El presidente de Perú, Francisco Sagasti, dio así confianza a los grandes empresarios, dejando de lado el repudio de miles de manifestantes contra la corrupción y la Constitución fujimorista.
Martes 1ro de diciembre de 2020 00:40
En una entrevista concedida a diversos programas dominicales el domingo 29 de noviembre, el recientemente elegido presidente del Perú Francisco Sagasti, se pronunció sobre diversos temas de actualidad nacional como la crisis policial, la devolución de los fondos de la ONP (Oficina de Normalización Previsional), la vacunación por Covid-19, entre otros. Sin embargo, lo más relevante fue su rechazo categórico a que en su gobierno se realicen cambios a la actual constitución de 1993.
Con estas declaraciones Sagasti no solo tranquiliza a los grupos empresariales que se sostienen en este conjunto de normas para profundizar sus políticas de saqueo y explotación a los trabajadores, sino que también deja sin piso a sectores de la izquierda reformista como Juntos por el Perú de Veronika Mendoza quienes, después de la asunción del representante del partido Morado, le pedían de diversas formas que convoque a un referéndum para cambiar la constitución.
“No tenemos el mandato, en este gobierno de transición, de emergencia, para iniciar un proceso de cambio constitucional. Soy muy consciente que he sido designado por 97 congresistas. Eso no me da un mandato para empezar un gran debate, un proceso de cambio (de la Constitución) ni mucho menos”. Con estas palabras, el nuevo presidente peruano dejaba claro que durante su mandato las reglas que favorecen al gran capital y que se encuentran expresadas en la constitución de 1993, no serán cambiadas en lo más mínimo, sino más bien se mantendrán incólumes para generar, lo que su ministro de economía Waldo Mendoza denomina “predictibilidad económica”, que no es otra cosa que mostrarles a los capitalistas que las reglas que les favorecen no serán cambiadas, eso, para los neoliberales es muy importante ya que garantizaría la reactivación económica a partir de mayor inversión privada.
Se reafirma así que el gobierno de Francisco Sagasti va a continuar con las medidas neoliberales en el terreno económico, al mismo estilo de Martin Vizcarra y los otros presidentes que lo antecedieron, lo cual le niega todo margen de progresividad a su gestión, ya que estas medidas económicas han sido la causa fundamental de que hoy en el Perú los márgenes de desempleo, subempleo y pobreza se hayan elevado exponencialmente.
Estas iniciativas económicas que tienen su fundamento jurídico y legal en la constitución de 1993, también permitieron que servicios públicos de gran importancia social como la salud fueran desfinanciados y llevados al colapso, además de ser mercantilizados y privatizados convirtiéndose así en una fuente de lucro para un puñado de empresarios de la salud a costa de la muerte de miles de trabajadores y trabajadoras de bajos recursos quienes, cuando se desato la pandemia por Covid-19, terminaron falleciendo en los pasillos de los hospitales o por carecer de balones de oxígeno o de camas UCI.
Este es un gobierno de los grandes empresarios nacionales y extranjeros al cual, los trabajadores y el conjunto de explotados y oprimidos, no le debemos tener la más minina confianza. De él no vendrá ninguna medida progresiva para el pueblo trabajador. Lo que busca Sagasti y su equipo de gobierno es que el podrido régimen de 1993 se oxigene y se relegitime ante el grueso de la población. Esto quedo claramente demostrado cuando Sagasti, al iniciar su entrevista del pasado domingo, manifestaba con claridad que el objetivo central de su gobierno era: “dar un rumbo, devolverle al país la confianza en sus gobernantes, que la gente sienta que tiene un gobierno que trabaja para ello”.
Queda claro también que la Asamblea Constituyente no vendrá del gobierno de Sagasti, como nos pretendía hacer creer Veronika Mendoza y Juntos por el Perú, sino todo lo contrario, será luchando contra este gobierno, apelando para ello a la auto organización independiente de las y los trabajadores, la juventud y demás sectores populares, que haremos que esta demanda pueda materializarse realmente. Por eso, es importante unificar las luchas de los jóvenes a las luchas de la clase obrera de diferentes sectores quienes continúan enfrentando a sus patrones y a este gobierno que mantiene inalterables las medidas de ajuste anti obrero del saliente gobierno de Vizcarra.
Una Asamblea Constituyente para que sea realmente progresiva y nos permita empezar a cambiarlo todo, no puede nacer de las mismas instituciones del régimen del 93 – como el poder ejecutivo o poder legislativo - sino más bien, tiene que nacer de las ruinas de este podrido régimen. Esta constituyente para que pueda ser libre y soberana deberá ser impuesta por la movilización y la lucha de los trabajadores, la juventud y el conjunto de los explotados y oprimidos, y para que ello pueda darse es importante crear espacios de auto organización, en ese entender, debemos exigir a las direcciones de la CGTP, CUT, federaciones nacionales campesinas, frentes de defensa, organizaciones representativas barriales, de juventudes, etc., que convoquen a una asamblea popular nacional para organizar la lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, independientemente del estado y de los partidos burgueses.