Este miércoles 16 de febrero, mediante un juicio por jurados, se definió por unanimidad declarar culpable a Gregorio Raúl Costa de homicidio doblemente agravado por el vínculo por el femicidio de Susana Melo. La querella solicitó prisión perpetua, sin embargo aún resta la confirmación de la condena por parte de la jueza.
Miércoles 16 de febrero de 2022 16:52
El 21 de marzo de 2020, a un día de haberse anunciado el confinamiento obligatorio por la pandemia Covid 19, se conoció el femicidio de Susana Melo en la localidad de Bahía Blanca. A menos de un mes de cumplirse dos años se llevó a cabo el juicio al femicida Gregorio Raúl Costa en el Palacio de justicia de dicha ciudad.
Tras una serie de irregularidades que no contemplaron denuncias previas de violencia de género radicadas por las hijas de Susana, una vez más su familia se pronuncia denunciando la responsabilidad del Estado.
El día miércoles se definió por unanimidad del jurado declarar culpable al acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo, sin hacer patente la figura de femicidio que conquistó el movimiento de mujeres. Si bien la querella solicitó prisión perpetua, aún resta la confirmación de la condena por parte de la jueza. Aunque el sesgo patriarcal de la justicia se evidencia día a día incluso en la propia biografía de Susana, la organización y el acompañamiento de las mujeres en las calles dispuestas a seguir de cerca cada veredicto por violencia de género sienta precedentes que impulsan a que ninguna exigencia de justicia se haga en soledad. A pesar de la presión de las miles de mujeres que desde el 2015 se movilizaron bajo la consigna “Ni una menos”, el actuar de la justicia, que se ve obligada a tomar nota de este fenómeno, llega siempre tarde. La violencia estructural que atravesamos a diario las mujeres no se resuelve con una mayor carga punitiva, sino que sólo identificando las raíces sistemáticas de una opresión perpetuada y legitimada por los Estados burgueses y sus sostenes económicos es posible dar un auténtico paso en favor de hacernos a nosotras mismas sujetos de su erradicación.
Cabe destacar que el abogado defensor de Costa, Gustavo Avellaneda, que en el juicio, luego de escuchar los alegatos, negó que existiera violencia de género, es delegado del gobierno municipal de Héctor Gay en Ingeniero White. Para esto, se apoya en la falta de peso legal de denuncias que no fueron ratificadas por Susana, enmarcando su posición en medios sistemáticos de revictimización que una y otra vez responsabilizan a las mujeres. No se trata de un caso aislado, sino que los dictámenes patriarcales de un Sistema Judicial que ubica a las mujeres en una categoría de segunda son estructurales e inherentes a su función de legitimación de prejuicios transversales al Estado capitalista y patriarcal en su totalidad. Es por esto que no basta con una revisión minuciosa ni formación con perspectiva de género a cada uno de los jueces que se pronuncian en este sentido, mucho menos si son elegidos a dedo por los sucesivos gobiernos.
El mismo día en que se dio inicio al juicio, Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de género y diversidades, visitó Bahía Blanca para dar una charla y presentar el programa Acercar Derechos. Tras haber dirigido el ministerio que atestiguó una suba del 30% de los llamados por violencia de género durante la cuarentena, la respuesta que puede otorgar está a la medida del presupuesto 2022. Con un 39% menos en términos nominales para su ministerio, el programa de acompañamiento y asesoramiento a las mujeres en situación de violencia va a contar con una caja aún más reducida, como consecuencia de haber elaborado un proyecto en función del inminente acuerdo con el FMI.
Se hace evidente que las mujeres no podemos depositar nuestra confianza en ninguna respuesta que provenga de un Estado que una vez más quiere llevarnos al sometimiento al Fondo. Sabemos que el pago de la deuda implica recortes en políticas de prevención de violencia de género. Es necesario que la fuerza de las mujeres que conquistamos el derecho al aborto confluya con todos los sindicatos, centros de estudiantes y organizaciones sociales que exigen que se vaya el Fondo de América Latina. Es por eso que este 8 de marzo queremos levantar una vez más la consigna ¡la deuda es con nosotras!
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