El debate abierto por el derecho al aborto legal y por la separación de la Iglesia del Estado en los últimos meses, desnudó la profunda relación entre la casta política y la Iglesia Católica. Salta no es la excepción. Pero en la Salta tradicional y clerical el movimiento de mujeres y jóvenes, como parte de la marea verde, irrumpió con toda la fuerza y empieza a organizarse.

Derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Separación de la Iglesia del Estado. Si de debates trascendentales hablamos, no podemos dejar de mencionar el que este año atravesó todos los sectores sociales, políticos y religiosos; que generó controversias en el seno de los partidos tradicionales; y que se sentó en la mesa de todas las familias. El debate que mostró las dos caras de la moneda: por un lado mujeres inundando las calles por su derecho a decidir, por otro, retrógradas instituciones queriendo decidir por sus cuerpos. La contienda puso al desnudo la profunda relación que diputados, senadores y gobernadores sostienen con la Iglesia católica. Algunas provincias lo muestran con crudeza: Salta es un caso testigo.

En diciembre pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) prohibió la enseñanza obligatoria de religión en las escuelas públicas, que regía desde 2008 en la provincia. En mayo de este año, tras el escándalo por el embarazo de una niña de 11 años producto de una violación por parte de su padrastro a quien se le había negado el derecho al aborto no punible, el gobierno provincial se vio presionado a adherir al protocolo nacional. Mientras que el 8A, día en que llegó al Senado el debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la frase de Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador sobre las violaciones intrafamiliares tuvo resonancia nacional y desató un tendal de críticas, que siguieron con juntadas de firmas y un pedido de renuncia por apología a la violación.

Pero la “otra” Salta, se pone de pie y empieza a pisar fuerte. En la Salta clerical, segunda en el país por la cantidad de femicidios por habitante, la de mayor índice de mortalidad materna del país y quinta por los embarazos de niñas y adolescentes, la juventud sin miedo, hizo sonar fuerte el grito “Iglesia y Estado asuntos separados” frente a la Catedral salteña.

¿Qué pasó en el Congreso?

Los 7 diputados y 3 senadores salteños a nivel nacional votaron en contra del derecho elemental de las mujeres a no morir a causa de abortos clandestinos aduciendo “convicciones morales”. El tinte político no importó. Coincidieron los kirchneristas, el PJ y Cambiemos, pasando por Alfredo Olmedo y Cristina Fiore, admiradores del brasileño Jair Bolsonaro.

En los debates en ambas cámaras del Congreso los salteños compitieron para ver quién daba el discurso más reaccionario y misógino.

Mientras el diputado de Cambiemos Martín Grande comparaba a las mujeres con marsupiales, Alfredo Olmedo, el diputado de campera amarilla, sostuvo escandalosamente que atrás del aborto “hay un negocio encubierto: el tema de las células (…) Si sale la ley, estoy pidiendo un cementerio para las víctimas del aborto. Voy a ser muy duro: los tendrán que cremar a los chicos para que ninguno haga negocio con un chico muerto…”.

Por su parte, el senador peronista Rodolfo Urtubey afirmó que “hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer, a veces la violación es un acto no voluntario con una persona que tiene inferioridad absoluta de poder frente al abusador, por ejemplo en el abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violación pero tampoco se puede hablar de consentimiento, sino de una subordinación, de una sujeción”.

Sus palabras resonaron en todos los rincones del país y las críticas le llovieron a diestra y siniestra. Su hermano Juan Manuel Urtubey, al frente de la provincia desde hace 11 años, buscó defenderlo planteando que se trataba de un problema de interpretación de los dichos “poco felices” de Rodolfo.

El integrante de la mesa chica del autodenominado peronismo “alternativo”, quien aspira a la presidencia de la Nación en 2019, dio este año, de manera oportunista, un giro discursivo y declaró a un medio patagónico que está a favor de la despenalización del aborto. Respecto a la separación de la Iglesia y el Estado, sostuvo que “estamos en el siglo XXI, es obvio que así tiene que ser (…) son cuestiones que ya de hecho están saldadas”. No resulta extraño que haya elegido hacer esas declaraciones en la otra punta del país y no en su Salta natal.

Resulta poco creíble en una provincia en donde luego de 6 años hace pocos meses se reemplazó el restrictivo protocolo 1170 que reglamentaba el aborto no punible. No es ningún secreto que el gobernador fue toda su vida un férreo opositor del derecho al aborto como parte del Opus Dei y la Acción de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia. En sus listas ha llevado sacerdotes, como el padre Crespo y en su gabinete ha contado con Ministros de Educación como Roberto Dib Ashur -quien luego fue vicerrector de la Universidad Católica de Salta- y quien hoy ocupa el ministerio, Analía Berruezo, la defensora absoluta de la Educación Sexual Integral a lo “pro-vida”, sin perspectiva de género.

La Iglesia como pilar del régimen

Desde su llegada con la colonia y a lo largo de la historia, la Iglesia pretendió que su influencia no se reduzca al ámbito de la sacristía, sino que se extienda a la esfera social y política. En Salta ha cumplido un papel destacado para construir una idea de identidad salteña asociada a la tradición, a los valores morales y a sentimientos de pertenencia nacional.

Con el correr de los años, entre el Estado y la Iglesia católica se fueron tejiendo lazos y legitimidades recíprocas. Como sostuvo Alejandro Vilca, diputado provincial por el PTS/FIT en Jujuy, “estos regímenes casi feudales que hay en el norte del país no se podrían llevar a cabo si no es con la complicidad de la Iglesia católica que en todo el país se quiere inmiscuir en las vidas de las mujeres. Pero acá en el norte, en Jujuy, en Tucumán o en Salta, esto se multiplica”.

El Estado no solamente financia a esta institución retrógrada, sino que la elite eclesiástica tiene injerencia concreta a la hora de elegir ministros y funcionarios, y mantiene su influencia en legisladores. Así lo sostiene el periodista y referente del Observatorio por la Educación Laica Fernando Climent cuando recuerda que ante la discusión sobre el fallo F.A.L. en 2012 sobre el aborto no punible, tanto Urtubey como la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Salta, el Arzobispo Monseñor Mario Cargnello, se opusieron. Pero fue el vicario general de la Arquidiócesis de Salta, Dante Bernacki, quien “llamó cura por cura de cada pueblo a su diputado para decirle que se levanten, que se retiren y que no den quórum para tratar el 1170”, que restringió ese derecho en la provincia durante 6 años.

La Iglesia cumple también un rol en los conflictos sociales, donde se convierte en mediadora entre las partes, como se expresó en la lucha de los ingenios azucareros del NOA, como en Tabacal, en reiteradas ocasiones. De esta forma se inserta en la arena política como articuladora y garante del orden social en momentos de debilidad política, al tiempo que utiliza las estructuras estatales para reproducir su aparato.

Los jugosos subsidios millonarios no son el único beneficio que recibe la Iglesia del Estado. En la provincia de Salta la cesión de inmuebles es una constante desde la dictadura militar. Como informa un medio local, en los últimos 40 años se le otorgaron más de 215 terrenos y propiedades en toda la provincia. Según datos oficiales de la Dirección General de Inmuebles, el Arzobispado y la Iglesia católica en Salta tienen más de 80 mil hectáreas bajo su poder y sólo en la capital provincial, el Arzobispado tiene en su haber 111 terrenos entregados por el Estado salteño.

A la par, presenta en su haber un tendal de denuncias sobre casos de abusos, violaciones y silencios con la venia del Vaticano. Como el Cura Agustín Rosa que tiene 25 denuncias canónicas por abuso, corrupción y enriquecimiento ilícito. O las recientemente difundidas sobre Emilio Lamas a quien un ex monaguillo acusa de violación.

La realidad en las escuelas y colegios

En el año 2008 se sancionó la Ley provincial N° 7546 que proclamaba la enseñanza de manera obligatoria de los dogmas de la fe católica en las escuelas públicas. La medida fue implementada por el primer gobierno de Urtubey, apoyado en el artículo 49 de la Constitución Provincial que sostiene que “los padres y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Algo que se replica en las provincias de Tucumán y Catamarca.

Como indica Fernando Climent a lo largo de estos años las y los docentes que fueron designados para el dictado de catequesis, lo hacían con la venia de las autoridades eclesiásticas locales y egresaban en su mayoría del Profesorado de Ciencias Sagradas Monseñor Roberto José Tavella. Durante una década los y las niñas y adolescentes estuvieron obligadas a cursar estas materias en horario escolar, recitar oraciones antes del ingreso, por la tarde y hasta dentro del aula, así como a participar en las festividades religiosas. Pero rezar y contar con imágenes en las instalaciones educativas y una Capilla en el predio de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) desde la época de la dictadura, era algo incluso naturalizado desde tiempos anteriores a la ley.

A nivel nacional, para darle más garantía a la iniciativa salteña, fue Rodolfo Urtubey quien en 2015, bajo el gobierno de Cristina Fernández y siendo parte de su bloque en el Senado, propuso junto a otros senadores la derogación de la ley 1420. Esta normativa, que se sancionó en 1884, fue célebre por instaurar la educación pública obligatoria, laica y gratuita y restringir la educación religiosa a una opción por fuera del horario escolar.

En diciembre de 2017, la enseñanza religiosa en escuelas públicas fue declarada inconstitucional por un fallo de la CSJN, luego de años de lucha de un grupo de familias [1]. El fallo significa sin dudas un gran paso. Sin embargo no se pueden ignorar sus límites: la religión no fue eliminada por completo, se pasó de la obligatoriedad de la catequesis a que sea considerada materia optativa dictada a contra turno; se ignoraron muchas recomendaciones y no cesan las prácticas discriminatorias y hostigamientos a niños/as cuyas familias denuncian incumplimientos.

¿Ataque a la salteñidad?

Andrés Suriani, diputado provincial del PRO, opina que el fallo es un “desafarrancho que ha hecho la Corte” y que “vienen a quitarnos estas prácticas que forman parte de la cultura, de la salteñidad misma”. El ferviente defensor de la clandestinidad del aborto, no se privó de igualar al SIDA con la ideología de género y por iniciativa suya este año 32 diputados provinciales y la totalidad de senadores se manifestaron por medio de un proyecto de resolución para que las escuelas puedan asistir a la Catedral en horario de clase, contra el fallo de la CSJN que lo prohíbe. “Lo que hicimos es darle una herramienta a la Ministra de Educación (Analía Berruezo, NdR) para que vea que mayoritariamente el pueblo de Salta quiere mantener esa tradición (…) vamos a poner en claro que el tema cultural de nuestra Salta es algo que no se puede cambiar ni por decreto ni por un fallo, sino que aquellas cuestiones que son culturales y de arraigo tradicional, la sociedad las vive y las practica como un uso y costumbre”, agregó Suriani.

Los datos duros lo contradicen: mal que le pese a Suriani, Berruezo, Urtubey, Fiore y toda la casta política, en Salta este año sólo el 8,6 % de las y los chicos que van a la primaria se inscribieron para estudiar religión a contraturno y los datos del Operativo Aprender del 2017 reflejaron que 8 de cada 10 adolescentes opina que en los colegios salteños no se dicta Educación Sexual Integral (ESI).

Una marea verde que sí se enoja con la Iglesia

Sobre esta base reaccionaria irrumpió un fenómeno fundamentalmente juvenil en el que las mujeres son su vanguardia indiscutida. En una provincia históricamente conservadora, una nueva generación se está poniendo de pie, como en todo el país y empieza a mostrar la otra cara de Salta.

Durante el último conflicto universitario, que se extendió durante dos meses en todas las universidades públicas del país, se cuestionó abiertamente la presencia de la Iglesia en las casas de altos estudios. Imágenes religiosas fueron tapadas o sacadas. En la provincia, la demanda de la separación de la Iglesia y el Estado se expresó en las asambleas por carrera, facultades e interclaustro por medio de un fuerte cuestionamiento a la permanencia de la Capilla en la Universidad de Salta (UNSa).

El movimiento de mujeres entró en escena a cuando la provincia fue sede del 29° Encuentro Nacional de Mujeres en 2014. En 2015 con más fuerza y a tono con el país, las calles se coparon al grito de #NiUnaMenos: Salta encabezó ese año (al igual que el 2017) la tasa de femicidios a nivel nacional. En 2016 cuando se nacionalizó el caso de Juana, la hoy adolescente wichi quien a los 12 años fue violada en grupo y a quien le fue negado el derecho al aborto no punible, el movimiento de mujeres con su fuerza logró que el gobierno intervenga. En 2017 fueron parte del paro internacional de mujeres y este año, en consonancia con el movimiento a nivel nacional, estuvieron a la cabeza de la pelea por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

Ante cada femicidio y abuso policial contra la población LGBT las mujeres comenzaron a ganar las calles y se vio que cuando comienzan a organizarse, los frutos empiezan a verse. En abril, una niña trans de 10 años que peleaba junto a su familia por su identidad conquistó el DNI con su nuevo nombre. Meses después, comenzó a desarrollarse una cátedra abierta de aborto en la UNSa y, luego de 12 años, la primera cohorte del postítulo de Educación Sexual Integral se abrió a docentes de todos los niveles de la provincia.

La reacción quiso dar la nota y mujeres y varones antiderechos nucleados en el Movimiento Argentinos en Acción comenzaron a organizar el “Primer Congreso de Mujeres Pro Vida” en Salta, bajo el lema “salvemos las dos vidas” leit motive de quienes se oponen rotundamente a la aprobación de la Ley de IVE y a la aplicación efectiva de la ESI.

Pero la juventud que sale a las calles, que va con sus pañuelos a los colegios y facultades y que se empieza a organizar sabe que los pañuelos celestes no flamean, y que los verdes y naranjas llegaron para quedarse. Una juventud que no pide permiso y que sabe que no le debe nada al gobierno de Urtubey quien tras 11 años en la provincia sigue siendo parte de una casta política aliada a la Iglesia oscura y patriarcal que se extiende en otras provincias del NOA.