Competencia despiadada. Homicidio frustrado y suicidios en salud: consecuencias del acoso y la carrera por estabilidad laboral

Una enfermera es apuñalada a la salida de su turno en la Clínica Cordillera en la comuna de Las Condes. La agresión tenía relación con reiteradas amenazas que recibió en su lugar de trabajo, situación que era conocida por su jefatura quien hizo caso omiso y salió a descartar cualquier responsabilidad ante la denuncia de sus familiares.

El ataque a Pola Álvarez se suma a los lamentables casos de acoso y agobio laboral en los centros de salud, donde algunos han terminado en suicidios, como el de Janin Gredes, Jennifer Peña, Vanessa Araya y Florencia Escobar, todas trabajadoras de la salud que ante la indiferencia de las direcciones de los hospitales y las jefaturas deciden poner fin a su vida. Pero entonces nos preguntamos ¿qué genera que las trabajadoras tomen esta decisión?

La perversa competencia por estabilidad laboral

Estos casos no son aislados, son la respuesta a una crisis que se arrastra hace ya bastantes años, donde las condiciones laborales y los problemas de salud mental atormentan a las y los trabajadores, en base a un sistema de competencias para poder asegurar un puesto de trabajo estable, ya que la mayoría de los contratos son suplencias y honorarios, y en especial esta última es una modalidad que se profundizó a causa de la pandemia.

Este sistema de competencias también se traduce en situaciones como acoso y amenazas que son pan de cada día en el área de la salud, así como instancias que buscan enrostrar errores e incluso humillarse entre trabajadores, una práctica habitual en los diferentes turnos.

Actualmente, no existe un protocolo ni un resguardo para las y los trabajadores que denuncian acoso o malas condiciones laborales, donde las mismas jefaturas han hecho caso omiso en enfrentar estas situaciones, en muchos casos, ni siquiera existen protocolos de seguridad para evitar futuras tragedias. Y cuando existen, no cubren a la mayoría de trabajadores, como en elServicio de Salud de Aconcagua que se avanzó a un protocolo de seguridad, pero solo para funcionarios de planta y a contrata.En este contexto cabe preguntar, ¿por qué se deja fuera de las decisiones a las trabajadoras de la salud que son quienes viven a diario la problemática?

A la vez, para los gobiernos de turno la protección de las víctimas es secundario, su centro está en castigar a los agresores y no un enfoque preventivo para que estas situaciones no se repitan. Como Izkia Siches que salió a felicitar a la PDI por detener a los presuntos culpables, obviando el fondo del asunto. Pese a que en múltiples ocasiones documentadas las medidas cautelares son sencillamente formales, incluso la policía ha sido denunciada de forma persistente como obstaculizadora de ayuda. En otros casos también se reconocen como indolentes frente a los llamados de auxilio de mujeres y trabajadoras.

Gracias al buen trabajo de la @PDI_CHILE y la @fiscaliaoriente, dos personas presuntamente involucradas en el ataque a enfermera en Las Condes están detenidas y deberán enfrentar la justicia. Esperamos la pronta recuperación de la profesional y que sus agresores paguen. https://t.co/ZAQayTRBM0

— Izkia Siches Pastén (@izkia) June 29, 2022

Hasta ahora los medios de comunicación han buscado cubrir a la Clínica Cordillera, poniendo al centro la responsabilidad individual en todas las noticias respecto al terrible caso,donde claramente existen responsabilidades individuales, pero sin tocar ni cuestionar las causas de fondo que propician estas tragedias, la visión del problema se vuelve superficial.

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Es un hecho que faltan más contrataciones, pero también mejores condiciones y estabilidad laboral. Esto no puede ser solo para un sector reducido de trabajadores, porque no permite resolver el problema de la seguridad que debe abordarse de conjunto. Mientras más divididos y fragmentados estén quienes trabajan en salud más difícil es exigir y levantar condiciones para resguardar la seguridad. Además, el servicio público debe ser colaborativo para lograr una buena atención integral y de calidad.

Si bien los dirigentes gremiales en el HRA hicieron un llamado a discutir el caso de Pola y el agobio, no se ha puesto fecha, mucho menos hacerlo escalar a nivel nacional. Hasta ahora no hay instancias donde se pongan estos problemas urgentes en discusión en asamblea, para dar salida de forma organizada y golpear como un solo puño, sin parcelar la crisis que afecta trabajadores y usuarios.

Una salida profunda vendrá si profesionales, técnicos auxiliares y administrativos se involucran y deciden. Para Natalia Sánchez, médica del Hospital Regional de Antofagasta y parte de la agrupación de trabajadores de la salud, Abran Paso, es necesario: “impulsar comisiones de seguridad y resguardo y comisiones de género, donde se discutan estos problemas para prevenir lo que las jefaturas obvian”.