Los dueños del inmueble donde funcionaba la asociación hace 10 años, lograron el desalojo gracias al juez Christello quien jerarquiza el derecho a la propiedad privada por sobre el derecho a la salud.
Martes 15 de marzo de 2016
El día sábado 12 de marzo fue desalojada la Asociación “Centro Educativo y Deportivo Especial (CEDE)” que funciona desde el año 1989, y que desde el año 2006 tiene sede en Magariños Cervantes 3235 de la Ciudad de Buenos Aires. La institución atiende a 40 jóvenes y adultos con discapacidad motriz e intelectual y representa también el trabajo de 50 personas, todos ellos hoy se encuentran en la calle.
El desalojo ocurre porque desde el año 2010 los propietarios del inmueble que el CEDE alquila, tienen el interés de dar otro uso a su propiedad. La Comisión Directiva de la institución, manifestó a los medios que buscaron otro inmueble pero que es muy difícil obtener las habilitaciones y no cuentan con apoyo estatal de ningún tipo, ni para facilitar la mudanza, ni tampoco para derivar a los concurrentes a otros centros asistenciales.
Existía un convenio de alquiler hasta el mes de abril de este año, que fue desestimado por el juez Martín Christello del Juzgado Civil N° 103 de la Ciudad de Buenos Aires, quien dictó la orden de desalojo que luego fue ejecutada por la Policía Federal sin aviso previo a las familias ni a los trabajadores del CEDE que se enteraron cuando los vecinos se comunicaron para dar el alerta de lo que estaba sucediendo.
Los familiares y trabajadores del CEDE denuncian al Defensor de Menores e Incapaces de la Defensoría Pública N° 3, Marcelo Calabrese, quien el día previo a la ejecución del desalojo, les garantizó que el mismo no ocurriría.
Esta situación es consecuencia de un sistema de salud que se basa en la mercantilización de los servicios asistenciales y de promoción y en la precarización laboral de los profesionales de la salud, brindando servicios a través de ONGs o empresas privadas que responden o se ven sometidas a la lógica del mercado, cuando deberían ser servicios universales garantizados por el Estado. La desmercantilización de la salud es una deuda a los derechos humanos que ni la “década ganada” kirchnerista ni la gestión PRO en la Ciudad han tenido intenciones de saldar.
El día lunes 14 de marzo los familiares, concurrentes y trabajadores del CEDE realizaron una clase pública en el Obelisco para dar a conocer su situación, denunciando tanto al juez Christello como al defensor Calabrese, exigiendo una solución inmediata. También se encuentran juntando firmas a través de la plataforma. Sólo a través de la organización de los trabajadores y la comunidad es posible combatir la lógica mercantilista en la atención a la salud y defender los derechos a las personas con discapacidad.
