[Desde Venezuela] Publicamos aquí una de las notas del nuevo suplemento Ideas de Izquierda de LID Venezuela. En este caso, un debate con quienes se alzan como “alternativa” pregonando una vuelta al neoliberalismo en respuesta al “estatismo” actual.

Mientras en diversas partes del mundo, incluyendo los EE.UU., amplias franjas de jóvenes tienden a adoptar una actitud crítica hacia el “dejar hacer” a los capitalistas, dadas las profundas desigualdades sociales y las consecuencias sobre el planeta, aquí en Venezuela se alzan como “alternativa” quienes pregonan una vuelta al neo-liberalismo en respuesta al “estatismo” actual. En ese espectro ideológico cobra cierta relevancia, con especial eco en la juventud, un sector más específico que se reivindica a sí mismo “liberal” y que cuestiona no solo al chavismo sino a toda la política económica y social de “los últimos 60 años” por “socialdemócrata”. Hablan con aires de “autoridad” tras el evidente fracaso de lo que, según, ha sido un proyecto “socialista”. Sus prédicas apuntan a invalidar cualquier idea mínimamente progresiva que hable de “justicia social”. Sus enemigos son los derechos de la clase trabajadora, los derechos sociales en general y “la izquierda”.

El “estatismo” y “populismo” de los gobiernos posneoliberales

El chavismo, como en general en América Latina varios de los gobiernos “posneoliberales” de principios de este siglo, hizo de la reivindicación del papel del Estado frente al mercado, o de lo público ante lo privado, parte central de sus fundamentos políticos. Su centro no eran los antagonismos de clase ni la liberación nacional, aunque el chavismo ofreció una versión de esta, sin embargo, mucho más lavada y más discursiva que real. Estas ideas “posneoliberales” eran, no obstante, la contraparte “progresista” a la dura ofensiva neoliberal que proclamó la supremacía del capital privado sobre la gestión estatal de los servicios y las grandes empresas nacionales, la “necesidad” de “flexibilizar” los derechos de la clase trabajadora y de “bajar las barreras proteccionistas” para una más “libre” incursión del gran capital transnacional.

Fueron gobiernos de desvío que, montados sobre la dinámica que abrieron las rebeliones populares de finales del siglo XX (cuya expresión más temprana fue nuestro febrero del ’89), desplazaron al personal político con el cual habían gobernado durante décadas las clases dominantes y el imperialismo estadounidense, canalizando la inconformidad, la energía de lucha y las aspiraciones populares hacia la reorganización de nuevos regímenes (o mutaciones de los anteriores) en los que, sin embargo, lo fundamental del capitalismo dependiente se mantenía.

La reivindicación de los pobres y los trabajadores vino dada por la idea de la “inclusión social”, políticas estatales orientadas a paliar los problemas más agudos de pobreza y miseria, la recuperación del poder adquisitivo de sectores de la clase trabajadora, una suerte de incorporación a la ciudadanía a través del consumo. Frente al peso restrictivo que la deuda externa ocupaba en las políticas económicas de los gobiernos latinoamericanos en los 80’s y 90’s, Chávez habló de la “deuda social” que había con las masas pobres (aunque, en realidad, nunca contrapuso verdaderamente la “deuda social” a la deuda externa, pues nunca dejó de pagarla y, peor aún,duplicó el endeudamiento público, hipotecando el futuro del país con el capital financiero internacional).

En todo caso, con Chávez se vino a reivindicar la idea de un Estado “redistribuidor” de la renta petrolera para una hipotética “justicia social”. Aunque, proporcionalmente, la renta nacional siguió siendo aprovechada preferentemente por sectores concentrados del capital transnacional y de la burguesía nacional (tanto la tradicional como las nuevas cohortes ligadas al chavismo), y aunque la “justicia social” no pasa de ser vana promesa mientras se mantenga la explotación capitalista, la sola noción de un Estado que interviene para “equilibrar las desigualdades sociales”, “distribuir mejor las riquezas” y “planificar el desarrollo” nacional, le genera urticaria a los cruzados liberales, que juran y perjuran encontrar allí la razón de la situación actual del país y, más aún, de nuestros males desde mitad del siglo XX hasta hoy.

El dogma liberal y su expresión en Venezuela

Luego de 15 años del chavismo en el poder el país entró en una espiral de severa crisis económica y social que nos ha conducido a la peor situación en más de un siglo, quizás solo comparable con la devastación después de la guerra civil de 1859-1863 (la Guerra Federal). En una conferencia en la Universidad de Los Andes (ULA), Rafael Alfonzo, presidente del Cedice, uno de los principales “think tank” liberales en el país, afirma que los males del chavismo no son nuevos sino “peor de lo mismo” que venimos arrastrando desde mucho tiempo atrás, refiriéndose a “estatismo”, “paternalismo”, etc.

Es así que entre la generación que tiene peso en la dirección de los partidos de la “nueva” derecha nacional (como Vente Venezuela, Voluntad Popular, Primero Justicia) y entre la juventud universitaria, cobra relevancia una corriente que se reivindica del “liberalismo” y que cuestiona las políticas de los partidos de la “vieja” derecha del puntofijismo previo a Chávez, por “estatistas” y “socialdemócratas”. Desde diversos movimientos (Rumbo Libertad, Derecha Ciudadana, Disobey, etc.), revistas digitales e intelectuales/”influencers” (García Banchs, Polesel, Sosa Azpúrua, etc.) catalogan peyorativamente como “izquierda” a partidos importantes de la propia oposición como AD y UNT; hay quienes llegan al extremo de considerar al Plan País de Guaidó y a Voluntad Popular como “centroizquierda”. Algunos cuestionan que la ONU establezca gratuidad de guarderías y reposos pagos por maternidad y paternidad. Es una corriente de opinión que pulsa por virar más a derecha el arco de “opciones”.

El dogma liberal se fundamenta en contraponer el mercado al Estado, la economía a la política, partiendo de considerar que hay un “orden económico natural” sobre el cual cualquier intervención política es una intromisión inaceptable, salvo que sea para facilitar el curso “natural” de la propiedad privada y la (así llamada) “libre competencia”. Así como la naturaleza no puede ser justa ni injusta, ni pueden por tanto hacerse juicios de valor sobre si es justo o no que los tigres se coman a los venados, de la misma manera no cabría ningún juicio moral sobre si la economía genera desigualdades, sobre si hay quienes mueren de hambre mientras otros nadan en la opulencia. La distribución de las riquezas que hace “el mercado” es un orden “natural” que nadie debe buscar alterar con medidas políticas.

Para los liberales “La noción de justicia social es (…) irrelevante y peligrosa. El intento de implementarla es destructivo porque viola la libertad, el individualismo, la moralidad moderna y la eficiencia” [1]. La “intromisión estatal” en ese orden económico puede perjudicar, incluso, a los que se supone busca ayudar. Así, el ideal de sociedad de esta concepción es una suerte de darwinismo social donde solo los individuos más fuertes sobreviven, lo que está bien porque sería lo “natural” [2].

Es una doctrina completamente ideológica, en el sentido de cargada muchos más de las ideas de los intereses sociales que representa que de algún valor científico, como comprensión científica de la historia humana y de la sociedad tiene poco y nada que aportar, sin embargo, ejerce cierta atracción para explicar hoy Venezuela, pues fue aquí donde se llevó más a fondo ese “estatismo” posneoliberal en la economía, llegando a importantes niveles de lo que, desde mediados del siglo pasado, los teóricos sociales latinoamericanos llaman “dirigismo estatal”. El chavismo, a pesar de las claras diferencias con los regímenes que lo precedieron (el puntofijismo y la dictadura militar perezjimenista), conservaría importantes elementos de continuidad con una “manera de entender el papel del Estado”, y es lo que los catequistas del (Dios) mercado deploran.

Partiendo de estas premisas, los liberales venezolanos cuestionan la propiedad pública de Pdvsa y el control estatal de la renta petrolera, la propiedad estatal de las empresas básicas y de servicios públicos, los subsidios estatales a los sectores más pobres y, en general, el rol del Estado que, con su peso en la economía, sus controles y su paternalismo dador de renta a los diferentes actores económicos y sociales (incluyendo a los empresarios locales), entorpecería la posibilidad de una dinámica donde “el esfuerzo individual” y la “libre competencia” sean los que definan premios y castigos, ganadores y perdedores.

El dirigismo estatal del chavismo y las particularidades del Estado petrolero

Como se han encargado de dar cuenta los estudiosos de la historia nacional contemporánea, el auto-reconocimiento de Venezuela como país petrolero y la definición del papel del Estado como dueño y protector de esa, nuestra “riqueza nacional”, nos vienen dados, incluso, desde finales del régimen “oligárquico-dependiente” de Juan Vicente Gómez, momento a partir del cual, a pesar de los diferentes regímenes de turno y el entreguismo de más de uno, se fue avanzando en una visión y legislación hacia un control cada vez más serio del Estado sobre el negocio de los hidrocarburos. Antes incluso de la instauración de la “democracia representativa” en el ’58, se habrían trazado ya unos “objetivos nacionales” que serían compartidos, en sus rasgos generales, por casi todo el arco político (incluyendo la izquierda, expresada entonces en el Partido del Comunista de Venezuela): control estatal de la industria petrolera, reforma agraria, desarrollo de la industria nacional, educación y salud para el pueblo a cargo del Estado [3]. El papel del Estado en la planificación del desarrollo nacional también formó parte de ese consenso, formulándose los sucesivos “planes” cada quinquenio [4] .

La dictadura militar de 1948-1958, a pesar de garantizar un salto en la presencia de transnacionales petroleras en el país, pulseó con capitales estadounidenses para garantizar que la naciente industria del hierro, acero y aluminio fuera estatal. El puntofijismo (1958-1998) mantuvo el carácter público de estas empresas básicas, de las de servicios (agua, luz, gas, comunicaciones) y creó Pdvsa en el ’76, operando un giro neo-liberal y privatizador recién en sus últimos gobiernos (CAP II y Caldera II), que sin embargo no logró privatizar Pdvsa. El chavismo mantuvo el carácter estatal de Pdvsa y re-nacionalizó esas empresas que ya en la dictadura y en la “democracia representativa” habían sido públicas.

Contra esa “continuidad” se despachan los liberales venezolanos. La verdad es que el papel del Estado en la dinámica económica nacional le viene dado, más que por alguna ideología “socialdemócrata” compartida por los variopintos regímenes y partidos de la clase dominante (o el reformismo del estalinismo criollo [5]), por la configuración de la economía petrolera y la relación del país con el capitalismo mundial. Cuando Venezuela pasa de su condición agraria-exportadora a la condición de país petrolero-exportador, el cambio en la fuente de las riquezas nacionales y del vehículo para la relación con la economía internacional, trae consigo no solo una importante nueva configuración interna de la clase dominante, sino también un importante desplazamiento del poder económico de manos de las clases propietarias nacionales hacia el control directo por parte del capital transnacional, y el nuevo rol de un Estado que, como intermediario natural entre ese capital y la nación, pasó a ocupar cada vez más un lugar preponderante, como “terrateniente” y cobrador de impuestos durante largas décadas, luego a partir de los 70’s también directamente como empresario y principal propietario de esa principal riqueza nacional.

La economía petrolera vino a significar la incursión directa del capital imperialista en la producción y comercialización de la principal riqueza económica del país, no se limitaba ya a ser financista de la burguesía comercial o los agroexportadores venezolanos. El principal negocio del país dejaba ya de estar en manos de las clases propietarias locales, lo que implicó un salto cualitativo en su ya previa debilidad ante el gran capital internacional. El Estado venezolano, propietario por derecho del suelo y el subsuelo, vino a ocupar el rol de entenderse en primera persona, regatear y negociar con los capitales de las potencias imperialistas, hasta llegar a convertirse directamente en empresario del petróleo a mediados de los 70’s.

Este es, en apretada síntesis, el fundamento del “Estado rentista” (y de una de las condiciones que favorecen el surgimiento del bonapartismo criollo).

La ampliación de derechos (o la mera atención estatal de necesidades sociales) despachada como pecado “populista”

“Existen al menos 60 años de una subcultura en donde el Estado se encarga de los ciudadanos”, en lugar de ser la responsabilidad individual el fundamento de la sociedad y de un “Estado responsable”, señaló el presidente del Cedice en su conferencia. Henkel García, director de Econométrica, hizouna encuesta en Twitter donde preguntaba si se estaba de acuerdo con que “en una hipotética transición” se implemente un “subsidio directo temporal a las familias más vulnerables”: aún cuando el propio García y otros foristas argumentaban a favor planteando que la situación de extrema pobreza y caída descomunal del PIB hacía inviable que cada quien resolviera las necesidades básicas urgentes “con su propio esfuerzo”, y aún cuando aclaraba que en su versión sería “solo temporal”, hubo un 30% que rechazó la idea, tachándola como “populista”. “Tenemos 60 años de ‘subsidios temporales’”, ironizó uno. “Solo 29% en contra”, se quejó otra, y remató orgullosa, “somos ese 29% que nunca votó por Chávez”.

El “estatismo” previo al chavismo, por supuesto no significó en modo alguno la satisfacción de las necesidades más elementales de las mayorías venezolanas, aún en el apogeo del “populismo adeco” (al calor del ingreso extraordinario de renta del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez), las cifras de desigualdad social, pobreza, analfabetismo, miseria en el campo, familias sin vivienda, falta de servicios básicos, revelaban que, tras décadas de ser el primer exportador de petróleo del mundo y haber desarrollado cierta “clase media”, esa seguía siendo la realidad del capitalismo venezolano. La deriva neoliberal del puntofijismo profundizó la miseria y la pobreza. Ese es el cuadro que recibe Chávez, además de un movimiento de masas en ebullición.

Con el chavismo se instaló la idea/fuerza del “derecho del pueblo venezolano a la renta petrolera”: si la renta petrolera es pública y es la principal riqueza del país, la pobreza y las necesidades del pueblo deben ser atendidas por esa vía. Así se desarrolló toda una política de ampliación de la cobertura de la seguridad social, la salud y la educación públicas, subsidios a los alimentos, medicinas y el consumo en general, con base a los ingresos estatales. También algunas conquistas específicas del movimiento obrero (inamovilidad laboral, vuelta a la retroactividad de las prestaciones, etc.). Todo lo cual la derecha liberal cuestiona por “populista”, porque impide la “selección natural” que ha de hacer el “mercado”, y porque sería lo causante de la crisis económica actual y del autoritarismo político.

Una máxima de este pensamiento es algo así como “donde hay una necesidad hay una oportunidad de hacer negocios”, por lo cual ven como deseable que la luz, el agua, el gas, etc., pasen a la órbita del lucro privado. “Privatizar para vivir mejor”, se titula un ensayo publicado por el Cedice en los 90’s que exhiben entre sus materiales de consulta, donde ya entonces cuestionaban a la derecha gobernante por no proponerse la privatización de “la distribución del agua, el correo, los hospitales, los colegios, el sistema de pensiones y tantas otras empresas públicas”.

Si hay franjas del pueblo que quedan a la deriva sin seguridad social, si no pueden acceder a una vivienda o los servicios básicos, o incluso a la salud, es parte de la “selección natural” que “solo el mercado” podrá resolver… o no. El que quede afuera que vea cómo sobrevive en la ruleta rusa de la “libre competencia”.

El “derecho a la propiedad” y la “libre competencia” entran a palos…

La verdad es que el edificio teórico de este liberalismo no resiste un soplido serio. Baste señalar que, como cualquier documentación medianamente seria lo demuestra, la idea de un “estado natural” de la economía donde la propiedad privada aparece como “derecho natural” es una falacia, la propiedad privada es un producto social histórico, delimitado en el tiempo y el espacio. La misma “acumulación originaria” de capital fue producto de una imposición hecha a sangre y fuego, tanto al interior de Europa como en la conquista y saqueo de otras partes del mundo. La ideología liberal niega la violencia y la historicidad de su propio sistema social para hacerlo pasar como “natural” (y por tanto eterno).

En la base de la propiedad capitalista está la desposesión de la propiedad a otros individuos y clases sociales, incluyendo el robo consuetudinario del producto de su trabajo a los asalariados y asalariadas. Nada de esto es, desde luego, sin “intervencionismo del Estado” en la economía, al contrario, siempre ha contado con la acción de esa fuerza extraeconómica para facilitar la acumulación de capital, la desposesión y el robo.

Si el Estado dictamina leyes que permitan hacer y deshacer a los patronos con los derechos laborales, eso no es “intervencionismo estatal”, si en cambio la lucha de los trabajadores arranca una ley que le ponga ciertos límites al despotismo del capital, eso es “estatismo”. Si en las disputas por aumentos salariales o por preservar los puestos de trabajo contra despidos y cierres, los tribunales enjuician a los trabajadores y la policía los reprime para imponer así la voluntad del “capital”, eso no es catalogado como estatismo sino que es “libre competencia”.

Cada vez que los trabajadores y pobres se han cansado de tantas necesidades y se han levantado en rebelión, la furia represiva del Estado se ha encargado de “poner orden”. Este orden económico, nada natural ni espontáneo, no podría sostenerse sin el músculo político de la coerción y la represión en favor de la propiedad de unos pocos individuos.

… y con alcahuetería a la clase capitalista criolla y sumisión nacional

Los liberales, en teoría, cuestionan también el paternalismo del Estado rentista hacia el capital privado. Sin embargo, difícilmente esa pueda ser una postura consecuente en Venezuela cuando uno de los pilares de sus propuestas es “liberar” la renta petrolera del control público: la burguesía venezolana no genera prácticamente nada de las divisas que ingresan al país, pero se exige que el Estado se despoje de esas divisas y las ponga a disposición de los capitalistas privados para que sean estos los que, en el “libre juego de la competencia”, las pongan a valer.

Por más que se denoste contra el rentismo del empresariado nacional (los liberales serios lo hacen), esta propuesta, bien sea a “dólar barato” o a dólar “competitivo”, no es sino dar continuidad a esa tradición nacional de alcahuetería a los capitalistas criollos, una clase que apalanca sus negocios en la renta pública, negocios casi nunca “productivos” sino preferentemente comerciales/importadores y de fuga de capitales. Desde finales de los 70’s los capitalistas venezolanos tienen una virtual “huelga de inversiones”, pero esas cuatro décadas no han dejado de acumularse capitales cada vez que hay auge petrolero y de endeudamiento público.

Los liberales podrían decir que ellos están por “romper el tabú” de la privatización de Pdvsa y el conjunto de la actividad petrolera: “es un tabú, un dogma que ahora está reflejado incluso en la Constitución”, se queja Alfonzo. Así, “liberada” la industria petrolera a la competencia entre capitales privados, las divisas que se capten por tal concepto no serían fundamentalmente estatales.

Pero ese es justamente uno de los aspectos más regresivos de este planteamiento: “liberar” la industria petrolera de la participación estatal es simple y llanamente entregarla totalmente (más de lo que ya está) a los capitales de las grandes potencias, bien sean de “occidente” o de “oriente”. Es lo que pasaría también con el resto de las empresas públicas (como las básicas y alimenticias) y las de servicios (electricidad, hidrológicas, telecomunicaciones, metros, etc.). De hecho, fue lo que ocurrió en parte en la ofensiva privatizadora de los 90’s). La desnacionalización de la economía sería drástica, muchísimo más que ahora la producción de valores, el ordenamiento de las prioridades, la distribución de los excedentes, estarán en función de las necesidades de esos capitales. Si en todos los períodos previos el “ahorro nacional” no ha servido para apalancar ningún “desarrollo”, mucho más lejos estará esa posibilidad con esta perspectiva.

Como además estas propuestas (contempladas en buena medida en el “Plan País” de Guaidó) van acompañadas de la idea de un “rescate” al país mediante una nueva montaña de deudas con el capital financiero internacional y la tutela de los organismos financieros del capitalismo mundial (FMI, BM, BID), los disminuidos recursos de que disponga el Estado también estarán sometidos a responder a las necesidades de esos prestamistas y no a las del país.

Con una perspectiva como esa, el cuerpo económico y social de la nación estaría más que nunca sometido a los intereses de un puñado de capitales de las principales potencias y sus organismos de “gobernanza mundial”. Más que nunca la “soberanía” y la “democracia” serán una pantomima, una formalidad, puesto que mientras “los ciudadanos” votarán cada tanto tiempo, las decisiones diarias y verdaderas sobre el país las tomarán en las oficinas de esas corporaciones y del FMI. Es una orientación para una recolonización del país. En esa “selección natural”, en la débil e improductiva burguesía nacional unos retrocederán al no tener “la teta de la renta”, algunos otros se reciclarán como socios menores de los capitales imperialistas, uno que otro surgirá como gran burgués de peso y, en lo fundamental, los capitales de las potencias serán los verdaderos dueños del país. Las necesidades de la clase trabajadora, los pobres urbanos y el campesinado quedarán más que nunca postergadas. Y del “desarrollo nacional”, ni hablar.

La crítica marxista al chavismo y el combate al (neo)liberalismo recargado

El liberalismo expresa una de las defensas ideológicas de la clase capitalista y, en ese rol, lo que “no comprende” en su “crítica” al populismo es que en Venezuela el “Estado rentista” y el “paternalismo” han sido precisamente la manera en que ha logrado existir la burguesía venezolana, surgida como clase en un país periférico y en la época en que el desarrollo del capitalismo mundial traía consigo el imperialismo: la supremacía del capital financiero internacional y los “truts” de las principales potencias incursionando para poner bajo su órbita la actividad económica de prácticamente todas las naciones débiles del mundo. La transformación de Venezuela en país petrolero significó la extrema debilidad de la clase capitalista criolla ante los poderosos pulpos petroleros y sus gobiernos, vivir al amparo de la renta que el Estado regateó con estos ha sido su forma de existencia como clase dominante en el país pero totalmente subordinada a la hegemonía imperialista.

Además, esa renta ha sido savia vital de los capitalistas venezolanos no solo directamente sino también como un gran colchón de la lucha de clases, como amortiguador de las contradicciones sociales. La renta petrolera pública, con sus períodos de apogeo y “populismo”, ha venido a otorgar a la clase trabajadora y las mayorías pobres concesiones que no han tenido que salir del bolsillo de la burguesía nacional ni de sus ganancias. Sin ese enorme auxilio para morigerar las condiciones de explotación y pobreza, las clases propietarias nacionales se hubiesen visto sometidas a niveles más agudos de lucha de clases, con las masas trabajadoras peleando con más vigor para arrancarle conquistas.

Precisamente por allí aparece uno de los aspectos de la crítica desde la izquierda marxista al populismo en general, y al chavismo en particular. En la historia nacional las discusiones políticas han girado mayormente alrededor del “reparto de la renta”, y en mucha menor medida sobre la subordinación a las necesidades del capitalismo mundial y sobre las relaciones de propiedad a lo interno del país, es decir, los antagonismos de clase.

El eje de Chávez fue regatear con los pulpos petroleros porciones de la renta, renegociar las condiciones de intercambio, pero no romper la inserción dependiente del país en los circuitos del capitalismo mundial. Con esa renta, aliviar (parcial y circunstancialmente) las situaciones más agudas de pobreza y apalancar un “desarrollo nacional” de la mano de unos hipotéticos empresarios “nacionalistas y productivos”, en asociación con el Estado (como empresario y financista en determinadas áreas) y los capitales transnacionales “aliados”. Siempre pidió una burguesía “patriota y productiva”,sus llamados eran en este sentido: “Les invito a que cuidemos este clima… esta confianza, que renace... entre el verdadero sector empresarial productivo y este Gobierno… y que juntos en alianza estratégica continuemos construyendo la nueva Patria venezolana”“El presidente Chávez habla con los empresarios”, Hotel Caracas Hilton, 29 de julio de 2004..

El gobierno les ofrecía fondos y diversas facilidades para “valorizar el capital productivo”. Es el viejo esquema del “desarrollo” mediante la transferencia de la renta primario-exportadora hacia la industria, cuya expresión concreta en Venezuela es la aspiración de “sembrar el petróleo”, planteada en los 30’s por los sectores “de avanzada” de la burguesía nacional y su intelectualidad, y retomada por Chávez. Es cierto que Chávez a partir de 2005 se declaró “socialista” y que en adelante desarrolló una abundante retórica de crítica al capitalismo, hasta hacerse discurso de Estado, pero su “socialismo”, siempre lo aclaró, era un “socialismo con empresarios”, con propiedad privada capitalista, es decir, no era socialismo nada. En 2012, último año de gobierno de Chávez, y muchos años después de asumirse “socialista”, a pesar del evidente peso de la renta petrolera pública en la economía y de la ampliación del sector estatal, el 59% del PIB correspondía al sector privado, contra un 30% del sector público (y un 11% correspondiente a “Impuestos netos sobre los productos”). La llamada “economía social” nunca pasó de un marginal 1 ó 2%. En 2005, tras siete años gobernando Chávez y habiendo sido derrotados los intentos más violentos de la reacción y el imperialismo por derrocarlo, 49% del ingreso nacional correspondía a “Ganancias”, otro 10% a “Alquileres y otras rentas”, mientras apenas un 25% eran “Sueldos y Salarios”.

Lo que hizo Chávez fueadministrar, en clave tímidamente nacionalista, el mismo capitalismo dependiente y rentístico. Adicionalmente, un régimen en el que a la par de los derechos y mecanismos formales de “democracia participativa”, se fortalecía el “verticalismo” presidencialista y cobraban cada vez más espacio los militares como corporación, sin que “el pueblo” decidiera realmente nada de lo fundamental en la conducción de la economía nacional. Y tampoco hay socialismo sin poder de los trabajadores y planificación democrática de la economía.

De manera que con lo que no rompió el chavismo, no fue con el “estatismo” y el “rentismo” en general, sino con esa idea que recorre toda la historia petrolera del país, de que el desarrollo se logrará poniendo la renta en manos de la clase capitalista criolla para que esta la convierta en capital: convertir la renta (improductiva) en capital.

Tras esta desgastada idea se llevó a cabo bajo el chavismo, una vez más, un enorme saqueo de la renta petrolera, con miles de millones de dólares del “ahorro nacional” yendo a parar al exterior a abultar las cuentas de banqueros y empresarios de todos los colores políticos, así como de altos funcionarios gubernamentales. De 46 mil millones de dólares que en 2003 había en depósitos de venezolanos en el extranjero, subió a unos 500 mil millones para 2016, según cifras del Ministro de Comercio Exterior de entonces (Jesús Farías), o 400 mil millones, según la Asamblea Nacional. De cualquier manera, es una gigantesca transferencia de renta pública que se convierte en propiedad privada de unos cuantos. El “desarrollo nacional”, una vez más: no te lo tengo.

Así mismo, al igual que el resto de los regímenes que prometieron el “desarrollo” del país, este sería sin ruptura con la dependencia nacional. Algo tan elemental como romper con la deuda externa, que subordina parte importante de los recursos nacionales a los intereses del capital especulativo internacional, nunca ocurrió, al contrario, se profundizó. A su vez, convertidos en socios de Pdvsa (en las empresas mixtas), los pulpos siguieron lucrando con el petróleo venezolano, tanto los occidentales como ahora los de Rusia y China. El capital transnacional no petrolero también siguió usufructuando los recursos del país y chupando renta pública, mediante la asignación de dólares del Estado para repatriarlos en forma de ganancias o para usarlos en sus operaciones en el país.

Unos pocos datos bastan para ilustrar. Cuando se revisan las cifras de la asignación de divisas entre 2004 y 2012, entre las primeras 100 empresas que más recibieron dólares del Estado la mitad son de capitales imperialistas, cuando se reduce a las primeras 25 la proporción crece a casi el 70%, 17 transnacionales de las cuales 9 son emporios estadounidenses [6]. No llegan a 15 las empresas estatales en ese ranking de las 100 más beneficiadas; entre las primeras 50 apenas figuran 7 empresas o institutos públicos [7]. Un corte de las asignaciones hechas a septiembre de 2014, año en que inicia la brusca caída de los precios petroleros, revela que de las primeras 6 empresas de alimentos que más recibieron dólares del Estado, 3 eran grandes transnacionales [8] y ninguna estatal, y de las 6 empresas del sector salud que más recibieron todas eran transnacionales [9].

De manera que el problema de Venezuela no es la falta de una “selección natural” donde el país, en la persona del Estado, se deshaga de toda propiedad y control para que los grandes capitales transnacionales terminen de convertirse en los verdaderos dueños de la nación, alienando más aún la economía de las necesidades del país y sus mayorías. Al contrario, el problema ha sido mantener esa subordinación nacional. La crítica al chavismo es que a pesar de tanta verborrea anti-imperialista y tanto “váyanse al carajo yanquis de mierda”, nunca tuvo como objetivos romper realmente siquiera con el yugo de la deuda externa ni con el gran capital petrolero que durante un siglo ha succionado el “oro negro” del país. En lugar de romper la dependencia la “diversificó” hacia los capitales chinos y rusos.

La crítica al populismo del chavismo no es por los programas sociales y derechos adquiridos por el pueblo, como hacen los liberales. Los marxistas cuestionamos en cambio que al hacer de la “redistribución de la renta” el eje de la disputa, evitaba encarar el asunto de fondo, que es la existencia de una clase social que históricamente se alimenta y se reconfigura con la renta en provecho propio manteniendo al país en el atraso; que tras la idea de “sembrar el petróleo” no hizo sino dar continuidad a la estafa nacional mediante la cual el país se deja saquear por unos cuantos banqueros, empresarios y aprovechadores que, supuestamente, desarrollarán el país.

Hay que cuestionarle al chavismo que por más que vociferó contra la “burguesía parasitaria”, no solo se limitó apenas a timoratos “controles” que nunca llevó hasta el final, sino que además desarrolló él mismo sus propias promociones de burgueses parásitos y nuevos ricos al amparo de la renta pública, tal como el perezjimenismo y el puntofijismo generaron los suyos. Que mientras habló de “poder obrero” y “poder popular” lo que hizo fue fortalecer al Estado y dejar como legado una casta “cívico-militar” que, cuando las condiciones económicas cambiaron, se ha convertido en un poder cuasi-dictatorial no solo ante la agresividad imperialista y de la derecha, sino también contra las masas trabajadoras y pobres.

Los liberales cuestionan la movilización obrera y popular tras sus aspiraciones de una mejor vida. Los revolucionarios cuestionamos un esquema donde las masas trabajadoras no son sujetos propios de su liberación, que enarbolen un proyecto político propio emancipador, sino que son condenados a la condición de apoyar a un líder que, con base a ciertas concesiones, encorsetaría la energía de los trabajadores y sectores populares en los límites de un proyecto para reordenar –con cierta autonomía política frente a los Estados Unidos– el mismo capitalismo dependiente y rentístico.

Para el pensamiento liberal, el pueblo debe cargar a cuestas por sí solo con las profundas desigualdades e injusticias sociales que genera la economía capitalista, si ese mismo Estado que se encarga de garantizar a fuerza de coerción y palos esa economía atiende de alguna manera esos problemas, eso es despachado por “populismo”. Como desarrollamos en otro artículo de este suplemento, quienes nos mantuvimos opuestos por izquierda al chavismo y siempreimpugnamos su pretendido carácter “revolucionario”, cuestionamos que ese limitado “redistribucionismo” haya servido para relegitimar ante las masas el principal instrumento de coacción política del que se sirve el capitalismo, el Estado burgués que, “dio concesiones” cuando había vacas gordas, pero que pasó a mostrar en primer plano su faz represiva y autoritaria cuando las condiciones económicas cambiaron.

El chavismo cumplió la reaccionaria función, históricamente hablando, de evitar un “desbordamiento” de la lucha de los de abajo que pudiera cuestionar incluso al propio Estado burgués (y las relaciones de producción capitalistas), al contrario, lo recompuso, cooptando a las masas y lo fortaleció, pasando luego, en la debacle y descomposición del régimen, de ser un Estado “distribucionista” a ser el Estado que garantiza en primer lugar el “derecho natural” de los acreedores de la deuda pública externa a vivir de la usura, de los saqueadores de la renta a mantener en cuentas privadas en el extranjero el “ahorro nacional”, y de los patronos a defender sus ganancias poniendo los precios que les parezca y desconociendo los derechos de la clase trabajadora.

Lo que necesita el país no es romper con un “estatismo” que supuestamente no deja hacer a los capitales cuanto les venga en gana, sino con esa nefasta “tradición nacional” en la que tras los auges petroleros quedamos con un Estado endeudado, un país más dependiente, un pueblo en pobreza y unos capitalistas con grandes fortunas en el exterior. La clase capitalista venezolana tiene casi cien años recibiendo renta y nada que desarrolla el país, ¿no es hora de hacerlos a un costado de la historia? Solo una economía nacionalizada, en ruptura con las ataduras al capital transnacional, en manos de un gobierno propio de los trabajadores y las mayorías populares, puede dar un uso racional a los recursos nacionales y ponerlos en función de las necesidades del país y su pueblo.

Quienes hoy abrazan las tesis liberales están ideológicamente a la derecha de la derecha tradicional. Toman el testigo de la deriva neoliberal adeco-copeyana y pretenden avanzar en lo que aquellos no pudieron. En los 90’s no pudieron privatizar Pdvsa ni todas las empresas de servicios, intentaron imponer la semiprivatización de las universidades con el PLES y la lucha estudiantil lo derrotó. La crisis del régimen y la correlación de fuerzas no les permitieron avanzar más. Estos vienen por la revancha. Quieren hacer como en Chile, el país de América Latina donde una ofensiva neo-liberal logró avanzar más (incluso privatizando las universidades, lo que hoy padecen y cuestionan millones de jóvenes), precisamente gracias a la derrota sangrienta que la dictadura de Pinochet impuso a las masas. ¡Esa fuerza extraeconómica para imponer el “orden natural” en la economía!

No por casualidad, la casi totalidad de estos “liberales” que se supone abogan por la “República”, se ponen bajo el ala del agresivo intervencionismo estadounidense, depositando la “soberanía popular” de los venezolanos en Washington.

Este pensamiento regresivo, expresado en gran parte en el Plan País, en los partidos, dirigentes y “expertos” de la oposición de derecha, busca instaurar una nueva correlación de fuerzas donde se establezca como principio que la obtención de ciertos derechos por parte de la clase trabajadora y el pueblo pobre ha sido un pecado populista, y que debemos entregarnos atados de pies y manos a lo que los empresarios, banqueros y el capital transnacional dispongan. A los más fundamentalistas del “Estado mínimo”, les parece incluso insuficiente el plan neoliberal de Guaidó porque habla de algunos subsidios a los más pobres; una política como la del gobierno de los CEO’s de Macri, que entregó el mando de la economía al FMI y ha desembocado en el inicio de una nueva crisis histórica en Argentina, les parecería bien, aunque insuficiente.

Los dogmas liberales atentan contra las necesidades más elementales del país y de sus mayorías, pero además van incluso a contravía de las tendencias actuales de la economía mundial, marcada tanto por amenazas recesivas como por una brusca vuelta de los nacionalismos y proteccionismos en las principales potencias capitalistas, comenzado por los EE.UU.

Ciertamente, la quiebra de Pdvsa, de las empresas básicas y en general la ruina del país, le permite cierta base social a este pensamiento regresivo. Sin embargo, sacando las lecciones históricas sobre el fraude del chavismo como proyecto “revolucionario” y “emancipador”, es tarea principal de la izquierda y de los sectores de avanzada del movimiento obrero, estudiantil y de mujeres, cruzar lanzar contra estos neo-liberales, incluyendo a los fundamentalistas.