Fracasa el enésimo gobierno de “izquierdas” en Portugal aplicando políticas de la derecha. La izquierda que ha sido hasta ahora su muleta es arrastrada en su caída, a pesar de su reciente separación. La derecha se recupera aunque aún no logra superar a los social-liberales.
Santiago Lupe @SantiagoLupeBCN
Viernes 29 de octubre de 2021 12:20
El gobierno portugués ha quedado pendiente de un hilo. El rechazo en el Parlamento de sus Presupuestos 2022 deja al llamado “gobierno de izquierdas”, encabezado por Antonio Costa del Partido Socialista y apoyado por el Partido Comunista y el Bloco de Esquerda, a la espera de la previsible decisión del presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa de resolver un adelanto electoral.
Una crisis del ejecutivo luso que fue tomado como referencia por el PSOE y Unidas Podemos para su alianza, si bien en el caso del país vecino los socios de los social-liberales no han llegado a integrarse en el Consejo de Ministros. La posible caída de Costa coincide con un momento de debilidad del llamado gobierno “progresista” español, azuzado por la discusión en torno a qué reforma laboral hay que poner en marcha y un escenario económico en el que la recuperación puede verse amenazado por nubarrones internacionales impredecibles como la crisis del gas que está disparando el coste de la factura energética.
Un gobierno de “izquierdas” aplicando políticas de derechas
El gobierno portugués lejos ha quedado de ser un gobierno de “izquierda”. Comenzó su andadura en 2015 con el apoyo del PCP y el BdE. En los primeros años pudo vender un relato semejante gracias a este respaldo y a la relajación, como en el resto de Europa, de las políticas de austeridad impuestas por los diversos gobiernos y la UE tras la crisis de la deuda helena en 2010. Se recuperaron parcialmente algunos de los recortes salariales y aumentos de jornada en el sector público y se impusieron algunas nuevas tasas impositivas sobre viviendas de lujo.
Pero en los elementos más estructurales el de Costa siguió siendo un gobierno social-liberal, solo que en tiempos de una relativa recuperación económica después de años de caídas y retroceso en condiciones de vida y laborales sin precedentes desde la dictadura. En julio de 2019 Costa acordó una nueva reforma laboral regresiva con la derecha parlamentaria. En el mismo 2019 Costa sí tuvo que enfrentar en las calles una movilización masiva de docentes en exigencia de que se reconociera al completo su antigüedad. Nuevamente la derecha respaldó al ejecutivo.
Unos socios de “izquierda” que lo han sostenido hasta ahora
Unos incumplimientos con sus socios que no impidieron sin embargo que éstos lo siguieran sosteniendo, le aprobaran las cuentas de 2020 con su abstención y hicieran valer su influencia en las grandes centrales sindicales para que éstas no incendiaran la calle contra la reforma laboral, como habría pasado si un ataque así lo ejecutaba un gobierno de la derecha, y la lucha de los docentes quedara aislada como un conflicto sectorial.
De hecho, tras las elecciones de 2019, tanto el PCP como el BdE volvieron a investir a Costa. En este segundo gobierno los social-liberales han gestionado la crisis pandémica de la misma manera que el resto de gobiernos de la UE, con políticas que repartían migajas hacia abajo y grandes rescates a las principales empresas del país. De la misma manera, ni siquiera en los momentos más críticos, se tomaron decisiones sobre los beneficios, grandes fortunas o derechos de propiedad de empresas estratégicas. La subida del salario mínimo, de 40 euros, ha sido calificada como miserable por los sindicatos y, siguiendo las exigencia de la UE para el acceso a los Fondos Europeos, Costa preparaba nuevas contrarreformas laborales y de pensiones.
Nuevas elecciones sin alternativa por izquierda
La actual crisis de gobierno, aboca a nuevas elecciones en las que las fuerzas comprometidas con el gobierno Costa podrían sufrir un significativo retroceso. En las municipales de septiembre el Partido Socialista, se mantuvo como primera fuerza con un 34,4% de los votos, pero perdió alcaldías claves como la de Lisboa. El PCP también retrocedió perdiendo 5 de los 29 ayuntamientos donde gobernaba y quedándose en el 8,2% de los votos, y el BdE no llegó al 3%. Por otro lado la derecha, encabezada por el PSD, ganó 16 alcaldías más, entre ellas la de la capital y se recuperó parcialmente hasta el 24% de los sufragios. La extrema derecha de “Chega!” se estrenó en los comicios con un 4%. Aunque todavía las fuerzas de la “izquierda” institucional podrían sumar una mayoría, esto no está para nada asegurado. Hay que ver qué efecto tiene en la movilización de su electorado la propia crisis de gobierno y qué papel juega la abstención, que ya en septiembre batió récords con un 46%.
La experiencia portuguesa podría volver a repetir una máxima que se repite en la historia: los gobierno de “izquierda” que aplican políticas de derecha, son la mejor alfombra roja para que vuelva a gobernar, o se refuerce y prepare para hacerlo un poco más adelante, la derecha.
¿Un adelanto de lo que puede venir en el Estado español?
La crisis de Costa echa arena sobre aquellos que vendieron el modelo portugués como un proyecto de gobierno “posible” en favor de “los de abajo”, como hacía Iglesias para presionar en favor del gobierno de coalición en 2019, pero también a otros, como Anticpaitalistas, que vendían la política del PCP y el BdE como la alternativa a integrarse en el ejecutivo. La política de ser la muleta parlamentaria de un gobierno social-liberal tampoco resulta ninguna alternativa. Su compromiso a sostener a Costa, aún cuando no le hayan respaldado en sus decisiones más duras, como un “mal menor”, no solo les puede hacer perder relevancia electoral, sino que sobre todo ha sido un obstáculo para que durante estos años se forjara una potente resistencia a las políticas antiobreras, vengan de la derecha o de la “izquierda” del régimen, y al calor de ésta pudiera constituirse una alternativa de la izquierda anticapitalista y de clase.
Portugal puede llegar a ser un reflejo o adelanto de lo que puede terminar pasando en el Estado español. El fin de la excepcionalidad pandémica, las exigencias de la UE para recibir los Fondos y los nubarrones internacionales que amenazan la recuperación, van a llevar al gobierno “progresista” a una política más parecida a la del gobierno del último Zapatero. No se puede por tanto descartar que la coalición termine fracasando y que la legislatura no se agote. Aunque Unidas Podemos y Yolanda Díaz se quieran vender entonces como la izquierda exigente, las proyecciones demoscópicas dan a la derecha una ventaja de oportunidad que podrían llevar a Casado a la Moncloa.
Preparase para ese escenario no pasa por sembrar ilusiones en la izquierda reformista que lleva ya 2 años gobernando y aplicando las políticas social-liberales tradicionales del PSOE, como la candidatura de Díaz pretende. Tampoco por refundar una izquierda “a la portuguesa”, como parece que quisiera Anticapitalistas, que se prepare para ser el socio “exigente” de Sánchez en el Parlamento, como han hecho el PCP y el BdE con Costa.
Es urgente poner en pie una izquierda que ponga en el centro el desarrollo de la movilización obrera y popular para enfrentar desde ya mismo a un gobierno que, como demuestra el sainete de la reforma laboral, va a aplicar las políticas que piden la CEOE y Bruselas, y lo haga desde la más absoluta independencia política, sin dar el mínimo apoyo a los social-liberales ni al relato del “mal menor”, y defendiendo un programa abiertamente anticapitalista. O levantamos otra izquierda con estos mimbres, o volverá a ser la derecha y la extrema derecha las que capitalizarán de nuevo la crisis de la izquierda del régimen para seguir atacándonos con aún más virulencia en los próximos años, esa es la principal lección lusa.
Santiago Lupe
Nació en Zaragoza, Estado español, en 1983. Es director de la edición española de Izquierda Diario. Historiador especializado en la guerra civil española, el franquismo y la Transición. Actualmente reside en Barcelona y milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.