San Juan. El modelo Bullrich: policías persiguieron un camión 20 km y acribillaron a balazos al conductor

Federico Gastón Orihuela tenía 37 años. Era camionero. El viernes, poco antes de la medianoche, manejaba el Mercedes Benz 1518 con el que solía transportar mercaderías. Era de Chepes, provincia de La Rioja. Según sus conocidos, llevaba varios días en la localidad sanjuanina de San Agustín del Valle Fértil. Dicen que esperaba que lo llamen de Caucete para un traslado de melones.

Alrededor de las 23 del viernes, Orihuela iba por la Ruta Provincial 510 cuando una patrulla de la Comisaría 12 de Valle Fértil lo paró para iniciarle una contravención. Según dijeron luego los policías, el camionero se habría resistido a aceptarla y arrancó para proseguir su camino. Allí comenzó una persecusión que terminaría veinte kilómetros al sur, luego de que Orihuela saliera despedido del camión hacia la banquina, con al menos cinco disparos en el cuerpo.

“Hubo un inicio de una contravención, hay una orden de la autoridad policial de alto y detención, es lo que genera la fuga y la persecución”, diría horas después en una conferencia de prensa el fiscal coordinador de San Juan, Iván Grassi, junto a su par de Delitos Especiales, Francisco Pizarro. Los representantes del Ministerio Público Fiscal dieron algunos detalles de los hechos. Junto a ellos estaba el jefe de la Policía de la provincia, el comisario general Eduardo Lirola.

Los fiscales determinaron que a bordo del patrullero que persiguió a Orihuela iban tres efectivos y que a lo largo de la carrera se fueron sumando más móviles. El oficial Ricardo Rodríguez fue quien, según las fuentes, disparó todas las balas que impactaron en el Mercedes Benz y en el cuerpo del camionero. Él iba en el asiento del acompañante del patrullero que inició la persecución.

Rodríguez dijo que primero efectuó un disparo “de advertencia” con un arma larga y que Orihuela “hizo caso omiso”. Ahora se sabe que varios kilómetros más adelante, sacó su arma 9 milímetros y empezó a disparar varias veces contra la culata del camión. Vaciado el cargador, le sacó el arma al conductor del patrullero y siguió tirando. Le dijo a su compañero que acelerara y pasara al Mercedes. Y siguió tirando.

Varios de los disparos directos a la cabina terminaron en el cuerpo de Orihuela, quien salió despedido del vehículo y su cuerpo quedó tendido en la banquina. El Mercedes, a su vez, siguió andando pero sin control, hasta que se cruzó de carril y chocó a un Volkswagen Gol que iba en sentido contrario. Sus cuatro ocupantes no sufrieron heridas. Pero el accionar de la Policía podría haber matado a cinco personas en cuestión de segundos.

El fiscal Grassi dijo en su conferencia de prensa que “se han contado dieciséis impactos en el camión, eso incluye la parte de atrás, el costado y el frente”, y que el cadáver de Orihuela “tendría cinco disparos”. Sin informe de autopsia aún, espera confirmarse si no fueron más los impactos recibidos por el hombre de 37 años. Y las pericias sobre lsa armas y el terreno deberían confirmar si fueron 16 disparos en total o más.

Hoy el oficial Rodríguez está “aprehendido” por orden de la Fiscalía, al ser identificado como el único que efectuó todos los disparos. Sospechosamente, por el momento quedaron sin cargos sus compañeros de persecución, incluyendo al conductor que, sabiendo las consecuencias posibles, hizo todo lo que Rodríguez le fue ordenando. Otro hecho sospechoso es que el asesino quedó internado bajo custodia en un hospital, ya que habría sufrido la fractura de una de sus muñecas durante la carrera criminal. No se dieron más precisiones sobre qué causó esa herida en el policía, si es que efectivamente esa fractura existe.

Al quedar fuera de la investigación la Policía de San Juan por ser protagonista del hecho, los fiscales pidieron al Ministerio de Seguridad de la Nación la colaboración de una fuerza federal para las pesquisas y pericias. Desde la cartera que conduce Patricia Bullrich encomendaron la tarea a la Gendarmería Nacional, que ya realizó un rastrillaje en el camión con “perros adiestrados” en la detección de drogas. “Dio resultado negativo”, dijeron los funcionarios judiciales que parecieron buscar evidencias que atenuaran la conducta de los policías.

En la misma conferencia de prensa, el jefe policial Lirola intentó sacarse toda responsabilidad de encima. “No hubo tiroteo, es un hecho sin precedentes en la institución policial. Hacía muchos años que no teníamos un hecho de esta naturaleza. Esto es un hecho grave que enluta a la institución policial”, vociferó el jerarca de la fuerza cuyo jefe político es el gobernador Marcelo Orrego.

Por último el comisario general habló de Rodríguez, su subordinado pistolero. “Hicimos una investigación para establecer si tenía algún signo de violencia y no se determinó eso. El hombre está casado, con hijos, no ha tenido ningún tipo de problema con la familia, no sé qué ha producido en él este hecho de usar el arma contra alguien”, dijo fingiendo consternación.

Tal vez en sus comunicaciones con Bullrich, Lirola encuentre alguna respuesta a sus existenciales inquietudes. Porque es la misma ministra la que acaba de anunciar que próximamente reflotará su “protocolo” para el empleo de las armas de fuego por parte de las fuerzas represivas federales. El mismo que en noviembre 2018, durante su “primer tiempo” junto a Mauricio Macri, puso en pie para intentar “legalizar” por fuera de la ley la ejecución sumaria de personas “sospechosas”, aún si éstas están desarmadas y no hay certeza de su culpabilidad en algún “delito”.

La conocida Doctrina Chocobar (en honor a un asesino de uniforme condenado) que Bullrich quiere formalizar, en rigor ya se aplica desde hace décadas en todo el país. El caso del camionero Federico Orihuela es el más “nuevo” de una larguísima lista de trabajadoras y trabajadores, predominantemente jóvenes, que cayeron por las balas del Estado en “democracia”.