Entrevista a Jorgelina Villarreal, Antropóloga, docente e investigadora de la UNCo y a Suyai García Gualda, Licenciada en Ciencias políticas, docente de antropología cultural e investigadora de la UNCo.
Domingo 17 de diciembre de 2017 14:32
El ataque a los pueblos originarios es inherente a la constitución del Estado nacional argentino. Un Estado que se forjó al calor de la conquista y el despojo como la ofensiva militar impulsada por el gobierno de Julio Argentino Roca, entre los años 1878 y 1885 llamada “campaña del desierto”.
La constitución del Estado Nación argentino necesitó de historiadores e intelectuales de la burguesía argentina que justificaran el exterminio de los pueblos originarios.
Como contracara a esta necesidad de la clase dominante, de justificar el exterminio de los pueblos originarios en nuestro país, gran cantidad de intelectuales, antropólogos, investigadores y académicos han aportado en sus estudios a dar pruebas científicas de la preexistencia del pueblo nación mapuche en ambos lados de la cordillera.
LID ¿A qué responde el retorno al “enemigo interno” para justificar el ataque al pueblo mapuche?
Jorgelina Villarreal: “Para mí tiene que ver con una concepción racista, nacionalista de un sector de la oligarquía que actuó en la conformación del Estado y que es básicamente la que está más claramente representada en los partidos que están actualmente en el gobierno. Este discurso de “enemigo interno” ideológicamente fue lo que operó en la justificación de las expediciones y la conquista del desierto cuando comenzaba a conformarse el Estado argentino. En ese momento se produce una operación ideológica bancada por políticos e intelectuales que construyen la idea de los indígenas mapuche como extranjeros, invasores y violentos. Para ello retoman estratégicamente la figura del Tehuelche como el indio local y pacífico. Concretamente hay escritos de Estanislao Zeballos donde plantea que hay que fomentar una guerra entre mapuches y tehuelches, apoyando a los tehuelches y que después era más fácil eliminar a los tehuelches de la conformación del Estado Nacional.
Lo que nosotros vemos de todo el Este de la cordillera, que hoy es Argentina es que las poblaciones originarias nunca formaron parte de la conformación deseada y jamás fueron pensados como ciudadanos.
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Ahora una vez más se reafirma que este ciudadano no es el “deseado” por estas clases dominantes y se reafirma el compromiso de estos sectores oligárquicos vinculados con las transnacionales, así como lo estuvieron en su momento con Inglaterra y EEUU, de avanzar sobre los territorios y proteger los negocios de esta clase dominante a costa del avance contra la población mapuche, excluyéndola del marco de derechos, y pasan a ser tildados de violentos, terroristas, chilenos.
Para estas clases dominantes los derechos consagrados en la Constitución y las leyes por la lucha del pueblo mapuche, sólo son aplicables para criminalizar y perseguir.
Para esto, el resto de la sociedad debe manejarse con los lineamientos represivos que ellos le bajen a las fuerzas represivas del Estado: la Policía, la Gendarmería, Prefectura, etc y no con el marco legal.
Me parece que hay una coerción que se aplica al pueblo mapuche pero que claramente expresa componentes de clase, porque en este caso el pueblo mapuche es el que lucha, se moviliza y articula con otros sectores de la sociedad civil en la lucha por el medio ambiente y en la defensa de los territorios y significa una amenaza porque como pueblo originario, internacionalmente son los que más reconocidos tienen su derechos.
Ahí es donde los terratenientes ven un obstáculo y afecta sus intereses. Por eso avanzan con todas sus herramientas, tanto represivas como las simbólicas para instalar esta vieja idea de ‘enemigo interno’ contra el pueblo mapuche”.
LID ¿Qué objetivo tienen las declaraciones del intendente de Neuquén Horacio “Pechi” Quiroga sobre el pueblo mapuche y la provocación de hablar de “mapuchismo” como sinónimo de terrorismo?
Suyai García Gualda: “Creo que sus declaraciones las tenemos que leer en términos de que es parte de los discursos hegemónicos que circulan sistemáticamente en situaciones de conflictos territoriales. Donde los actores principales son el Estado, en clara complicidad con empresarios privados aliados sean nacionales o extranjeros, y las comunidades del pueblo nación mapuche. Pechi Quiroga al negar que sean verdaderamente mapuche recurre al racismo en su estado puro, es decir como doctrina político ideológica de base biologicista.
Creo que no podemos tener una mirada ingenua sobre esto porque en estos conflictos en los que se pretende despojar al pueblo mapuche, también hay empresas nacionales, figuras del espectáculo, figuras del campo del deporte, y que operan de la misma manera y con los mismos discursos.
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Buscan legitimarse apelando a discursos como la presunta extranjería mapuche. Esta idea de que los mapuche son chilenos la podemos rastrear históricamente desde finales del Siglo XIX cuando le es encomendado a Estanislao Zeballos construir una justificación a la avanzada del Estado nacional sobre los territorios originarios y se da comienzo a la idea de la extranjerización mapuche como una forma de construir un ‘enemigo interno’ para legitimar el avance del ejército. A esto lo podemos rastrear en la historia del país, que ante situaciones de mayores operaciones ideológicas que justifiquen la represión, se vuelve a activar un discurso que legitima el accionar coercitivo del Estado, en este caso las represiones, desalojos y la judicialización de los conflictos.
El proceso histórico de persecución contra el pueblo mapuche no pudo haberse sostenido sin este andamiaje ideológico racista.
Cuando Pechi Quiroga dice los mapuche están integrados y hay otros grupos que quieren construir su nación aparte, y que se rebelan contra el Estado y reclaman sus derechos. Cuando él dice que hay que cancelar a estos mapuche activistas, lo que dice es que hay que continuar con este proceso de represión, judicialización y criminalización del pueblo mapuche.
En todo el discurso de Quiroga vemos una clara amenaza. Creo que tenemos una tarea pendiente desde las ciencias políticas para que los medios hegemónicos no sigan construyendo al pueblo nación mapuche como el enemigo a exterminar, y no permitir que se continúe esta política de represión y hostigamiento contra los pueblos originarios, y en particular el pueblo mapuche”.
Algunas reflexiones sobre la arremetida ideológica del “enemigo interno”:
La campaña de Cambiemos estos últimos meses estuvo centrada, como una política de primer orden, en la construcción de un “enemigo interno” apuntando al pueblo mapuche y la utilización de la ficticia RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) como una operación política para justificar la persecución, la represión y la criminalización social.
Las ideas no caen del cielo, tampoco la reivindicación del genocidio de los pueblos originarios como parte de las políticas racistas del gobierno nacional. Desde un plano ideológico el Gobierno también apuesta a influenciar por derecha con la ayuda de los medios de comunicación afines a él, llevando ese supuesto “sentido común” a grandes franjas de la sociedad. Este elemento responde a la necesidad de emprender su propia “batalla cultural”, justamente para que las masas naturalicen el saqueo y la entrega a los magnates y terratenientes que literalmente se reparten la Patagonia.
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La represión en el Congreso el pasado jueves cuando pretendían aprobar la reforma previsional, demuestra cuán necesario es para el Gobierno blindar el ajuste en curso con un mayor poder coercitivo en las calles, como lo es también una ofensiva ideológica reaccionaria de conjunto.
Así lo expresa la cruzada anti mapuche que se traduce en violentos desalojos a comunidades como los que desembocaron en los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en manos de Gendarmería y Prefectura, o la militarización y represión que es llevada adelante bajo la figura de “flagrancia” y que se complementa con la Ley Antiterrorista, heredada del kirchnerismo.
El Gobierno preparó esta profundización del uso del “poder de fuego” del Estado. Recordemos que ya en 2015 Patricia Bullrich había solicitado decretar la “emergencia en materia de seguridad” por un año y en el marco del llamado“combate al narcotráfico” se escondía el objetivo de un mayor control social y criminalización de la pobreza. En ese mismo año la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército, fuerza comandada por el general César Milani, denunciado por organismos de DDHH por su participación en la última dictadura militar, recibía un aumento de $568,5 millones. Paralelamente a esto se reforzarían los gastos en armamento de las fuerzas de seguridad: aumento del presupuesto de la ex SIDE y del presupuesto nacional destinado a las tareas de inteligencia del Ministerio de Seguridad, comandadas en aquel entonces por Sergio Berni.
Progresivamente esa “base material” que heredaba del gobierno anterior la coalición de Cambiemos, la utilizaría contra los pueblos originarios, que conquistaron derechos producto de la lucha por sus territorios y que hoy representan un verdadero escollo para los planes de entrega y expoliación de tierras y recursos naturales.
Hoy comandan desde la propia Casa Rosada un ejército de trolls, bajo la dirección del jefe de gabinete Marcos Peña, cuya exclusiva función es atacar en las redes sociales a todo aquel que se solidarice con la causa mapuche, cuestione al Gobierno y exija justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, asesinados por fuerzas de seguridad al mando de Patricia Bullrich.
Luego de meses de arremeter “desde las alturas” con un discurso del orden que justifique la represión, el Gobierno dio un mal paso (y quedó demostrado en el Congreso el pasado jueves). Como principal debilidad estratégica cometió el error de confundir un alto caudal de votos con relación de fuerzas a su favor para acelerar los ritmos del ajuste, pasándose de esa relación de fuerzas entre las clases al no medir el enorme rechazo popular al paquete de ajuste sobre los jubilados, que significaría entre otras cosas, transferir a las patronales en forma anual $100.000 millones de pesos hasta el año 2022, según estimaciones de La Izquierda Diario.
Esta situación le pone un límite objetivo al Gobierno producto de una derrota política parcial, como lo fue el haber tenido que levantar la sesión debido a la presión en las calles y el cuestionamiento de propios y ajenos. Incluso un cuadro de la derecha más recalcitrante como Lilita Carrió cuestionó la “excesiva” militarización del congreso de la Nación.
Naturalmente esta situación coyuntural provoca que el Gobierno abandone por estas horas su cruzada contra el “enemigo interno” principalmente porque en este momento para llevar adelante su política económica tiene que avanzar contra la clase obrera y sus conquistas.
La demostración de fuerzas del pasado jueves y la posibilidad de que nuevamente el descontento gane las calles el día lunes, i miles movilizados contra la reforma previsional, pone en escena que hay disposición a enfrentar los ataques en curso.
En esta democracia para ricos, donde aún no existen grandes derrotas al conjunto del pueblo trabajador, la clase obrera movilizada junto a los sectores más oprimidos y explotados, como el pueblo mapuche que es perseguido y hostigado por el Gobierno, tiene en sus manos la posibilidad de tejer una alianza estratégica capaz de dar batalla a los planes de ajuste y represión.