El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, quiere un acuerdo bipartidista entre el Partido Demócrata y el Republicano para imponer sanciones contra la Corte Penal Internacional, después de que el fiscal solicitara órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa.
Miércoles 22 de mayo
Este lunes, el fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó varias órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa Yoav Gallant, y miembros del buró político de Hamás. Aunque esta solicitud aún debe ser examinada por los jueces de la CPI, el presidente estadounidense no tardó en reaccionar. El mismo día del anuncio,Joe Biden condenó la decisión del fiscal de procesar a funcionarios israelíes: "Permítanme ser claro: rechazamos la solicitud de la Corte Penal Internacional de emitir órdenes de arresto contra líderes israelíes. Contrariamente a las alegaciones de la Corte Internacional de Justicia contra Israel, lo que está sucediendo no es un genocidio. Rechazamos estas alegaciones".
Este martes, fue el turno del Secretario de Estado Anthony Blinken de amenazar a la CPI con posibles sanciones por parte del gobierno estadounidense. La administración de Joe Biden trabajará así con el Congreso estadounidense para sancionar a la Corte Penal Internacional por intervenir en los asuntos de Estados Unidos. Aunque la naturaleza de las sanciones aún no ha sido anunciada, podrían ser similares a las impuestas por la administración Trump a Fatou Bensouda, entonces fiscal jefe de la CPI, y a Phakiso Mochochoko, jefe de jurisdicción de la Corte, por su investigación sobre presuntos crímenes de guerra de Estados Unidos en Afganistán: un congelamiento de sus activos y una prohibición de viajar a los Estados Unidos.
Ciertamente, estas medidas requerirán una estrecha colaboración entre la administración demócrata y los republicanos, que tienen mayoría en el Congreso, como lo asumió Anthony Blinken en declaraciones citadas por el Financial Times: "Queremos trabajar con ustedes sobre una base bipartidista para encontrar una respuesta apropiada". Esto es otra demostración de la unidad del establishment estadounidense detrás de la política del gobierno israelí, ya que el apoyo incondicional al Estado de Israel es un axioma común tanto para los republicanos como para los demócratas, y refleja la continuidad de la política exterior tanto de Trump como de Biden.
En efecto, las ataques contra la Corte Penal Internacional podrían agudizar aún más las contradicciones que dividen al campo demócrata, que ya está afectado por la movilización estudiantil contra las masacres en Gaza y la complicidad de Genocide Joe. Bajo la presión del movimiento pro-palestino, la posición del ala izquierda del Partido Demócrata ha evolucionado considerablemente en los últimos meses. Si los demócratas no logran instrumentalizar las movilizaciones, el ala izquierda intenta destacarse para capitalizar el movimiento: Bernie Sanders, por ejemplo, anunció que "apoya a la CPI y sus acciones".
Si bien la administración estadounidense todavía intenta presionar al gobierno israelí para que abandone su proyecto de invasión en Rafah, la decisión de la Corte desacredita la diplomacia estadounidense, que esperaba poder convencer a Netanyahu de renunciar a tomar Rafah a cambio de poner fin a la investigación de la CPI. Si el gobierno estadounidense utiliza la amenaza para evitar que el procedimiento avance, la emisión de órdenes de arresto contra los líderes israelíes debilitaría aún más a Joe Biden, quien ya se encuentra en una situación particularmente delicada.
Sin embargo, estas órdenes de arresto no obligarían al gobierno estadounidense a detener a Benjamin Netanyahu o Yoav Gallant, ya que Estados Unidos no es signatario de los Estatutos de Roma. Incluso en el caso de que la CPI logre no ceder a la presión, es muy improbable que las órdenes sean ejecutadas. La CPI depende de la buena voluntad de los Estados miembros para arrestar a las personas objeto de una orden, ya que no tiene ninguna fuerza independiente. Además, la CPI no puede juzgar a los acusados en ausencia, lo que significa que es muy probable que los líderes israelíes nunca respondan a las acusaciones en su contra ante la CPI. Si bien la posición de la CPI es actualmente la más "dura" expresada contra el gobierno israelí, no debería tener un impacto en la situación en Gaza ni en la política llevada a cabo por Benjamin Netanyahu.
