Una burla la respuesta del Gobierno a 38 días de paro en Atacama, mientras en el Parlamento avanza con leyes represivas. Se preparan para las batallas que vienen.
Sábado 9 de abril de 2016
La verdad del “ajuste fiscal”
La respuesta del Gobierno a 38 días del combativo paro con movilización de los trabajadores públicos de la región norteña de Atacama es una burla. En vez del “Bono Atacama”, de $ 80.000 cada mes para todos los trabajadores públicos, como parte de un “Nuevo Trato para Atacama”, ante los bajos sueldos comparados con el alto costo de la vida, el Gobierno envió un proyecto de ley para una “asignación extraordinaria” por única vez de solo $ 200.000.
Argumentan las restricciones económicas. Recuerdan el “ajuste fiscal”. Cuando lo anunciaron, dijeron que no afectarían los “programas sociales”, sino que sería un recorte de gastos excesivos, como viajes, renovación de autos, etc. Falso. Era para abrir las puertas a un ajuste contra el pueblo trabajador. Ya lo habían adelantado ante el paro del Registro Civil del año pasado. Ahora en Atacama lo confirman.
Mientras, anuncian transferencias a los empresarios adicionales por $ 10.000 millones de dólares para ayudar a la reactivación.
Las leyes represivas
En el Parlamento están aprobando leyes represivas y para garantizar su impunidad. La ley de la Agenda Corta-Antidelincuencia con más atribuciones represivas para Carabineros, como la detención por sospecha. Los artículos que constituyen una “ley mordaza” en sí misma, sancionando las “filtraciones” que hicieron público este año los casos de corrupción que se investigan. La Ley Antiterrorista también aprobada.
No están solos
En el Gobierno de la Nueva Mayoría no están solos en sus medidas contra los trabajadores, los estudiantes y el pueblo. Se conoció que además del “artículo Contesse” (que rebaja los impuestos a la minera SQM), el Gobierno Piñera co-legislaba con las empresas: la minera SQM redactó parte del Reglamento del Código Minero. Un nuevo “Gobierno de los Gerentes”.
Una democracia para ricos que protege los intereses de los empresarios y los privilegios de sus parlamentarios y funcionarios.
¿Por qué dan estos pasos ahora?
Hace poco, el ministro Secretario General de la Presidencia dio por cerrada la fase de reformas del Gobierno diciendo que “la obra gruesa” está concluida. No es cierto. Resta la aprobación del aborto. Resta la decisiva aprobación de la reforma educacional. Y se está abriendo una puja distributiva, que el paro de Atacama muestra, con la desaceleración económica.
El Gobierno se prepara así para enfrentar estas situaciones.
La respuesta de trabajadores y estudiantes
El escenario está fluido, y está abierto cómo se responderá a estas políticas de la casta de parlamentarios y funcionarios en compra-venta a los empresarios.
Pero, hay luces. Los trabajadores de Atacama vuelven a mostrar su disposición a la lucha, con 38 días de combativo paro con movilización. Nuevos fenómenos sindicales se anuncian, como el Frente de Trabajadores de la Minería Nelson Quichillao (obrero minero asesinado el año pasado por la policía) que se propone disputar la dirección de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC). Aunque la dirigencia nacional de la Nueva Mayoría en la CUT persiste en su política de desmovilización, anunciando que ante la aprobación de la reforma laboral recurrirán a la OIT y a los Tribunales de Justicia, no a los trabajadores de base y su fuerza cuando se pone en movimiento.
Los estudiantes secundarios y universitarios, por su parte, anunciaron movilizaciones para el 21 de este mes, y la convocan conjuntamente con los funcionarios de las Universidades públicas. Además, comienzan a extenderse luchas locales, en liceos por la infraestructura nuevamente, en las universidades contra el autoritarismo y contra los casos de abusos sexuales, logrando en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile que se removiera a uno de los profesores acusados.
La unidad de trabajadores y estudiantes para las batallas que se vienen, es una tarea clave para enfrentarlas.
