El 28 de marzo, Greenpeace México realizó actos de protesta en contra del Tren "Maya" en el tramo 5 de la obra. Sin embargo, las críticas en redes no se hicieron esperar, entre otras cosas porque la ONG tiene un turbio historial en materia de derechos laborales.
Martes 29 de marzo de 2022
Greenpeace México protestó el 28 de marzo en contra del Tren “Maya” en el tramo 5 de la obra, que va de Cancún a Tulum; activistas de la ONG´s inmovilizaron la maquinaria oponiendo su cuerpo para ello.
Dado que la credibilidad de la ONG es cuestionable, en redes no se hicieron esperar las críticas. Por supuesto, no faltó que el analista Alfredo Jalife-Rahme los acusara de ser agentes del magnate George Soros que buscan frenar el avance de la 4T y así, con esa imputación conspiranoica, desacreditar la crítica y la organización de comunidades y ambientalistas que luchan contra la lógica destructiva del capital.
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En Greenpeace se han dedicado a violar los derechos laborales como lo han denunciado algunos de sus trabajadores. En 2014 se les cambió el esquema contractual mediante la famosa subcontratación (outsourcing).
La organización no dudó en recurrir a las más agresivas outsourceras, como GIN Group, cuyo presidente Raúl Beyruti está hoy prófugo de la justicia por diversas denuncias penales en su contra, entre ellas por lavado de dinero.
Cuando se reguló la subcontratación con las recientes reformas en abril del año pasado, se siguió permitiendo en caso de servicios especializados. Greenpeace ni siquiera pudo ajustarse a ese requerimiento simplemente porque fueron parte de quienes usaban el esquema para evadir el fisco y expropiarles derechos a sus trabajadores.
Éstos últimos manifestaron que “Desde que Greenpeace empezó con el outsourcing, se perdieron algunas prestaciones internas como, caja de ahorro, préstamos, seguro de gastos médicos mayores, licencias médicas, cursos de inglés, capacitaciones, integración con el resto del staff, cuenta de correo organizacional, además de todo vínculo de relación laboral directa con la ONG.”
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Sus directivos ganan sueldos que rondan los 100 mil pesos mensuales, mientras la base trabajadora ronda los 6 mil. Con esa monumental desigualdad salarial, resulta un acto meramente propagandístico las acciones que realizan en contra de las obras del Tren “Maya”; su verdadero interés es recabar fuertes sumas de dinero que se asignan en salario quienes están al frente dicha organización, como su director Gustavo Ampugnani.
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Ahora ven en la legítima lucha de comunidades y ambientalistas que se oponen al megaproyecto capitalista del Tren “Maya” una oportunidad para montarse –como la derecha lo ha venido haciendo– en el descontento y aparecer en los medios como defensores de la Selva, aunque no lo sean.