En la noche del 29 de junio el gobierno ecuatoriano anunció que retomaría el diálogo con los manifestantes después de que se cumplían 18 días de movilizaciones en el país sudamericano. Se anunció también que las negociaciones serían mediadas por la Iglesia católica. Cabe recordar que el conflicto y movilización en Ecuador se desarrolló como una reacción al alto costo de la vida en el país.
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Viernes 1ro de julio de 2022
Francisco Jiménez ministro de gobierno declaró que con el objetivo de regresarle la tranquilidad a los ciudadanos ecuatoriano, se decidió aceptar el proceso de mediación que estará a cargo de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE).
Esto se da después de que el presidente ecuatoriano rompiera las negociaciones con el movimiento de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), acusando a los manifestantes de atacar a policías y militares en diferentes provincias del país, hechos en los que presuntamente los responsabiliza hasta de la muerte de un militar y otros doce heridos.
Este jueves 29 de junio se retomó el diálogo entre Feine (Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador ), la Fenocin (Federación de organizaciones campesinas, indígenas y negras) junto a la Conaie con el gobierno ecuatoriano, mediado por el Episcopado en el que acordaron un "Acta por la Paz", levantando las protestas a cambio de la aceptación parcial de algunos de los diez puntos que reclamaban.
Alfredo Espinoza, vicepresidente de la CEE, informó ante representantes de ambas partes que el presidente de la república está dispuesto a rebajar de 10 a 15 centavos de dólar a los precios de los combustibles en contraste a la propuesta de los manifestantes que es de una rebaja de 40 centavos.
Sin embargo, la iglesia expresó a las partes implicadas, que por el bien de Ecuador y para recuperar la paz se adecuara una rebaja de 15 centavos por galón. También agregó que el gobierno que tanto el gobierno como los manifestantes han aceptado la propuesta, misma que será plasmada formalmente en un documento para de esta forma seguir con las negociaciones.
Por su parte Luis Cabrera presidente de la CEE, manifestó que el movimiento está en disposición de dialogar con el fin de llegar a un acuerdo que beneficie a todos y se pueda dar de esta forma la reconciliación nacional.
Cabe recordar que los inconformes además de la reducción del precio de combustibles, exigían el control de precios de productos agrícolas y la suspensión de actividades mineras y petroleras en territorios nativos. Demandas que desde el movimiento y pueblo ecuatoriano se sostienen como urgentes ante la crisis generada por el alto costo de vida que ha provocado las circunstancias antes mencionadas.
Cabe destacar que poco antes de que se intensificara el conflicto, el ejecutivo Guillermo Lasso decretó estado de excepción en cuatro de las veinticuatro provincias del país como son: Azuay, Imbabura, Orellana y Sucumbíos, donde según el gobierno se concentraba la mayor parte de los hechos violentos suscitados desde que comenzarán las movilizaciones. El saldo de la represión fue de: 6 fallecidos, más de 300 heridos y más de 100 detenidos.
Se estima que Ecuador perdió alrededor de 50 millones de dólares por cada día de manifestación en el país, además de que el movimiento amenazó también con paralizar la producción petrolera, lo que implicaría también un duro golpe en la economía ecuatoriana.
Estas protestas, con más de 17 días de movilizaciones, así como la revuelta del 2019 pone de manifiesto que en Ecuador hay cuestiones muy profundas irresueltas: como la propiedad de la tierra, el empleo precario y sub empleo, la salud y la educación no cubren a la totalidad del pueblo trabajador y pobre.
Este conflicto en el país sudamericano vuelve a evidenciar las problemáticas que propician las políticas capitalistas neoliberales en Latinoamérica y que en Ecuador desde la revuelta de 2019 siguen irresuelta: propiedad de la tierra, el empleo precario, la salud y la educación no cubren a la totalidad del pueblo trabajador y pobre.
Varios puntos acordados ahora en el "Acta por la Paz" ya habían sido emitidos meses anteriores sin embargo se encuentran sin resolución por falta presupuestaria, por ejemplo, la demanda de salud.
Por lo que hace falta la organización independiente de trabajadoras, trabajadores, campesinos, indígenas y de la juventud, para lograr la resolución de todas sus demandas luchando en las calles contra el Gobierno neoliberal de Lasso y las políticas del FMI.
