Desaparición, muerte y encubrimiento. Escándalo: rechazan hábeas corpus para Cristina Castro, sus abogados y amigos de Facundo

El juez federal Walter López Da Silva, titular del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca, rechazó este miércoles un hábeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querella institucional en la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro. La medida había sido presentada hace algunos días por la CPM en beneficio de Cristina Castro, sus abogados y personas del círculo íntimo de Facundo ante las reiteradas intimidaciones por parte de la Policía Bonaerense.

En lo que la CPM definió como “un fallo contradictorio”, el juez “no desconoció las denuncias ni el testimonio de las víctimas, incluso remitió las copias del expediente para que se investigue si hubo delitos de acción pública pero concluyó que estos actos no representaban un riesgo inminente para la libertad e integridad” de las personas atacadas. Un contrasentido, de no ser porque se trata del mismo Poder Judicial que viene de afirmar que el fiscal Ulpiano Martínez estaba “investigando bien” y por eso no debía ser apartado de la causa.

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El rechazo de López Da Silva se expresó directamente en una negativa a tratar siquiera el pedido de hábeas corpus, desobedeciendo un fallo de Cámara. Por eso la CPM apeló en la instancia revisora la denegación del hábeas corpus.

El juez informó su rechazo pocas horas antes de que el Equipo Argentino de Antropología Forense le entregue al Juzgado el informe de la autopsia al cuerpo esqueletizado de Facundo tras ser encontrado en un cangrejal de Villarino Viejo.

“Para la justicia, ni los patrulleros merodeando sus domicilios con luces apagadas ni los seguimientos en la vía pública sin orden judicial alguna representan un riesgo inminente a la libertad de las personas” amenazadas, dijeron desde la CPM en un comunicado difundido por la agencia Andar. “Esta decisión va a contramano de la actitud que se adoptó en otro momento; desde el comienzo de la causa que investiga la presunta desaparición forzada seguida de muerte, la justicia reconoció hechos de amedrentamiento”, agregó.

En ese sentido mencionan como antecedentes concretos el hábeas corpus por el hostigamiento policial al excuñado de Facundo, Marcelo González, y la investigación judicial que se inició por las amenazas del subcomisario de Mayor Buratovich, Pablo Reguillón, al abogado Luciano Peretto ocurrido en medio de un rastrillaje por presunto hallazgo de restos óseos en un basural de esa localidad de Villarino.

El hábeas corpus rechazado por López Da Silva había sido presentado por la Comisión Provincial por la Memoria que, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, interviene como querellante en la causa por desaparición forzada de Facundo. Allí se denunciaba que “efectivos de la Policía Bonaerense continúan con sus apariciones repentinas y vigilan, sin causa legítima ni orden judicial, los domicilios y lugares de trabajo de los familiares de Facundo, así como de testigos importantes y abogados de la familia”. Pero eso al colega de la jueza de la causa, María Marrón, no parece importarle.

Cínicamente, el juez valoró los testimonios de las personas perseguidas por la Bonaerense como “creíbles y verosímiles”, pero rechazó la medida de amparo para las víctimas porque, según su visión, no existe una “amenaza actual, ilegítima e inminente a la libertad física”. Es más, llega a decir que la presencia y el merodeo de patrulleros podría “tratarse de actividades congruentes con las propias funciones asignadas a las fuerzas de seguridad” en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Una provocación. Por esas mismas “actividades”, Facundo terminó desaparecido el 30 de abril.

En los fundamentos, el juez también dijo que no existieron órdenes judiciales de detención sobre las personas amparadas y que por eso no tenía sentido el hábeas corpus. “Una interpretación extraña puesto que el temor, que amerita el hábeas, es por la consumación de acciones ilegales de la Policía”, dijeron desde la CPM.

“Ante la evidencia de los testimonios y la sistematicidad de estas prácticas, el juez abrió la posibilidad para que estos hechos sean investigados y remitió copia de la audiencia a la Fiscalía Federal N 1, a cargo de Santiago Ulpiano Martínez, en donde tramita la causa central, para que ‘de estimarlo conducente’ investigue la posible comisión de delitos de acción pública”. Como si Jack el Destripador le sugiriera a Mister Hide que investigue los crímenes del muñeco Chucky.

Vale recordar que, pese a la negativa (dos veces) del Juzgado Federal de Bahía Blanca para apartar al fiscal Martínez, su actuación fue objetivamente cuestionada por la Procuración General de la Nación que decidió designar a los fiscales federales Andrés Heim (de Procuvin) y Horacio Azzolín (de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia) para sumarse a la investigación. Ahora Martínez debe “investigar” si la Bonaerense realmente amedrenta o no a la familia de Facundo.

El tratamiento del hábeas corpus había sido ordenado el viernes por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, luego de haber sido desestimado en primera instancia por la jueza Marrón. Pero la misma jueza volvió a negarse a darle curso a la medida y ese mismo viernes decidió no tomar audiencia pero sí “pedir informes” a distintas fuerzas de seguridad. Dos días después remitió el expediente al Juzgado Federal de turno, es decir a su colega López Da Silva (en Bahía Blanca hay solo dos juzgados federales).

Ahora el pedido de hábeas corpus vuelve, nuevamente, a la Cámara de Apelaciones. “La CPM apeló la decisión del juez Walter Lopez Da Silva que rechazó el hábeas corpus por no declararlo pertinente, pero reconoció al mismo tiempo que podrían existir delitos de acción pública”, afirman desde el organismo, que en su escrito de apelación sostiene “que la presencia policial en los hechos descriptos aparece como una amenaza velada y una vigilancia continua, e ilegítima por irrazonable, que no pueden considerarse como casualidades ni acciones desplegadas en el ejercicio del deber policial”.

Mientras se aguarda el informe de la autopsia previsto para este jueves, la familia de Facundo, sus amigos, sus abogados y la población toda de Villarino y Bahía Blanca sigue estando expuesta a más amenazas, persecuciones y aprietes de la Bonaerense que conducen Sergio Berni y Axel Kicillof. Como si eso pudiera hacerles bajar los brazos a Cristina Castro, Luciano Peretto, Leandro Aparicio y las miles de personas que los bancan.

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