Las causas contravencionales del gobierno de Morales no se toman cuarentena. Multas de hasta $ 340.000 y juicios por Whatsapp mientras crece el desempleo en la provincia que empuja a cientos de familias a la pobreza.
Martes 7 de julio de 2020 20:41
En los últimos dos meses en la provincia de Jujuy fueron elevados a juicio 1700 causas contravencionales, entre los cuales 1130 ya cuentan con sentencias, todas ellas son referidas a hechos ocurridos durante la cuarentena. Un paso más en la criminalización del gobierno de Morales que no frena ni en pandemia.
Desde el Ministerio de Seguridad se informó que 7980 personas han sido demoradas desde que se dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio, quienes debieron abonar la suma de 1000 pesos para recuperar su libertad, sin que ello impida que se inicien causas en su contra.
La semana pasada el Ministerio de Seguridad conjuntamente con el Juzgado Contravencional presidido por Matías Ustarez Carrillo, brindaron información acerca de los procedimientos contravencionales express que vienen realizando en la provincia. Multas que van desde los $ 40.000 a los $ 340.000 y un promedio de entre 8 a 10 sentencias diarias evidencian que fuera de toda finalidad sanitaria el gobierno viene aprovechando la pandemia para incrementar el régimen policiaco provincial. Mientras las empresas como Ledesma violan los protocolos establecidos frente al COVID, son los trabajadores precarios y los jóvenes de los barrios populares los que vienen sufriendo el acecho de una "justicia" con fines recaudatorios.
La rapidez con la que estas causas vienen llevándose adelante se encuentra en la violación de principios y garantías constitucionales fundamentales como el debido proceso, la defensa en juicio, la igualdad ante la ley y principios elementales como el de legalidad que deben regir en todo tipo de proceso penal.
Se trata del uníco juzgado que no vió afectado su funcionamiento durente la cuarentena, a diferencia del resto de Tribunales y Juzgados de Jujuy.
Un nuevo escándalo: Juicios por whatsapp
En un hecho inédito en el país, las multas irrisorias que se han aplicado han sido dispuesta a través de juicios realizados a través de la aplicación de Whatsapp. Demás está decir que no existe legislación alguna que lo prevea ni regule y que significa una franca violación de todo derecho y garantía procesal.
La modalidad de viodeollamada cuando muchas personas no cuentan con señal suficiente en sus casas para poder realizar tal comunicación, vulnera gravemente la igualdad ante las partes en el proceso y representa un obstáculo para el ejercicio de la defensa en juicio.
Plata para policías y no para salud
El Código Contravencional-Ley 5860/14- y su modificatoria Ley 6050/17, han sido utilizados por el gobierno de Gerardo Morales para sostener un régimen policíaco en la provincia, a través de su mano derecha el juez contravencional Matías Ustarez Carrillo, como pudo verse en juicios realizados contra estudiantes que reclamaban contra el cierre de sus escuelas, o más recientemente contra las organizaciones sindicales, políticas y sociales que se manifestaban contra el ajuste del gobierno.
Según lo que comunica el propio Juzgado Contravencional a los presuntos infractores, lo que se “protege” es la Salud Pública, lo que implica una primera –y no inocente- contradicción ya que siendo las disposiciones en función de la pandemia nacionales, su regulación –prevista en los DNU- también lo es, por lo tanto su aplicación corresponde a la justicia penal provincial y no existe, como ha venido ocurriendo estos meses, competencia contravencional.
Fotografía de Matías Ustarez Carrillo
Con el art. 90 del Código fueron perseguidos miles de jujeños que se hallaban circunstancialmente en la calle, en ocasiones volviendo de trabajados informales -por tanto sin contar con el permiso nacional para circular- e incluso quienes se encontraban en la puerta de su propia casa como han denunciado varias personas en relatos que superan el imaginario de lo posible.
El mencionado art. 90 establece penas para quienes “omitieren ceder el paso a ambulancias, vehículos policiales o de bomberos que lleven señales lumínicas y sirenas encendidas” así como también “quienes entorpecieren el normal funcionamiento de los servicios públicos de salud, seguridad, comunicación y educación”, y fue uno de los que en la modificación del 2017 incrementó el monto de la multa a pagar de 5 a 200 unidades, lo que en concreto implica la posibilidad de que una persona que sea condenada por ello deberá pagar hasta $ 340.000 (!).
Como se puede ver se trata de una verdadera caja recaudatoria del gobierno, que llega al colmo de sobrepasar toda legalidad al disponer la habilitación de un "sistema de detracción automática de las multas", nada más ni nada menos que los descuentos de los salarios.
Una nueva violación de derechos…y van…
Si bien el art. 11 del Código incorpora dos principios centrales del derecho penal en nuestro país: el principio de inocencia –nadie puede ser tenido como culpable hasta que eso sea demostrado- y la prohibición ser juzgado o sancionado más de una vez por el mismo hecho (“non bis in ídem”), Morales demuestra en los hechos que para él y su “justicia” no hay principio que valga.
Todos los casos que transitaron estos juicios contravencionales implicaron la aplicación de una doble multa, es decir, un doble pago: el primero al ser detenidos, siendo que para poder ser liberados se les exige el pago de $ 1000 y luego el pago de la multa que establecerá la sentencia contravencional. Como hemos visto desde el 2016 en Jujuy la regla podrá ser resumida a la inversa “toda persona es culpable hasta que demuestre lo contrario...”.
Evidentemente los fondos "recaudados" no son destinados al financiamiento del sistema de salud público tal como viene denunciando el personal de los hospitales estos días, si no a aumentar la cantidad de personal de las fuerzas represivas en las calles.
