Perfil. El otro López

Lo primero que se podría señalar, por la “banca” que tiene desde “el Panal”, es que López es una especie de “Patricia Bullrich” de Schiaretti. Vamos a indagar los porqués.

Podríamos aseverar que Fabián López es “el hombre preciso para el trabajo justo, en el momento exacto”, sobre todo en épocas en las que el ajuste de los gobiernos nacional y provincial así lo requieren.

En estos momentos el ministro está relacionado: al ataque al convenio de los trabajadores de Luz y Fuerza, que contiene en su seno un intento de privatización de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba(EPEC); a la multimillonaria obra que conllevan los gasoductos troncales en los cuales está involucrada la mundial (e infamemente) conocida Odebrecht, y, además, en la construcción de la autovía en la zona de Punilla que ha provocado la reacción de los pobladores de las localidades afectadas, y numerosas críticas de diferentes y reconocidos científicos, ambientalistas y especialistas.

Y esto solo para nombrar las más resonantes mediáticamente. Pero, rasguemos un poco más la ya de por sí oscura y opaca superficie, ¿quién es Fabián López?

López llegó a la función pública de la mano de José Manuel de la Sota, donde llevó a cabo tareas en el Ministerio de Obras Públicas en sus dos primeros mandatos. Fue el mismo delasotismo quien en 2006 lo “recomienda” para llegar a ser funcionario del gobierno de Néstor Kirchner. A fines del 2013, y luego de su tarea como funcionario nacional, otra vez el “Gallego” lo convoca, esta vez como ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos del gobierno de Córdoba, lugar donde Schiaretti no solo lo sostuvo, sino que además lo puso a cargo de los gasoductos troncales: “la obra más importante de la historia de la provincia”, según el actual gobernador.

Si bien (hasta ahora), no está implicado en el “Lava Jato criollo”, Centeno debería comprar una parrilla muy grande para quemar todo aquello que López firmó, y que hoy tiene olor a podrido y a contaminación.

Bolsos van, bolsos vienen… los López se entretienen

Cuando en junio de 2016 el ex secretario de Obras y Servicios Públicos de Julio De Vido, José López, arrojaba los bolsos (y gran parte del crédito político que por entonces le quedaba a un golpeado kirchnerismo) por encima de los muros del convento, pasaba inadvertido para la opinión pública (quizás porque llevaban el mismo apellido), el segundo a cargo del hombre de los millones en el aire y el FAL en el piso: Fabián López.

Entre 2006 y 2012, el ahora ministro cordobés se desempeñó como subsecretario de Recursos Hídricos del kirchnerismo. Por sus manos pasaron numerosas obras, entre otras, fue quien cerró las negociaciones por las investigadas represas en Santa Cruz.

La conexión China: “Un glan negocio pala pocos”

El curriculum vitae de López dice que es traductor de alemán, pero donde se maneja como pez en el agua es en China. Fue uno de los pilares para conseguir financiación oriental para la obra pública, incluidos 850 millones de dólares para la construcción de dos tercios de los gasoductos.

Es que en realidad, tanto acá como en Beijing, el idioma que todos entienden a la perfección es el de los negociados de la patria contratista.

La torta de los gasoductos quedó entonces dividida en tres: una porción (norte y sur), quedó en manos de Electroingeniería (de cuantiosos negocios durante el gobierno anterior) asociada con China Petroleum, la segunda (este y centro II), para Iecsa (Calcaterra-Macri) asociada a China Communications; y una tercera porción, para Odebrecht.

Cuando Techint quiso ser parte de la torta, queriendo transformarse en uno de los proveedores de los costosísimos tubos sin costura para la obra, fue López quien terció entre Beijing y Paolo Rocca, por supuesto que favor de la compra de los tubos de sus socios chinos, que tenían un costo mucho más bajo que los fabricados por la multinacional argentina. Finalmente, la intervención de Macri, quien negoció personalmente con Schiaretti, y el lobby de Rocca, lograron que el 50 % de los tubos para los gasoductos sean producidos por Techint.

La conexión Córdoba- Brasil: ¿Tudo legal?

Las relaciones del PJ cordobés con Brasil no son nuevas, tanto Schiaretti como De la sota han mantenido una estrecha relación con el gigante sudamericano. Al punto tal, que una de las hipótesis que manejaron los medios y analistas políticos acerca del porqué José Manuel se “borró” de la campaña en 2017, fue que su nombre era mencionado en el expediente del “Lava Jato”.

La constructora brasilera del escándalo, Odebrecht, “ganó” la licitación para la construcción de parte de los gasoductos troncales, y la sigue manteniendo a pesar de los constantes incumplimiento en los plazos.

La relación de la obra pública nacional con Odebrecht ha estado plagada de irregularidades y Fabián López no es ajeno a esta relación, más bien todo lo contrario. En el caso Aysa, una investigación del fiscal Delgado (hoy corrido de todas las causas que involucran al macrismo), llevó a la suposición del pago de sobreprecios en la construcción de una planta potabilizadora construida en 2015 en Tigre, provincia de Buenos Aires.

El proyecto se licitó originalmente con un presupuesto de 1.838 millones de pesos, pero el Gobierno nacional, a través de la empresa estatal, terminó pagando más de 7 mil millones. Realmente obsceno.

El juez Casanello lo llamó a indagatoria el 14 de diciembre pasado, donde López habría declarado que solo tenía una responsabilidad de “control técnico” sobre esa obra cuando fue subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación y presidió la Agencia de Planificación.
En la causa también están imputados Julio De Vido y directivos de la brasileña Odebrecht y de la local Roggio. Y por sospecha de soborno, además de López, aparecen los apellidos de Baratta y Wagner, junto a una veintena más. Como cantan en la cancha “pasan los años”, pero los que quedan son los nombres que se repiten, y que venimos escuchando seguido desde que el ex militar, ex servicio y ex chofer Centeno, diera a conocer sus apuntes delictivos.

En aquel momento, el gobernador Juan Schiaretti, respaldó por enésima vez a su ministro, ratificó su continuidad y lo señaló nuevamente como “indispensable”. Al final, en mayo de este año, en una serie de faltas de mérito dictadas en la causa, López se vio beneficiado y eso le trajo algo de alivio judicial y político.

EPEC: una alianza antiobrera y privatizadora

Fabián López es la punta de lanza del intento de privatización que Unión por Córdoba, con Schiaretti a la cabeza y en alianza con el gobierno nacional (cuyos CEOS tienen especial interés en extender sus tentáculos en el sector energético), vienen llevando adelante. No es extraño entonces que uno de los objetivos sea la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, la cual, además de distribuir, produce energía y en reiteradas oportunidades ha llegado a proveer a la provincia de Buenos Aires en épocas de emergencia energética.

La idea de privatizar EPEC no es nueva, ya hubo un intento en los 90 de la mano de la ola privatizadora menemista, pero la resistencia de los trabajadores y trabajadoras lo detuvo.

En el último acto del día de la bandera realizado en la localidad de Jesús María, un grupo de trabajadores acompañados por sus familias llevaron a cabo un escrache al gobernador, ante las cámaras que cubrían el evento el ministro López fue tajante: “La decisión está tomada y no vamos a torcer el rumbo”.

Para ello cuenta no solo con la complicidad de los grandes medios locales que todo el día están atacando a los trabajadores y trabajadoras con un recurso que ya saben efectivo ante la opinión pública: los trabajadores de EPEC son privilegiados y el costo de la factura está relacionado con esos privilegios, léase “carga salarial”. Algo que ha sido desmentido por los mismos números presentados por la empresa.

Este avance hacia la privatización conlleva la apertura del mercado eléctrico para que nuevas empresas privadas tengan participación en la generación, el transporte, distribución y comercialización de la energía.

Ya López había colocado a un hombre del sector privado, Julio Bragulat, ex director de CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista, un híbrido estatal-privado) como director de EPEC. Bragulat, al igual que López y De Vido, está relacionado al caso Odebrecht.

Hace poco más de un mes se presentó de manera oficial el proyecto de Rediseño del Marco Regulatorio Eléctrico para la Provincia de Córdoba. La presentación fue a puertas cerradas en el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos con miembros del Consejo Asesor de Política Energética (CAPEC) y sin la participación de representantes de las y los trabajadores.

Mientras tanto, desde Luz y Fuerza presentaron un contra proyecto y realizaron en Tribunales federales una denuncia penal contra los directivos y las empresas auditoras. Pero no ha habido desde el sindicato una respuesta acorde al tamaño del ataque que está sufriendo la tradicional empresa estatal.

Una cartelización selectiva

La “causa de los cuadernos”, o de las fotocopias, como prefieren llamarla algunos, es sin dudas un mamarracho jurídico y forma parte de una persecución judicial que favorece a sectores políticos del oficialismo y a intereses de los EEUU en la región. Pero esto no significa negar la existencia del enriquecimiento de los empresarios de la patria contratista y de los funcionarios que desde el Estado administran sus negocios.

Ya es toda una sorpresa que tratándose de la cartelización de la obra pública y de aquellos que conforman la patria contratista, el apellido Macri no apareciera entre las anotaciones selectivas de Centeno. También es llamativo que entre los funcionarios no figure el nombre de Fabián López, quien, como ya dijimos, tuvo a cargo contratos por miles de millones en obra pública durante el gobierno anterior.

Quizás la respuesta pueda encontrarse en que habiendo dicho Schiaretti una decena de veces ante los medios, que Mauricio Macri era su amigo, funcione aquel dicho popular que reza: “Los amigos de mis amigos, son mis amigos”.

A tal punto llega la connivencia en todos los niveles que en mayo pasado, el fiscal de la Cámara de Acusación, Jorge Leiva, decidió archivar (en el marco de la megacausa Lava Jato), el expediente que envolvía al gobierno provincial. En esa causa, se debía develar si el ex fiscal Anticorrupción, Gustavo Hidalgo, había incurrido en encubrimiento en la investigación sobre el presunto pago de millonarias coimas por la obra de los gasoductos troncales.

El escándalo fue aún mayor, cuando salió a la luz que el hijo de ese fiscal, Jorge Sebastián Leiva, fue nombrado por Fabián López en un cargo jerárquico en la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC). El Gobierno justificó el nombramiento porque según dicen “se presentó una persona de apellido Leiva” como cualquier hijo de vecino, y que “no conocían la relación”. Además, argumentaron que el hijo del fiscal Leiva está “altamente calificado para la tarea”.

Como dirían en el barrio: “andá a buscarla al ángulo”.

La autovía del uranio

La autovía de montaña que unirá parte de las sierras cordobesas fue un proyecto polémico desde el comienzo. Rechazado por la mayoría de los habitantes de todas las poblaciones por donde pasa, posee numerosas irregularidades.

Entre todos los proyectos presentados, el que finalmente fue aprobado, es justamente aquel que mayor daño ambiental produce, incluido el hecho de que pasa muy cerca de la mina de uranio Rodolfo. Aunque la lucha ambientalista logró que el recorrido se cambiara a unos 300 metros del proyecto minero, hay especialistas que aseguran que el movimiento de suelos en esa área afectará la escorrentía superficial de agua.

El rechazo a esta obra es generalizado y ha llevado a la movilización de los vecinos y vecinas de la zona que han salido a manifestarse a través de marchas, festivales, asambleas, radios abiertas y cuánto método de lucha hayan tenido a su alcance. La resistencia fue tal, que finalmente se realizaron audiencias públicas donde decenas de oradores sustentaron su oposición al proyecto. Entre los argumentos está el gran desmonte que implica una autovía de 4 carriles y de 43 km de longitud, en una de las provincias más devastadas por el avance de la soja.

Además, por supuesto del impacto ambiental, y sobre la fauna del lugar, que tendría el emprendimiento, las sospechas (y certezas), no solo de sobreprecios (la obra cuesta 8 veces más que la media latinoamericana), coimas e irregularidades son tales, que cuando se recopiló la información de los últimos incendios producidos en la provincia, casi todos estaban localizados allí por donde está proyectado pase la autovía.

Fabián López anunció hace unas semanas que ya estaba otorgada la licencia ambiental para el comienzo de la segunda etapa de la obra. Lo extraño de estas “licencias”, es que permiten el desmonte en lugares considerados como “zonas rojas”, adonde, la misma ley provincial, no permite este tipo de procedimientos.

Taym y Roggio: negocios que contaminan

Una de las últimas denuncias en que se vio implicado López, es en el caso de contaminación del agua que provee al 33 % de la ciudad de Córdoba.

Otra vez aparece su apellido junto a un viejo conocido, el ahora “arrepentido” Aldo Benito Roggio. La empresa involucrada esta vez es Taym, perteneciente a Benito Roggio Ambiental (BRA), la cual está acusada de haber producido la contaminación del canal proveniente del dique Los Molinos, que abastece de agua potable a gran parte del sur del ejido urbano.

Taym, se dedica a almacenar, tratar y enterrar desechos industriales de todo el país, entre los que se enumeran barros contaminados de diques de cola mineros, el pesticida DDT, envases de glifosato, asbesto, baterías de plomo, níquel, cadmio y litio, cenizas ácidas de calderas, barros contaminados con hidrocarburos, drogas y medicamentos vencidos, entre otros.

Fueron imputados Alberto Alberto Verra, presidente de la planta de residuos industriales, a María del Milagro Araoz Ferrer, Responsable Técnica, y a César Ernesto Ripsky, Gerente Apoderado. Los tres acusados por "contaminación ambiental culposa". La pena por este delito es excarcelable y las multas van desde los 10 mil a 200 mil pesos. Una verdadera ganga por envenenar a un tercio de los cordobeses.

El derrame de residuos peligrosos al canal, producido tras la inundación de las piletas al aire libre el 28 de marzo de 2017, tuvo lugar, según los peritajes, gracias a la mala construcción de la planta de Taym, la cual se levantó en una zona inundable.

Quien firmó las autorizaciones técnicas correspondientes según un documento de la DIPAS que data del año 2000, es el actual ministro de Ambiente, Agua y Servicios Públicos de la Provincia, Fabián López, que en ese momento era director de DIPAS.

Mientras el peritaje por residuos tóxicos pedido por la fiscalía daba positivo, un informe municipal realizado a poco de haberse producido el derrame, aseguraba que el agua de ese sector de la ciudad era potable y estaba apta para el consumo humano. Claro que el informe fue realizado en un laboratorio de la UTN que ya ha tenido recusaciones por sus polémicos informes.

Es el mismo laboratorio del caso de megabasural que Cormecor (Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba), una SA integrada por numerosos intendentes y el Surrbac, el Sindicato Único de Recolección de Residuos de Córdoba, intenta instalar en las cercanías del barrio Santa Ana, ubicado en la periferia de la ciudad. El visto bueno para este basural fue firmado por el Ing. Héctor Macaño (Departamento de Ingeniería Química de la UTN) y el Ing. Daniel Yorio (Departamento de Química Industrial de la FCEFN-UNC). Macaño es el Coordinador General del CIQA (Centro de Investigación y Transferencia Química Ambiental de la UTN) y jefe de un equipo técnico que integra el Ing. Javier Britch, secretario de Ambiente de la Provincia.

El CIQA fue el instituto responsable de realizar los análisis del agua contaminada por Taym y concluyó que la misma estaba en “perfectas condiciones”. Una manito desde la universidad del rector Juri para el correligionario Mestre.

Protegido por todos los sectores de la patria contratista, Fabián López, se ha transformado en un hombre clave de la obra pública a nivel nacional y provincial. Con un perfil antiobrero, el actual ministro provincial ha estado envuelto en cada uno de los casos más resonantes de corrupción de los últimos 18 años, si tomamos como referencia aquel documento fechado en el 2000.

Pero más allá de los pasivos en las arcas estatales, de los sobreprecios, de las coimas y de las millonarias ganancias de los empresarios, el pasivo más duro que nos ha dejado como legado Fabián López, es el ambiental. Quizás, el de más difícil reparación.