En la zona sur del Estado chileno, el presidente Gabriel Boric pretende establecer un "estado de excepción intermedio", hechos y justificación contra el Walmapu se parecen bastante a lo que hacía el ex presidente Sebastián Piñera.
Jueves 12 de mayo de 2022 10:21
Durante las últimas semanas, la derechización del gobierno en lo que refiere a su agenda de seguridad, ha escalado a niveles impensados hace tres o cuatro meses atrás. Produce indignación y muchos de sus votantes están preguntándose: ¿cómo es esto posible?
Si es que ya veíamos el violento accionar de las fuerzas represivas en contra de estudiantes y trabajadores, como la represión y detención acontecida en Hualpén, hacia los subcontratados de ENAP (Empresa Nacional del Petróleo), o las declaraciones de la vocera Camila Vallejo hablando del machi (autoridad mapuche) Celestino Córdova (fue acusado del incendio de una casa de agricultores medianos, que luego provocó su muerte. Nunca probaron su autoría pero está preso desde el 2014) como preso común, así como la represión a estudiantes secundarios, hoy el gobierno da sus primeros pasos en su propuesta represiva en el sector del Wallmapu.
“Estado de excepción intermedio” es el nombre con el que el gobierno busca lograr en el parlamento este proyecto de ley, que no es otra cosa que una acción difícilmente camuflada, para el sostenimiento de la militarización en la zona sur. Una iniciativa casi idéntica a la utilizada por Sebastián Piñera durante su mandato, cuando justificaba la coerción y represión de las “fuerzas del orden” en el contexto del estallido social.
"A diferencia de los Estados de Excepción, queremos concurrir con ayuda de las Fuerzas Armadas al resguardo de la infraestructura crítica y de gravedad para el libre tránsito, abastecimiento de la población o circulación de vehículos de emergencia, sin afectar ninguno de los derechos fundamentales que la Constitución asegura” señaló el secretario general de la presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, agregando "proponemos un Estado de Protección y Resguardo que no limite los derechos de las personas (como de movilidad o circulación). En este sentido, no caería en la causal de excepcionalidad".
Ya hace unos días, el actual presidente del senado, Álvaro Elizalde(del Partido Socialista), luego de una reunión sostenida con el presidente de la Cámara Baja, Raúl Soto (Partido por la Democracia -PPD, otro de los partidos de los odiados 30 años), y dueños de camiones incluidos -transportistas-, se refería a la celeridad con la que se buscará tramitar esta iniciativa en la Comisión Mixta, para ser votada lo más prontamente en las salas del Congreso, durante la próxima semana.
"Esta semana, la Comisión mixta debiera sesionar, votar esta iniciativa y podría perfectamente la próxima semana estar votándose en ambas salas del Congreso Nacional. De esa manera se daría canalización al debate respecto a la propuesta del Ejecutivo en torno a un estado de protección y resguardo a las rutas y vías”, señaló Elizalde.
Sin embargo, más allá del entusiasmo desde el gobierno, lo reprochable de la medida no se hizo esperar, incluso desde las filas de los partidos que conforman el gobierno. Cuestionamiento expuesto por la diputada del Partido Socialista (PS), Camila Nuyado:
“El gobierno no está dando cumplimiento a los compromisos que señaló en su propio programa, que era poder dialogar, avanzar en la restitución de tierras y de derechos del pueblo Mapuche", manifestó la diputada, agregando que votará en contra de la propuesta emanada desde el gobierno:
"Voy a votar en contra. Así se lo he manifestado a mi bancada, saben cuál es mi postura y se han molestado, pero me han respetado (…) el poder Ejecutivo, que es el gobierno del Presidente Gabriel Boric, ha olvidado al pueblo mapuche y no está poniendo el foco hoy en combatir la pobreza en aquellos territorios abandonados".
Con solo dos meses en el Poder Ejecutivo, el gobierno de Boric, conformado por el Frente Amplio, Partido Comunista, y partidos de la ex Concertación como el PS, y el PPD, los ataques hacia el pueblo trabajador han continuado, al igual que el blindaje de Carabineros, y la tranquilidad hacia el empresariado, que pareciera que le impone en los hechos su agenda de seguridad a este gobierno, cuyas promesas que sostuvo aceleradamente están quedando en el olvido.
El gobierno se apoya en Carabineros y Fuerzas Armadas, cuya legitimidad se encuentra profundamente cuestionada al estar vinculadas a casos de corrupción, y múltiples violaciones a los DD.HH, para mantener a raya a los pueblos originarios, ignorando sus reclamos más sentidos. Por lo mismo, hay que organizarse y luchar por la completa desmilitarización del Wallmapu, la libertad de las y los presos políticos y por la autodeterminación del pueblo mapuche.
