Fuerzas Armadas. El gobierno quiere a los militares en las calles: la calle hace décadas que no lo permite

El Gobierno amenaza con nuevas medidas de control social. Con viejas recetas que vienen del Pentágono, plantean modificar un artículo de la ley de Seguridad Interior para habilitar a las Fuerzas Armadas a que intervengan en casos de “terrorismo”. Un significante que en boca de los funcionarios de La Libertad Avanza es muy "flexible".

Una decenas de personas que marcharon el 12 de junio frente al Congreso en contra de la aprobación de la Ley Bases fueron acusadas de terroristas. La imputación de la ministra Patricia Bullrich y el fiscal Carlos Stornelli fue tan absurda que la jueza del caso dictó falta de mérito. Aún hay dos detenidos de esa jornada, aunque les imputan otros "crímenes" menos ridículos, pero igualmente absurdos. La lucha por su libertad continúa.

Lo cierto que el anuncio de Manuel Adorni hay que leerlo en el marco de un gobierno que, más allá que logró aprobar la Ley Bases, no consigue mostrar signos de recuperación económica que, hasta Paolo Rocca, dueño de Tenaris, dijo “fuimos demasiado optimistas” con el cambio que vendría con Milei. Ante esta situación las recetas represivas les sirven a los gobiernos para mostrar iniciativas y atemorizar a la población.

Con ese objetivo el vocero presidencial anunció este jueves que: “El Ministerio de Defensa envió al Congreso un proyecto de ley para permitir la participación de las Fuerzas Armadas ante hechos terroristas. En este sentido, se plantea la modificación del artículo 27 de la ley de Seguridad Interior, con el fin de incorporar una nueva opción de empleo militar, a pedido de un comité de crisis. Se propone que además de las acciones previstas - en el primer párrafo, de este artículo 27 - como el mantenimiento de la paz, las Fuerzas Armadas trabajen de forma coordinada con las Fuerzas de Seguridad para enfrentar el terrorismo con acciones de patrullaje, control de personas y vehículos en zonas determinadas y, por supuesto, por tiempo limitado y que puedan detener en flagrancia”.

Para modificar esta ley, que es parte de las llamadas “leyes de la democracia”, que fueron promulgada bajo los distintos gobiernos constitucionales pos dictadura, se necesita que el Congreso y las calles lo aprueben. No parece que por ahora en ninguno de los dos ámbitos, estén dispuesto a que esta medida pase.

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Son tres las leyes nacionales que prohíben el uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna del país; la 23.554, de Defensa Nacional, sancionada en 1988; la 24.059, de Seguridad Interior, de 1991 y la 25.520 de Inteligencia Nacional promulgada en 2001. Tres leyes que fueron conquistadas a fuerza de movilizaciones contra los gobiernos radicales y peronistas que intentaron dejar impunes a las Fuerzas Armadas que protagonizaron el golpe militar de 1976 que se extendió hasta 1983. Durante esos años los genocidas robaron bebés, asesinaron, torturaron y desaparecieron a 30.000 luchadores. También capitularon ante las tropas inglesas en la Guerra de Malvinas. Las mayorías populares no perdonaron ninguno de estos crímenes y la rendición ante el imperialismo inglés marcó el fin de la dictadura.

Son estos los motivos por los cuales las políticas ideadas por el Comando Sur de Estados Unidos para militarizar América Latina, que está por cumplir tres décadas, no pudieron implantarse en Argentina. Si bien el Gobierno de Cambiemos, bajo la presidencia de Mauricio Macri, firmó múltiples acuerdos con este organismo contrarrevolucionario, no logró imponer que los militares pudieran estar vinculados en la represión interna. Aun cuando modificó el decreto 727 –que el gobierno de Alberto Fernández no anuló–, que amplía la incumbencia militar para que actúen, no solo en caso de amenaza de otro Estado, sino ante lo que ellos definen como nuevas amenazas, como el narcotráfico, etc. Sin embargo, esta modificación no les otorgó legitimidad para militarizar las calles del país.

Incluso, frente a la crisis que atraviesa la ciudad de Rosario por los hechos criminales provocados por bandas narco, no pudieron, a pesar que lo anunciaron tanto el gobierno de Alberto Fernández como el de Javier Milei, enviar a las Fuerzas Armadas para que intervengan. Fernández tuvo que desistir de este anuncio por el rechazo popular, y Milei ordenó el Operativo Bandera, en el cual las Fuerzas Armadas aportaron elementos de transporte a las unidades de la Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria que se desplegaron en Rosario, pero no estuvieron al frente de los patrullajes.

El sueño de los gobiernos constitucionales de reconciliar a las Fuerzas Armadas con la población

Desde Alfonsín a esta parte, todos los gobiernos tuvieron el desafió de reconfigurar el rol de las Fuerzas Armadas que salió “derrotada” tras el golpe militar. Como dijo el almirante Emilio Massera en 1998, luego que fuera indultado por Carlos Menem por los crímenes juzgados en el Juicio a las Juntas Militares: "Estamos aquí porque ganamos la guerra de las armas, pero perdimos la guerra psicológica".

El gobierno de Carlos Menem, alineado con las políticas del imperialismo, e impedido de utilizar a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, envió tropas a conflictos bélicos como la Guerra del Golfo y a misiones “humanitarias” –política que lleva casi tres décadas–. Fue el Congreso, con mayoría del PJ y la UCR, quien autorizó estas misiones cuando votan las leyes Defensa Nacional (1988).

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Bajo los gobiernos kirchnerista, a la par que se abrió un espacio para los juicios a los genocidas más representativos y, bajo la bandera de una política de derechos humanos, se dieron pasos en busca de una recomposición militar, esta vez con un Ejército “incorporado al Proyecto Nacional”.

Se continuó la política de participación militar en las “misiones humanitarias” bajo bandera de la ONU y se sancionó la “ley antiterrorista”, entre otras medidas.

Además bajo el gobierno de Cristina Kirchner aplican las políticas que dispone el Comando Sur de Estados Unidos para las tropas militares de Latinoamérica: la lucha contra el narcotráfico. Es así que implementan el Plan Escudo Norte, Fortín I y II para patrullar las fronteras del norte del país.

Si Menem logró disciplinar a los militares y reconfigurar su rol proimperialista, los gobiernos kirchneristas serán los que más avanzan en el propósito de mostrar nuevas Fuerzas Armadas, bajo la idea que tras los juicios se habían depurado de genocidas –aún cuando mantuvieron a muchos militares que intervinieron en dictadura como César Milani– y que una nueva generación nacida en democracia daba inicio a una nueva fuerza castrense.

Política que continuó el gobierno de Alberto Fernández, que logró que el Parlamento vote la autorización de ejercicios militares con tropas extranjeras y la participación de las fuerzas en misiones imperialistas.

A más de 40 años del golpe militar de 1976, la movilización y el repudio popular a los militares sigue vigente. El rechazo masivo a la visita de diputados a genocidas como Astiz, que hasta el propio Javier Milei tuvo que rechazar, muestra que no hay apoyo popular a las políticas del Comando Sur de Estados Unidos.