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Red Internacional
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San Rafael. Emir Felix se suma a la criminalización de las comunidades Mapuche en Mendoza

El actual intendente de San Rafael por el Frente de Todos, Emir Felix, aliado del gobierno nacional, se sumó a la ola de ataques a las comunidades indígenas que protagonizaron Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez

Miércoles 1ro de febrero de 2023 13:15

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La escalada de violencia que vienen protagonizando los máximos referentes del gobierno provincial contra los derechos adquiridos de las comunidades mapuches del sur de la provincia de Mendoza encontró ayer a un nuevo-viejo aliado.

El intendente y jefe del peronismo de San Rafael, Emir Felix, se sumó a la andanada de ataques que vienen protagonizando Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez, a raíz de la aparición en el Boletín Oficial de una resolución del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), que reconoce la ocupación actual, ancestral y originaria, de las comunidades mapuches Lof El Sosneado y Lof Suyai Levfv ubicadas en San Rafael y Malargüe.

Alineándose con el radicalismo provincial, que pidió la inconstitucionalidad de la normativa, Félix declaró estar en contra, utilizando los mismos argumentos: “la resolución del INAI sienta un precedente que genera tensión social y abre un panorama de reclamos a lo largo y ancho del territorio por parte de quienes dicen ser originarios, sin que tal condición este fehacientemente comprobada.”

La Constitución Nacional reconoce la preexistencia de los pueblos y comunidades indígenas al Estado nacional, y fija criterios de reconocimiento y otorgamiento de personerías jurídicas, estableciendo que no es un requisito excluyente el tener la segunda para ser reconocidos como ocupantes originarios. Cómo se encargó de resaltar el segundo del INAI, el Instituto no "entrega" tierras, solo se limita a ser consecuentes con la Constitución, que habilita el reconocimiento de las comunidades originarias como ocupantes legítimos.

Por esto, el show montado por Cornejo, Suárez y Félix busca profundizar la estigmatización y criminalizar a las comunidades indígenas del sur, para darle un uso electoral y político peligroso y de alcances imprevisibles.

Bien visto, la escalada viene creciendo en el tiempo reciente, centrada en las comunidades que habitan el noroeste de la patagonia, en las cuales la Justicia y las fuerzas locales actúan en simultáneo a grupos de propietarios locales organizados, que ejercen violencia directa contra miembros de las comunidades. Verdaderos herederos de la Liga Patriótica en la zona.

Este plan tuvo un nuevo episodio, con la confirmación de la extradición de Facundo Jones Huala a Chile, un día antes de que una movilización le exigiera al magnate multimillonario Joe Lewis que respete la Constitución y a la Justicia del país, y cumpla con el fallo que le exige abrir un curso hacia el Lago Escondido, paraíso y reserva de bienes comunes naturales de incalculable valor que tiene bajo su exclusiva soberanía. El escándalo de la revelación de los chats de telegram, en los cuales queda en evidencia esta asociación entre empresarios, medios, justicia y dirigentes políticos de esta calaña fue otro capítulo importante en esta cruzada.

Desde el asesinato de Santiago Maldonado a manos de miembros de la Gendarmería Nacional, en zonas de la Lof Cushamen, la construcción del “enemigo interno” mapuche que justifique una nueva escalada represiva ha pasado a ser una tarea de primer orden para el poder. La tarea de negación comienza por negar la existencia del pueblo mapuche en el discurso, para luego proceder a negar su existencia en la realidad.

En defensa propia

Miembros de una vieja familia del poder local, Emir y Omar Félix heredaron tierras adquiridas por su padre, “Chafí” Félix, durante sus gestiones como intendente bajo la última dictadura cívico-militar.

Según una lista confeccionada por Federico Soria para La tinta, los Félix aparecen en el puesto número 24 de propietarios de tierras en la Patagonia, con ¡40.000! hectáreas. El listado está armado a partir de los datos del Registro de Tierras Rurales.

En 2016 se enfrentaron a las comunidades indígenas de la Lof Rukache ubicada en el Paraje de Agua Nueva, distrito de Agua Escondida, en el departamento de Malargüe. La cual, según afirmación del propio Félix, estaba ubicada entre dos propiedades de su familia. La comunidad denunciaba que la buscaban desalojar para instalar Don Sixto, un proyecto minero en el cual los Félix aparecen asociados a la canadiense Yamana Gold.

La sola existencia de las comunidades indígenas representa un obstáculo para sus planes económicos, principalmente para la instalación de proyectos extractivos a gran escala. El hecho de que la Constitución reconozca la razón indígena, fruto de una enorme lucha de las propias comunidades, de su persistencia y de la labor incansable de denuncia y conquista de apoyos en normativas justas, les agrava el problema.

A la Argentina le ha costado reconocer su racismo vuelto sentido común, una herencia del colonialismo español. Mendoza no es la excepción.

La “casta” que cerró filas para bajar la Ley 7.722, defensora del agua, vuelve a cerrarse sobre los derechos adquiridos de las comunidades indígenas de Mendoza. El plan extractivista, su plan, el que ordena los intereses de Cambia Mendoza y el Frente de Todos, supone un control exclusivo del agua y de los territorios por parte de las empresas transnacionales y sus socios económicos locales, dedicados a la minería a gran escala y el petróleo offshore. Sus representantes políticos trabajan para esto. Después de todo, son estos intereses quienes financian sus campañas políticas.