del país es de transición del gobierno de Bolsonaro a un nuevo gobierno de Lula.

2.0 Las diferencias entre los dos proyectos: Lula y Bolsonaro

Lula y Bolsonaro encarnan proyectos burgueses diferentes para la administración del capitalismo brasileño. Saber diferenciar entre ambos es fundamental para la denuncia y el combate frontal del reaccionarismo de Bolsonaro, así como sus graves consecuencias para las condiciones de vida de las masas. Por otro lado, es importante entender que el proyecto de Lula es un intento más de crear la ilusión de que es posible un desarrollo capitalista más humano e inclusivo, y que la conciliación de clases servirá para combatir a la extrema derecha. Sin embargo, es precisamente esto lo que ha permitido a la extrema derecha ganar terreno en el país.

2.1 El proyecto de Bolsonaro

Bolsonaro encarna un proyecto ultraliberal y tiene un programa para que el gran capital actúe libremente. Su modelo significa que las grandes empresas puedan saquear sin límites, precarizar aún más a la clase trabajadora y eliminar cualquier tipo de derechos sindicales, y promover una acumulación de capital que atropella los derechos indígenas, las comunidades quilombolas y cualquier gestión medioambiental incluso en los marcos de un capitalismo “sostenible”. Un modelo que solo puede terminar en más irracionalidad capitalista, más pobreza, más desempleo, más devastación ambiental Paulo Guedes siempre ha sido la figura garante de que el gobierno avanzaría en las privatizaciones y reformas. Es uno de los pocos nombres del inicio del gobierno que se ha mantenido, aunque con menos fuerza que cuando entró.

Su base social está formada por los sectores más reaccionarios de la sociedad, en particular la policía, los militares, las milicias, los sectores conservadores de las iglesias, grandes sectores de la agroindustria y un sector de la burguesía logística y minorista (Havan, Riachuelo, Madero, etc.). La retórica de la ultraderecha, que alaba la Dictadura Militar, ataca a los indígenas, a las personas LGBT y a los derechos democráticos fundamentales, como el aborto, pretende mantener esta base siempre cohesionada, como fuerza auxiliar para sus embestidas políticas.

Las crisis que impregnaron el gobierno no permitieron un avance de las privatizaciones y reformas como se pretendía, y declaran los deseos de avanzar en este camino, como la privatización completa de Petrobras. En relación con el techo de gasto, que sufrió cambios para garantizar el presupuesto, y ahora algunos analistas prevén que se reformulará aunque manteniendo la estructura de control presupuestario. En este proyecto, las inversiones y la dinamización de la economía a través del Estado, aunque sea parcialmente, son muy bajas. Una expresión de ello es que las empresas estatales federales invirtieron solo el 39,7 % de lo previsto para 2021, la cantidad más baja en seis años.

La política ambiental y los ataques a las comunidades indígenas, han marcado sucesivos escándalos de episodios de violencia extrema, como en el reciente caso de los Yanomami, en Roraima. Son políticas que flexibilizan y fomentan las actividades extractivas y mineras ilegales, cuando no las apoyan directamente, como es el caso del general Heleno que ha autorizado algunas de estas actividades, así como la tala desenfrenada de bosques para la expansión del agronegocio.

La imagen de “potencia emergente” que existía en el apogeo del lulismo ha ido decayendo. Tras el conjunto de retrocesos económicos y sociales, la mayor ofensiva contra el medio ambiente y las degradaciones bonapartistas en el régimen, el país de Bolsonaro aparece como un paria desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Su gobierno forma parte del movimiento de gobiernos de extrema derecha, golpeados por la derrota de Donald Trump, y que ahora buscan realinearse de cara a las elecciones de medio término en Estados Unidos que podrían volver a colocar a Trump en el escenario político mundial. Es la búsqueda de un alineamiento con estas figuras, y con estados reaccionarios como Israel, lo cual Bolsonaro también utiliza para hacer política a sectores de su base evangélica en Brasil. Desde el punto de vista del imperialismo europeo, en particular el francés de Macron, se han producido numerosos enfrentamientos públicos, y una secuencia de conflictos con el gobierno de Joe Biden de EE. UU. –el último y más importante, con la visita de Putin en vísperas del conflicto de Ucrania–. En relación con China, que inicialmente expresó algunos conflictos, desde hace algún tiempo el gobierno ha evitado este tipo de confrontación. Tanto por las relaciones materiales entre ambos países, en particular la exportación de granos, como por la política de provocar a los demócratas, que no quieren ver a un aliado de Trump reelegido en la mayor economía de América Latina.

2.2 El proyecto de Lula

Lula, por su parte, viene presentando en sus discursos el esquema de un proyecto “neodesarrollista”, que estimula la economía capitalista a través del Estado y el consumo. Un rasgo distintivo de sus declaraciones es la defensa de un “Estado fuerte” para impulsar la economía, especialmente a través de las infraestructuras –que podrían realizarse mediante Asociaciones Público-Privadas (APP)– y para estimular la inversión privada. Lula señala que es necesario aumentar el consumo como parte de este engranaje, vinculando la “inclusión de los pobres en el presupuesto”, para impulsar el crecimiento económico. En su retórica, está la promesa de que el crecimiento económico y la distribución de la renta no son dos procesos separados –en contraposición a la famosa frase de Delfim Netto, “hay que esperar a que crezca el pastel para repartirlo”–. Así, Lula y el petismo proponen un modelo de regulación de las grandes empresas con el objetivo de ofrecer un apaciguamiento y una convivencia armoniosa entre los intereses de los empresarios y los trabajadores. También destaca las acciones de su gobierno en materia de educación, especialmente la creación de universidades y vacantes en la educación superior. Lo relaciona con un proyecto de país, donde la educación y la formación son necesarias para el desarrollo económico. La expansión de la educación superior en los gobiernos del PT se basó en la creación y expansión de grandes monopolios educativos privados, con vacantes subvencionadas por enormes exenciones fiscales. Los puestos de trabajo se perdieron tan pronto como la crisis económica generó un impacto más profundo en las condiciones de vida de estos estudiantes que se vieron obligados a dejar de estudiar.

En cuanto a las reformas ya aprobadas, Lula critica la reforma de las pensiones, considerada la “madre” de todas las reformas por la propia burguesía, y propone cambios en la reforma laboral, que trataremos aparte. Sobre el techo de gasto, defiende que al menos no debería seguir como hasta ahora, bajo la justificación de ampliar las inversiones del Estado. Sin embargo, lo hace destacando siempre que tiene un “compromiso fiscal”, ya que el crecimiento económico generaría un mayor aumento de la recaudación de impuestos, reduciendo la deuda pública en relación al PBI. Repetidamente recuerda el aumento de las reservas de dólares y el superávit fiscal de sus gobiernos, un mensaje que envía al mercado financiero de que seguirá pagando religiosamente la deuda pública. Así, el PT no pretende eliminar los mecanismos de control del presupuesto público, sino promover ajustes en el mismo. La propuesta de remodelación es incluso compartida por sectores de la derecha neoliberal, especialmente después de la pandemia.

En cuanto a las privatizaciones, nombra algunas empresas públicas, especialmente en sectores estratégicos, que no piensa privatizar, como Eletrobrás, Correos y el Banco do Brasil. Promete reanudar las inversiones estatales para abastecer los “cuellos de botella productivos”, especialmente los fertilizantes, muy afectados por la guerra en Ucrania. Aunque Lula habla en contra de las privatizaciones, las figuras fuertes que forman parte de la elaboración de su programa económico, como Guido Mantega –ex ministro de Lula y Dilma Rousseff–, envían señales de que tales medidas son posibles. En una reunión con grandes empresarios, declaró que está a favor de las privatizaciones en el sector siderúrgico, probablemente haciendo referencia a la privatización de CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) en los años 90. También elogió al presidente neoliberal del Banco Central, Campos Netto. El PT hace así un doble discurso. En la campaña defiende la revisión de algunas reformas, haciendo demagogia electoral, pero dialogando con los intereses de los representantes del capital financiero y la gran burguesía.

Parte del discurso del gobierno de Lula pasa por la “defensa de Petrobras”. El retorno de la empresa como símbolo del gobierno y del crecimiento del país es una parte importante de las señales a una parte del movimiento obrero e incluso como discurso de masas, sin embargo, como ya ha advertido el ex presidente de la empresa estatal, no es posible revertir la privatización y el desmantelamiento de la empresa, incluso si Lula y el PT buscan estructurar la empresa para utilizarla en proyectos de fertilizantes, generación de energía, y tal vez incluso en alguna confrontación más contenida con los accionistas puede reducir parcialmente los precios de los combustibles. Quizás en Petrobras es donde el proyecto de Lula es más diferente al de Bolsonaro, pero también ilustra cómo su gestión incluso en esta empresa se basaría en lo ya conquistado por el golpismo y no en su reversión.

En temas democráticos, Lula siempre busca colocarse como defensor de los sectores vulnerables, que han sido muy atacados por el gobierno de Bolsonaro. Por ello, promete la creación de un Ministerio Indígena, con un líder indígena, y la recreación del Ministerio de Igualdad Racial. El enorme favorecimiento promovido por sus gobiernos al agronegocio, que ahora es parte de los ataques a los indígenas, la misión a Haití (dirigida por generales que ahora son bolsonaristas) y la política de Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en la favelas que asesinaron y reprimieron a miles de negros, obviamente buscan ser borrados por el PT. En el tema de la mujer, se declaró a favor del aborto “como una cuestión de salud pública”, aunque luego tuvo que dar marcha atrás parcialmente, ante las reacciones de los sectores conservadores, además de no explicar por qué no se legalizó el aborto durante 13 años de gobiernos del PT.

Para justificar la viabilidad de su proyecto de país, Lula siempre recuerda sus gobiernos. Sin embargo, no dice en qué se basa ni qué problemas estructurales generó este proyecto. Basándose en el inmenso aumento de la subcontratación y de la rotación de mano de obra, Lula fortaleció las instituciones estatales que subvencionaban a los grandes monopolios privados instalados en el país, profundizando los mecanismos encubiertos de penetración del capital imperialista. Uno de sus productos fueron los llamados “jugadores globales”.

Esta política económica se llevó a cabo a través del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social), de los fondos de pensiones de las grandes empresas estatales, de Petrobras, del Banco do Brasil y de la Caixa Económica Federal, que fueron los principales instrumentos a través de los cuales el Estado reforzó su ayuda al capital monopolista privado de los sectores nacional y extranjero. Como consecuencia, promovió una modernización de los sectores de la economía (industria, agroindustria y servicios) vinculados a la exportación de productos primarios, combinada con la pérdida de espacio para la producción nacional de manufacturas a favor de las importaciones en la mayoría de las demás ramas de la economía, así como la reprimarización de las exportaciones del país, proceso que se ha acentuado en los últimos años, con un importante fortalecimiento de la agroindustria, la minería y la extracción de petróleo en el PBI del país.

Al mismo tiempo que Lula ofrecía enormes recursos a los sectores monopólicos privados, mantenía un fuerte apoyo social con niveles récord de aprobación, fue el desarrollo de lo que se ha llamado lulismo. Este fenómeno, necesitó de condiciones económicas excepcionales para desarrollarse. Impulsadas por el crecimiento de dos dígitos de China, las materias primas tuvieron un ciclo de alta demanda y valores que llenaron las cuentas públicas.

Estas condiciones, que no existían en parte del primer mandato, empezaron a desarrollarse, y fue en el segundo mandato de Lula cuando se consolidó el lulismo, con la Bolsa Família como bandera de identidad. Los programas de asistencia social, combinados con la expansión del crédito y el aumento del salario mínimo por encima de la inflación, fueron las bases materiales de un pacto conservador, que aumentó los beneficios de la burguesía al tiempo que posibilitaba algunas concesiones sociales, garantizando la estabilidad social. Lula mantuvo lo esencial de la política económica neoliberal, creando una sensación de ascenso social, que llamamos “gradualismo lulista”.

A diferencia de la propaganda del PT, en el primer año de gobierno de Lula, cuando las condiciones económicas internacionales aún no eran favorables, el escenario era diferente. Se elevó el salario mínimo y Lula lo atacó, aplicando una reforma de las pensiones que afectó a la administración pública. Se mantuvieron las prerrogativas neoliberales y Lula preservó el legado de las privatizaciones de los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso. Como señala André Singer, politólogo y ex secretario de prensa de Lula, en Os sentidos do lulismo [...] “el paquete de ‘fechorías’ neoliberales destinado a ‘estabilizar’ la economía y a demostrar al capital que las promesas de campaña se cumplirían al pie de la letra se aplicó a mayor escala que la practicada en el segundo mandato de Cardoso [...]”.

En la práctica sus gobiernos se caracterizaron por ser neoliberales-neodesarrollistas-sociales, combinando la vieja estructura neoliberal con una mayor intervención del Estado en la economía y algunas concesiones sociales. No se tocó ninguno de los problemas estructurales del país, que son pilares de la acumulación de capital. Por el contrario, al final Lula profundizó estas contradicciones, por ejemplo, aumentando exponencialmente la financiación pública del agronegocio a través del “Plan Safra”, garantizando al mismo tiempo una “pax social”, que solo estallaría con más fuerza con las jornadas de junio de 2013.

Por último, hay grandes diferencias entre Lula y Bolsonaro, y la forma en que pretenden actuar en el régimen político. Los ataques bonapartistas han profundizado la crisis de representatividad del régimen político, e incluso Bolsonaro actúa permanentemente para desestabilizar partes del régimen para favorecer su propia posición. El regreso de Lula al gobierno puede traer un aire de vuelta a la normalidad, al menos durante un tiempo. Aunque se podrían desarrollar nuevas experiencias con el PT, Lula podría dar una apariencia democrática al régimen que se ha deteriorado mucho en los últimos años. Sin embargo, las condiciones económicas, políticas y sociales de 2023 serán completamente diferentes a las de los primeros mandatos de Lula, y éste tendrá márgenes mucho más estrechos para operar y para hacer concesiones.

2.3 La política internacional de Lula

En cuanto a la política internacional, Lula ha intentado repetidamente presentar una especie de “multilateralismo” en la política exterior. Exalta las asociaciones que ha hecho con diferentes países africanos, y su política en relación con los BRICS, queriendo transmitir la idea de una política internacional que buscaba construir relaciones económicas, políticas y diplomáticas armoniosas, al margen del imperialismo estadounidense. En otras palabras, llama la atención en sus discursos el eje diplomático de la integración Sur-Sur, incluyendo a China en particular, pero también a Rusia, en la línea de lo defendido por el canciller Celso Amorim, una figura importante en sus gobiernos.

En una entrevista con Time, comentó este “juego propio” que quiere tratar de reconstruir. Sobre el tema de la guerra en Ucrania, Lula también culpó a Zelensky por la guerra, oponiéndose al conflicto, pero sin condenar a Putin, como es la política de Estados Unidos y Europa. Es decir, un multilateralismo que cuestione la hegemonía de EE. UU., pero que al mismo tiempo asegure que no haya problemas con EE. UU., China, Rusia, etc.

Aunque por parte del Partido Demócrata es poco menos que inaceptable que un trumpista como Bolsonaro siga al frente del mayor país de América Latina, hay fricciones entre lo que representa Lula y la actual política internacional de EE. UU.. Vale decir que no hay un “alineamiento perfecto” de Lula ni con los republicanos (más obvio, por el trumpismo) ni con los demócratas (sobre todo porque fue víctima de Lava Jato). La visión “sur-sur” y la reanudación del BRICS (otra ilusión, porque no existe tal cosa fuera del enorme avance de China como competidor global, y del bloque Pekín-Moscú que materializó su afinidad de años con la guerra de Ucrania) es una expresión de este “no alineamiento” –el BRICS reúne hoy a los principales adversarios geopolíticos de Washington (con un importante pero voluble aliado, la India)–.

Lula y el PT buscan construir una relación privilegiada con el imperialismo europeo, particularmente con Francia y Alemania, que lo recibieron como jefe de Estado. Por muy alineados que estén con EE. UU. en Ucrania, tienen intereses estratégicos en aumentar su presencia en las Américas para poder competir de manera menos subordinada a EE. UU., en busca de un mayor acceso a las materias primas brasileñas, para minimizar su dependencia de Rusia en varios rubros.
Las relaciones diplomáticas que Lula pretende construir tendrán un mundo muy distinto al que vio en la década de 2000, en el que los miembros del BRICS ya no son aquellos países geopolíticamente menores de antes (varios de ellos están involucrados en el principal terreno geopolítico del mundo en la actualidad, el Asia-Pacífico).

Sobre todo, Lula está difundiendo una política de Estado que pretende devolver a Brasil a la escena internacional, reinsertando la economía entre las principales economías del mundo y recuperando cierto prestigio entre las potencias capitalistas. Podemos decir que Lula y el PT quieren renegociar un estatus “no tan subordinado” con EE. UU. en el sistema de Estados, jugando entre las líneas de la gran disputa entre Washington y Pekín. Por los negocios que Lula y el PT tienen con China, y la dependencia umbilical del agronegocio con la economía china, Lula hace un guiño a Xi Jinping y al gobierno bonapartista del PCCh, lo que explica también sus críticas a Biden y a los demócratas.

Esta política de Estado también puede verse en la postura crítica de Lula hacia Occidente (se distanció de la invasión rusa) en la entrevista con Time. Aprovecha las dificultades de Estados Unidos para avanzar sobre países importantes que no quieren alinearse con Washington a cualquier precio (India, México, Sudáfrica, etc.), fruto de una crisis de hegemonía que no se resuelve con los éxitos parciales que ha cosechado contra Rusia en plena guerra. Dentro de esto, es importante notar que la “autonomía” que Lula y el PT buscan frente al imperialismo norteamericano es relativa, y no cruza los lineamientos estructurales de la injerencia económica del imperialismo en América Latina, buscando atenuar la dominación norteamericana con más alianzas con los imperialismos europeos y China.

El proyecto del PT, que se diferencia del bolsonarismo en el alcance de los alineamientos preferenciales, apunta a basarse en dependencias cruzadas del país ante las distintas potencias (en seguridad nacional depende más de EE. UU., en economía depende más de China, etc.). La autonomía relativa y la subordinación real son aspectos del proyecto del PT que se combinarán en diversos grados, en un momento mucho más turbulento e inestable de la economía y la geopolítica mundiales.

3.0 La reforma laboral y los proyectos en disputa en el mundo del trabajo

El fenómeno de la precarización desde las plataformas, la uberización del trabajo, ha cobrado fuerza rápidamente, sobre todo en los países donde la extrema derecha se ha fortalecido. Así, el Reino Unido de Boris Johnson (post-Brexit) fue uno de los mayores implementadores del contrato de hora cero y de la uberización a través de plataformas. Por otro lado, los Estados Unidos de Trump también han acelerado estos procesos, incluyendo su conexión con fenómenos de precariedad en los gigantes del capital comercial-financiero, como Amazon. En América Latina, el nivel de uberización de los trabajadores brasileños es desproporcionado, alcanzando los cinco millones de trabajadores, un número muy elevado si se compara con otros países de América Latina.

Desde este punto de vista, podemos tener en cuenta que el proyecto bolsonarista en Brasil es de destrucción de las condiciones de trabajo, pero también de mediaciones, atacando a los sindicatos y limando todo lo posible la legislación laboral, un proyecto de subordinación a la división internacional del trabajo con Brasil como granja del mundo y el proletariado brasileño en condiciones de explotación que compiten con los principales focos de explotación del mundo, como la India.

En el caso de la candidatura Lula-Alckmin, la forma de subordinación de la clase en este caso sería mantener las mediaciones de la burocracia y encontrar un lugar para ella en el régimen. Por eso Lula defiende la vuelta del impuesto sindical, para que las burocracias sindicales tengan mayor capacidad de negociación con la patronal, y también así, tengan más capacidad de contener procesos de lucha de clases basados en la cooptación y el control, pero que pueden tener una característica perversa para el movimiento obrero y cuando se trata de nuevas formas de precarización: un discurso de revalorización de la reforma laboral para garantizar unas condiciones “mínimas” a los trabajadores de plataforma y subcontratados, a través de una regulación especial, pero con la intención de generalizar aún más estas modalidades. Es decir, si en los gobiernos del PT la propuesta era generalizar la externalización y la precariedad laboral con el discurso de “generar 12 millones de puestos de trabajo”, ¿no sería ahora la propuesta de replantear la legislación laboral, no para garantizar los derechos laborales plenos, sino partiendo de ofrecer concesiones, terminar consolidando la tercerización de las actividades finales y generalizar la uberización y el trabajo a destajo? Tal vez el ensayo de esta propuesta fue hecho por Márcio Pochmann [1], cuando dijo que es necesario una “CLT [2] de la era digital”, incorporando gran parte del discurso de una nueva configuración del trabajo, criticando la reforma laboral, pero proponiendo algo “adaptado a las nuevas necesidades”, que en la práctica será regular gran parte de los cambios drásticos contra la legislación laboral desde la reforma de Temer de 2016.

Lula hizo un discurso similar en el acto con Alckmin junto a las centrales sindicales. Dijo que quiere que los repartidores tengan más derechos, pero que no quería cambiar la reforma laboral para volver a 1943, en referencia a la aprobación de la CLT. Lo que Lula quiere decir es que el PT quiere simplemente regular la uberización, tal y como hizo con la terciarización. El discurso de la derogación de la reforma laboral es demagógico. Lula ha declarado en innumerables ocasiones que tiene la intención de revisar algunos puntos, utilizando el ejemplo español. Repitió innumerables veces que pretende tener una “mesa de negociación” con empresarios y sindicatos, asignando a Alckmin la tarea de esta mediación, una representación categórica, y simbólica, del de la fórmula Lula-Alckmin que uniría lo “sindicalista” y lo “neoliberal”.

Ahora, Bolsonaro, de cara a las elecciones, promete una MP (Medida Provisional) para regular el trabajo por apps. La propuesta fue presentada por el equipo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y se centra en dos puntos: el primero es formalizar los contratos temporales de los trabajadores rurales y el segundo regular la relación entre los trabajadores de apps y las empresas. A pesar de no tener una propuesta cerrada, las medidas de Bolsonaro no reconocerán una relación laboral entre apps y trabajadores sino que promoverán la “inclusión en la seguridad social”.

4.0 Fracciones de la clase dirigente de cara a las elecciones de 2022

Dos proyectos de subordinación al imperialismo están en disputa en las elecciones de 2022. Haciendo una división aproximada, podríamos decir que, por un lado, la de Bolsonaro, es la corriente internacional de extrema derecha liderada por Donald Trump, apoyada por las fuerzas armadas brasileñas y que tiene como base económica fundamental el agronegocio y sectores del capital comercial. Por otro, la fórmula Lula-Alckmin, que tiene bases en sectores del capital industrial y financiero, con apoyo de sectores herederos del bonapartismo institucional, hoy con centro en el Supremo Tribunal Federal (STF), y mayor preferencia de sectores nacionales e internacionales que antes apostaban por la tercera vía.

En el caso del agronegocio, hay que tener en cuenta que este sector ha adquirido una importancia creciente, proceso que se inició con los gobiernos del PT, con Roberto Rodrigues en el Ministerio de Agricultura, por la Asociación Brasileña de Agronegocios (ABAG), y luego con Kátia Abreu, por la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA), como ministra del gobierno de Dilma. Lo cierto es que, como venimos analizando, el peso de la agroindustria ha ido aumentando en la economía, alcanzando hoy el 24,7 % del PIB. Ha logrado un gran predominio en el Congreso, con una bancada de 241 miembros de la Cámara de Diputados y 29 senadores. Teniendo en cuenta que este sector se concentra, en su mayor parte, en estados con una población cuantitativamente inferior a la de los grandes centros urbanos, esta desproporción en la representación parlamentaria es una característica estructural del régimen político actual, en el que las grandes masas de población están muy lejos de su proporción real. El último gran “logro” del sector fue la propia elección de Bolsonaro, que gobernó fuertemente apoyado por el agronegocio, y parte de esos estratos sociales, especialmente en el interior del país, y en una porción de los sectores más pudientes de las clases medias.

Esto no significa que toda la agroindustria actúe en bloque, y entender el comportamiento de las asociaciones puede ser importante para ver cómo actuarán en relación con 2022. En términos generales, la Aprosoja (Asosiación Brasilera de los productores de Soja) y la CNA (Comisión Nacional Agrícola), y las entidades vinculadas a la carne, la soja y los granos, han apoyado al gobierno de Bolsonaro, con Tereza Cristina, una de las líderes de la bancada rural, y que encabezó la desregulación de los plaguicidas en Brasil como ministra de agricultura, seguida por su secretario ejecutivo Marcos Montes. Por otro lado, ABAG, que representa a los comerciantes del agronegocio, tiene una postura más crítica al gobierno y busca poner más limitaciones a las políticas antiambientales de Bolsonaro.

Durante el 7 de septiembre de 2021, algunas asociaciones del agronegocio se posicionaron “a favor de la democracia”, y la razón es que son sectores que tienen un mayor trato en particular con el capital europeo, que presionan retóricamente tanto en la política ambiental como en los temas de expansión agrícola (que lleva a la devastación ambiental y al ataque a las poblaciones indígenas y quilombolas). En otras palabras, por mucho que prefieran a Bolsonaro antes que a Lula, hay límites en este sector para embarcarse en las políticas de Bolsonaro que podrían generar más inestabilidad. Por lo tanto, es necesario analizar hasta qué punto este sector se posicionará de forma contraria al gobierno y si puede haber un poco más de desapego de los miembros de la bancada rural en relación con el gobierno, aunque por el momento esta no es la tendencia.

Desde el punto de vista de los industriales, la FIESP que con Paulo Skaf se adelantó bastante al impeachment y publicitó el apoyo público a Bolsonaro, ahora tuvo un cambio de postura con el nuevo presidente Josué Gomes. Aunque este se declara “apartidista”, entró en el cargo en febrero de 2022 con críticas públicas a Bolsonaro desde su primer discurso. Además, es hijo de José Alencar, que fue vicepresidente de Lula. Se trata de una medida importante, ya que es la principal asociación de empresarios industriales del país.

Entre los grandes minoristas y el capital comercial, se observa una mayor división, con un sector apoyando fuertemente a Bolsonaro, como Riachuelo, Havan y Carrefour, y del otro lado algunos de los gigantes aparentemente posicionándose para apoyar la fórmula Lula-Alckmin, con Magazine Luiza y Americanas entre ellos. Los sectores minoristas bolsonaristas han sido muy decididos en su apoyo a Bolsonaro, en particular Havan se ha convertido en un “símbolo” bolsonarista.

El capital financiero tampoco parece tener consenso. Según la periodista de Valor Econômico, Maria Cristina Fernandes, en un artículo reciente destacó algunas bases importantes de Bolsonaro en el sector financiero, pero también señaló divisiones, en particular a partir del monopolio Itaú-Unibanco: “La cúpula directiva de Itaú Unibanco llegó dividida a la carrera presidencial. Prefieren no fomentar un enfrentamiento entre el presidente Jair Bolsonaro y el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pero el fracaso de la tercera vía parece dejarles sin alternativa. La mitad que originó el primer nombre del mayor banco brasileño se inclina por el actual presidente. La otra mitad, por el ex presidente”.

También en relación con este sector, Campos Netto, actual presidente del Banco Central, afirmó que los mercados estaban tranquilos porque ya le habían “puesto precio” a Lula. Es decir, aunque un ala del capital financiero se incline por Bolsonaro, no hay una política de miedo ante la posibilidad de que Lula sea elegido, como la que impulsó este sector en las elecciones de 2002, por ejemplo.

La clave a señalar con estas divisiones en los sectores del capital es que hay tendencias en ambos lados, pero cabe destacar cierta base importante de apoyo a Bolsonaro, que tiende a incidir en las encuestas electorales y en su recomposición, no solo por el peso que gana con la Ayuda Brasil, sino también por el apoyo más o menos activo de sectores fuertes del capital en el país, particularmente del agronegocio. Pero mostrar la división también sirve para ver las diferencias entre esta fórmula electoral y la de 2018, ya que también se da un desplazamiento en todas las fracciones (sobre todo industriales y financieras) en apoyo a la fórmula Lula-Alckmin, que la configura como mucho más burguesa, dentro del juego “gana-gana” del capital financiero en el país.

5.0 Tres pilares del régimen postgolpe: Partido Militar, Poder Judicial y el Centrão.

Incluso antes de la llegada de Bolsonaro al gobierno, definimos el régimen político después del golpe institucional como una formación “en punto de mutación”. Un régimen que ya no era el surgido en 1988, pero que no presentaba, todavía, una nueva estructura con contornos más definidos.

Ahora, estamos llegando al final del mandato de Bolsonaro. Desde su inicio, se han producido una serie de cambios en las fuerzas de un régimen en constante mutación. No significa que el nuevo régimen sea sólido, con formas acabadas. Está sujeto a ser sacudido y transformado por nuevas crisis, especialmente si surgen procesos más abruptos en la lucha de clases.

Uno de sus rasgos más llamativos es una configuración más agresiva contra las condiciones de vida de las masas, debido a los pronunciados rasgos bonapartistas, incluyendo una mayor injerencia militar directa en la política. Los 4 años del gobierno de Bolsonaro, sumados a los 2 años del gobierno de Temer, han catalizado estos importantes cambios, que dejan como legado lo que llamamos la obra del golpe institucional. Esta arquitectura será un factor de disciplinamiento y control constante, independientemente de quién ocupe el cargo en 2023.

5.1 El Partido Militar

El Partido Militar es una de las expresiones de la crisis orgánica brasileña. Ante el debilitamiento de los partidos orgánicos, las facciones de la burguesía tuvieron que recurrir a las acciones de los militares, para poder actuar dentro de los gobiernos. La expresión de la fuerza militar no es, por tanto, un fenómeno coyuntural. Es una de las expresiones que surgen ante la crisis del Estado brasileño en su conjunto (económica, social, política e ideológica), a partir de la crisis de los partidos y de las coaliciones tradicionales que sufren una “ruptura” de sus antiguas hegemonías. En el caso brasileño, la columna vertebral del régimen del ‘88, que tenía al PT y al PSDB organizados en torno a dos polos del régimen, se fracturó con el golpe de Estado de 2016. Después de seis años, contradictoriamente, el PT fue preservado y la derecha tradicional, con su tercera vía hecha trizas, tuvo su espacio ocupado por los militares y la extrema derecha.

Las fuerzas militares siempre han ocupado un papel central en la configuración del Estado brasileño. Históricamente, el papel de los militares fue preponderante con el golpe de 1964. Sin embargo, desde el ascenso obrero de finales de los años ‘70 y la transición pactada que siguió en la década siguiente, el papel de los militares en el régimen pasó a un segundo plano, cuando lo normal era un nivel de injerencia e influencia en el gobierno mucho más entre bastidores que en el ámbito de la política institucional. Desde el golpe institucional, y los movimientos que lo precedieron, esta ubicación ha cambiado, con los militares ocupando cada vez más la arena pública y los puestos de mando en los gobiernos. Hoy, el gobierno de Bolsonaro está rodeado de generales de reserva en los principales ministerios, y con una dotación en cargos públicos que supera los 6.000 puestos. Para hacernos una idea del aumento, en 2017 fueron 3.000.

En el inicio del gobierno de Bolsonaro, las cúpulas militares mantuvieron una posición dudosa, y fueron consideradas un factor de contención de Bolsonaro. Ahora están en un momento de acercamiento, en el que buscan el mejor desempeño electoral posible de Bolsonaro, un factor que será importante en la reasignación de fuerzas del futuro gobierno. En el régimen, se postulan como un cuarto poder, junto al ejecutivo, el legislativo y el judicial. El artículo 142 de la Constitución [3] se evoca constantemente cada vez que existe algún tipo de posibilidad de inestabilidad institucional. En esos momentos, la propaganda de los militares es fuerte, al querer presentarse como un poder moderador, que es la expresión de la ubicación que buscan lograr, es decir, someter a las otras alas del régimen a su batuta.

En los momentos decisivos de las disputas entre fracciones de clase, los militares se han colocado como salvaguarda del gobierno. Recientemente, en litigio con el Tribunal Superior Electoral, las Fuerzas Armadas vienen haciéndose eco de la política que arroja sospechas sobre el proceso electoral, lo que es parte central de la política de Bolsonaro para las elecciones.

Esto no ocurre sin la reacción de otras alas, como el poder judicial, y con el apoyo de la parte hegemónica de los medios de comunicación. El discurso de que los militares no pueden participar en la política es cada vez más destacado en Globo, Estadão y Folha de São Paulo, precisamente como contraposición a estos movimientos. En este marco se inscribe también el escándalo de las torturas en el Ejército durante la dictadura militar, con la filtración de audios del Tribunal Superior Militar, precisamente impulsado por estos mismos sectores.

Se temía que asociar a los militares con el gobierno –en particular con la gestión de la pandemia– pudiera erosionar la imagen de las fuerzas armadas. Este efecto fue limitado socialmente, y las encuestas muestran que el apoyo de la población a su presencia en política está dividido. Para el 44 %, la participación es mala, mientras que el 43 % evalúa positivamente la participación de los militares en la política, un sector social en el que confían en las disputas entre las instituciones del régimen.

La mayor injerencia militar en el régimen, con participación efectiva en el gobierno, no se da solo en función de su proyecto ideológico. Con Bolsonaro, los militares tienen ahora derecho a controlar grandes sumas de dinero del presupuesto público. Para 2022, se autorizará a los militares a gastar 8.800 millones de reales en acciones como la compra de aviones de combate y submarinos, casi el doble de lo asignado a la salud y el triple de lo destinado a la educación.

5.2 Bonapartismo judicial

El protagonismo de quienes buscan contener y erosionar a Bolsonaro y sus aliados dentro del régimen se concentra ahora en el STF (Supremo Tribunal Federal), formando una fuerza bonapartista dentro del régimen. Tienen el apoyo de sectores que no son mayoritarios en la legislatura y de la mayoría de los medios de comunicación.

Buscan presentarse como una fuerza para contener los impulsos autoritarios de Bolsonaro. Como resultado, han ganado el apoyo de sectores del progresismo, ayudados por los grandes medios de comunicación –también alimentados por partidos como el PT, el PCdoB y el PSOL-Rede que depositan su confianza en los juicios del STF–. El Poder Judicial tiene un fuerte apoyo entre las poderosas facciones burguesas. Las grandes federaciones patronales del país, como la Fiesp, la Abag y la Febraban, movilizaron notas de oposición a la “inestabilidad” provocada por el gobierno y en “defensa de la democracia” y del STF.

Es importante señalar que, históricamente, el STF ha mantenido buenas relaciones con los militares, ya que los generales forman parte de los consejos asesores de los ministros. Sin embargo, aunque siempre han buscado alguna forma de intercambio, esta relación se ha vuelto más tensa durante el gobierno de Bolsonaro, y hoy aparecen como dos fuerzas enfrentadas. La reciente disputa entre el Tribunal Superior Electoral y los militares sobre la legitimidad de las elecciones es una expresión más de ello.

Esto no significa que el poder judicial y los militares no intenten negociar y mantener un diálogo, especialmente entre bastidores. No podemos considerar que estos dos factores de potencia sean homogéneos. Hay diferentes alas que pueden buscar más diálogo, alternando entre momentos de enfrentamientos retóricos públicos y negociaciones y renegociaciones entre bastidores.

Si hoy el STF es el ala del régimen que más se enfrenta a Bolsonaro, sin embargo, fue una pieza clave para permitirle llegar al poder, en un momento en el que actuó muy en armonía con los militares. La enorme injerencia bonapartista fue decisiva, arrestando a Lula, quitándole sus derechos políticos e incluso prohibiéndole dar entrevistas durante las elecciones. Con Bolsonaro ya elegido, el mismo STF restauró los derechos políticos de Lula y anuló las condenas de la Lava Jato, para tener a Lula habilitado preventivamente para escenarios de inestabilidad social. Ahora utiliza los mismos métodos contra los bolsonaristas, como Daniel Silveira [4], una medida que incluso acabó debilitando coyunturalmente al STF, ya que unificó a amplios sectores de la legislatura, que miraron con recelo el precedente que se abriría. En un bloque que no se limitó a la base más dura bolsonarista, un sector mayoritario del Congreso actuó para defender a Daniel Silveira, y asegurar la permanencia de la gracia presidencial. Al mismo tiempo, es una institución que ha avalado las reformas neoliberales, y sigue demostrando su contenido antiobrero, como hizo recientemente al suspender el reajuste obtenido por la fuerte huelga de educación en Minas Gerais.

5.3 El Centrão

El llamado Centrão es un bloque de poder legislativo, que en los últimos años también ha mostrado protagonismo en el resultado de importantes giros políticos en el país. Fue el caso del Mensalão [5], del golpe institucional, del aval al gobierno de Temer, y ahora, como partidario de Bolsonaro junto a los militares. Buscan un mayor protagonismo ante las demás potencias, y será un condicionante del futuro gobierno.

Centrão es una categoría política amplia, utilizada por los analistas y los políticos, basada en determinados acuerdos coyunturales en los que los bloques legislativos están divididos. Originalmente, era una referencia a los sectores que provenían de Arena, el partido de la Dictadura, que luego se convirtió en el PDS. Su función era mantener un centro fisiológico, capaz de garantizar el mantenimiento de la agenda que interesa al capital financiero, y de esta manera, promover también una “despolitización” de las elecciones a la Cámara. La asignación de fondos y su reparto es un factor decisivo para la elección de la mayoría de los diputados y senadores, cada uno en sus feudos regionales, mientras que el presupuesto federal siempre ha estado completamente orientado a satisfacer los designios del gran capital financiero.

Han pasado muchos años desde el inicio del régimen de 1988, este bloque ha sufrido diferenciaciones, fracturas y reunificaciones, pero en general, ha conservado esa característica de fuerza política que engloba a importantes sectores del Congreso, y exige al gobierno de turno que negocie su gobernabilidad. La ley de responsabilidad fiscal supuso un cambio cualitativo de carácter histórico en los años ‘80. Los gobernadores tenían más margen de maniobra en términos de poder económico para endeudarse y generar inflación. La propia burguesía opuesta a la dictadura los fortaleció para allanar la transición “lenta, gradual y pacífica”. Con la hiperinflación, esto se convirtió en una fuente de crisis permanente, porque el gobierno federal no tenía herramientas para controlar el gasto estatal. En los años ‘90, la ley de responsabilidad fiscal significó, por tanto, una centralización del poder económico de la Unión frente a los estados. El sistema que conocemos hoy, en el que se establece una relación directa entre el gobierno federal y los proyectos locales, a través de modificaciones presupuestarias negociadas con los diputados (pasando por encima de los gobernadores), es un subproducto de este proceso. Es un mecanismo que debilita a los partidos porque vincula la elección a la subordinación al poder ejecutivo. Al mismo tiempo, establece una relación de dependencia del poder ejecutivo respecto a los intereses electorales locales de los diputados (al margen de cualquier política para el país). Esta es la arquitectura de la llamada coalición presidencial que “despolitiza” las elecciones a la legislatura federal, donde las agendas locales y regionales son determinantes en relación con las nacionales. Al inicio de su gobierno, Bolsonaro buscó cambiar este arreglo con los métodos del bonapartismo judicial de la operación lava jato incorporados al ejecutivo. De ahí su discurso inicialmente enfrentado al Centrão, pero ante las crisis del gobierno y la salida de Moro, al final tuvo que subordinarse y buscar apoyo en el propio Centrão.

Actualmente el bloque parlamentario hegemónico del Centrão es el ala que apoya a Bolsonaro, (que concentra diputados en torno al PP, PL y Republicanos, pero incluye partidarios en varias otras siglas), lo que refleja el debilitamiento de la oposición burguesa que existía en la legislatura al inicio del gobierno de Bolsonaro. Tras la pérdida de fuerza de la Lava Jato, llama la atención el fortalecimiento de un partido como el PP (Partido Progresista). La sigla que fue fuertemente golpeada por la Lava Jato es ahora una de las más grandes del Congreso, además de albergar al presidente de la Cámara, Arthur Lira. El PL (Partido Liberal) de Valdemar da Costa Neto, también blanco de la Lava Jato, y ahora de los bolsonaristas, fue el más beneficiado por la vidriera del partido. Los que fueron atacados por la Lava Jato fueron fortalecidos, lo que expresa una victoria de este sector entre las alas del régimen que lucharon abiertamente en el período anterior. Esta ala se siente tan fuerte que aboga por la implantación de un régimen semipresidencialista, donde el poder legislativo tendría responsabilidades ejecutivas compartidas con la presidencia. Este proyecto es parte de las disputas entre los actores del régimen, donde el poder legislativo busca más poder, y para ello, también necesita frenar al STF, como lo hizo en el caso de Daniel Silveira.

El llamado “presupuesto secreto” representa la búsqueda de un mayor fortalecimiento del poder legislativo en relación con los demás poderes del Estado, por lo que está en la mira del STF. En lugar de depender de las asignaciones realizadas por el poder ejecutivo, hoy el poder legislativo tiene un margen de autonomía para asignar recursos mucho mayor que los gobiernos anteriores. Esto ha cambiado la forma en que el gobierno negocia el apoyo de los partidos, y da mayores poderes al presidente de la Cámara de Diputados, ya que tiene el control sobre la asignación de estos recursos. Independientemente de quién resulte elegido, los acuerdos y componendas con el poder legislativo serán más difíciles y conllevarán acuerdos institucionales que confieren mayor poder a los grandes jefes de estos partidos y figuras regionales.

6.0 Movimiento obrero y lucha de clases

Como resultado del ajuste salarial impuesto durante años, el aumento de la inflación y el costo de la vida, la clase trabajadora comenzó a hacer huelgas, como la huelga de la educación en Minas Gerais, la huelga de los recolectores de basura en Río de Janeiro y la huelga del CSN (Compañía Siderúrgica Nacional) en Volta Redonda. En la educación de Minas Gerais y en los barrenderos de Río de Janeiro vimos mucho control a las direcciones sindicales, y en el CSN vimos una interesante expresión de organización de base contra la dirección de la Força Sindical, que no veíamos desde hace mucho tiempo, pero que también expresó sus límites. Estas huelgas y paros confirman las tendencias de aumento de las movilizaciones y huelgas, que pueden ampliarse en el próximo período e incluso ser utilizadas por la burocracia sindical para desgastar a Bolsonaro, aunque pueden enfriarse momentáneamente cuanto más cerca estén las elecciones.

La pandemia, el miedo al desempleo y el aumento del costo de vida han golpeado duramente a la clase trabajadora. Según el balance de Dieese [6], en 2020 hubo un descenso del 42 % en la cantidad de huelgas (incluyendo los paros) en comparación con 2019. En cifras absolutas el descenso fue de 1.118 en 2019 a 649 en 2020. En el sector público fue aún más fuerte, con un 59 %, frente a un descenso del 24 % en el sector privado. La tendencia se mantuvo cerca de este valor en el primer semestre de 2021, y aún no hay datos publicados sobre el segundo semestre. Llama la atención la discrepancia de resultados entre el “sector público” y el “sector privado”, así como el hecho de que los sectores más precarios (ya sean públicos, como los profesores en Minas Gerais, o los basureros en Río de Janeiro) o privados (como la CSN) son los que más se han movilizado para intentar recuperar salarios y derechos.

A modo de comparación, de 2014 a 2016 hubo un aumento de las huelgas en el país, como reflejo de las jornadas de junio de 2013. Solo en 2014, años de huelgas “salvajes” (como la de los recolectores de basura y los conductores de autobús), hubo 2085 huelgas. En 2016, esta cifra sigue aumentando, llegando a 2,094, un año récord de huelgas en la serie histórica de Dieese que comenzó en 1984.

Tras el golpe institucional, este número empieza a descender, y la pandemia es una escisión aún más fuerte, también porque varios sectores de la administración pública estaban en el llamado “teletrabajo”. Con la reanudación de la actividad económica, y la normalización de las actividades productivas, la tendencia es que la clase obrera vuelva a realizar un mayor número de huelgas. Este análisis es compartido por diferentes organismos internacionales, como Strafford, que señaló que: “Como reacción a los elevados precios de los alimentos y la energía, en Brasil serán más frecuentes las huelgas laborales y el malestar social, así como el aumento del gasto público, lo que aumentará la preocupación de los inversores por la estabilidad social y económica del país”.

Es posible que se sigan desarrollando más huelgas, o que comiencen a organizarse sectores que no hacían huelga, pero que obtienen reajustes por encima de lo prometido, de tal manera que esta gimnasia sirva para iniciar una recomposición de sectores que habían sido duramente atacados en años anteriores. Es importante destacar que un factor de contención para que se desarrollen procesos más agudos son las ilusiones creadas por el regreso de Lula al gobierno, ya que el PT actúa para mantener los procesos de lucha de clases dentro del marco económico, y al canalizarlos electoralmente, impedir que surjan acciones que enfrenten directamente al gobierno y al régimen. Ante la inmensa miseria social, no podemos descartar la posibilidad de que se produzcan conflictos por hambre, por parte de sectores de la población pobre que no están organizados, fuera de los sindicatos más tradicionales. Por ahora, este escenario es menos probable a corto plazo, aunque empiezan a surgir expresiones moleculares, como el saqueo de supermercados.

7.0 La batalla por la independencia de clase

Pensando en los escenarios estratégicos del país más allá de octubre, en el Movimento Revolucionário de Trabalhadores (MRT), que formamos parte de la Fracción Trotskista por la Cuarta Internacional (FT-CI), venimos batallando por construir un polo de independencia de clase, que juegue un papel en la lucha de clases, pero también presentando una alternativa política, incluso en las elecciones, en confrontación con toda amenaza golpista de la extrema derecha, sin sucumbir a la conciliación de clases, que solo servirá para debilitar esta batalla.

En esta perspectiva, el MRT ha estado actuando en el Polo Socialista Revolucionario, compuesto por el PSTU, la CST y varias otras organizaciones y activistas. Del mismo modo, hemos estado presentes en las luchas y huelgas de los últimos meses, denunciando la política traidora de las centrales sindicales, exigiendo que dejen la tregua, sobre la base de un programa obrero que enfrente a la extrema derecha, a la crisis y que responda a los problemas que aquejan a la clase obrera y a la población pobre.

Para ello tenemos que luchar por una Petrobras 100 % estatal, bajo el control de los trabajadores y la población, y no al servicio de los intereses de un puñado de capitalistas. Por la reforma agraria, transformando las grandes empresas del agronegocio en empresas estatales, sin ninguna compensación para los grandes propietarios, para que en el país que produce enormes volúmenes de productos agrícolas, deje de haber filas por los huesos y la basura. Para que las tierras indígenas y quilombolas sean preservadas, y no estén a merced del agronegocio que destruye el medio ambiente.

Para todo esto es necesario enfrentarse a los grandes capitalistas, y no gobernar junto a ellos. Quieren subordinar a nuestra clase a niveles de explotación laboral cada vez más insoportables. Por lo tanto, no basta con modificar algunos puntos de la reforma laboral como propone Lula, es necesario luchar por la anulación completa de todas las reformas, luchando también por la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo, aumentando los salarios para que ninguno quede por debajo de la canasta familiar, para enfrentar el desempleo y el hambre. Luchar inmediatamente por la aplicación de un subsidio de al menos un salario mínimo, con el retorno de todos los precios y tarifas anteriores a la pandemia.

La injerencia bonapartista en la política, tanto militar como judicial, es enorme y no desaparecerá en 2023. Es necesario enfrentar las amenazas golpistas de Bolsonaro y todas las acciones bonapartistas, cuestionando el trabajo político y económico que comenzó a estructurarse en el golpe de 2016 y se profundizó con el gobierno de Bolsonaro.

Para barrer el autoritarismo de los militares, a la casta de los jueces y al Centrão, que son los pilares del actual régimen político, es necesario luchar por construir una fuerza social capaz de imponer la voluntad de las grandes mayorías populares y una nueva Asamblea Constituyente Libre y Soberana para que se discutan los problemas estructurales del país, luchando por imponer un programa para que los capitalistas paguen la crisis. Esto será posible con el desarrollo de la autoorganización de las masas para hacer frente a toda la represión estatal y a la reacción de las clases dominantes que quieren que la mayoría de la población sea solo espectadora de las elecciones, votando a sus representantes cada dos años.

En el curso de esta experiencia democrática y de confrontación entre clases, la clase obrera junto con las mayorías empobrecidas debe construir sus propias organizaciones de base capaces de realizar una democracia obrera, asumiendo la administración directa de toda la economía para planificar su funcionamiento al servicio de las necesidades reales de la sociedad. Un gobierno obrero que inicie la transición al socialismo, una sociedad sin explotación ni opresión. Una sociedad socialista desde la base, en la que el desarrollo tecnológico no esté al servicio de la explotación de la mayoría por un puñado de parásitos.

Si la clase obrera y los pobres no comienzan a construir una perspectiva en este camino, será el capitalismo en declive el que seguirá imponiendo sus intereses. Bolsonaro, Mourão, los militares y la extrema derecha seguirán evocando con nostalgia la dictadura militar para garantizar la dictadura del capital. Por otro lado, la demagogia de Lula y Alckmin seguirá teniendo fuerza, con un proyecto que pretende presentar un capitalismo “inclusivo”, y que la historia ya ha demostrado que solo favorece a los grandes capitalistas. Corresponde a la clase obrera emerger como sujeto político independiente para poner de rodillas a este sistema de explotación y opresión. Para esta tarea nos estamos preparando.