Por rebrote de coronavirus en un barrio de Bariloche desplegaron las fuerzas represivas para criminalizar a los vecinos sin garantizarles el acceso a elementos de higiene en los asentamientos populares, ni un salario mínimo de cuarentena para que puedan quedarse en casa.
Lunes 11 de mayo de 2020 12:21
El ministerio de salud de la provincia, por intermedio de Mercedes Ibero, Secretaria de Políticas Públicas de Salud de Río Negro, dejo entrever un rumor que corría en la ciudad, había un rebrote de casos de Covid-19 en uno de los barrios de Bariloche. Este rumor no solo era cierto, sino que además desnuda la precariedad en la cual viven miles de barilochenses, siendo una ciudad con muchísimos recursos, pero en manos de un pequeño sector de la ciudad.
Si bien Mercedes Ibero no mencionó cual era el barrio afectado, admitió que los vecinos reclaman por testeos para poder detectar las personas infectadas y las familias comprometidas, pero aún así, sostuvo que “testear por testear no sirve, no sirve de nada testear a personas que no tengan síntomas porque, si alguien da negativo hoy, no significa que mañana no de positivo y que tenga el virus”, en sintonía con la administración nacional.
La realidad que se vive en los barrios populares de Bariloche es ignorada y la posibilidad de acceder a testeos sigue siendo negada. En este sentido los dichos de la funcionaria apuntaron a las responsabilidades individuales por los contagios “seamos conscientes de que depende de cada uno de nosotros que no se propague el virus”.
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No es la primera vez que las declaraciones de la Secretaria de Políticas Públicas de Salud desentonan con la realidad de la situación en distintos lugares de la Provincia de Río Negro, en el caso de Bariloche, habiendo muchos lugares que no cuentan con agua potable o gas para pasar el crudo invierno de nuestra ciudad y poder hacer la cuarentena.
Este rebrote, contrastando con la idea instalada de que “de esta pandemia salimos entre todos”, muestra como hay miles de vecinos que no están en igualdad de condiciones, ya que como ellos mismos denuncian, tienen que elegir entre ir a hacer el aislamiento a un lugar confortable, con el control sanitario hasta pasar el virus, con el miedo de perder lo poco que tienen o contagiarse y quedarse en la precariedad donde viven para no perderlo todo. Muchos de ellos son el sostén de sus familias y ni siquiera tuvieron acceso al miserable bono de 10.000 pesos conocido como Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), sin salario de cuarentena para muchos es imposible quedarse en casa.
Lo que también se desplegó rápido fue la criminalización de estos sectores, montándose un operativo de las fuerzas represivas para mantener a estos vecinos presos en sus viviendas, aún sin considerar que una gran mayoría necesita ganarse el día a día para poder llevar un plato de comida a sus casas y, como se ha mencionado, el insuficiente bono de 10.000 nunca llegó a gran parte de quienes lo solicitaron. A pesar de esta cruda realidad, los funcionarios de toda la provincia insisten con un aumento de presencia policial en los barrios populares.
Fue solo gracias al enorme trabajo que hacen desde hace años las y los trabajadores de salud lo que posibilitó que los vecinos accedan a realizar el tratamiento que brindan desde este sector. Ahora, frente a esto, es clave que el municipio lance un plan urgente para garantizar que todas y todos los vecinos de los barrios puedan cumplir el aislamiento, que se pongan a disposición los cientos de hoteles y hosterías de la ciudad. También es necesario que el plan calor se instale según la demanda y no viendo cual vecino es el más pobre entre los pobres, sabiendo que año tras año muchos son los que se quedan afuera de los listados que toma el municipio y que muchísimas familias llegarán al invierno sin tener ingresos por la pandemia.