Crímenes de lesa humanidad. A 37 años del informe de la Conadep: el origen del Nunca Más

El 20 de septiembre de 1984, Alfonsín recibía en la Casa de Gobierno el informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). En nombre del poder Ejecutivo, destacaba la necesidad de conocer la verdad como base de la futura “unidad” y “reconciliación” nacional. El informe, titulado Nunca Más, representaba según Alfonsín un “aporte fundamental para que, de aquí en adelante, los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro. Para que nunca más el odio, para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina” [1].

Si bien las cúpulas de las FF.AA. habían rechazado la creación de la CONADEP, su existencia desde fines de 1983 respondía a las aspiraciones del gobierno de Alfonsín de dar por terminado el tema de la violación de los derechos humanos con el menor costo posible para la institución militar y las fuerzas de seguridad. “Unidad” y “reconciliación” nacional no podían tener otro significado. La CONADEP, integrada por personalidades destacadas de la cultura como el escritor Ernesto Sábato, su presidente (si bien había sido cuestionado por su postura frente al golpe) [2], la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide (madre de un desaparecido y miembro de la APDH), el médico René Favaloro, religiosos de todo los cultos como Jaime De Nevares y el rabino Marshall Meyer, respondía a esta política. La Comisión representaba un intento de desmovilizar a los sectores que junto con los familiares de los desaparecidos y los organismos de derechos humanos reclamaban juicio y castigo.

En primer lugar, los objetivos de la Comisión eran congruentes con la orientación impulsada por el gobierno de juzgar únicamente a las juntas militares. La CONADEP (como indica su nombre) se limitaba a reunir información sobre la identidad de los desaparecidos en base a denuncias y testimonios de sobrevivientes, y a examinar la metodología empleada por la dictadura, sin recurrir a los archivos de la dictadura. Si bien los testimonios de los sobrevivientes estaban llenos de menciones sobre sus secuestradores y torturadores, la Comisión no tenía como propósito develar la identidad de militares ni civiles cómplices, sino dar a conocer la existencia de un plan sistemático de desaparición de personas durante la dictadura. De este modo, la Comisión desestimaba el discurso militar sobre supuestos excesos cometidos durante el gobierno de facto pero, al mismo tiempo, evitaba contribuir con el juzgamiento de los genocidas. Este aspecto fue denunciado por las Madres de Plaza de Mayo que, desde un principio, no apoyaron la formación de la CONADEP.

En segundo lugar, la Comisión se limitó al tratamiento de las desapariciones ocurridas en los primeros años de la dictadura militar, desestimando la investigación de los asesinatos cometidos por la Triple A durante el gobierno de Perón e Isabel. Este recorte temporal respondía a la política del gobierno de evitar el involucramiento de la dirigencia peronista pero también de sus propios correligionarios.

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El 20 de septiembre de 1984 aún no se encontraba definida la instancia judicial que evaluaría la información reunida en el Nunca Más. En diciembre de 1983, el gobierno radical había derogado la ley de amnistía, estableciendo por decreto el procesamiento de las cúpulas guerrilleras y la persecución penal de las Juntas militares. Mientras la CONADEP se reunía con el presidente en la Casa de Gobierno, unas 70 mil personas se concentraban en Plaza de Mayo para marchar hacia los Tribunales en reclamo de justicia civil. Hasta ese momento no estaba claro si el juzgamiento de los responsables iba a quedar en manos de la justicia civil o militar. A los pocos días, el Consejo Supremo de las FF.AA. declaró legítimas las órdenes dadas por las juntas militares, y el tratamiento jurídico quedó a cargo de la Cámara Federal (Ver "A treinta años del Juicio a las Juntas Militares").

Teoría de los dos demonios

“Durante la década del ‘70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda...” y a continuación se indica: “a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos”. Así comienza el prólogo escrito por Ernesto Sabato que acompaña el informe que publicó la editorial EUDEBA como libro. En este texto se resume la interpretación que el gobierno de Alfonsín intentó imponer, con la colaboración inestimable de los miembros de la CONADEP, sobre lo sucedido en los ’70 y las respuestas dadas por los militares durante los siete años de gobierno de facto.

En esta interpretación, que equipara los crímenes del terrorismo de Estado con el accionar de las organizaciones armadas de los ’70 (la llamada “teoría de los dos demonios”), se oculta que el golpe militar tenía por objetivo liquidar a todos los activistas y referentes obreros antiburocráticos. Porque al momento del golpe la guerrilla estaba diezmada, mientras que la clase obrera se enfrentaba a la burocracia sindical peronista y a las patronales. En esos años, los trabajadores construyeron las Coordinadoras Interfabriles, desde donde organizaron las huelgas y movilizaciones de masas que lograron destituir al ministro de economía Celestino Rodrigo y a uno de los principales organizadores de la Triple A, José López Rega. La clase obrera, que tenía como aliado al movimiento estudiantil, iniciaba un proceso de enfrentamiento con el peronismo en el poder. Un movimiento obrero, que aún quebrada sus organizaciones de base y desaparecidos sus principales dirigentes, continuó resistiendo durante la dictadura.

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Pero el informe de la CONADEP perseguía un ambicioso interés: colaborar con la recomposición del Estado burgués. Para eso fue necesario equiparar la lucha de clases con el terrorismo, ocultar a la clase obrera como sujeto y presentar a la mayoría de los desaparecidos como inocentes víctimas sin ideología, que quedaron atrapados entre el fuego cruzado de la extrema derecha y la extrema izquierda. El informe también oculta que, previo al golpe, la democracia burguesa, fue el régimen de la violencia contrarrevolucionaria que organizó bandas paraestatales, la Triple A, junto a la burocracia sindical, para quebrar esa alianza de clase entre el movimiento obrero y la juventud.

Un segundo prólogo

El segundo prólogo del Nunca Más, publicado a 30 años del aniversario del golpe, si bien reivindicó el informe de la CONADEP, cuestionó la teoría de los dos demonios: “es inaceptable –señala el nuevo texto- pretender justificar el terrorismo de Estado como un juego de violencias contrapuestas…”, y agrega que al momento del golpe militar de 1976 “la guerrilla ya había sido derrotada militarmente…”. Este prólogo, escrito por el entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, se ubicaba a la izquierda del escrito por Sábato, pero no daba cuenta del ascenso obrero-estudiantil, y en consecuencia, de los objetivos contrarrevolucionarios del golpe.

Relatos K

El relato k, reivindica la militancia de los ’70 al tiempo que oculta el ascenso revolucionario de la época. Porque quienes asumieron el gobierno post 2001 también tuvieron la tarea de recomponer el orden institucional: apelaron a la Corte Suprema para que declare inconstitucional las leyes de impunidad; el 24 de marzo de 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner, ordenó que los cuadros de Videla y Bignone, que estaban colgados en una de las galerías del Colegio Militar, fueran retirados. Estas concesiones parciales de los gobiernos kirchneristas fueron acompañadas de la cooptación de organismos de derechos humanos, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, presididos por Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto, respectivamente.

Pero para el 24 de marzo de 2013, Cristina daría una nueva interpretación a lo sucedido en los ’70, más cerca del primer prólogo. Consolidada la cooptación de algunos de los organismos, y con la llegada de Bergoglio a la Santa Sede, la Presidenta convocó a un acto oficial, en el ex centro clandestino de detención de la Fuerza Aérea en Morón, la Mansión Seré, y tuvo como invitadas a dos integrantes destacadas de la CONADEP: Magdalena Ruiz Guiñazú y a Graciela Fernández Meijide, defensoras del Punto Final, la Obediencia Debida y la teoría de los dos demonios. En su discurso, la Presidenta reivindicó la CONADEP y destacó que “el odio nos convierte también en personas feas, no se puede vivir con odio”, para agregar a continuación: “la tragedia que hemos vivido, familias donde había una víctima y del otro lado un victimario". Un discurso que, claramente, respondía al clima de reconciliación promovido desde la Santa Sede.

Nunca hubo Nunca Más: hasta hoy, los gobiernos trabajan para la impunidad

Durante su presidencia, Mauricio Macri intentó continuar con la misma política que llevó adelante como jefe de Gobierno porteño: otorgando poder e impunidad a funcionarios, militares y civiles, responsables de la última dictadura cívico-militar.

Los altos mandos de la Policía Metropolitana que puso en pie, provenían de la dictadura y fueron los responsables de la represión a la protesta social y los desalojos de los barrios populares, durante su gobierno en la Ciudad.

Los perfiles elegidos para formar su gobierno, entre ellos exmilitares que reivindican el terrorismo de Estado, fueron la muestra de que su política consistía en avanzar en la impunidad para los genocidas y, esencialmente, para los civiles.

Recordemos que todo el bloque del PRO se opuso a la conformación de la comisión bicameral para investigar los delitos de los empresarios durante la dictadura.

Un día después del balotaje en que Macri le ganó al candidato peronista, Daniel Scioli, los grandes empresarios leyeron su triunfo como la posibilidad inmediata de reclamar impunidad para los genocidas (como lo expresó un editorial del diario La Nación), y comenzar una batalla para imponer la versión de los militares sobre lo ocurrido en los años 70.

En mayo de 2017, un fallo de los “jueces supremos” desató un amplio repudio popular y su consecuente crisis política. Fue cuando permitió al represor Luis Muiña gozar de los beneficios del “2x1”, un régimen penal que computa doble cada día de prisión preventiva sin condena.

En diciembre de 2018, con los votos de Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti, la Corte rechazó el beneficio del "2x1" para un genocida. A favor de Batalla votó el "supremo" Carlos Rosenkrantz. Así el tribunal tuvo que desandar su repudiada decisión de un año y medio atrás.

Agustín Rossi fue el primer ministro de Defensa designado por el gobierno de Alberto Fernández. El mismo puesto que ocupó entre 2013 y 2015 bajo la presidencia de Cristina Fernández. Su anterior gestión coincidió con el ascenso y posterior designación de César Milani como jefe del Ejército, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

Como una de las primeras medidas de su gestión, Rossi impulsó un proyecto de ley que permite el financiamiento externo a las Fuerzas Armadas. Bajo su gestión, miles de genocidas como Milani siguieron en actividad sin que él promoviera ninguna medida para evitar dejar intacto el aparato represivo de la dictadura.

A través de una resolución firmada por su antecesor, Oscar Aguad, el Gobierno colocaba a la inteligencia militar a cargo de los subjefes de cada fuerza. Además, cada fuerza pasaba a tener un organismo dedicado a la ciberdefensa. Eso solamente existía en el ámbito del Estado Mayor Conjunto.

Este aspecto iba en línea con las modificaciones que ya había hecho el macrismo el año anterior, cuando modificó el decreto 727 que en 2006 reglamentó la Ley de Defensa, limitando la intervención militar a casos en que las fuerzas de seguridad fueran sobrepasadas o hubiera una agresión militar de otro Estado.

Las modificaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo ampliaban la intervención de las Fuerzas Armadas y apuntaban a incluir a las fuerzas castrenses en la lucha contra amenazas como terrorismo internacional, narcotráfico, ciberataques, migración descontrolada. Esto se inscribe en el alineamiento político y militar con los Estados Unidos.

Basado en un artículo que las autoras publicaron en La Verdad Obrera, 21 de septiembre de 2015.