Tras la renuncia de Guzman, la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, dio a conocer sus primeras medidas para continuar con los planes del FMI, que exige “acciones dolorosas”. En la Universidad, hasta mayo hubo una fuerte baja en lo ejecutado del presupuesto anual, sumado a una perdida de larga data con la inflación.
Viernes 15 de julio de 2022 18:54
Uno de los anuncios fue el congelamiento de los ingresos de personal a todos los organismos del Estado Nacional. Un revival del 2001 calcado, que cierra toda posibilidad de incorporar trabajadores en cualquier ámbito estatal. Además, implica que miles de contratados informales, es decir, precarizados por el propio Estado, sigan en esa condición.
Medidas a lo Guzmán pero recargadas: ¿Docentes para las escuelas y las universidades? ¿Personal de salud para los hospitales? Nada de eso, todo para el FMI.
"No vamos a gastar más de lo que tenemos" podría ser la frase que resume una conferencia de prensa teñida de retórica menemista. La nueva ministra planteó el objetivo de lograr un “equilibrio fiscal” con “ahorro” de $600.000 millones. ¿Las universidades están en la mira?
Esta semana se vio la preocupación de la comunidad educativa universitaria. Circuló en grupos de WhatsApp y redes sociales la imagen del periodista del canal A24, Maximiliano Montenegro. Planteaba en su informe que una posible vía de recaudación para reunir esos millones mencionados anteriormente, sería a través del dinero presupuestado para las universidades y que aún no fue utilizado.
¿Cómo podría afectar esto en las Universidades?
La Izquierda Diario constató que el presupuesto vigente de universidades para todo este año es de $530.040 millones. Según datos de Presupuesto Abierto y el Ministerio de Economía, hasta el mes de mayo se ejecutaron $165.799 millones. De lo que debería haberse ejecutado hasta el mes de mayo, son unos $55.051 millones los que no se utilizaron. Detrás de esta idea de "ahorro", se encuentra la premisa neoliberal básica según la cual la inversión en universidades, infraestructura para garantizar derechos como la salud o un techo, son “gastos”, “agujeros negros” donde se derrochan los fondos.
El presupuesto para la educación superior viene cayendo en picada hace años, con una continuidad implacable entre Macri y el Frente de Todos. Según datos aportados por los economistas de este medio, el ajuste por la vía de la inflación ya se cobró un 34 % del presupuesto en los últimos cuatro años a octubre del 2021. La escalada inflacionaria que estamos viviendo, llega incluso a proyecciones que estiman entre 80% y 90% interanual.
Toda la plata subejecutada ya debería haberse utilizado en las necesidades de la comunidad educativa. Por el contrario, hoy día encontramos grandes problemas edilicios, falta de becas y montos mínimos, limitación o ausencia de derechos clave como albergues y comedores. Buscan transformar la permanencia en las aulas en un privilegio. El ajuste y la crisis impactan fuertemente en la juventud y el pueblo trabajador con la precarización laboral y los salarios que cada día alcanzan menos para llegar a fin de mes. Los ministros cambiaron, pero siguen los planes del Fondo que apuntan a profundizar esta realidad.
Además, el anuncio de congelamiento de la planta de trabajadores del Estado implica naturalizar el trabajo precario en la Universidad: las y los tercerizados como ocurre con quienes realizan las tareas de limpieza, y miles de docentes ad honorem (trabajar sin sueldo). Y a eso se le suma que congelan el plantel docente y se elimina la posibilidad de ampliar las bandas horarias, algo fundamental para la gran mayoría de las, les y los estudiantes que trabajan para sostener sus cursadas.
Este histórico vaciamiento de la Universidad, con la complicidad de las autoridades peronistas y radicales, tiene consecuencias aún más profundas en la mercantilización de la educación pública superior, que no solo se ve a través del ajuste en relación a las condiciones edilicias, salariales y de acceso y permanencia para el estudiantado.
La herencia menemista de la Ley de Educación Superior hace a una orientación social de las universidades públicas, atadas a las grandes empresas a través de convenios que buscan profundizar la política de producción de conocimientos al servicio del mercado. Un financiamiento a través de la búsqueda de los famosos “recursos propios”, fomentando especialmente el extractivismo, como muestran el convenio en exactas de la UBA con la multinacional Shell para facilitar la extracción en Vaca Muerta; o el proyecto de baterías de litio de la UNLP. El plan del gobierno nacional en boca de la ministra de Economía es "queremos exportar mucho". Para eso buscan utilizar todos los recursos, incluso las universidades.
Lo urgente: una respuesta desde abajo
El otro dato llamativo fue el silencio atroz del kirchnerismo para apoyar tácitamente los anuncios de Silvina Batakis que no tienen nada que envidiarle al anterior ministro.
Las conducciones de los Centros de Estudiantes y las Federaciones que responden al Frente de Todos siguen haciendo lo mismo que hace años: militar la resignación a través del vaciamiento de las organizaciones estudiantiles para dejar pasar el ajuste. Pasaron de vociferar sobre un supuesto “gobierno de científicos” a sostener los planes del FMI.
Por su parte, el radicalismo de la Franja Morada, es decir Juntos por el Cambio, aprovecha la crisis en curso de cara a sus internas de coalición en miras al 2023. A través de la Federación Universitaria Argentina y los centros de estudiantes que dirige, plantea cínicamente rechazar estas medidas. No mueven un pelo para enfrentar el ajuste y son parte de la oposición de derecha. Hundieron la educación durante el gobierno de Macri, cuando lxs estudiantes de todo el país tomamos casi 60 universidades, organizamos planes de lucha y masivas movilizaciones. Hoy, son quienes piden a gritos más beneficios para el agro y los grandes empresarios, mientras atacan diariamente a las organizaciones sociales.
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Lxs de arriba le declaran la guerra a la educación y a todos nuestros derechos. Preparan nuevos tarifazos, atacan el empleo público y criminalizan al movimiento de desocupados.
El ajuste es contra todos. Por eso tenemos que estar en estado de alerta frente a estos anuncios y los que vendrán por parte del gobierno.
Nuestro aporte es impulsar una referencia nacional de unidad entre estudiantes, trabajadores ocupados y desocupados, precarizados e informales, para poner nuestra fuerza en las calles y coordinarnos para enfrentar los planes del FMI, como hicimos el pasado 9 de julio en la masiva movilización convocada por el Frente de Izquierda Unidad junto a decenas de organizaciones sociales.
Hay que redoblar las fuerzas en cada lugar de estudio para sacar de la pasividad a las conducciones de los Centros de Estudiantes y Federaciones, que dejan que sean expulsados miles de compañeras y compañeros de las aulas, y que se instale un modelo de universidad para el mercado. Nuestra apuesta es por la organización de los estudiantes.
Nos preparamos para impulsar, al comenzar el nuevo cuatrimestre, debates en los cursos y comisiones por carrera. Pelear por desarrollar asambleas, en perspectiva de debatir medidas de lucha y construir pliegos de demandas. Apostamos a poner en pie al movimiento estudiantil, porque no vamos a dejar pasar el ajuste, y a coordinar junto a las y los docentes y no docentes, en defensa de la educación pública y en apoyo a cada lucha que surja contra el ajuste del Gobierno.