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Red Internacional
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BALANCE DEL 2019. El "modelo" de reforma laboral que llevó al Estado español a un récord de precarización

Dos (contra)reformas laborales, la de 2010 aplicada por el PSOE (Partido Socialista) y la de 2012 por el gobierno del Partido Popular (PP) fueron la receta para hacer pagar la crisis a los trabajadores. Una receta para recortar derechos e imponer un modelo basado en la precariedad. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar?

Viernes 27 de diciembre de 2019 12:27

Ambas reformas laborales profundizaron un modelo laboral y social regresivo. La propuesta de la burguesía española no fue la de un cambio coyuntural para tiempos de vacas flacas sino la de avanzar en profundas reformas que asentaran un modelo estructural basado en la precariedad. Antes de ello, desde los 80 con Felipe González al frente, se produjeron importantes transformaciones que explican la actual situación de empobrecimiento de la clase obrera. Apostaron abiertamente por la desindustrialización y por una economía basada en el ladrillo, el turismo y el sector terciario.

Durante la segunda mitad de los 90 y hasta el estallido de la crisis económica internacional en 2007-2008, este modelo parecía imparable, con tasas de crecimiento del 3% anual y una sostenida reducción del paro. Sin embargo, la aparente bonanza no estaba exenta de contradicciones. Durante este periodo se sentaron las bases sobre las que se abrió paso la creciente precariedad laboral que vivimos en la actualidad. Se avanzaba en la lógica del modelo neoliberal imperante en el resto del mundo, que implicó una brutal ofensiva a escala planetaria de la burguesía contra los derechos de la clase trabajadora.

Con el estallido de la crisis económica internacional, el optimismo se vino abajo y el desempleo alcanzó cifras muy elevadas. La industria y la construcción fueron los sectores que salieron más perjudicados, con un proceso acelerado de destrucción de puestos de trabajo. Fue en ese momento en el que se dio el salto cualitativo en deteriorar las condiciones de vida de las mayorías sociales y en asentar un modelo de precariedad generalizado.

Hoy el Estado español está a la cabeza de las cifras europeas de pobreza y precariedad, no solo como una de las consecuencias de la crisis, sino como uno de los motores de la recuperación tan festejada. Años de crisis, recortes salariales, pago de la deuda, recortes en sanidad, educación y otros servicios sociales han ayudado a avanzar en un modelo de precariedad que afecta amplios sectores sociales.

El programa del “mal menor” sostenido por las direcciones burocráticas de los sindicatos mayoritarios y por los partidos de “la izquierda del régimen” es cómplice necesario en el brutal retroceso de derechos que sufren las y los trabajadores. El PSOE y su progresismo neoliberal fue uno de los artífices del avance de los principales ataques al conjunto de las clases populares.

Es difícil dar un dato que concentre la idea del avance de la precariedad en nuestras vidas, pero existen distintos indicadores que nos pueden ayudar a ver su alcance. Algunos de ellos son los salarios, el paro y los tipos de contratos, también la edad de emancipación o la llamada pobreza energética.

En el Estado español menos de la mitad de los trabajadores tienen un contrato indefinido a jornada completa (48%). Más de la mitad, por lo tanto, se encontraría en una situación de precariedad, bien por disponer de un contrato temporal o de una jornada parcial. Pero no solo ese 52% de los trabajadores sufre la precariedad, existen además otros muchos factores que nos llevan a ella.

Temporalidad

Sin duda la temporalidad es uno de los grandes medidores de la precariedad. En 2018 alrededor de 4,35 millones de asalariados tenían un contrato temporal en España, lo que implica una tasa de temporalidad del 26,8%. En algunas comunidades como Andalucía o Extremadura el porcentaje de contratos temporales llega hasta el 35%.

Entre 2006 y 2013 la tasa de temporalidad cayó un 32%, pero esto se debió a la enorme cantidad de despidos, muchos de ellos temporales por su bajo coste para las empresas. No obstante, la fórmula de la recuperación tras esos años fue en base a la aplicación de un modelo basado en la precariedad, así a partir de 2013 la temporalidad fue ganando peso y en la actualidad el Estado español es el país de la UE con mayor tasa de empleados temporales, casi el doble que la media europea que se mantiene en el 14,2%.

Si hablamos de temporalidad debemos referirnos a los jóvenes. Los niveles de temporalidad juvenil en el sector privado se han asentado por encima del 50%. Esto significa que más de la mitad de los asalariados menores de 30 años trabaja de forma temporal.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en España hay 1,3 millones de jóvenes con un contrato temporal. De hecho, la mayor parte del empleo juvenil creado en España durante la actual “fase de recuperación” es temporal. Desde el año 2013, las empresas han aumentado el número de asalariados en 325.000 jóvenes, de los cuales 301.000 son temporales, más del 90%.

Parcialidad

La parcialidad (involuntaria) es otro de los indicadores de la precarización de los trabajadores.

Casi 2,9 millones de trabajadores trabajan a tiempo parcial, un 14,6% del total de los trabajadores. Esto supone un incremento de un 3,2% respecto a la cifra registrada en 2017 (2.805.400) y es la cifra más elevada registrada de trabajadores a tiempo parcial en los últimos diez años.
Sin embargo, esta parcialidad en los contratos en muchas ocasiones se impone a los trabajadores como manera de ahorro para las empresas, pero la realidad es que las jornadas laborales llegan a extenderse a más de las 40 horas a través de las llamadas horas complementarias. Una “falsa parcialidad” que impone una absoluta flexibilidad para la patronal a la hora de disponer de la fuerza de trabajo a menor coste.

Otras formas de explotación ocultas en las estadísticas

En los últimos años también se ha avanzado en otras formas de explotación que no aparecen en las estadísticas pero que imponen una enorme precariedad a miles de personas. Los conocidos como falsos autónomos ya son una realidad en el Estado español. Las lucha de trabajadores como los Rides de Glovoo o Delivero pusieron sobre la mesa esta situación. El Instituto Nacional de Estadística muestra que solo durante el segundo trimestre de 2019 existían 143.000 falsos autónomos, es decir trabajadores registrados como independientes pero que en realidad son asalariados.

También las llamadas becas formativas y los contratos en prácticas son una realidad para miles de jóvenes. Es difícil encontrar datos totales sobre la cantidad de jóvenes que trabajan bajo contratos en prácticas o becas, pero las pocas cifras encontradas demuestran que este tipo de contratos son utilizados por las empresas para aumentar sus ganancias. No hay más que ver las cifras. El número de becarios que trabajaban bajo un convenio entre universidad y empresa pasó de 20.000 en 2013 a 70.000 en 2015 (un 350% más) según esta tendencia cabe pensar que en la actualidad son muchos más. Además, según un informe de la Comisión Europea de 2016 un 61% de los alumnos en prácticas no recibían remuneración.

Las pensiones

En 2012 la Reforma laboral vino acompañada de la respectiva reforma del sistema de pensiones con la que entre otras cosas se retrasaba la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. De esta manera el PSOE con Zapatero a la cabeza se preparaban para salvar a la banca y la burguesía española de la crisis haciéndosela pagar a los trabajadores y mayorías populares. Las pensiones congeladas de manera permanente han sido otra de las vías de ataque en estos años. Actualmente, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 52% de las pensiones no alcanzan siquiera el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la mayoría de estos cobran por debajo de los 650 euros mensuales.

Edad de emancipación y acceso a la vivienda

La precariedad no se mide únicamente en índices relacionados con el mercado laboral, existen otros indicadores que muestran como la precariedad ha avanzado en nuestras vidas, como la accesibilidad a la vivienda o la edad de emancipación.

En el Estado español, solo el 19% de los menores de 30 años puede emanciparse, debido a la precariedad laboral y el precio de la vivienda. La media de un alquiler es de 862 euros al mes lo que supone un 105% del sueldo de un menor de 29 años y 67,3% en el caso de los que tienen entre 30 y 34 años.

La pobreza energética

La pobreza energética también indica el nivel de precariedad impuesta en nuestras vidas. El estado español sigue estando entre los países de la UE con los precios de la energía doméstica más caros y donde más han aumentado desde 2008. En 2018 un 9,1% de la población disponía de una temperatura inadecuada en su vivienda durante el invierno. Además, en este mismo año se calcula en un 11,7% la tasa de pobreza energética escondida, es decir, el porcentaje de los hogares cuyo gasto energético es inferior a la mitad de la mediana. A ello habría que sumar los 3,4 millones de personas que tuvieron que retrasar el pago en sus facturas en 2018.

Estos son solo algunos indicadores que nos ayudan a ver el alcance de la precariedad en nuestras vidas, pero no son los únicos. El paro, el empleo intermitente, el subempleo podrían ser otros aspectos del avance hacia la precariedad en estos años.

El próximo gobierno del PSOE en coalición con Unidas Podemos se prepara para seguir las órdenes dictadas desde Bruselas y no hay ninguna intención de derogar las Reformas laborales. El nuevo gobierno se prepara así para seguir manteniendo un modelo basado en la precariedad. En este último año vimos cómo, pese al crecimiento de la economía española en el entorno del 2%, la patronal viene endureciendo la aplicación de la reforma laboral con fuerte incremento de despidos por bajas por enfermedad, descuelgues de convenio o ERES como en Ryanair.

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Para terminar con esta situación de precariedad no podemos confiar en que el Gobierno de coalición PSOE-Podemos vaya a dar la vuelta esta dinámica, cuando la política económica la dirige una ministra neoliberal como Nadia Calviño. Tampoco podemos confiar en que las cúpulas sindicales vayan a ofrecer una alternativa favorable a los trabajadores, mientras siguen garantizando la “paz social”.

Tenemos que hacer como en Francia, donde los trabajadores están mostrando, mediante la huelga, las asambleas y las movilizaciones, que tienen la capacidad de frenar y tirar abajo las reformas de Macron. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? Hagamos como en Francia.

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