Pandemia. El gobierno del MAS adopta el punitivismo sanitario ante un nuevo rebrote de la pandemia en Bolivia

El gobierno de Luis Arce Catacora, el 22 de diciembre del 2021, mediante los Decretos Supremos 4640 y 4641, ha dictaminado la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19 por medio de exigir la portación del Carnet de Vacunación y para quiénes no quieran o no puedan vacunarse se exige la presentación de la prueba RT-PCR negativa con una antigüedad máxima de 48 horas. Esta situación se da en medio de una nueva ola de contagios que según indican los expertos alcanzaría su pico en 3 semanas. Lo cierto es que las cifras de contagios, cuyo epicentro es en Santa Cruz, han superado por lejos los récords que se vieron en las 3 olas anteriores. Aunque señalan que por el momento no se habría registrado la presencia de la variante Omicrón en el país la situación nuevamente es bastante delicada. Además, recién se informó que un médico en Santa Cruz aseguró que se habría registrado el primer caso de flurona [1] en Bolivia.

Con los decretos señalados el gobierno de Arce adopta una política y medidas punitivistas, es decir comienza aplicar sanciones a la gente de a pie para enfrentar la pandemia. Cabe recordar que la obligatoriedad de las vacunas fue planteada por el acalde de La Paz y ex ministro del gobierno golpista, Iván Arias, así como por “Creemos”, el partido del golpista Luis Fernando Camacho y finalmente ha sido adoptada por el Movimiento al Socialismo (MAS). Sin embargo, la sola exigencia de la vacunas o de las pruebas PCR están lejos de resolver el problema (como tampoco lo estuvo en su momento el confinamiento militarizado) ya que sigue soslayando la urgencia de hacer frente al problema estructural del sistema de salud.

Esto no niega la importancia de las vacunas. De hecho por eso mismo desde La Izquierda Diario iniciamos y mantenemos una campaña por la anulación de las patentes de las vacunas para no depender de los miserables mecanismos de donación de vacunas y menos pagar sumas millonarias para conseguir dosis de las grandes transnacionales lucradores de la pandemia. La liberación de las patentes permitiría producir vacunas sin estar atados a los negocios de los laboratorios y así empezar un plan real y efectivo e informado de vacunación masiva. Si bien la vacuna no frena la pandemia, es una herramienta de prevención dirigida a reducir las formas graves y complicaciones del Covid-19 y esto se ha demostrado. No por nada según fuentes recientes la letalidad en el país habría bajado de más de un 6% en la primera ola a un 0,8% actualmente. Así también, según información oficial, de las muertes por Covid en esta nueva ola al menos el 80% son personas que no fueron vacunadas y también los escasos espacios de terapia intensiva están ocupados casi en su totalidad por personas no vacunadas. Esto incluso llevó a que en Francia un grupo de médicos empiece a “preguntarse” si las personas no vacunadas debieran poder acceder a una UTI, brutal.

El punitivismo sanitario, impulsado con estos decretos, se expresa en la imposibilidad de acceder a derechos básicos, supuestamente garantizados por la Constitución Política del Estado (CPE). Quiénes no cumplan no podrán ingresar a las instituciones públicas, privadas, ni entidades financieras lo que significa que las personas no podrán pagar servicios básicos ni tampoco cobrar sueldos, ni rentas o bonos entre otras vitales transacciones bancarias. Esto por ejemplo se vio en el caso de un jubilado que no pudo cobrar su jubilación ni pagar sus deudas iniciando una huelga de hambre en la puerta de un banco en Santa Cruz. Tampoco se puede acceder a servicios de justicia, incluso a servicios de salud ni a los centros de trabajo como por ejemplo el caso de los cargadores que fueron impedidos de ingresar a la terminal de buses de Cochabamba para trabajar. No se podrá ingresar a centros comerciales, mercados, supermercados, unidades educativas, universidades, institutos técnicos e instituciones educativas en general, lugares de entretenimiento y esparcimiento, entre otros. Así mismo se restringe el uso del transporte público para viajes interprovinciales e interdepartamentales lo que afecta principalmente a sectores populares que realizan sus actividades económicas desplazándose permanentemente de un lugar a otro.

Ahora bien, con los decretos, el gobierno estaría dando a elegir que aquellas personas que no se vacunen tendrían la opción de presentar una prueba de PCR que por ejemplo para el ámbito laboral implica una prueba casi cada 3 días. Esto sin dudas es una locura que es rechazada por toda la población y por lo tanto casi ni se toma en cuenta. Sin embargo, es lo que establece la norma. La opción por lo tanto es falsa. No solamente porque como ya dijimos significaría que una persona tendría que hacerse dicha prueba prácticamente cada 3 días! Sino porque además como sabemos las pruebas PCR son caras (su costo oscila entre 70 a 100 dólares) y únicamente son gratuitas en casos de sospecha de Covid o en aeropuertos por motivos de viaje; solo las pruebas de antígeno nasal son gratuitas pero la norma exige PCR. En todo caso aunque esta opción queda en el papel por ser imposible, refleja en última instancia que quienes saldrían beneficiados con la misma son los laboratorios privados que no dejaron de hacer grandes negocios con la pandemia.

El problema de querer resolver una situación tan crítica como la que se viene atravesando con esta política, es que tiende justamente a reforzar el carácter punitivo del Estado. Todo lo que no se hizo, como por ejemplo, impulsar campañas masivas de información para que se comprenda la importancia de las vacunas y que se conozca de manera científica su valor en la prevención del virus, pretende hoy ser simplificado vía la obligatoriedad. El problema de esto es, como estamos viendo, que al tratar de imponer una medida en contra de la voluntad de grandes sectores populares solo genera el rechazo masivo con respuestas combinadas. Por un lado, quiénes por desesperación terminan vacunándose y eso está haciendo que se desborden los puntos de vacunación con filas infinitas, y por otro lado, quiénes lejos de aceptar están radicalizando su rechazo para no vacunarse amenazando con movilizarse y exigiendo que se anule la medida.

Esta situación puede transformarse en un boomerang que puede terminar fortaleciendo a la derecha y al reaccionario movimiento antivacunas.

Lo dicho recién lo vimos por ejemplo ayer en conferencia de prensa, cuando sectores de El Alto y el Magisterio Rural dieron un plazo de 24 horas al Gobierno para que derogue el decreto que exige el carnet de vacunación o la prueba PCR. Días antes, el 31 de diciembre, la Federación de Campesinos Tupac Katari, la Federación de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa”, y las federaciones de La Paz de Interculturales, ayllus y markas y Cofecay sacaron un comunicado conjunto que en sus partes principales indica: “Por unanimidad, del acuerdo interinstitucional del departamento de La Paz exigimos la derogación del Decreto Supremo 4640 y 4641, que son decretos inconstitucionales por haberse dictado sin consulta previa o socialización del pueblo boliviano”. Además, el documento también establece exigir la destitución del ministro de Salud, Jeyson Auza, por no socializar la Ley, ya que califican que es una decisión arbitraria. En la misma línea, el Comité Cívico de El Alto, a la cabeza de Gregorio Gómez, exigió la derogación de ambos decretos y la destitución del ministro de Salud. Por su parte los gremiales y fabriles hablan de un plazo de 72 horas para que el gobierno derogue estas medidas. Y más recientemente la federación juvenil campesina de las 20 provincias del Departamento de La Paz también se suma a la exigencia de derogación y anunciaron medidas.

¿Quiénes no se vacunan?

Partiendo del hecho de que la vacunación masiva reduce significativamente las consecuencias del Covid. Y eso es un hecho científico comprobado por las centenas de millones de dosis ya colocadas que han tenido por efecto el reducir notablemente la mortandad y las complicaciones. Y de que es necesario e imprescindible para acabar con esta pandemia el llegar a vacunar a la mayor cantidad de personas posibles. Sin embargo vemos que en la realidad un importante sector de la población se niega a vacunarse.

Este es un conglomerado altamente heterogéneo. Algunas voces que se escuchan desde el inicio de la crisis sanitaria y la aparición de la vacuna, en particular en relación con su posible obligatoriedad, reivindican la libertad individual, rechazando por principio cualquier reflexión colectiva sobre la crisis sanitaria. Otros, tienden a rechazar toda vacunación, en un contexto de desconfianza antivacunas que viene de lejos, debido a los escándalos sanitarios que existen desde hace varias décadas, acentuados por la gestión catastrófica y errática de la crisis sanitaria. Tendencias que pueden llevar a soluciones individuales que solo pueden ser contraproducentes para resolver la crisis sanitaria.

Es decir, se encuentran desde marginales y reducidos grupos del movimiento antivacunas y terraplanistas, siguiendo por las iglesias evangélicas y grupos católicos que formaron parte del golpismo. Pero también existen amplísimos sectores populares en el campo o en barriadas obreras o ciudades intermedias que expresan desconocimiento o una sana y legítima desconfianza de las políticas del Estado y de los mercaderes de la salud. Ya que existe una larguísima historia de casos de personas e incluso niños que han sido utilizados como conejillos de indias. Solo recordemos la “Alianza para el Progreso” de Kennedy que esterilizó a miles de campesinas en Perú y Bolivia sin su consentimiento. O la discriminación que sufren las personas de origen indígena y de sectores humildes cuando acuden a un centro de salud. Por lo que la desconfianza en la vacuna de amplios sectores populares está por demás justificada.

El carácter imperativo de estos decretos tuvo que ser levemente matizado, el día de hoy, mediante la Resolución N° 001/2022 del ministerio de Trabajo que aclara que ningún trabajador puede ser despedido por no presentar el carnet de vacunación al ingreso de su fuente laboral. Sin embargo, no aclara que sucederá con aquellos trabajadores y trabajadoras que no están en condiciones de presentar la prueba PCR cada 3 o 4 días.

Toda esta situación da cuenta que el gobierno de Arce, asustado por el crecimiento geométrico de los contagios, ha optado como política descargar la responsabilidad de la lucha contra la pandemia en las espaldas del pueblo trabajador. Es decir, que se continúa con la política de echar la culpa a la población sin reconocer que la verdadera solución pasa por llevar adelante una transformación integral de todo el sistema de salud ya que debido a su precariedad corre el riesgo de colapsar nuevamente por falta de personal, insumos, infraestructura, medicamentos, etc. Y tengamos en cuenta que todo esto está pasando antes de que ingrese la variante Omicrón.

Por una respuesta obrera y popular para hacer frente a la pandemia

Desde la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional (LOR-CI), organización que impulsa La Izquierda Diario en Bolivia, ya cuando iniciaba la pandemia hemos planteado la necesidad de un cambio profundo en todo el sistema de salud al mismo tiempo que actuar frente a las necesidades inmediatas que exige la pandemia como ser la distribución masiva de medidas de bioseguridad para las y los trabajadores de salud, pero también para la población de conjunto, los test masivos para la prevención y detección de contagios, entre otros. Es por eso que estamos en las antípodas de los antivacunas o las iglesias que solo quieren que se eliminen estos decretos pero quieren seguir haciendo negocios con las clínicas privadas que controlan.

Por otro lado, el rechazo a los decretos por parte de las organizaciones campesinas, de trabajadores y populares, no avanza más allá de exigir la derogación de estos decretos sin discutir una salida de fondo a la crisis del sistema de salud y sin siquiera cuestionar el negocio de los laboratorios privados con las pruebas PCR. Esto se expresa por ejemplo en la posición de la federación juvenil campesina del departamento de La Paz que al tiempo de exigir la renuncia del ministro y la derogación de los decretos piden también que se certifique la medicina tradicional, ya que si certifican las vacunas “occidentales” se debería certificar también la medicina tradicional. Estas visiones además del peligro que significa subestimar la pandemia, tienen en común que preservan el “sistema mixto de salud” impulsado por el MAS que ha permitido el enriquecimiento del sector privado de salud, la decadencia de las cajas y seguros, y el desmantelamiento del mal llamado sistema público de salud que en los hechos está semi-privatizado porque básicamente hay que pagar todo cuando se trata de exámenes, estudios, incluso medicamentos.

Ante este escenario queremos plantear a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, del campo y de la ciudad, vecinales y populares, de mujeres y de las disidencias y diversidades sexo-genéricas, a las asociaciones de enfermos de cáncer, de personas con discapacidad, entre otros, los siguientes puntos para empezar a discutir enserio una salida de fondo a la profunda crisis de la salud en el país y a la amenaza que significa la cuarta ola de la pandemia: